Hora de responsabilidades

A lo largo de ayer los aeropuertos españoles recobraron paulatinamente la normalidad bruscamente alterada por la huelga salvaje de los controladores. La declaración del Estado de Alarma ha surtido efecto inmediato al forzar la incorporación a las torres de control de prácticamente todos los técnicos de vuelo. En consecuencia, se ha apaciguado la crispación social creada y miles de pasajeros ha podido retomar sus vacaciones amenazadas. Todavía subsistirán desajustes y contratiempos en el tráfico aéreo, pero afortunadamente la crisis ha sido conjurada y los cielos de nuestro país vuelven a su tráfago habitual. No obstante, el paisaje del campo después de la batalla es desolador. Es hora de hacer balance, de exigir responsabilidades penales, laborales y políticas, y de tomar las decisiones necesarias para que no se vuelva a repetir algo semejante. De las consecuencias penales ya se ha encargado la Fiscalía de Madrid, que empezará la tramitación después del puente. De los efectos disciplinarios y laborales de la huelga dio noticia ayer el ministro de Fomento al informar de que se ha abierto expediente a 442 controladores, prácticamente todos los que el viernes y el sábado debían haber permanecido en su puesto de trabajo. Será la inspección laboral la que determine la sanción pertinente a cada uno de ellos, incluido el despido. Deberá hacerse con ecuanimidad y justicia, pero también con la severidad que corresponde a una acción gravemente irresponsable, socialmente inaceptable y económicamente muy gravosa. En cuanto a las responsabilidades políticas, LA RAZÓN adelantó ayer que el presidente Zapatero comparecerá el jueves en el Congreso para justificar la declaración del estado de alarma, como legalmente es preceptivo. Pero debe ir más allá y explicar por qué el Consejo de Ministros lanzó un órdago a los controladores el día en que empezaba el puente de la Constitución en vez de dejarlo para una fecha menos comprometida. ¿Qué pretendía con este reto descarado? ¿Es verdad, como dijeron Rubalcaba y Blanco, que el Gobierno tenía indicios de un plante general si se aprobaba el decreto? ¿Es ésa la causa de que Zapatero no viajara a Argentina? Son muchas las preguntas que exigen respuestas claras y creíbles. Lo exigen los cientos de miles de pasajeros afectados y todos los ciudadanos. Esto no tiene nada que ver con la pugna partidista, la cual no debería salirse de madre con difamaciones ni demagogias, como ocurrió anteayer con un portavoz socialista, el cual propaló que el PP había conspirado con los controladores. Finalmente, es imprescindible reformar de arriba a abajo la gestión del tráfico aéreo. No es de recibo que un puñado de profesionales, por más que su competencia y valía técnica sean incuestionables, tengan en sus manos la posibilidad de paralizar un país y poner en jaque su seguridad. Con gran estupor hemos comprobado lo vulnerable que es el Estado y cómo su seguridad salta por los aires en apenas unas horas por decisión de unos pocos cientos de funcionarios. Ningún colectivo puede monopolizar en sus manos resortes tan poderosos que son capaces de dejar inerme a toda la sociedad.

La Razón - Editorial