EN plena negociación política con ETA, un supuesto «chivatazo» policial en el bar «Faisán» de Irún alertó al aparato de extorsión de la banda sobre una operación antiterrorista. Se trata de un episodio de máxima relevancia jurídica y política, respecto del cual la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió ayer la decisión del juez Baltasar Garzón al admitir los recursos de Dignidad y Justicia y de la AVT contra el archivo de las actuaciones y la negativa a practicar nuevas pruebas. Nada menos que 32 diligencias había rechazado el juez instructor en una decisión como mínimo precipitada, según refleja el acuerdo de la sala, que también deja en mal lugar al Ministerio Fiscal por su apoyo al sobreseimiento provisional. La implicación en el caso de un ex director general de la Policía y de varios inspectores es motivo más que suficiente para llegar hasta el fondo del asunto con el rigor que corresponde al Estado de Derecho en la comprobación de los hechos y la determinación de los presuntos culpables. No sobran, por tanto, nuevos informes de la Guardia Civil, declaraciones de otros policías o análisis de llamadas telefónicas, entre otras diligencias solicitadas en su día y que Garzón eludió de forma injustificada. En el plano jurídico, el asunto presenta una «gravedad sin precedentes», según los términos rotundos de la propia sala. Hay que felicitarse por ello de que las asociaciones recurrentes vean reconocido su interés legítimo en llevar la investigación al extremo para la búsqueda de la verdad.
En el ámbito político, el «escándalo Faisán» es una consecuencia directa de la vergonzosa negociación con ETA impulsada por Rodríguez Zapatero durante la pasada legislatura. Si se confirman los indicios, afectaría directamente al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, porque se trata de eventuales delitos de revelación de secretos y colaboración con banda armada cometidos -si es el caso- por subordinados de Alfredo Pérez Rubalcaba en el contexto de una decisión política al más alto nivel. Procede ahora practicar las pruebas indebidamente rechazadas, por mucho que el deseo de agradar a los responsables políticos haya podido influir en las prisas del instructor para cerrar el asunto. Utilizar los instrumentos del Estado al servicio del interés partidista supone una grave perversión del sistema democrático. La investigación tiene que llegar hasta el final, sin omitir ningún elemento que permita extraer todas las consecuencias.
ABC - Editorial
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