La verdadera bomba atómica fue la declaración del estado de alarma, con la consiguiente militarización de un sector.
¿SABEN ustedes lo que más me alarma del estado de alarma? Pues la poca alarma que ha causado. No estoy haciendo juegos de palabras, sino mostrando una profunda preocupación. Una estado de alarma es algo muy serio, la suspensión de las garantías constitucionales nada menos. Sin embargo, los españoles llevamos casi dos semanas en él, y nadie parece preocupado. Es más, la mayoría no encuentra objeciones a su prórroga. Se me argüirá que trata de evitarse daños mayores, al estar en peligro los viajes navideños. Déjenme decirles una cosa: un país que necesita un estado de alarma para garantizar los viajes navideños está democráticamente enfermo, pues lo derechos fundamentales no pueden subordinarse a los viajes de Navidad.
Pero si esta actitud del pueblo español ante el estado de alarma es de postración, la del Gobierno es de cínica explotación de la impopularidad de un colectivo privilegiado. Se ha puesto de moda designar la huelga de los controladores como la «bomba atómica laboral». Sin restar gravedad a sus efectos, no es cierto. La inmensa mayoría de los españoles no se vieron afectados por ella y la vivieron por televisión en su casa. Otra cosa sería una huelga general, con la paralización del entero país, cosa que no hubo. La verdadera bomba atómica fue la declaración del estado de alarma, con la consiguiente militarización de un sector. ¿Se imaginan ustedes la que se hubiera armado si un gobierno del PP hubiese militarizado el Metro, los ferrocarriles o la minería en caso de huelga salvaje? Incluso se volverían a asaltar sus sedes. Éste, en cambio, hincha pecho.
Quedando lo más obvio por dilucidar: si la declaración del estado de alarma se ajustó a derecho. Pues al exponer los supuestos de esa alarma en la ley correspondiente, los legisladores pusieron ejemplos muy claros: «terremotos, inundaciones, incendios urbanos o forestales o accidentes de gran magnitud», sin referirse para nada a los conflictos laborales, para los que reservaron el estado de emergencia. Resultando meridiano que no tenían en mente garantizar los viajes por avión en vacaciones. Sin embargo, fue la razón esgrimida por el Gobierno, que ahora va más lejos, al invocar la posibilidad de que tal percance se repita para prorrogar dicho estado. Algo que desborda todo marco jurídico de situaciones de excepción, que sólo pueden declararse cuando ocurren. Para prevenirlas, los gobiernos deberán usar tan solo los medios que la ley pone a su alcance, que son muchos. Y si no las evitan, no merecen gobernar.
Naturalmente, estoy hablando de países, gobiernos y ciudadanos en democracia. Pero España no vive hoy en democracia. Vive en estado de alarma, nos guste o no. Y parece que nos gusta, al Gobierno y a los españoles.
Quedando lo más obvio por dilucidar: si la declaración del estado de alarma se ajustó a derecho. Pues al exponer los supuestos de esa alarma en la ley correspondiente, los legisladores pusieron ejemplos muy claros: «terremotos, inundaciones, incendios urbanos o forestales o accidentes de gran magnitud», sin referirse para nada a los conflictos laborales, para los que reservaron el estado de emergencia. Resultando meridiano que no tenían en mente garantizar los viajes por avión en vacaciones. Sin embargo, fue la razón esgrimida por el Gobierno, que ahora va más lejos, al invocar la posibilidad de que tal percance se repita para prorrogar dicho estado. Algo que desborda todo marco jurídico de situaciones de excepción, que sólo pueden declararse cuando ocurren. Para prevenirlas, los gobiernos deberán usar tan solo los medios que la ley pone a su alcance, que son muchos. Y si no las evitan, no merecen gobernar.
Naturalmente, estoy hablando de países, gobiernos y ciudadanos en democracia. Pero España no vive hoy en democracia. Vive en estado de alarma, nos guste o no. Y parece que nos gusta, al Gobierno y a los españoles.
ABC - Opinión
1 comentarios:
Preocupación por la declaración y prórroga del Estado de Alarma
A mi modesto parecer, la declaración del Estado de Alarma promulgada por el Gobierno de España, el pasado sábado 4 de diciembre de 2010 vulnera la legalidad vigente.
Según Ley Orgánica 4.81 de 01-06-1981, cito textualmente:
El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2, de la Constitución, puede declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
* Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
* Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
* Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
* Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad Y CONCURRA alguna de las circunstancias o situaciones anteriores.
El estado de alarma es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo, y establecerá el alcance y condiciones vigentes durante la prórroga. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
Creo que en este caso, suponiendo que el Gobierno se ha amparado en el punto 4, no se cumple la exigencia de concurrencia con alguno de los puntos 1, 2 y/o 3.
Prorrogarlo es todavía más preocupante, pues de lo que se deduce en la citada Ley, el Estado de Alarma nunca es preventivo sino que se declara una vez ocurrida alguna de las alteraciones graves de la normalidad y ésta se mantenga. Lo que en el momento actual no está ocurriendo.
Me pregunto si el hecho de votar sobre la continuación de una situación posiblemente ilegal, sea a favor o en contra, es también ilegal. Mi preocupación va más allá. Si este "modus operandi" sienta precedente y un gobierno se ampara en la Declaración del Estado de Alarma siempre que le venga en gana, aún sin respetar la legalidad, podría utilizarlo contra los intereses del pueblo. Máxime cuando en todos los años que llevamos de Democracia, con una transición complicada, varios intentos de golpe de estado, el atentado de Al-Qaeda en Madrid, la catástrofe del Prestige, etc. nunca nadie se había atrevido a recurrir a los Estados de Alarma, de Excepción o de Sitio.
Otra cuestión que no me deja de sorprender es que la mayoría de grupos políticos presentes en el Congreso, incluyendo el Partido Popular, no hayan recurrido de alguna forma al Tribunal Constitucional desde el día 4 de diciembre. También es paradójico que tanto CiU, como PNV y CC, puedan apoyar al Gobierno y que el PP se lave las manos con su abstención. Todos ellos tienen a destacados juristas entre sus filas, sin ánimo de ser fatalista, creo que ahora hacen la vista gorda por si en un futuro ellos también tienen que hacer uso de esta dudosa maniobra.
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