La fuerte crisis que estamos padeciendo ha dado lugar a un adelanto de la fecha de desequilibrio del sistema de pensiones, de forma tal que en el corriente año 2010, aparecerá el déficit.
Dentro de las prestaciones de la protección social, las pensiones ocupan el lugar preferente, absorbiendo en el entorno del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestra economía; en 1900 sólo representaba el 0,6% del PIB. La perdida de renta que experimentan las personas en activo como consecuencia del riesgo de vejez es cubierta a través de las pensiones de jubilación. Puede decirse que tal riesgo queda asegurado a través de las cotizaciones sociales pagadas por los trabajadores y los empresarios.
Dentro de las prestaciones de la protección social, las pensiones ocupan el lugar preferente, absorbiendo en el entorno del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestra economía; en 1900 sólo representaba el 0,6% del PIB. La perdida de renta que experimentan las personas en activo como consecuencia del riesgo de vejez es cubierta a través de las pensiones de jubilación. Puede decirse que tal riesgo queda asegurado a través de las cotizaciones sociales pagadas por los trabajadores y los empresarios.
El sistema de pensiones públicas contributivas tiene ante sí tres retos: el demográfico, el de equidad y el de la tentación de los políticos de utilizar el sistema como instrumento para captar votos.
El reto demográfico será a partir del 2010 un factor de desequilibrio importante del gasto en pensiones a consecuencia de las fuertes tasas de crecimiento de la población de 65 años y más (0,95% en la década 2011-2020; 1,64% en la década 2020-2030; y del 1,45% en la década 2031-2040), en total en el periodo 2011-2080 dicha población habrá aumentado en dos millones seiscientos mil personas con una fuerte incidencia en el gasto de pensiones.
Tan preocupante como las consecuencias del reto demográfico son las que se derivan de la fuerte incidencia que la falta de equidad (proporcionalidad) tiene sobre el gasto en pensiones al haberse utilizado el sistema como instrumento de redistribución de la renta y no como lo que realmente debe ser: un instrumento para distribuir la renta de un individuo entre consumo y ahorro en el ciclo vital de esa persona. La falta absoluta de proporcionalidad al introducirse el principio de solidaridad por razones políticas, ha llevado al sistema a tasas de sustitución entre el último salario de activo y el importe de la pensión del primer año en el Régimen General al 91,9% con 35 años cotizando, del 73,6% a los 25 años y del 45,8% con 15 años, las tasas más altas de la Unión Europea. Las tasas de sustitución para que el sistema fuera sostenible serían del 62,8%, del 43,8% y del 24,8% respectivamente. Las diferencias de estos porcentajes con los que en la práctica existen son abismales, lo que demuestra la falta de viabilidad del sistema aunque algunos han manifestado que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social puede hacer frente a los desequilibrios del sistema. Craso error, el Fondo servirá para financiar el déficit sin tener que acudir al mercado de capitales, es una fuente de financiación, pero el déficit no desaparece.
La existencia de varios millones de pensionistas puede llevar a que en los políticos se dé la tentación de establecer un mecanismo de intercambio de votos por aumento de pensiones. Esto ha sucedido en el pasado, especialmente en los regímenes especiales, originando una fuerte deuda implícita e invisible de la Seguridad Social, tasas internas de retorno elevadas y tasas de sustitución entre el último salario de activo y el importe de la pensión del primer año de las más altas de la Unión Europea.
De acuerdo con los estudios que he publicado, el sistema de pensiones públicas contributivas podría entrar en desequilibrio en el entorno del 2015-2017; la fuerte crisis que estamos padeciendo ha dado lugar a un adelanto de la fecha de desequilibrio del sistema de pensiones, de forma tal que en el corriente año 2010, aparecerá el déficit. Cuando el cambio de Gobierno en 2004 tocaba la reunión del Pacto de Toledo, pero ha transcurrido toda una legislatura y parte de otra sin que se haya llevado a efecto. La Comisión Europea ha advertido en diversas ocasiones al Gobierno español de la necesidad de reformas para hacer sostenible el sistema.
A mi juicio, la reforma debería consistir en:
1. Alargar la edad de jubilación forzosa a los 70 años
2. La base reguladora para calcular el periodo de contribución se extendería a todo el periodo contributivo
3. El porcentaje que ha de aplicarse a la base reguladora para calcular la pensión sería proporcional al número de años cotizados
4. Todos los regímenes de la Seguridad Social deben tener la misma presión contributiva, es decir, que la suma de las cuotas del trabajador y del empresario representen el mismo porcentaje de la base reguladora.
5. Supresión de las jubilaciones anticipadas.
La sostenibilidad sólo se logrará con la reforma, es muy urgente, no hay tiempo que perder. El proyecto presentado por el Gobierno en los últimos días sólo incorpora de manera muy parcial alguna de estas sugerencias y, por tanto, sólo servirá para añadir un parche que no solucionará los problemas estructurales de fondo.
José Barea es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.
El reto demográfico será a partir del 2010 un factor de desequilibrio importante del gasto en pensiones a consecuencia de las fuertes tasas de crecimiento de la población de 65 años y más (0,95% en la década 2011-2020; 1,64% en la década 2020-2030; y del 1,45% en la década 2031-2040), en total en el periodo 2011-2080 dicha población habrá aumentado en dos millones seiscientos mil personas con una fuerte incidencia en el gasto de pensiones.
Tan preocupante como las consecuencias del reto demográfico son las que se derivan de la fuerte incidencia que la falta de equidad (proporcionalidad) tiene sobre el gasto en pensiones al haberse utilizado el sistema como instrumento de redistribución de la renta y no como lo que realmente debe ser: un instrumento para distribuir la renta de un individuo entre consumo y ahorro en el ciclo vital de esa persona. La falta absoluta de proporcionalidad al introducirse el principio de solidaridad por razones políticas, ha llevado al sistema a tasas de sustitución entre el último salario de activo y el importe de la pensión del primer año en el Régimen General al 91,9% con 35 años cotizando, del 73,6% a los 25 años y del 45,8% con 15 años, las tasas más altas de la Unión Europea. Las tasas de sustitución para que el sistema fuera sostenible serían del 62,8%, del 43,8% y del 24,8% respectivamente. Las diferencias de estos porcentajes con los que en la práctica existen son abismales, lo que demuestra la falta de viabilidad del sistema aunque algunos han manifestado que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social puede hacer frente a los desequilibrios del sistema. Craso error, el Fondo servirá para financiar el déficit sin tener que acudir al mercado de capitales, es una fuente de financiación, pero el déficit no desaparece.
La existencia de varios millones de pensionistas puede llevar a que en los políticos se dé la tentación de establecer un mecanismo de intercambio de votos por aumento de pensiones. Esto ha sucedido en el pasado, especialmente en los regímenes especiales, originando una fuerte deuda implícita e invisible de la Seguridad Social, tasas internas de retorno elevadas y tasas de sustitución entre el último salario de activo y el importe de la pensión del primer año de las más altas de la Unión Europea.
De acuerdo con los estudios que he publicado, el sistema de pensiones públicas contributivas podría entrar en desequilibrio en el entorno del 2015-2017; la fuerte crisis que estamos padeciendo ha dado lugar a un adelanto de la fecha de desequilibrio del sistema de pensiones, de forma tal que en el corriente año 2010, aparecerá el déficit. Cuando el cambio de Gobierno en 2004 tocaba la reunión del Pacto de Toledo, pero ha transcurrido toda una legislatura y parte de otra sin que se haya llevado a efecto. La Comisión Europea ha advertido en diversas ocasiones al Gobierno español de la necesidad de reformas para hacer sostenible el sistema.
A mi juicio, la reforma debería consistir en:
1. Alargar la edad de jubilación forzosa a los 70 años
2. La base reguladora para calcular el periodo de contribución se extendería a todo el periodo contributivo
3. El porcentaje que ha de aplicarse a la base reguladora para calcular la pensión sería proporcional al número de años cotizados
4. Todos los regímenes de la Seguridad Social deben tener la misma presión contributiva, es decir, que la suma de las cuotas del trabajador y del empresario representen el mismo porcentaje de la base reguladora.
5. Supresión de las jubilaciones anticipadas.
La sostenibilidad sólo se logrará con la reforma, es muy urgente, no hay tiempo que perder. El proyecto presentado por el Gobierno en los últimos días sólo incorpora de manera muy parcial alguna de estas sugerencias y, por tanto, sólo servirá para añadir un parche que no solucionará los problemas estructurales de fondo.
José Barea es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.
Libertad Digital - Opinión
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