Malos perdedores

El Gobierno vasco en funciones acelera partidas y decisiones no pactadas con quienes le sucederán.

El Tribunal Superior de Euskadi ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la orden de la Consejería de Justicia de abrir plazo para la petición de subvenciones a las visitas a los presos vascos. Esa convocatoria, realizada esta vez con mucha antelación respecto a las fechas habituales, se ha convertido en un síntoma de la actitud con que el Gobierno de Ibarretxe, en funciones desde las elecciones del 1 de marzo, está abordando el periodo de transición hasta la toma de posesión del que presidirá Patxi López.

No es seguro que el recurso prospere, dada la dificultad de revocar por vía judicial una decisión no abiertamente ilegal de un Gobierno, por más que resulte forzado considerar que adelantar ésa en concreto fuera obligado para "garantizar el buen funcionamiento de la Administración y el adecuado traspaso de poderes", que es como define la ley de Gobierno vasca la tarea del Ejecutivo en funciones. Pero lo que no ofrece duda es que tal iniciativa está inspirada por una manifiesta mala fe política.

El PSE, que votó a favor de los Presupuestos de Ibarretxe para este año, hizo una salvedad expresa sobre la partida destinada a esa subvención. Pese a ello, el recurso es, según la poco sutil opinión de la portavoz en funciones, "un intento de los socialistas de ganar puntos ante el PP". Tal vez esperaba que alguien le replicara que la iniciativa de adelantar las subvenciones era un intento de caer bien al mundo de ETA antes de abandonar el poder.

Las ayudas a los desplazamientos de familiares forman parte de la respuesta nacionalista a la política de dispersión de presos de ETA seguida por el Gobierno desde hace años. La medida fue presentada con cierta hipocresía como puramente humanitaria, dado que estaba abierta a todos los presos vascos, y no sólo a los acusados de terrorismo. Hace cuatro años el Tribunal Superior anuló una orden similar a la recurrida ahora por considerar que era un intento de contrarrestar la política penitenciaria del Gobierno central. El de Vitoria respondió incluyendo las ayudas en el capítulo de asistencia social.

Esas ayudas a presos suponen un coste de 225.000 euros, cifra modesta si la comparamos con los casi 400 millones de gasto aprobados por el Gobierno de Ibarretxe desde que está en funciones. Será legal, pero es un abuso de posición que constituye la otra cara de la advertencia del PNV de que no dará "ni agua" al nuevo Gobierno.

El País - Editorial