La larga mano del maquiavélico Pérez Rubalcaba estaría detrás de la filtración a El País del caso de espionaje de la Comunidad de Madrid. Ha sido precisamente un agente del Centro Nacional de Inteligencia, dedicado a labores de espionaje interior, quien ha facilitado a Francisco Mercado de El País los datos, fotos y documentos que han permitido al diario del Grupo PRISA apuntarse una explosiva "exclusiva" el pasado lunes e iniciar un serial que tiene de los nervios al Partido Popular. También es la fuente de Interviú.Desde hace más de tres meses, con pleno y puntual conocimiento del ministro Rubalcaba, funcionarios de Interior estuvieron siguiendo y vigilando todos los movimientos del consejero Granados, así como de los que aparecen en los documentos de El País.
Llama la atención en todo el affaire que la profusión de fotos, documentos y supuestos vídeos con cámara oculta no haya ido -hasta ahora- acompañada de los nombres concretos de quienes realizaron las vigilancias.
Periodista Digital ha podido saber que los tres ex guardias civiles a los que el dossier facilitado a El País atribuye los seguimientos y vigilancias son Oreja Sánchez, Antonio Coronado y José Luis Cano.
Estos tres, con larga experiencia en ese tipo de "labores", serían los peones de brega.Pueden no ser los únicos. De hecho, se ha repetido mucho estos días el nombre de Marcos Peña, que en su día trabajó como jefe de seguridad para Iberdrola y a quien en la Policía no se le tiene en alta estima, aunque sigue contando con amigos y conocidos.
Otro policía, que también sale en algunos de los papeles es José Manuel Novoa, alias "Carioco", un tipo duro, directo y que se hizo muy famoso a raíz del caso Ciempozuelos, cuando se descubrió a dos concejales del PSOE llevando maletines llenos de billetes a Andorra.
EL PP, CON LA MOSCA DETRÁS DE LA OREJA
El vicesecretario de Comunicación del PP no hablaba al tuntún. Esteban González Pons aseguró al publicarse la "exclusiva" que la información obtenida por la red de espías no se puede conseguir sin la connivencia del Ministerio del Interior que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. Se refería concretamente a la identificación de los propietarios de vehículos a partir de las matrículas.
González Pons exigió al fiscal que abra una investigación de forma inmediata y pidió explicaciones al Ministerio del Interior porque «estamos hablando no solo de fuerzas parapoliciales, sino de fuerzas parapoliciales vinculadas a fuerzas policiales».El Partido Popular atribuyó al Ministerio del Interior el montaje del escándalo, lo que desató el enfado de su responsable, Alfredo Pérez Rubalcaba.
En un comunicado, el partido de Rajoy explica que investigará los datos conocidos -desvelados esta semana en 'El País'- «desde el respeto a la presunción de inocencia y en aras de la ejemplaridad que debe presidir la vida pública», y puntualiza que, de confirmarse las informaciones publicadas, «nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles». La encargada de la investigación será María Dolores de Cospedal. ¿Habrá sorpresas?
Periodista Digital
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