La Sala de lo Penal de la Audiencia no ha podido ser más contundente en su tirón de orejas a Garzón: el 'caso Faisán' es "de una gravedad sin precedentes".
LA SALA de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó ayer una importante resolución que obliga al juez Garzón a seguir investigando el chivatazo del bar Faisán y que supone un duro golpe a las tesis de la Fiscalía.
El Ministerio Público había pedido en octubre pasado al juez que archivara la causa, argumentando que la instrucción no había logrado esclarecer los hechos y que, por tanto, no se podían exigir responsabilidades penales a los agentes y mandos policiales investigados.
LA SALA de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó ayer una importante resolución que obliga al juez Garzón a seguir investigando el chivatazo del bar Faisán y que supone un duro golpe a las tesis de la Fiscalía.
El Ministerio Público había pedido en octubre pasado al juez que archivara la causa, argumentando que la instrucción no había logrado esclarecer los hechos y que, por tanto, no se podían exigir responsabilidades penales a los agentes y mandos policiales investigados.
La Sala responde ahora que «la gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España» de lo ocurrido obliga al instructor a proceder con «especial diligencia y celo» hasta «el agotamiento más allá de lo normal» de la investigación. Ello desbarata el intento del ministro de Interior de restar importancia al asunto con el argumento de que todos los miembros de la red de extorsión de ETA fueron detenidos posteriormente. Lo que dice la Audiencia Nacional es algo tan obvio como que, con independencia de ese hecho, el chivatazo fue un acto de auxilio a la banda desde el interior de la Policía y, por tanto, un hecho punible por sí mismo.
En su resolución, la Sala de la Audiencia asegura también que estamos ante delitos de revelación de secretos y de colaboración con banda armada cometidos «dentro del grupo de funcionarios policiales que tenían conocimiento de la operación». Es, por tanto, en el interior de la Policía donde hay que investigar la autoría material y entre sus superiores políticos donde habrá que encontrar el impulso intelectual.
Los tres magistrados que dictan este fallo instan, además, al juez instructor a practicar nuevas pruebas que había denegado a la acusación popular. La principal de ellas es que Garzón deberá llamar a declarar al inspector Carlos G., el funcionario policial que realizó la investigación interna y que redactó los informes en los que se concluye que el chivatazo partió de la cúpula policial. Este inspector sostiene que quien dio la orden de alertar a Joseba Elosua, uno de los jefes de la trama de extorsión de ETA, fue el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Aunque parezca increíble, Carlos G. nunca había sido llamado a declarar por el juez Garzón, lo que corrobora su escaso interés en conocer la verdad.
Igualmente, la Sala ordena al instructor que pida el listado y el contenido de las llamadas realizadas por el etarra al que Elosua tenía que entregar el dinero ese mismo día en Francia, otra diligencia que podría aportar luz al caso y que Garzón nunca quiso practicar.
La resolución de ayer de la Sala de lo Penal de la Audiencia supone, por tanto, un importante respaldo para EL MUNDO, sin cuyas revelaciones este caso habría sido ya seguramente archivado u olvidado. Hay que recordar que fue nuestro periódico quien primero informó sobre la existencia del chivatazo, luego sobre la implicación de la cúpula policial y, por fin, sobre el cruce de llamadas entre el ex director general de la Policía y Antonio Camacho, el secretario de Estado de Seguridad, en la víspera del delito.
Ayer mismo se escucharon ya las primeras voces intentando deslegitimar la resolución por el hecho de que uno de los tres magistrados, Enrique López, fue portavoz del CGPJ a propuesta del PP. Los que pretenden descalificar a López -que nunca figuró en unas listas electorales ni fue diputado como Garzón- olvidan que el fallo fue también suscrito por otros dos jueces con plena autonomía personal, a diferencia de la actuación de la Fiscalía, que depende orgánicamente del Gobierno y que ha hecho todo lo posible para echar tierra sobre el asunto. No lo ha conseguido porque el auto de la Audiencia Nacional desmonta las argucias de quienes han intentado por todos los medios que unas conductas extraordinariamente graves queden en la impunidad.
En su resolución, la Sala de la Audiencia asegura también que estamos ante delitos de revelación de secretos y de colaboración con banda armada cometidos «dentro del grupo de funcionarios policiales que tenían conocimiento de la operación». Es, por tanto, en el interior de la Policía donde hay que investigar la autoría material y entre sus superiores políticos donde habrá que encontrar el impulso intelectual.
Los tres magistrados que dictan este fallo instan, además, al juez instructor a practicar nuevas pruebas que había denegado a la acusación popular. La principal de ellas es que Garzón deberá llamar a declarar al inspector Carlos G., el funcionario policial que realizó la investigación interna y que redactó los informes en los que se concluye que el chivatazo partió de la cúpula policial. Este inspector sostiene que quien dio la orden de alertar a Joseba Elosua, uno de los jefes de la trama de extorsión de ETA, fue el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Aunque parezca increíble, Carlos G. nunca había sido llamado a declarar por el juez Garzón, lo que corrobora su escaso interés en conocer la verdad.
Igualmente, la Sala ordena al instructor que pida el listado y el contenido de las llamadas realizadas por el etarra al que Elosua tenía que entregar el dinero ese mismo día en Francia, otra diligencia que podría aportar luz al caso y que Garzón nunca quiso practicar.
La resolución de ayer de la Sala de lo Penal de la Audiencia supone, por tanto, un importante respaldo para EL MUNDO, sin cuyas revelaciones este caso habría sido ya seguramente archivado u olvidado. Hay que recordar que fue nuestro periódico quien primero informó sobre la existencia del chivatazo, luego sobre la implicación de la cúpula policial y, por fin, sobre el cruce de llamadas entre el ex director general de la Policía y Antonio Camacho, el secretario de Estado de Seguridad, en la víspera del delito.
Ayer mismo se escucharon ya las primeras voces intentando deslegitimar la resolución por el hecho de que uno de los tres magistrados, Enrique López, fue portavoz del CGPJ a propuesta del PP. Los que pretenden descalificar a López -que nunca figuró en unas listas electorales ni fue diputado como Garzón- olvidan que el fallo fue también suscrito por otros dos jueces con plena autonomía personal, a diferencia de la actuación de la Fiscalía, que depende orgánicamente del Gobierno y que ha hecho todo lo posible para echar tierra sobre el asunto. No lo ha conseguido porque el auto de la Audiencia Nacional desmonta las argucias de quienes han intentado por todos los medios que unas conductas extraordinariamente graves queden en la impunidad.
El Mundo - Editorial
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