"Frente a la estulticia de muchos y las obscenas risotadas de algunos, este periódico seguirá haciendo lo que esté en su mano para reconstruir, ladrillo a ladrillo, la verdad de lo sucedido. Los datos que hoy revela Casimiro García-Abadillo no aportan nada nuevo en relación a la autoría de los hechos, pero sí contribuyen a aclarar uno de los enigmas clave de aquellos días: el comportamiento durante la jornada de reflexión de un PSOE que siempre parecía ir por delante de los acontecimientos."
Frente a quienes tienden a amortizar el 11-M como una especie de catástrofe natural de la que cuanto menos se hable mejor y a quienes aceptan dócilmente la versión oficial que, sin pruebas de ninguna clase, viene a presentar lo ocurrido como una consecuencia directa de los errores de Aznar sobre Irak, EL MUNDO no olvidará nunca ni los 192 asesinatos perpetrados en Madrid ni la manipulación de nuestro proceso democrático que tanto coadyuvó a los resultados del 14-M.
Frente a la estulticia de muchos y las obscenas risotadas de algunos, este periódico seguirá haciendo lo que esté en su mano para reconstruir, ladrillo a ladrillo, la verdad de lo sucedido. Los datos que hoy revela Casimiro García-Abadillo no aportan nada nuevo en relación a la autoría de los hechos, pero sí contribuyen a aclarar uno de los enigmas clave de aquellos días: el comportamiento durante la jornada de reflexión de un PSOE que siempre parecía ir por delante de los acontecimientos.
En contra de la versión inicial incluida en su libro La Venganza, nuestro vicedirector ha descubierto que no fue la ex secretaria de Estado de Seguridad Margarita Robles sino su antecesor en el cargo Rafael Vera quien advirtió el día 12 por la noche a la cúpula del partido de que al día siguiente se iban a producir detenciones de islamistas. Esa información crucial -procedente al parecer de «servicios secretos» españoles contactados por la juez francesa Levert- permitió al PSOE y, sobre todo, a sus medios más afines estimular las concentraciones ante las sedes del PP y modular un discurso basado en el «queremos saber» y el «España necesita un Gobierno que no mienta» que causó un profundo impacto en la opinión pública.
Al margen de que las detenciones de islamistas del 13-M se circunscribieran a Jamal Zougam y sus empleados y de que la reciente denuncia de Cartagena sobre las ganas que tenía la Policía de echar el guante a su viejo conocido refuerce las crecientes dudas sobre su implicación real en la masacre, la imagen de Vera coordinando desde un teléfono seguro de Mérida la información policial en beneficio del PSOE no puede dejar de causar una profunda inquietud.
El secuestrador de Segundo Marey, el ladrón de los fondos reservados, fue el amo y señor del Ministerio del Interior durante los largos años del felipismo. Buena parte de sus redes de influencia permanecieron intactas en las altas esferas policiales como consecuencia de la torpe ingenuidad del PP. De ahí, por ejemplo, que el mismo teniente coronel Hernando que llevaba los maletines a Suiza para comprar el silencio de Amedo y Domínguez fuera, ya como coronel, quien dirigiera la unidad de élite de la Guardia Civil que, a través de Zouhier, controlaba a los islamistas que buscaban dinamita en Asturias.
Que la alargada sombra de un hombre sin escrúpulos como Vera, que entonces veía acercarse su ingreso en prisión por el más infame delito que pueda cometer un custodio de fondos públicos, planee sobre esas horas decisivas en las que se encauzó la investigación del 11-M, no hace sino acrecentar las fundadas sospechas de que hubo una trama policial empeñada en manipular las pruebas y engañar a la Justicia.
Fuera cual fuera su papel en esas horas, lo que ya no es ningún secreto es el beneficio obtenido por Vera con el cambio de Gobierno: sus siete años de condena se han saldado con menos de una quinta parte de prisión efectiva. Sólo le supera el ex general Galindo, también vinculado a Hernando, cuyos 75 años de cárcel por torturas y asesinato se quedaron en cinco «por motivos de salud». Unos privilegios que deberían suscitar el escándalo de la oposición y que con toda propiedad pueden ser definidos como las «rebajas del 14-M».
Editorial de El Mundo, 11-12-2006
Frente a quienes tienden a amortizar el 11-M como una especie de catástrofe natural de la que cuanto menos se hable mejor y a quienes aceptan dócilmente la versión oficial que, sin pruebas de ninguna clase, viene a presentar lo ocurrido como una consecuencia directa de los errores de Aznar sobre Irak, EL MUNDO no olvidará nunca ni los 192 asesinatos perpetrados en Madrid ni la manipulación de nuestro proceso democrático que tanto coadyuvó a los resultados del 14-M.
Frente a la estulticia de muchos y las obscenas risotadas de algunos, este periódico seguirá haciendo lo que esté en su mano para reconstruir, ladrillo a ladrillo, la verdad de lo sucedido. Los datos que hoy revela Casimiro García-Abadillo no aportan nada nuevo en relación a la autoría de los hechos, pero sí contribuyen a aclarar uno de los enigmas clave de aquellos días: el comportamiento durante la jornada de reflexión de un PSOE que siempre parecía ir por delante de los acontecimientos.
En contra de la versión inicial incluida en su libro La Venganza, nuestro vicedirector ha descubierto que no fue la ex secretaria de Estado de Seguridad Margarita Robles sino su antecesor en el cargo Rafael Vera quien advirtió el día 12 por la noche a la cúpula del partido de que al día siguiente se iban a producir detenciones de islamistas. Esa información crucial -procedente al parecer de «servicios secretos» españoles contactados por la juez francesa Levert- permitió al PSOE y, sobre todo, a sus medios más afines estimular las concentraciones ante las sedes del PP y modular un discurso basado en el «queremos saber» y el «España necesita un Gobierno que no mienta» que causó un profundo impacto en la opinión pública.
Al margen de que las detenciones de islamistas del 13-M se circunscribieran a Jamal Zougam y sus empleados y de que la reciente denuncia de Cartagena sobre las ganas que tenía la Policía de echar el guante a su viejo conocido refuerce las crecientes dudas sobre su implicación real en la masacre, la imagen de Vera coordinando desde un teléfono seguro de Mérida la información policial en beneficio del PSOE no puede dejar de causar una profunda inquietud.
El secuestrador de Segundo Marey, el ladrón de los fondos reservados, fue el amo y señor del Ministerio del Interior durante los largos años del felipismo. Buena parte de sus redes de influencia permanecieron intactas en las altas esferas policiales como consecuencia de la torpe ingenuidad del PP. De ahí, por ejemplo, que el mismo teniente coronel Hernando que llevaba los maletines a Suiza para comprar el silencio de Amedo y Domínguez fuera, ya como coronel, quien dirigiera la unidad de élite de la Guardia Civil que, a través de Zouhier, controlaba a los islamistas que buscaban dinamita en Asturias.
Que la alargada sombra de un hombre sin escrúpulos como Vera, que entonces veía acercarse su ingreso en prisión por el más infame delito que pueda cometer un custodio de fondos públicos, planee sobre esas horas decisivas en las que se encauzó la investigación del 11-M, no hace sino acrecentar las fundadas sospechas de que hubo una trama policial empeñada en manipular las pruebas y engañar a la Justicia.
Fuera cual fuera su papel en esas horas, lo que ya no es ningún secreto es el beneficio obtenido por Vera con el cambio de Gobierno: sus siete años de condena se han saldado con menos de una quinta parte de prisión efectiva. Sólo le supera el ex general Galindo, también vinculado a Hernando, cuyos 75 años de cárcel por torturas y asesinato se quedaron en cinco «por motivos de salud». Unos privilegios que deberían suscitar el escándalo de la oposición y que con toda propiedad pueden ser definidos como las «rebajas del 14-M».
Editorial de El Mundo, 11-12-2006
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