Muy mal tiene que gestionar el Gobierno este conflicto -no lo descartemos-, si con semejante apoyo de la opinión pública y de la clase política no acaba de una vez por todas con la chulería de los controladores aéreos. Nunca hubo tanta coincidencia en la reprobación de un colectivo acostumbrado a practicar la huelga salvaje con toma de rehenes. Terrorismo corporativo se llama eso. Cargas de profundidad contra la imagen de España, intolerables ataques al derecho de libre circulación y graves daños a la causa de nuestra recuperación económica.
«Nunca hubo tanta coincidencia en la reprobación de un colectivo acostumbrado a practicar la huelga salvaje con toma de rehenes.»Se repitió la historia del año pasado por estas fechas. La misma desde que en 2005 AENA denunció el famoso convenio colectivo de 1999 que convirtió a los controladores en unos privilegiados. Los mejor pagados del mundo (sueldo medio de 350.000 euros anuales, aunque algunos doblaban esa cantidad) con el nivel de productividad más bajo del mundo. Así, desde hace cinco años, cada vez que toca renegociar el caducado convenio de 1999, se reproduce el chantaje si la empresa contratante no renueva los privilegios. Tales como jubilaciones a los 52 años cobrando 170.000 euros anuales el resto de su vida, control absoluto sobre el acceso a la profesión y organización del trabajo. Ahí entraba la asignación de horas extraordinarias, que disparaba sus nóminas (se pagaban hasta el triple de las normales).
El Ministerio de Fomento les paró los pies en febrero de este año al regular por ley las condiciones que ellos querían obtener por convenio. Pero no se dieron por vencidos. A cada intento de renovar el convenio vuelven a utilizar su enorme poder conminatorio. Lo volvieron a hacer a las 17.00 horas del viernes pasado, al iniciarse el puente vacacional más largo del calendario. Decidieron no incorporarse al puesto de trabajo en número suficiente para paralizar el trabajo en las torres de control.
Por considerar cubierto, en su particular modo de contabilizarlas, el cupo de horas trabajadas (1670 más 80 adicionales) legalmente contemplado en la normativa aprobada en el decreto ley del 5 de febrero de 2010 (convertido luego en ley aprobada por unanimidad en el Congreso). Pero sobre la marcha cambiaron la excusa. Y lo que inicialmente era estrés y ansiedad por haber superado el número de horas convenidas se convirtió en estrés y ansiedad por la militarización de sus funciones, decidida por el Gobierno en su decreto del viernes por la noche. A partir de ese momento la competencia sobre el control del tráfico aéreo, tanto el militar como el civil, se transfería al Ministerio de Defensa por razones de interés general.
Lo consideraron una provocación. Aprovechando algunas lagunas del decreto, se negaron a firmar las incorporaciones y en los aeropuertos continuó el desbarajuste. Pero el estrés y ansiedad de los controladores quedaron abolidos de un plumazo con la firma del Rey y del presidente del Gobierno al pie de decreto que declaró el estado de alarma el sábado a mediodía. Mano de santo. A medida que iban recibiendo la comunicación derivada de su nuevo estatus, donde el abandono del puesto de trabajo se valora a la luz del Código de Justicia Militar, se fueron incorporando a las torres y, salvo casos muy concretos de indisposición debidamente certificada, el estrés y la ansiedad no fueron obstáculo para la paulatina recuperación de la normalidad.
A grandes males, grandes remedios. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer en nombre de los intereses generales frente a una gravísima alteración en el funcionamiento del transporte aéreo, que es un servicio público esencial. El servicio se ha normalizado, de hecho. Y espero que se hayan creado las condiciones para acabar de una vez por todas con esta pesadilla. Es decir, con la capacidad de chantajearnos a todos que tiene este colectivo de profesionales.
Por considerar cubierto, en su particular modo de contabilizarlas, el cupo de horas trabajadas (1670 más 80 adicionales) legalmente contemplado en la normativa aprobada en el decreto ley del 5 de febrero de 2010 (convertido luego en ley aprobada por unanimidad en el Congreso). Pero sobre la marcha cambiaron la excusa. Y lo que inicialmente era estrés y ansiedad por haber superado el número de horas convenidas se convirtió en estrés y ansiedad por la militarización de sus funciones, decidida por el Gobierno en su decreto del viernes por la noche. A partir de ese momento la competencia sobre el control del tráfico aéreo, tanto el militar como el civil, se transfería al Ministerio de Defensa por razones de interés general.
Lo consideraron una provocación. Aprovechando algunas lagunas del decreto, se negaron a firmar las incorporaciones y en los aeropuertos continuó el desbarajuste. Pero el estrés y ansiedad de los controladores quedaron abolidos de un plumazo con la firma del Rey y del presidente del Gobierno al pie de decreto que declaró el estado de alarma el sábado a mediodía. Mano de santo. A medida que iban recibiendo la comunicación derivada de su nuevo estatus, donde el abandono del puesto de trabajo se valora a la luz del Código de Justicia Militar, se fueron incorporando a las torres y, salvo casos muy concretos de indisposición debidamente certificada, el estrés y la ansiedad no fueron obstáculo para la paulatina recuperación de la normalidad.
A grandes males, grandes remedios. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer en nombre de los intereses generales frente a una gravísima alteración en el funcionamiento del transporte aéreo, que es un servicio público esencial. El servicio se ha normalizado, de hecho. Y espero que se hayan creado las condiciones para acabar de una vez por todas con esta pesadilla. Es decir, con la capacidad de chantajearnos a todos que tiene este colectivo de profesionales.
El Confidencial - Opinión
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