El debate parlamentario de ayer sobre la mal llamada «Ley Sinde» se convirtió en un cúmulo de despropósitos, urgencias y negociaciones desesperadas que retratan la improvisación del Gobierno y, en especial, de la ministra de Cultura, que ha sido incapaz de sacar adelante en el plazo previsto una reforma tan fundamental para los creadores y autores españoles. El PSOE no ha sabido articular un consenso alrededor de un asunto tan trascendente para la cultura española. Tampoco los demás partidos han actuado con mayor responsabilidad y la altura de miras que exige una reforma en la que están en juego derechos básicos. Quien gana, al final, es la piratería, y salvo que unos y otros, Gobierno y oposición, reconduzcan este desaguisado y pacten sin demora un acuerdo, se habrá desperdiciado una gran ocasión para poner coto a lo que es un abuso intolerable en cualquier país democrático. Encajada como disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, esta iniciativa establecía la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual para tramitar las denuncias contra las webs que enlacen con videojuegos, música, películas y programas protegidos por los derechos de autor. Para garantizar los derechos de los afectados, la tutela judicial corría a cargo de la Audiencia Nacional, la cual debería tramitar las denuncias en un plazo de cuatro días. El planteamiento era perfectamente asumible, pero la ministra llegó ayer al Congreso sin hacer los deberes y el varapalo que sufrió la desautoriza para seguir en el cargo. No es, sin embargo, la única responsable del fiasco. La mayor responsabilidad corresponde al PSOE que, como grupo mayoritario, debería de haber sido capaz de mostrar una más decidida voluntad política y, sobre todo, sentido de Estado para resolver un grave problema que está por encima de las ideologías o los colores partidistas. Argumentan sus acérrimos enemigos que la «Ley Sinde» supone un ataque a la libertad de expresión. La acusación no se sostiene mínimamente en pie, pues no es el intercambio de opinión o de información lo que se regula, sino el tráfico de productos comerciales e intelectuales que tienen dueño y pagan sus impuestos, como los de cualquier gran almacén. Nada deberían temer los que actúan de forma respetuosa con los derechos de los demás, entre ellos el de autor. El vacío legal que ha existido hasta ahora no puede ser el clavo ardiendo al que se agarran quienes se han enriquecido a costa del talento ajeno y el esfuerzo de terceros. Quien se lucra de este modo tiene un nombre muy expresivo: pirata. Y España figura a la cabeza mundial de la piratería en internet, lo que acarrea grandes pérdidas a nuestra economía y nos convierte para los inversores y comerciantes en un país indeseable donde impera la barra libre. Baste recordar que durante el primer semestre del año el fraude superó los 5.200 millones de euros, cuatro veces más que las ventas legales. No sin razón, países como EE UU, Gran Bretaña o Francia no desaprovechan ninguna oportunidad para denunciar la pasividad española ante la piratería en internet. Urge una normativa razonable que nos homologue a Europa y asee la pésima imagen que tiene España en los mercados internacionales.
La Razón - Editorial
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