La criminal agresión final le produjo lesiones cerebrales irreversibles, por las que ha perdido el control de su cuerpo, en dependencia ya para el resto de sus desdichada vida. La madre, por señalar el parentesco legal, Ana María Cano, consintió cuanto el canalla que había metido en su cama quiso hacerle a su hija sin rechistar. Han sido condenados a 22 y 20 años de cárcel, no a la cadena perpetua que, al menos a él, le habría correspondido en cualquier país con penas ajustadas a los delitos, y no en la ex-nación de risa que, ahora, la mayoría que nunca quiso despertar de la mentira empieza a percibir en su crudeza y, sobre todo, en su muy progresista y avanzado ridículo. En ocho o diez años, como mucho, según parece, y gracias a las reducciones de pena hasta por leer libros que nuestro generoso sistema penal tiene establecidas, esta pareja de buenos padres estará en la calle, y podrán regalarle pañales a Alba para cuando se haga encima como recuerdo del cariño y las atenciones recibidos en su infancia.
A Maricruz la asesinó hace tres años un marroquí que había subido a Caravaca a matar mujeres con un cuchillo de cocina. Atacó a cuatro, hirió a tres de ellas, entre las que se encontraba una joven madre que paseaba con su criatura de dos años en el cochecito, y consiguió matar a Maricruz, que tenía poco más de veinte años y era una muchacha alegre y preciosa que apenas había comenzado a vivir. Fue una verdadera razia, una incursión criminal a la caza exclusiva de mujeres, reveladora de la mentalidad del asesino, Said Ouammou, al que ahora, en todas las informaciones que han ido apareciendo después, se cita sólo como Said O., seguramente para respetar el implacable –ese sí- código de la corrección política, y para que no se acuse a nadie de racismo antimoro, no vaya a ser. Pequeños detalles que revelan la sociedad que nos están construyendo los miembros y las miembras rectores de la Patria (con perdón por lo de Patria).
La madre de Maricruz, Antonia Martínez, una mujer caravaqueña de uno de sus barrios más humildes, de gentes sencillas que no entienden, como la mayoría del pueblo español, que estemos sometidos a tanta estupidez, inició hace unos meses una huelga de hambre en la rotonda de entrada a Caravaca, con una foto de su hija, para solicitar algo que la insensata justicia española nunca le concederá: que el miserable asesino de su niña cumpla realmente los cincuenta años a que fue condenado. Porque, como todo el mundo sabe, en España no ha habido un solo criminal encerrado siquiera los treinta años que, como máximo, prescribe nuestro código penal, pues las reducciones de pena hacen, como en este caso, que no pase de dieciocho años el periodo de pena de Said O., el cual podrá volver a matar mujeres a una edad todavía bien joven para dar el pasaporte a unas cuantas cristianas más.
Antonia, entretanto, se muere de pena, ella sí, ella y su familia sí van a cumplir la pena completa, a ellos nadie los va a redimir, ni siquiera con el elemental consuelo de saber que el asesino de su hija no volverá a tener una vida como la que arrebató. En España no hay reinserción para las víctimas.
Son sólo dos casos. Pero podríamos recordar, por ejemplo, que la misma Justicia que pondrá en la calle a Francisco Javier Pérez por estallar a una niña de seis años contra la pared, es la que condenó a una madre sordomuda a alejarse de su hijo durante un año y medio por darle un coscorrón. Y que es la misma Justicia que en los últimos tiempos ha puesto en libertad a Rabadán, el de la catana; a Iria y Raquel, que asesinaron por envidia en San Fernando (Cádiz) a una compañera de clase mejor que ellas; a uno de los asesinos de Sandra Palo, a la que violaron, aplastaron y quemaron viva; a violadores, pederastas (¿cuándo saldrá ‘Nanisex’, el violador de bebés, a la calle?), capos de la mafia y asesinos de la peor especie, entre otros, al ‘pacifista’ De Juana Chaos, que ahora se manifiesta contra los judíos junto a la izquierda continuadora de nuestra mejor tradición inquisitorial, la misma izquierda cejuda que no dijo ni mu contra los bombardeos de Kosovo y Belgrado o la limpieza étnico-religiosa en Sudán perpetrada por los islamistas, sus aliados en la nueva Civilización del Embudo.
Ahora los jueces van a ponerse en huelga. Con toda razón (dejando aparte el escándalo de que sigan pidiendo aumentos salariales en estos tiempos), por el desastre de un país en el que el Gobierno ZP se va a gastar 64 millones de euros (10.666.000.000 ptas. = diez mil seiscientos sesenta y seis millones de pesetas, aclaración para hijos de la Logse y lectores de Almudena Grandes) en bombillas, en lugar de invertirlos en ordenadores para los juzgados, por ejemplo. Y en conectarlos, porque ya tenemos o estamos en camino de tener diecisiete sistemas judiciales, penales e informáticos.
Pero durante treinta años han estado aplicando una justicia injusta, enemiga de su pueblo, dictada por tontainas en el Parlamento, estúpida en su fariseísmo reinsertador, y ante la que jamás elevaron la voz mientras se convertían en adminículos privilegiados del poder político. Que ahora hayan despertado sus señorías porque al juez Tirado se le haya puesto una multa, en lugar de ponerlo en la calle, no es que sea corporativismo, es simplemente revelador de la profunda enfermedad moral, la descomposición social y la ceguera irresponsable de unas élites, sean políticas, judiciales, universitarias o cómicas, cuya cobardía, mediocridad, prejuicios e incompetencia explican mucho mejor que Solbes por qué nos estamos hundiendo.
El blog de Javier Orrico
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