Crisis de hipertrofia. Por Ignacio Camacho

Mejor que despedir funcionarios sería dejar de contratar ese personal que duplica una Administración hipertrofiada.

ANTES que despedir funcionarios, como ha propuesto el dueño de Mango ante un impávido Rubalcaba, quizá conviniese probar a dejar de contratarlos. Sobre todo por la puerta de atrás, la de los enchufes y las designaciones de confianza, que es la vía por la que ingresa ya un cuarenta por ciento de los trabajadores de la Administración pública para después consolidarse en ella en pie de igualdad con quienes han entrado por oposición o concurso de méritos. Ese núcleo laboral estampillado ha servido a los ayuntamientos y las autonomías para crear una estructura paralela que duplica innecesariamente la nómina con el objetivo de burlar los procedimientos de control de gasto establecidos en la legislación administrativa. Y no se trata en su mayoría de médicos, ni de profesores, ni de jueces ni de bomberos, sino de personal de gestión, burocracia pura reclutada en muchos casos con criterios clientelares de afinidad política y a la que se va atornillando al presupuesto mediante mil y una triquiñuelas como la que acaba de perpetrar la Junta de Andalucía para asimilar a veinte mil contratados de golpe bajo el pretexto de proceder a un reajuste organizativo.

Gran parte de la mala prensa del funcionariado procede de la desconfianza social en los supuestos privilegios de esa superestructura hipertrofiada. El principal es la estabilidad de los profesionales de la Administración, que surgió como una garantía de neutralidad política y ha desembocado en la realidad de que cada Gobierno —sobre todo los autonómicos— desembarca en el poder con un ejército de empleados afines que superpone a los preexistentes ante la imposibilidad de despedirlos. El resultado es un incremento acumulado del sector público sin que se aprecie mejora sustancial de su eficacia, aunque sí una inflación del gasto que en tiempos de recesión se demuestra insostenible. Pero la solución no está en prescindir de los funcionarios de carrera, que probablemente sean lo mejor del sistema y los que mantienen los servicios, sino en eliminar la grasa acumulada por varias décadas de clientelismo. Y eso equivale para los políticos a practicarse un harakiri electoral.

La propuesta productivista de Isak Andic —cuya exitosa empresa textil ya pretenden boicotear algunos sindicalistas quisquillosos— para introducir criterios flexibles en los salarios y la duración del empleo público tal vez posea impecable lógica de eficiencia pero sólo resultaría practicable en un mundo laboral distinto, creado ex novocon reglas diferentes a partir del caos de una hecatombe. En la España actual un proyecto así se antoja, más que voluntarista, sencillamente inviable. Aunque tarde o temprano alguien tendrá que decidirse a imponerle a la Administración una dieta de adelgazamiento, so pena de que sobrevenga de hecho la catástrofe de una suspensión de pagos.

ABC - Opinión