Democracia real. Por José María Carrascal

La democracia representativa está en estado de sitio, por dejación de la autoridad competente.

LOS parlamentarios catalanes acaban de tener una muestra de lo que es la «democracia real»: acudir al Parlament en furgón policial o helicóptero, porque de intentar hacerlo a pie, son insultados, zarandeados o rociados de pintura. Es decir, un estado de sitio de la democracia representativa. Y esto no pueden negarlo ninguno de los analistas que hacen malabarismos para diferenciar los «antisistemas» de los «indignados», la «violencia» de la «protesta pacífica». Una cosa lleva a la otra, derivando hacia el ataque a las instituciones, con ánimo de sustituirlas por otras de base más ancha, aún no establecidas. Y precisamente por no estar establecidas, es muy fácil que se apoderen del «movimiento» los más audaces, los más vociferantes, los más violentos. No crean que es nuevo. Ocurrió en la comuna francesa de 1871, donde los consejos populares se apoderaron del poder frente a las autoridades propias y frente a las tropas alemanas que asediaban París. Ocurrió durante la revolución rusa, cuando los soviets (soviet, en ruso, significa eso, consejo) se alzaron contra el zar que perdía la guerra contra los alemanes, y ocurrió en la España republicana, a punto de sumergirse en el caos cuando el gobierno Negrín, aconsejado por los comunistas, aplastó a anarquistas y al POUM, contra las tropas de Franco.

Algo tienen en común todas esas intentonas: su marcado desdén por la «democracia burguesa» y su incapacidad de controlarse a sí mismas. Que suele surgir de una crisis nacional —guerra, hundimiento económico— y de la dejación de deberes por parte de la autoridad. Que se dan hoy en España. Lo ocurrido en Barcelona no empezó en el Parque de la Ciudadela, sino en la plaza de Cataluña, como en la del Sol, violándose no sé cuantas disposiciones municipales, interfiriendo en la jornada de reflexión y permitiéndose que unas pocas voces sonaran más que las de millones en las urnas. Hacia ese vacío de autoridad se precipitaron las fuerzas antisistema.

¿Por qué se permitió? La explicación más inocente es que esas autoridades no se dieron cuenta de que habían dejado salir el monstruo de la botella, creyendo que iría contra sus rivales políticos. Un fallo garrafal que las desautoriza para seguir en el cargo. Pero hay otra explicación aún peor: que unas autoridades desbordadas por la crisis económica permitieron esa «democracia popular» como cobertura de su incapacidad y, caso de perder el poder en las próximas elecciones, como campo de aterrizaje para hostigar a quienes les sucedan. A fin de cuentas, la izquierda, convencida aún de su «superioridad moral», considera lícito sublevarse contra los elegidos en las urnas, como hizo el PSOE en 1934, alzándose contra la República. Pero los tiempos son otros, y lo que ha conseguido es lo contrario de lo que predica: que nos parezcamos cada vez más a Grecia. Tan listo como dicen no es Rubalcaba.

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Indignados. Jerarquía de violencias. Por Agapito Maestre

Esa violencia es una prueba más de que es posible la redención por la sangre. Esa vieja idea pagana, que la civilización cristiana no ha logrado vencer, se ha enseñoreado por todo el siglo veinte, y amenaza con arruinar el actual.

Las violencias siempre tienen un carácter abismático que las hacen seductoras, mistificadoras, e incluso comprensibles para gentes que no comparten estos métodos, pero que están hartos del sistema político. El panorama de una casta política a los pies de la violencia del 15-M revela el drama del "Estado fallido" que es hoy España. Sin Gobierno y sin norte donde mirar, las principales instituciones del Estado han desaparecido, porque el propio Estado es incapaz de utilizar con eficacia la violencia física contra quienes ya han violado todas las reglas permisibles del Estado de Derecho.

Lejos de lo que muchos creen, o seguramente simulan por cobardía, la violencia es el principal problema político de España, especialmente después de que el Tribunal Constitucional legalizara a ETA para entrar en las instituciones. ¿Quién se limitará en su agresividad ante esa perversa sentencia? Si los criminales de ETA están en la calle, y sus representantes políticos en las instituciones, entonces pocos tendrán miedo de ejercer la violencia en el espacio público. Ese mal ejemplo es una prueba más de que la violencia trae réditos. Los efectos de la violencia en la institucionalidad y sociabilidad son obvios. Están a la vista.

En verdad, esa violencia es una prueba más de que es posible la redención por la sangre. Esa vieja idea pagana, que la civilización cristiana no ha logrado vencer, se ha enseñoreado por todo el siglo veinte, y amenaza con arruinar el actual. Todos los totalitarismos, especialmente el comunista y el nazi, hicieron suya la necesidad de la sangre, sobre todo de de inocentes, para liberarnos del mal. La traducción que la izquierda ha hecho de esta vieja idea es sencilla: la violencia política es liberadora. Era y es la primera lección de los viejos manuales leninistas. Hoy, otra vez, esta idea es impulsora de amplios sectores de la izquierda mundial. España, otra vez, es utilizada como campo de experimento. Acaso, por eso, haríamos bien con empezar a diseñar un mapa de la violencia en España para entender lo que se nos viene encima.

La jerarquización de violencias será el gran trabajo de quienes se dedican al análisis político. Es menester adoptar una perspectiva, buscar un lugar o, sencillamente, hacerse un esquema mínimo para acercarnos a las diferentes formas de violencia. El 15-M ha venido a visibilizar, a sacar a la luz, las contradicciones de un sistema político que está en peligro de extinción. La primera, y seguramente más cruel contradicción, es que el Gobierno no sólo no ejerce su primera función, es decir, dar seguridad a todos sus ciudadanos a través del uso legítimo de la violencia física, sino que al intentar instrumentalizar el movimiento quizá termine abrasado. He ahí otra prueba para empezar a hablar en serio del "Estado fallido".

Libertad Digital - Opinión

Haciendo el griego. Por Hermann Tertsch

Se obstinaron en la idea de que si el mundo cambia radicalmente, la culpa es del mundo.

Como todos sabrán ya Grecia se hunde. Y aunque el naufragio ya ni siquiera lo requiera, con la inestimable y perseverante colaboración, no ya de sus políticos, sino de la sociedad. Se hunde en la quiebra, en la miseria y la desesperanza y, hay que temer, en el caos y la tradición nacional de violencia. Todos lloramos su suerte. Haríamos bien aquí en ver que nos distingue aun de ellos. Se hunde, ante todo, porque no supo reaccionar ante la crisis. Quizás también se hubiera hundido de haber reaccionado rápido y bien. Nunca lo sabremos, porque no lo hizo. La crisis llegó por igual y al mismo tiempo a los países del norte como a los del sur. Todos lo pasaron mal. Todos tuvieron que hacer recortes. Y renunciar a muchas conquistas que ya se creían derechos adquiridos. No lo eran y así se reconoció en las sociedades más maduras. El resultado está a la vista. Los países cohesionados y desarrollados reaccionaron con sentido común, solidaridad nacional y conciencia de la gravedad de la situación. Ni sus Gobiernos les mintieron ni ellos pidieron ser engañados. Se dio la alarma. Se desmantelaron regulaciones para una mayor flexibilidad. Se aceptaron salarios mínimos realmente mínimos. Se incentivó la creación de autónomos para crear redes hasta entonces desconocidas. Se hizo una cruel cura al Estado de bienestar. Hubo protestas, por supuesto. Pero los gobiernos defendieron con energía el orden público y las leyes. Y la mayoría apoyó firmemente la potestad del Estado. En esos países la crisis hoy es historia. Algunos, como Austria, Alemania, Holanda o Dinamarca tienen el índice de desempleo más bajo de los últimos treinta. Crecen a buen ritmo.

Grecia ha pasado de la indolencia a la ira. Ha tenido gobiernos que, desde la mala conciencia del impostor, mendigaban condescendencia. No había franqueza para dar la alarma necesaria. Prioridad era comprar tranquilidad propia con la ajena. Y se siguió viviendo por encima de las posibilidades. Cada vez peor, pero todos se decían que lo peor había pasado. Y los privilegios propios se habían salvado. Ese gran pacto nacional para la trampa ha sido el único que funcionó. En la complicidad de la corrupción desde la cúpula hasta las capas más amplias. Unos estafaban al Estado con cifras falsas, otros con desviaciones de fondos europeos, todos más o menos con el fisco, con sueldos superiores a la productividad, con subvenciones de mil tipos, con parados inexistentes. Todos creyeron que salvarían su propia trampa de la quema. Todas las trabas que protegen intereses adquiridos se mantuvieron. O se rebajaron cosméticamente. Y todos de acuerdo en que la pobre sociedad griega no tiene la culpa de nada. Al no hacerse responsable de la situación, tampoco se asumieron las consecuencias. Exigir a otros soluciones para los problemas propios no lleva más que la frustración. El infantilismo se paga. Cuando llegó, se radicalizaron los reproches a los que debían solucionarles los problemas. Los demás. Y siempre en la autocompasión y el victimismo. Llorando su suerte. Convirtieron en culpables a los demás. A los países que están mejor, a la UE y a quienes aun les prestan. Y se obstinaron en la idea de que si el mundo cambia radicalmente, la culpa es del mundo. Y todos clamaron por sus derechos. Derechos y derechos. Sobre todo, derecho a ignorar la realidad. A no verse afectado por la misma. Y surgieron los peores instintos. El odio al que se envidia. Y los chivos expiatorios. El dinero huye. Ya irrumpe la violencia. Se desmorona la ley. Y la vida se hace irrespirable. No se ha evitado ninguno de los sufrimientos. Las soluciones cada día están más lejos. Y crece la ira.

ABC - Opinión

Asturias. Un error tras otro. Por Emilio Campmany

A mí me parece que, una vez que se cometió el error de forzar la salida de Cascos, se impone volver a atraerlo y darle cuanto pida a cambio de no presentarse a las generales.

Aborrezco el fulanismo, patología que siempre ha padecido la derecha española. No seduce ver que el partido más votado en Asturias sea uno cuyas siglas coinciden con las iniciales de su presidente. Foro Asturias es obviamente un proyecto personal de Francisco Álvarez Cascos, pero la mayor parte de culpa no es suya. Las elecciones han puesto de relieve un hecho incontrovertible: que los electores de la derecha en el Principado prefieren a Álvarez Cascos frente a cualquier otro líder del que pueda disponer el PP. Eso, en Génova, tenían que saberlo. Y, a pesar de ello, dejaron que el asturiano se fuera por no darle el poder que exigía.

No se trata de si Gabino de Lorenzo u Ovidio Sánchez son mejores o peores personas que FAC. Se trata de que es éste quien tiene los votos. ¿O qué hubiera pasado si Gabino u Ovidio, enfadados con el PP, hubieran fundado el Grupo de Libertad (GdL) o la Organización para la Seguridad y la Democracia (OSD)? ¿Habría alguno de los dos obtenido unos resultados siquiera similares a los conseguidos por Cascos?

El error ha colocado al PP asturiano ante la oportunidad de cometer otros. De momento, parece que no la van a desaprovechar. Álvarez Cascos ha exigido que sea uno de los suyos quien presida la Junta General, que es como se llama la asamblea asturiana, y además presidir él el Principado. Pérez-Espinosa entiende que un pacto equitativo debería darle a su partido al menos la presidencia de la cámara. Cascos no ha cedido y el PP ha impuesto su candidato con los votos del PSOE. Hay dudas sobre si los socialistas han actuado por su cuenta o si lo han hecho después de llegar a un acuerdo con el PP. Sea como sea, se trata de un nuevo error de Génova. Al margen de las consecuencias que tenga para el Principado, los efectos en la política nacional pueden ser muy graves para Rajoy.

Para empezar, Asturias elige 8 diputados. En 2008 se repartieron a partes iguales entre el PSOE y el PP. Lo lógico es que en las próximas elecciones generales el resultado sea 5 a 3 a favor de los populares. Pero ¿qué ocurrirá si FAC se presenta y logra arrebatarle 1 ó 2 diputados al PP? ¿Y si esos diputados fueran necesarios para tener mayoría absoluta? A mí me parece que, una vez que se cometió el error de forzar la salida de Cascos, se impone volver a atraerlo y darle cuanto pida a cambio de no presentarse a las generales.

Luego, ¿con qué imagen regeneracionista puede presentarse Rajoy en 2012 si se demuestra que al PP le resulta más fácil pactar con el PSOE, con el que ya no trata ni IU, que con Francisco Álvarez Cascos? En Génova parecen no darse cuenta de qué es lo que realmente está en juego. Da miedo verlos.

Libertad Digital - Opinión

Tarjetas rojas. Por Ignacio Camacho

El riesgo del 15-M no es sólo el de caer en el radicalismo violento, sino el de deslizarse hacia la antipolítica.

LO de la tarjeta roja sí tiene un pase. Es algo naïf pero rebaja la tensión después del sabotaje cafre de Barcelona y está bien traído en una comunidad, la valenciana, donde a una decena de parlamentarios —empezando tal vez por el presidente— tenían que haberle mostrado la tarjetita los dirigentes de su propio partido. Otros habrá que se merezcan sólo la amarilla, y la mayoría pueden y deben seguir en el terreno de juego; cumplen su deber con errores como todo el mundo. Pero si el movimiento 15-M quiere recuperar credibilidad y simpatía popular después de las algaradas —que ha repudiado hasta Stephane Hessel, el gurú antisemita del panfletillo de cabecera— tiene que desbatasunizarse y repudiar toda forma de violencia, incluidos la intimidación y el insulto. Porque hay bastante gente deseando utilizar las buenas intenciones de los indignados como materia inflamable. En una época en que los sindicatos han perdido capacidad de movilización, ciertos estrategas políticos están pensando en el potencial de esa revuelta como vanguardia de presión cuando la derecha llegue al poder y empiece a podar de veras el presupuesto. Y eso conduce a Grecia, a los bancos quemados y a las batallas campales: un programa de actos que siempre atrae a los radicales y a los exaltados pero no resulta seductor para la mayoría de la gente.

El peligro del movimiento de protesta no consiste sólo en que los extremistas lo conduzcan hacia el alboroto y la borroka, sino en que se deslice hacia la antipolítica. Compuesto en su mayoría por jóvenes que minusvaloran las libertades porque siempre han vivido en ellas, anida desde el principio en su seno un prejuicio hacia las reglas políticas que en el fondo no es sino un viejo mito antidemocrático. La democracia se caracteriza por el respeto a las leyes y a sus formas, y si algo demostró la Transición española es que es posible cambiar sin traumas incluso la legalidad de una dictadura. La gente de las acampadas no puede olvidar que, además de la presión de la calle, dispone de una contundente herramienta que se llama voto, al que los políticos temen como los agricultores al granizo. Por muy desencantados y cabreados que estén, han de entender la contradicción que supone clamar por la falta de representatividad de unos diputados elegidos por millones de españoles y en cambio creer que ellos sí representan algo más que a sí mismos. Por ese camino circulan a contramano y se van a equivocar de ruta. Ocurrió el 22 de mayo: mientras ellos se instalaban en las plazas a vivir su emocionante bautismo asambleario el resto iba a las urnas en proporción abrumadoramente superior. Un rito muy aburrido pero infinitamente más eficaz.

Las tarjetas rojas a los políticos son una manera civilizada de expresar descontento. No estaría de más que se las enseñasen también a los bárbaros antisistema que están prostituyendo su causa.

ABC - Opinión

Indignante. Por Alfonso Ussía

Indigno e indignante. Fuera caretas de indignados. Lo del 15 de mayo se ha convertido en un descarado y programado –además de violento–, plan de la izquierda radical, de «okupas» y antisistema. Democracia secuestrada, dice LA RAZÓN. El estalinismo. «Demócratas de mamporro» escribe Cefas. Arcadi Espada, en «El Mundo» acierta con una reflexión tan sencilla como contundente. «El 15-M, un acto violento desde el primer día, como lo es toda usurpación del espacio público». Querido Raúl del Pozo, no entiendo hacia donde vas. La violencia ante el Parlamento de Cataluña, un fallido y doloroso secuestro de la democracia. La violencia verbal ante el domicilio del Alcalde de Madrid, elegido por abrumadora mayoría de los madrileños, una cobardía gramsciana y grosera. Y Rubalcaba de brazos cruzados. El cumplimiento de su deber podría pasarle la factura en las elecciones generales. Pues que dimita.

Indigna e indignante su pasividad. A un parlamentario catalán invidente le intentaron separar de su perro lazarillo. Bono y Mas exigen el uso de la autoridad. Esperanza Aguirre infinitamente más diáfana que Rajoy. Zapatero en babia, secuestrado por los suyos. Y la calle violentada y en manos de los que quieren terminar con las urnas. Ellos sí que no representan a nadie, excepto a ellos mismos. Los representantes del pueblo, de la soberanía popular, insultados, zarandeados, escupidos y humillados. En Madrid impiden la ejecución de un desahucio ordenado por la Justicia. Cayo Lara intenta obtener un beneficio del caso y también lo insultan. «Tienen razón» le dice a Del Pozo. No la tienen en absoluto. Y tampoco él, que acude a una algarada montada para desobedecer a las leyes. Tomás Gómez quiere hablar con ellos. Ellos no quieren hablar con nadie, porque carecen de fines, objetivos, programas e ideas. Frivolidad supina o cobardía clamorosa. Y Rubalcaba frotándose las manos y manteniendo la inacción de las Fuerzas del Orden Público. Fuera Rubalcaba. O candidato o ministro del Interior.

En España, la izquierda adora las urnas cuando sabe que van a serle favorables, y abomina de ellas cuando el trompazo es seguro. No coincido con los bienpensantes. Esto no es un movimiento espontáneo y apolítico. Se trata de un invento cuya finalidad no es otra que la de entorpecer el buen funcionamiento de las instituciones democráticas cuando el PSOE no tenga el poder, que será muy pronto. Es un iluso el que piense que Rubalcaba va a proceder, como es su deber, contra quienes ocupan la calle con su permiso. Violencia admitida por el propio Gobierno. Década de los cincuenta. Una manifestación ante la embajada del Reino Unido reivindicando la españolidad de Gibraltar. Terminó a palos. Se lanzaron toda suerte de objetos. No quedó un cristal intacto en toda la legación. Y el embajador, asustado como és lógico, llamó al ministro de la Gobernación, el Rubalcaba de antaño. –¿Señor embajador, le mando más policías?–; –No, señor ministro, mándeme menos manifestantes–. Se le puede ir de las manos a Rubalcaba su afición por mirar hacia otra parte. Hasta ahora, son muchos más los agentes del orden lesionados que los presumibles «pacifistas». Con violencia cualquier desgracia irremediable puede ocurrir. En ese caso, Rubalcaba también se vería obligado a renunciar a su candidatura. Por maniobrero, incapaz e irresponsable. Ya no hay excusas ni comprensiones. Lo de los «indignados» antisistema es indigno e indignante.

La Razón - Opinión

Democracia. Aquel junio olvidado. Por Cristina Losada

Aquí hemos padecido una sobredosis de pasado que no era materia de Historia, sino estrategia política.

De no ser por algún recordatorio breve, habría pasado del todo desapercibido que el 15 de junio fue el aniversario de las primeras elecciones. Suele agregarse que eran las primeras democráticas y con razón. El hecho de votar no implica democracia. Mas no por lo que alegan quienes campan agresivos por las calles y sus encomiastas. El olvido en que se ha sumido aquella fecha, de hace ya treinta y cuatro añitos, es significativo. No obedece solo a las urgencias que impone la rabiosa –nunca mejor dicho– actualidad, que, al contrario, invita a una reflexión comparativa. Incluso, ya puestos, a formular la célebre pregunta de ¿cuándo se jodió?

Cuentan que un profesor de Historia abría el curso con el siguiente aviso: "Existe un malentendido muy común y es considerar la Historia como un estudio del pasado". La anécdota se ubica en otro país, pero aquí hemos padecido una sobredosis de pasado que no era materia de Historia, sino estrategia política. Hágase inventario. Comenzamos por el destino del capitán Lozano, entramos en la Guerra Civil, desenterramos las fosas y andamos pendientes de la tumba de Franco. Menuda agenda. Se resucitó lo peor del pasado y de la peor manera: guerracivilismo puro. Al tiempo, se cuestionaba el andamiaje fundacional de la democracia y se rompía de facto con sus mejores rasgos. Tal es la herencia del zapaterismo. Y el legado de una falta continuada de voluntad reformista de los dos grandes partidos.

No es cosa de idealizar el espíritu de la Transición, pero tampoco de arrojarlo al vertedero sin echarle un segundo vistazo. En aquella situación crítica, los políticos y la sociedad civil fueron capaces de transacciones. Hoy, reinan la confrontación y las miserias del politiqueo bajuno. No se trata de sacralizar el consenso: el disenso es un combustible necesario. Pero en las grandes cuestiones, con la Nación en el despeñadero, habrá que recuperar un terreno común. Y civilizado. Ha resultado demoledora la práctica excluyente del Gobierno socialista, su decisión de imponer alteraciones sustantivas sin el acuerdo del Otro. No ya sin: deliberadamente contra. Fiel a la trayectoria de discordia es este final coqueteo suyo con la revuelta: una que siente por las urnas el mismo respeto que quienes las rompen. Es fama, quizá injusta, que la democracia siempre ha tenido pocos partidarios en España. El 15-J de 1977 desmintió el dicho. El de 2011 amenaza con una confirmación.

Libertad Digital - Opinión

La astucia como problema. Por M. Martín Ferrand

Es de alabar la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para reformar la Ley Electoral.

RYSZARD Kapuscinski utilizó su conocimiento del mundo, su fina percepción política y un sutil olfato periodístico y compilador para concluir que «los peores rasgos del ser humano son la desconfianza, la astucia, la avaricia y el odio». El mayor y más trascendente de nuestros muchos problemas colectivos, en tanto que somos españoles, es que los dos primeros rasgos del catálogo del periodista polaco aquí son tenidos, especialmente en la vida pública, como virtudes. Jerarquizan y dignifican la personalidad de quienes los ostentan. Los otros dos tienen practicantes que alcanzan el virtuosismo del género; pero, afortunadamente, están mal vistos y no gozan del prestigio social, incluso intelectual, de los dos primeros.

Quienes han instalado en la desconfianza la estrategia operativa de sus partidos políticos se sienten astutos y superiores y, por ello mismo, son los responsables de una parte importante de la cuota de despropósitos con que la actualidad, acampada en la Puerta del Sol o en asedio del parque de la Ciutadella, nos sacude cada día. De ahí que resulte conveniente aplaudir las iniciativas, no muchas, para mejorar nuestro nivel de convivencia. En ese sentido es de alabar la propuesta de la reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para reformar la Ley Electoral y, con ello, hacer verdaderamente representativos a los que hoy son, sencillamente, representantes de sigla y emblema: máquinas de aplaudir y votar en sus respectivos parlamentos.

La idea de Aguirre resume una vieja demanda ciudadana; pero, como en la política española —según demuestra la experiencia de los siglos— todo es susceptible de empeorar y degradarse, conviene tener presente que puede haber algo peor que una lista cerrada y bloqueada con la que votantes de Albacete sospechen estar reforzando a quien, en verdad, encabeza la lista equivalente de Madrid. Algo menos deseable que un disparate funcional, como el que ya aceptamos como costumbre, sería un amplio muestrario de disparates diversos. En ese sentido, incluso contando con el catálogo de Kapuscinski, no estaría de más que Aguirre utilizara su influencia, que es mucha en razón de sus éxitos electorales y de su pesquis político, para que el PP, Mariano Rajoy incluido, tomara clara posición en ese orden de ideas. La vigente normativa electoral tuvo sentido para el tránsito de una dictadura a una democracia que ahora, sentadas sus bases, conviene convertir en verdaderamente representativa y funcionalmente parlamentaria. Lo de la avaricia puede quedar para otra ocasión y el odio, aquí y ahora, es posible que no tenga remedio.

ABC - Opinión

¿Y el ministro del Interior?

El ministro del Interior lleva semanas desatendiendo algunas de sus principales responsabilidades. Se han producido alteraciones graves del orden público sin la actuación policial que cabía esperar y que exige la legalidad. Los ciudadanos se han sentido indefensos y perjudicados. El 15-M ha alterado la convivencia impunemente y para muchas personas ha supuesto un quebranto económico importante. Rubalcaba decidió ponerse de perfil desde el primer día ante este fenómeno y ahí sigue. Nada ha alterado su respuesta, porque el objetivo prioritario es no dar un paso equivocado que pueda afectar a su imagen política como candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Es conveniente recordar que el propio ministro envió un alentador mensaje a este movimiento de «indignados» cuando se negó a cumplir los mandatos de la Junta Electoral Provincial y de la Junta Electoral Central, que habían ordenado el desalojo de los concentrados en distintos lugares del país. A partir de ahí, ha seguido una secuencia desgraciada. Permitió que se violentara la jornada de reflexión de las elecciones del 22-M, una actitud que hubiera merecido por sí sola la asunción de responsabilidades. Después, en ese caldo de cultivo claudicante, se zarandeó a la democracia en una fecha clave como la constitución de los ayuntamientos y se secuestró con violencia el Parlamento de Cataluña. Aún más: envalentonados, los «indignados» lograron frenar con su acoso dos desahucios en Madrid, es decir, pararon dos procedimientos judiciales sin que la autoridad hiciera nada para que la Ley se cumpliera. Ayer, incluso se insultó al Príncipe de Asturias en la Universidad Autónoma de Madrid. Nada sucede por casualidad, y no estamos ante hechos aislados, sino ante las consecuencias de un repliegue consentido del Estado de Derecho con efectos desestabilizadores para la vida pública. Decir que el movimiento de los «indignados» ha llegado hasta donde ha querido el ministro del Interior no parece una exageración en la medida en que suyas son las competencias para salvaguardar el orden. En estas semanas, Rubalcaba ha sostenido que se actuaría con firmeza ante los violentos y con inteligencia y prudencia con los pacíficos. El argumento sirve a la retórica ventajista del candidato socialista, pero es inasumible para un responsable del Interior. Primero, porque parte de manipular la realidad y vender a la opinión pública que la ocupación de un espacio público y la perturbación de la convivencia y del orden son unos actos ordenados e inocuos –que le pregunten a los comerciantes de la Puerta del Sol o a los vecinos y trabajaores de la zona–. Y segundo, porque la prudencia no puede enmascarar que se incumpla la ley y se desentienda de sus deberes. Rubalcaba es un ministro-candidato que proclamó su sintonía y proximidad con el movimiento del 15-M, al igual que han hecho otros dirigentes del PSOE. Su respuesta al desafío de los «indignados» ha sido más un problema que una solución. Si no piensa aplicar la Ley, porque cree que perjudica a su estrategia como líder socialista, está obligado a dimitir ya, antes de que los intereses generales se vean aún más perjudicados.

La Razón - Editorial

Para salvar el euro

La estabilidad política y económica europea depende de un pacto urgente sobre Grecia.

La indecisión europea y el agudo enfrentamiento entre Alemania, por una parte, y el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea, por otra, están poniendo en peligro la estabilidad financiera de la eurozona y, como un efecto secundario grave, la solvencia de otros países europeos, como es el caso de España, que se enfrentan a un nuevo episodio de crisis de deuda.

Los inversores viven en una situación de extremo nerviosismo. Las Bolsas continentales estaban ayer en números rojos mientras la prima de riesgo española llegó a rebasar los 280 puntos básicos, aunque luego retrocediera hasta justo por debajo de esa marca. Un nivel, en cualquier caso, que una economía no puede aguantar a medio plazo si quiere tener expectativas de recuperación y salvaguardar la credibilidad de sus finanzas públicas.

Hoy, no solo para España, sino para los inversores y las instituciones políticas europeas, al borde del caos, casi todo el problema se resume en un nombre: Grecia.

Frente a la grave situación de una economía del euro situada al borde del impago, cuya deuda no puede ser reestructurada (es decir, sometida a quitas obligadas) y cuya única opción de rescate es la inyección de más ayudas, las instituciones europeas ofrecen una disputa visceral sobre el modo del rescate y, de nuevo, una tendencia preocupante a olvidarse de los problemas que provoca cualquier retraso en la toma de decisiones urgentes. La política interna se desangra en una protesta continua contra los recortes sociales y ni siquiera el nuevo Gobierno que intenta formar Yorgos Papandreu conseguirá sofocar el incendio social. En primer lugar, porque hay una sublevación en su partido, el PASOK y, después, porque la oposición y una parte importante de la ciudadanía reclaman su dimisión.

Los mercados asisten atónitos al enfrentamiento entre instituciones europeas. Los daños colaterales de su incapacidad para articular soluciones rápidas a las crisis de supervivencia van desde el crecimiento exponencial de las dudas sobre las posibilidades de éxito en los rescates de Portugal e Irlanda, hasta el encarecimiento de la financiación de las economías periféricas (incluida la española) e, incluso, la hipótesis de que el presidente del Gobierno español se vea obligado a convocar elecciones debido a un empeoramiento sin precedentes de la prima de riesgo española. El riesgo existe. La continuidad del Gobierno pende de un hilo muy delgado: la estabilidad parlamentaria hasta final de legislatura, imprescindible para aprobar unos Presupuestos que deberán contraer más el gasto, en cifras que pueden ir más allá de la línea de lo soportable. A su vez, esa estabilidad parlamentaria depende de la calma de los mercados. Ningún partido respaldará al Gobierno con un diferencial de deuda desbocado. España puede encontrarse en julio con una situación endiablada, con elecciones anticipadas impuestas por la crisis financiera y con la urgencia de aprobar un Presupuesto dolorosamente restrictivo, si no se resuelve con rapidez el cataclismo griego.

Tampoco hay que ocultar que, además del problema griego, sobre la deuda española pesan otras causas de inestabilidad. La deuda de las comunidades autónomas y Ayuntamientos inquieta a los acreedores del Reino de España debido a la suposición de que es más elevada de lo que se reconoce oficialmente y la sospecha de que acabará siendo subsumida en la deuda del Estado. Es muy probable que el exceso de la deuda periférica no sea una amenaza para la solvencia española; pero en cualquier caso tiene que conocerse y explicarse. Se ha repetido hasta la saciedad, pero es necesario insistir en ello: el Gobierno y la oposición tienen que acordar el cumplimiento estricto de las obligaciones de déficit de las comunidades autónomas. Es el modo más sencillo de convencer a los inversores.

El otro factor que condiciona la solvencia española es la reforma del sistema financiero. La recapitalización de las cajas de ahorro se está postergando demasiado. Aunque el plazo para concluir esa recapitalización termina en septiembre, existen temores de que al final de ese proceso (que tropieza con la sequía de capitales en los mercados) sea necesario proceder a nuevas fusiones. Todavía las empresas solventes españolas carecen de crédito normalizado. Sin un flujo de préstamos suficiente para afrontar nuevos proyectos, la recuperación económica puede retrasarse hasta 2015.

Los próximos días son cruciales. Francia, Alemania, el BCE y la Comisión están obligados a pactar una solución rápida para Grecia. No caben nuevas dilaciones ni reticencias. La supervivencia del euro depende en gran parte de ese acuerdo.

El País - Editorial

Los indignados y el descrédito de España

Si algo no necesitábamos era dar la sensación de que somos un país poco de fiar, al borde del caos y con unos políticos sin resolución. Pero ésa es la imagen que hemos transmitido.

Pese a que los indignados sean ante todo un problema de orden público y una afrenta a nuestro Estado de Derecho, mal haríamos si obviáramos el flaco favor que simultáneamente le están haciendo a nuestra economía. Al cabo, en esta crítica semana que están viviendo la unión monetaria y España –en la que, a la cada vez más probable suspensión de pagos griega, se le ha unido la certeza de que el crecimiento mundial se está ralentizando a un ritmo muy notable–, si algo no necesitábamos era dar la sensación de que somos un país poco de fiar, al borde del caos y con unos políticos sin resolución. Pero ésa es la imagen que hemos transmitido.

En dos semanas, los paralelismos de nuestro país con Grecia se han vuelto demasiado grandes como para ignorarlos. Nos separa todavía un abismo, cierto es, pero no deja de ser inquietante que la prensa y gran parte de los analistas internacionales busquen y encuentren sus semejanzas. Primero fue el temor a que, con los cambios de gobierno, afloraran manipulaciones contables en los balances autonómicos, de un modo similar a lo que sucedió en su momento en el país heleno. Y ahora, con los indignados asaltando los parlamentos regionales, la preocupación emana de que los españoles, ante la disyuntiva de aceptar los planes de austeridad que necesitamos para reconducir nuestro déficit o tomar las calles, opten irresponsablemente por lo segundo, como han hecho los griegos.

Así las cosas, no es casual que este jueves la prima de riesgo de nuestra deuda rozara el nivel más elevado a lo largo de toda la crisis: 290 puntos básicos. O dicho de otro modo, a España ya le cuesta colocar su deuda el doble que a Alemania. Un desastre que, claro está, no es sola ni principalmente responsabilidad de los indignados, sino de una clase política que se han enrocado en el inmovilismo más suicida. Pero los indignados, por mucho que proclamen oponerse a nuestros gobernantes, no ayudan en nada ni a combatir sus males endémicos ni a mejorar la imagen exterior de nuestro país: a la postre, pretenden saltarse las urnas tomando la calle y lo hacen para exigir firmeza ante la "dictadura de los mercados", es decir, todavía más inmovilismo.

En definitiva, los indignados cercan ilegalmente los parlamentos para insultar y vilipendiar a quienes nos siguen prestando el dinero con el que continuamos financiando nuestro mastodóntico e insostenible modelo de Estado. Y todo ello, ante la impunidad y pasividad de quienes deberían encargarse de mantener el orden público y de garantizar que nuestros acreedores terminarán cobrando. Normal que cada vez sean más reacios a confiarnos sus ahorros.

Libertad Digital - Editorial

España paga las facturas del Gobierno

La ausencia de gobierno que se vive en España es mucho peor que cualquier contratiempo que pueda provocar un adelanto electoral.

LA prima de riesgo de la deuda superó ayer los 280 puntos, en una preocupante demostración de la desconfianza creciente en las posibilidades de recuperación de España. La amenaza de quiebra de la economía griega tuvo mucho que ver con ese incremento, pero no es suficiente causa para justificar la dislocación entre el discurso oficial del Gobierno —que daba por superadas las tensiones sobre la deuda española— y el recelo creciente de los mercados hacia España. Tampoco debería bastarle al Ejecutivo, para eludir un análisis crítico de la situación y de su responsabilidad, con apelar al patriotismo oportunista y pedir silencio a la oposición. A estas alturas, los problemas de España no se agravan ni se resuelven porque el PP ejerza de oposición. Las causas de nuestra crisis de confianza son más profundas y se resumen en ese lamentable «G-4» —la letra escarlata puesta a nuestra país— que el FMI creó para etiquetar a España, Grecia, Irlanda y Portugal. Además, cualquier observador extranjero que contemple los últimos episodios de nuestra política concluirá que España está pagando las facturas firmadas por la etapa de gobierno socialista.

Es difícil obtener la confianza de los inversores cuando esas reformas en las que se escuda Zapatero para no disolver el Parlamento no llegan, o llegan mal, como la de la negociación colectiva. Tampoco es fácil mejorar la imagen internacional de nuestro país si la constitución de los ayuntamientos y las sesiones del Parlamento catalán son noticia por los acosos antidemocráticos de grupos de extrema izquierda. Aunque haya sectores de opinión y de la clase política a los que la idea les parezca atractiva, es lamentable que las protestas del 15-M hayan puesto a España en los medios extranjeros como secuela de las revueltas del norte de África. El descontrol de algunas administraciones autonómicas y la sospecha de que sus cuentas no se correspondan con la realidad es otro motivo para espantar a los inversores. Entre tanto, el IBEX perdió ayer los 10.000 puntos y los datos de recaudación al mes de abril revelan que la actividad económica no se mueve, provocando caídas en los impuestos de sociedades y especiales y con aumentos en IVA e IRPF debidos solo al aumento de tipos y la supresión de ayudas. La ausencia de gobierno que se vive en España es mucho peor que cualquier contratiempo que pueda provocar un adelanto electoral.

ABC - Editorial

Resurreción. Por M. Martín Ferrand

Gallardón merece un desagravio de sus oponentes y un reconocimiento de sus próximos.

GUSTAV Mahler tenía tanto interés en escapar del Romanticismo como empeño demuestra Alberto Ruiz-Gallardón por instalarse en un futuro ecléctico y menos apasionado —sectario— que el presente político que vivimos. El talento no tiene retrovisor. Si Mahler, de quien conmemoramos este año el centenario de su muerte, no hubiera sido judío, y por ello proscrito por el III Reich, su reconocimiento se hubiera adelantado en dos o tres generaciones. Del mismo modo, si Gallardón no fuera de derechas, al margen del complejo faraónico que le incita constantemente a construir pirámides, sería reconocido por todos, incluso por sus conmilitones, como uno de los políticos más grandes y cabales de su generación. Recién inaugurado de cincuentón ya tiene una biografía verdaderamente respetable. Incluso quienes muchas veces hemos sido críticos con él, especialmente por su tendencia a atribuirse funciones que no son propias del Concejo y que rompen el equilibrio público en la promoción de la cultura, debemos reconocerle su grandeza e incluirle entre los mejores alcaldes de la Villa desde que lo fue Carlos III. Y que San Isidro le perdone la tarta de nata que mi paisano Antonio Palacios construyó como Palacio de Comunicaciones y él ha convertido en mayestática sede municipal con perjuicio de la Casa de la Villa que, durante cuatro siglos, sirvió de sede al Ayuntamiento.

A pesar de su tonante y reciente victoria electoral, Gallardón debe de estar bajo de moral. Es sintomático que un melómano de su categoría no estuviera en el Auditorio en la fastuosa ocasión en que la San Francisco Symphony y el Orfeón Donostiarra interpretaron la segunda sinfonía del citado Mahler, Resurrección.

Ahora, acosado por un grupito de energúmenos que, animados por quienes nunca debieron hacerlo, le asedian en su calle, que lleva el nombre, para que la paradoja sea total, de uno de los dos o tres mayores cronistas de sucesos de la historia del periodismo español, el renovado alcalde conoció la reiterada mala educación, vociferante y zafia, que nos define. ¿En nombre de qué, o de quién, pueden allanarse la intimidad y el descanso de un hombre público que ha consagrado su vida a nuestro servicio? Gallardón merece un desagravio de sus oponentes y un reconocimiento de sus próximos. Los demás, todos nosotros, ciudadanos y contribuyentes, merecemos una política de orden público distante de la que marcan los acontecimientos, coincidentes con la decadencia del poder socialista, que en Madrid, Barcelona y otros lugares de España acreditan la demoledora política del mal menor que inspira un aspirante a presidente del Gobierno.

ABC - Opinión

Indignados. ¡No es esto, no es esto!. Por Cristina Losada

Lean a Revel los que aún leen. La causa era buena, la teoría, fantástica, sólo ha fallado un poquito la praxis. Y así se acaba por endosar el muerto a esa minoría que no representa. Nunca ha sido nadie.

Cuatro semanas después de la aparición de un novedoso e interesante fenómeno, incluso su claque más entusiasta está a punto de exclamar aquello de Ortega: "¡No es esto, no es esto!" Vale. Pero antes de darles la bienvenida al club, digamos que era "esto" desde el minuto cero. Ni siquiera tienen el mérito de haberse quitado la venda de los ojos. Se la han quitado a hostias. Así cualquiera ve las estrellas. Los propios implicados, los fundadores, los padres que incubaron a la criatura, se desvinculan de los actos más agresivos y feos. Hablan de una perversión, de una desviación de los principios del principio. Ay, la salvación por los principios, tan vieja y achacosa ella, otra vez en danza. Lean a Revel los que aún leen. La causa era buena, la teoría, fantástica, sólo ha fallado un poquito la praxis. Y así se acaba por endosar el muerto a esa minoría que no representa. Nunca ha sido nadie.

¿Y qué esperaban? La calle tiene su propia ley. La calle, como la asamblea, es tierra abonada para el totalitario, razón por la que se ha de acudir allí con especial cuidado. En tales ecosistemas siempre ganan las especies más radicales. Ya el propio carácter de movilización permanente apuntaba. Mantener a la sociedad movilizada es la meta de los ismos políticos más nefastos. Identifican a la calle con el pueblo y al parlamento con los enemigos del pueblo. Y el pobre Gómez aún propone entrar en diálogo. Pero es que ha jugado la izquierda, en extraña compañía de alguna derecha, la astuta doble carta. Desde el sistema, pero qué bien nos vienen los antisistema. Y ahí está el soy-uno-más Cayo Lara, que da pena y no da crédito tras recibir el bautismo de sus ahijados coléricos. Pues sí, el que era un movimiento transversal ejerce una transversal violencia. Igualitario.

Ahora, a ver qué dice la sociedad que, al parecer, concedía un aura de legitimidad al espectáculo. Y puede que así fuera. No en vano España, que saltó de golpe de la tradición encorsetada a la desregularización manos libres, ha tenido dificultades de juicio durante décadas. No sabía si era lícito o ilícito que se cercaran sedes de partidos, se atizara a los contrarios a una huelga, se sabotearan actos de no nacionalistas. Aún hoy no saben algunos si es bueno o malo poner bombas y asesinar al adversario. ¿Dónde están los límites? Pocos se atreverán a pronunciarse. Así, sólo rige un criterio infalible: estar con lo que diga la mayoría.

Libertad Digital - Opinión

La pinza. Por Ignacio Camacho

La pasividad tolerante de Interior permite que la deriva radical del 15-M esté batasunizando la calle.

DESPUÉS de haber permitido que Batasuna se instale en el poder, el Gobierno ha empezado a tolerar la batasunización de la calle a cargo de las excrecencias radicales del movimiento 15-M. La pasividad policial ante las algaradas antidemocráticas de los extremistas sólo se explica si alguien está pensando en utilizarlos como fuerza de presión y de choque. En los primeros días, cuando la revuelta de «indignados» era un fenómeno multitudinario y heterogéneo, la aplicación de la doctrina del mal menor ante la ocupación callejera podía tener cierto sentido, pero frente a esta crecida deriva de acoso, matonismo y borrokano hay excusas para la no intervención. Alterar bajo presión el funcionamiento de las instituciones es delito, y no digamos hostigar a las autoridades en la puerta de su domicilio. El ministro del Interior está obligado a preservar el orden, y si se lo desaconseja (?) su condición de candidato socialista tiene que dejar el cargo en manos de quien esté dispuesto a ejercerlo con responsabilidad.

El desdoblamiento de Rubalcaba apunta indicios de una esquizofrenia gubernamental, un giro del Gabinete hacia una actitud contradictoria con sus obligaciones de Estado. Arrinconado Zapatero hacia una posición residual, el ministro-candidato ha tomado el poder con ánimo de convertirlo en oposición de la oposición. El discurso oficial está virando hacia un populismo izquierdista que se muestra complaciente con las asonadas callejeras a los parlamentarios y los alcaldes y arremete contra la banca, como Valeriano Gómez, acusándola de provocar la crisis con los créditos fáciles que nadie impidió, por cierto, durante el primer mandato zapaterista. El PSOE fragua un mensaje de radicalismo incompatible con su actual posición de Gobierno, y actúa como si ya hubiese perdido las elecciones. Está buscando la complicidad de los extremistas para acorralar al PP y crearle un clima de hostilidad social. No se puede interpretar como casualidad que las protestas estén dirigidas sólo contra instituciones controladas por los populares y CiU; ayer le tocó incluso a un perplejo Cayo Lara. Nadie se ha concentrado hasta ahora, siquiera por disimular, a la puerta de un Ministerio. Y el mismo presidente, interpelado de forma directa, se despreocupó del cariz coactivo de la revuelta. Luego tuvo que rectificar la respuesta que le surgió a bote pronto. Sus preocupaciones actuales deben de estar orientadas a revolver los huesos de Franco.

El asunto tendría menos importancia si obedeciese sólo al desconcierto propio de los mareos políticos que sobrevienen tras un descalabro electoral. Lo que sucede es que se atisba el comienzo de una estrategia, de una especie de pinza utilitarista y oportunista entre un partido con responsabilidad de poder y de un difuso colectivo de alborotadores antisistema. Si no lo es, lo parece. Y no hay más que un modo de que deje de parecerlo.

ABC - Opinión

El #15M y la sinrazón de la violencia. Por Federico Quevedo

Una de las grandes virtudes que, a mi entender, ha tenido el llamado Movimiento 15M, ha sido el de saber distanciarse ideológicamente de los modelos de confrontación ideológica izquierda-derecha con los que hasta ahora veníamos trabajando los analistas políticos. Es decir, se trataba -se trata porque creo que sigue vivo bajo esa premisa- de un movimiento transversal surgido de la necesidad que tienen los ciudadanos de volver a recuperar el protagonismo político que habían perdido a manos de las organizaciones partidarias. De alguna manera ese movimiento se situaba por encima del debate dogmático superando los viejos criterios de identificación de la izquierda y la derecha, y es que si algo nos ha enseñado esta crisis es que en el plano de los principios se ha visto superada esa división según la cual la izquierda representa el altruismo y la derecha el egoísmo porque, como explica Sartori “el egoísmo puede servir al interés colectivo y, al mismo tiempo, el altruismo puede provocar el daño generalizado”. Sin comentarios, porque basta remitirse a los hechos.

Durante un tiempo, una parte de la izquierda condujo su propia deriva producto de la caída del Muro hacia el activismo radical y el populismo, mientras la derecha se instalaba en la única verdad del mercado. Pero precisamente la virtud del Movimiento 15M se encontraba en el distanciamiento del modelo demagógico y efectista que se apoyaba sobre la promoción de eso que Sartori llama la “democracia de la protesta” y la minimización de la “democracia de la razón”, dándole la vuelta. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que nos ha enseñado el Movimiento 15M es que los seres humanos, las personas, los ciudadanos, pueden volver a pensar libremente en la medida que han superado el conflicto ideológico, y necesitamos pensar, pensar mucho para cambiar las cosas y aplicar políticas nuevas que sustituyan a las malas políticas que nos han conducido hasta donde estamos y que tienen que ver con la exaltación de esos dos modelos que he relatado unas líneas más arriba.

Pero si creíamos que era posible que el Movimiento 15M mantuviera inédita su virtud sin que nadie intentara manipularlo, estábamos equivocados. La izquierda más radical, y permítanme que la distancie de esa izquierda ilustrada, moderna y sensata que en su mayor parte se encontraba cómoda con el 15M, intentó, no sé si desde los primeros pero si desde los segundos compases de la movilización, hacerse con ella y lo ocurrido ayer en Barcelona pone de manifiesto que lo ha conseguido, o al menos ha conseguido secuestrar la parte de ese movimiento que se estaba visualizando en la calle y en las plazas. Ya desde hace varios días el paisaje de los acampados en las principales plazas de España, entre ellas la Puerta del Sol de Madrid, había cambiado radicalmente y poco o nada tenía que ver con lo que allí se había dado cita en un principio y que tanta ilusión había despertado en buena parte de la sociedad.

«La virtud del Movimiento 15M se encontraba en el distanciamiento del modelo demagógico y efectista que se apoyaba sobre la promoción de eso que Sartori llama la “democracia de la protesta” y la minimización de la “democracia de la razón”.»

Por eso ayer el Movimiento 15M, que ha vuelto a ocupar el espacio desde el que había iniciado la invasión de las calles, es decir, Internet, hizo lo imposible por distanciarse de lo ocurrido en la Ciudad Condal. Pero si el movimiento quiere seguir manteniendo la pureza ideológica de la que hizo gala en sus orígenes, no basta con el distanciamiento, sino que debe quedar rotunda y abiertamente clara su condena y rechazo hacia cualquier manifestación de violencia, por una parte, y hacia cualquier intento de transgresión de la ley y de vulneración de las reglas del juego democrático. Bastaba con darse una vuelta por las redes sociales para comprobar cómo los últimos actos de violencia han empezado a causar desánimo, cuando no rechazo, entre mucha de la gente que buenamente ha respaldado el Movimiento 15M y que sigue creyendo en la virtud de sus objetivos de cambio y regeneración de la vida pública.

Vuelvo a traer a Sartori: “Desde que tengo memoria, he vivido entre el pensamiento de izquierdas y el pensamiento de derechas. Desde que tengo memoria he visto al intelectual de éxito siempre situado en el punto justo del eje derecha-izquierda”. Esta ha sido la tónica durante décadas, pero por fin parece que podemos dar pasos para superar ese conflicto ideológico, si nos dejan aquellos incapaces de sobrevivir sin el permanente enfrentamiento y que son los mismos que cuestionan todo hasta el extremo de violentar los métodos de reivindicación porque, en el fondo, han perdido la razón y ya no son capaces de imponer la tiranía de la ideología sobre el pensamiento libre. Es verdad que hasta ahora nos seguía acompañando eso que hemos llamado verdad de derechas y verdad de izquierdas, y que aquellos que han querido expresar su rechazo a la imposición de uno u otro lado han visto cómo se les marginaba y se les castigaba con el silencio y el ostracismo, pero el Movimiento 15M es el triunfo del pensamiento libre, de la rebelión de las masas contra la corrección política, contra la verdad del relativismo, contra la imposición de las ideologías…

El Movimiento 15M es una expresión de libertad que, sin embargo, corre el riesgo de caer en manos de aquellos que solo entienden el mecanismo revolucionario de la violencia como fórmula, no para mejorar el sistema, sino para cambiarlo radicalmente e imponer un modelo más próximo al totalitarismo que a otra cosa. La violencia genera violencia, y la única consecuencia de esa espiral es la represión, como bien sabemos en este país en el que hemos vivido bajo la represión durante 40 años. Nuestro sistema político nos ha permitido superar esas fases intolerantes de nuestra historia, nos ha servido hasta el momento, pero ha empezado a quedarse obsoleto, a pecar de vicios que lo alejan del modelo de democracia de ciudadanos que fue su origen y necesita que lo repensemos. Hacerlo desde la violencia es un inmenso error porque conduce a la incomprensión y no se puede llenar el vacío ideológico que ha llevado a la fragilidad del sistema con actos violentos. No señor, somos seres inteligentes, capaces de pensar y de crear y, por lo tanto, de gestionar un sistema para mejorarlo y hacerlo bueno.

La democracia confía en nosotros, en nuestra capacidad de fortalecerla mediante las reformas necesarias para ello y si el Movimiento 15M quiere seguir siendo el despertador de esa conciencia colectiva, no tiene más que asumir ese reto y la responsabilidad que conlleva y que pasa por, como he dicho, la condena firme y contundente de todo acto de violencia y vulneración de la legalidad. Lo contrario, significará su desaparición y ahondará aún más en el desencanto colectivo.

El Confidencial - Opinión

Indignados. Sembrar vientos. Por José García Domínguez

En cada presidencia de consejo comarcal mora un Che Guevara dado a echarse al monte trabuco en ristre. Nada más omnipresente que su olímpico desprecio hacia el Estado de Derecho. Cada día, una lección magistral.

Por razones de economía de espacio, considere el lector enunciada la obvia repulsa moral que a todo ser sumariamente civilizado ha de merecerle lo acontecido en Barcelona. Dicho eso, permítaseme que glose una forma de barbarie que, con el tiempo, ha ido ganando la solera propia de las tradiciones locales. Recuérdese al respecto el asedio padecido por la diputada Rosa Díez en el interior de una dependencia pública, la Universidad Autónoma de Barcelona por más señas. O los precedentes parejos sufridos por Fernando Savater, Jon Juaristi, Francisco Caja, Aleix Vidal Quadras o José María Aznar, entre muchos otros. En ningún caso inopinadas excepciones sino, bien al contrario, rutinaria confirmación de una norma consuetudinaria en la plaza. Ésa que prescribe acallar, de grado o por la fuerza, a quien no asienta sumiso a la vulgata identitaria.

Muy patriótica violencia cerril ante la que las cotorras oficiosas de TV3, esas desoladas plañideras que ahora tanto se desgañitan en su pesar, siempre saben guardar cómplice silencio. Connivencia que igual les empuja a jalear los alardes insurreccionales del mismo establishment que hoy huye del Parlamento oculto en helicópteros y furgones blindados. Ora presumiendo de pasarse por el forro de su soberana voluntad las sentencias firmes de la Justicia, tal como el insumiso Mas frente al mandato de reinstaurar el bilingüismo. Ora recreándose en el gamberrismo institucional, al modo de la ínclita Montserrat Tura cuando, aún consejera de Justicia, alardeaba de vetar la lengua común en becas y expedientes.

Ora propalando el abierto repudio a la Ley, así el pobre Montilla ante el dictamen del Constitucional sobre el Estatut. Et caetera. Por no mentar la cómica ristra de alcaldes de pueblo que se dicen "desvinculados" de la Carta Magna. Y es que, de un cuarto de siglo a esta parte, no hay rincón de la Generalidad donde falte un Cromwell presto a proclamarse lord protector de Cataluña para pisotear las normas todas del Reino. Al tiempo, en cada presidencia de consejo comarcal mora un Che Guevara dado a echarse al monte trabuco en ristre. Nada más omnipresente que su olímpico desprecio hacia el Estado de Derecho. Cada día, una lección magistral. La más eficaz pedagogía del vandalismo antisistema que quepa imaginar. Sembraron vientos. Ahí tienen la cosecha.

Libertad Digital - Opinión

Estado de malestar. Por José María Carrascal

«El contrato social alcanzado hace medio siglo en Occidente, que lo ha llevado al nivel de vida más alto de la historia, es incapaz no ya de expandirse, sino de mantenerse, al carecer de las bases que lo sustentaban».

LA mayor paradoja de esta crisis es que, habiendo sido gestada por el capitalismo, está acabando con la socialdemocracia, ese último refugio de la izquierda tras el desplome del comunismo y el vaciado del socialismo. Podría pensarse que los inmensos daños causados a amplias zonas de la población por la orgía capitalista de las últimas décadas provocarían una desbandada general hacia la izquierda, pero lo que está ocurriendo es justo lo contrario: surgen gobiernos y fórmulas de derecha por todas partes. Aunque, si nos ponemos a pensar, tampoco es tan extraño. El capitalismo acepta las crisis como algo consustancial al desarrollo humano, y por tanto está vacunado contra ellas. Mientras, el socialismo busca la sociedad perfecta, y como la sociedad perfecta no existe, tiene enormes problemas en tiempos de crisis. Por otra parte, la ciudadanía es hoy mucho más sofisticada, ha visto en qué acaban los «paraísos» y prefiere la derecha.

D La magnitud de la presente crisis, sin embargo, parece superar la capacidad del capitalismo de autocorregirse y estamos viendo cómo la recuperación se retrasa incluso en los países punteros. No estamos ante la clásica curva de expansión-recesión-recuperación, sino que la recesión se prolonga más allá de lo esperado e incluso hay países en caída libre. ¿Qué ha pasado? Posiblemente, que estamos en un cambio de ciclo. El modelo vigente desde la Segunda Guerra Mundial, basado en la democracia como fórmula política, el mercado como fórmula económica y una legislación social que ha conducido al Estado del bienestar, ya no da más de sí en sus parámetros actuales. Dicho de otra manera: el contrato social alcanzado hace medio siglo en Occidente, que lo ha llevado al nivel de vida más alto de la historia, es incapaz no ya de expandirse, sino de mantenerse, al carecer de las bases que lo sustentaban. Un simple ejemplo lo demuestra: el cálculo de las pensiones se hizo para una población que se jubilaba a los 70 años, con una expectativa media de vida de 74. Últimamente, la edad de jubilación había bajado a los 65 años, mientras las expectativas de vida rozan los 80. Las cuentas no salen. Como no salen las de la sanidad, con personas cada vez mayores y tratamientos cada vez más caros. Para resumir: se necesita un nuevo contrato social si queremos mantener las prestaciones sociales. Un nuevo contrato que tenga en cuenta las nuevas realidades y no se limite, como hasta ahora, a seguir ampliando las prestaciones, por la sencilla razón de que si pretendemos prolongar el contrato anterior lo único que conseguiremos es hundirlo, con el consiguiente enfrentamiento de viejos y jóvenes, empresarios y trabajadores, ricos y pobres, empleados y parados, que empieza ya a notarse, con el Estado del bienestar deviniendo paulatina pero inexorablemente en Estado del malestar. Los «viejos buenos tiempos» no volverán, al menos por ahora. Si seguimos pretendiendo ganar cada vez más, trabajar menos, jubilarnos antes, cobrar pensiones más altas, crear empleo sin aumentar la productividad y ampliar indefinidamente nuestra deuda pública y privada, estaremos cavando, política, económica y socialmente, nuestra propia sepultura.

¿Es posible detener este proceso? Pues sí. Otros lo están haciendo, con buenos frutos. La fórmula se parece bastante a las curas de adelgazamiento tras una temporada de indulgencias con la comida y la bebida. De entrada, hay que recuperar el equilibrio financiero, algo para lo que hay dos caminos: o se recortan los gastos o se aumentan los impuestos. La derecha aboga por lo primero, la izquierda por lo segundo, sin ponerse de acuerdo. ¿Por qué no ambas cosas, lo que evitaría los extremos, siempre peligrosos? Es decir, recortar todos los gastos que no sean imprescindibles —los suntuarios, las gratificaciones, los premios y cuanto hay de «grasa» en el gasto público, que es muchísimo— al tiempo que se eleva el gravamen sobre lo improductivo y superfluo. La combinación de ambas medidas podría cortar en buena parte la hemorragia que vienen sufriendo las arcas públicas.

Pero lo más importante es corregir la actitud tanto de las administraciones como de la ciudadanía, su norma y su comportamiento. Una de las cosas que se han perdido y convendría recuperar es el espíritu de ahorro que tenían nuestros mayores, sustituido por la pasión de endeudarnos, avivada por las facilidades que nos daban para ello. Causa de que la deuda pública y privada alcance proporciones astronómicas. Y de que tengamos montones de cosas que no sirven para nada, desde aeropuertos sin tráfico a un vestuario que no cabe en los armarios. Ya sé que eso promueve la producción, pero también sé que las deudas hay que pagarlas y que el viejo ahorro podría financiar la producción mucho más razonablemente.

Al mismo tiempo, hay que devolver su prestigio al esfuerzo, al afán, a la diligencia, con su justa recompensa, después de haber puesto en un altar el ocio, la diversión y el almuerzo gratis. Cuando no hay almuerzos gratis, alguien tiene que pagarlos; si no somos nosotros, serán las generaciones que nos siguen o los que se van al paro.

El nuevo contrato social debe incluir también unas nuevas relaciones de la ciudadanía con la clase política. Se supone que el papel de los políticos es estudiar los problemas internos y externos que le vayan surgiendo al país y dirigirlo por el camino más conveniente. Últimamente, sin embargo, los papeles se han invertido: ya no son los políticos los que dirigen a los ciudadanos, sino los ciudadanos los que dirigen a los políticos. Y esto, que parece tan democrático, puede no serlo en absoluto, como ha ocurrido con esas manifestaciones callejeras, que se arrogaron incluso el derecho de violar la ley en plena jornada electoral, cuando lo único correcto era expresar la voluntad individual a través del voto. Por este camino, solo conseguiremos falsificar la democracia, entregar el mando al que más grita, no al que tenga más razón, o, simplemente, a una masa anónima, generalmente extremista. Pero lo que hemos conseguido es que los políticos se preocupen más de satisfacer las demandas inmediatas de «la calle» que las necesidades generales y a largo plazo del país. Algo muy peligroso, si olvidamos que entre los cometidos más importantes de los gobiernos está el proteger a la ciudadanía de sus propios excesos y de la demagogia que situaciones extremas suelen generar.

Volviendo al comienzo, no hay fórmulas mágicas para solucionar esta crisis, por no tratarse de una crisis como las demás. Estamos más bien ante un cambio de ciclo, ante un nuevo escenario tanto nacional como internacional, con nuevos desafíos y nuevos protagonistas. De ahí que se requieran nuevas soluciones. No se supera con fórmulas simples de izquierda o derecha, sino con un nuevo contrato social que tenga en cuenta los intereses de todos los ciudadanos —hombres y mujeres, jóvenes y viejos, empresarios y trabajadores, empleados y parados—, así como los intereses generales del país y las circunstancias que reinan en el mundo. Algo difícil, como es siempre encontrar el equilibrio entre intereses contrapuestos. De ahí que lo primero que tendrá que hacer el próximo gobierno es exponer a los españoles la situación en que se encuentran, sin tapujos. Y los complejos, imaginativos y duros remedios que requiere. Aparte, mejor dicho, antes que nada, de dar ejemplo de austeridad, sinceridad y ética. ¿Es mucho pedir?

ABC - Opinión

Democracia zarandeada

El movimiento de los denominados «indignados» germinó y se desarrolló por el complaciente aliento de la izquierda y la pasividad del Gobierno frente a una movilización contraria a la Ley que violentó los derechos de miles de ciudadanos y comerciantes. Se instrumentalizó política y electoralmente un fenómeno de naturaleza antisistema, con la convicción de que rendiría sus réditos en las urnas y que mermaría las opciones del PP. No fue así. Hemos insistido en estas semanas en que aquellos polvos tolerantes con una alteración del orden público generarían lodos indeseables para la democracia en su conjunto. Lo cierto es que las autoridades competentes, empezando por el ministro del Interior, permitieron la ocupación de espacios públicos. Las delegaciones del Gobierno no movieron un dedo en estos días ante episodios reaccionarios en la constitución de los ayuntamientos, y se toleró que los representantes del pueblo fueran increpados y coaccionados sin la respuesta policial correspondiente. El acoso al alcalde Ruiz-Gallardón en la puerta de su domicilio precedió a los sucesos de ayer en Barcelona. Los «indignados» cercaron el Parlamento catalán para boicotear el Pleno. El presidente Artur Mas, algunos de sus consejeros y otros líderes accedieron a las dependencias en helicóptero y buena parte de los parlamentarios se abrieron paso a duras penas con un cordón policial insuficiente entre agresiones e insultos. Con seguridad, los responsables de la Generalitat quisieron evitar las escenas del último desalojo de la Plaza de Cataluña y las cargas de los Mossos, pero lo hicieron a costa de incumplir con el deber de garantizar el orden y proteger a los ciudadanos, en este caso representantes políticos de los catalanes. Se prestó un mal servicio a la democracia como antes se había hecho en otros puntos del país, especialmente en la Puerta del Sol. El Estado de Derecho no puede renunciar a utilizar los medios que le otorga la Ley para castigar las conductas penales . Es su deber actuar cuando está en peligro la libertad de las personas, o cuando se atropellan derechos individuales. La democracia ha sido amenazada y está obligada a defenderse sin complejos. Las reglas de juego que todos nos hemos dado no pueden ser alteradas ni cercenadas por una ínfima minoría que utiliza la debilidad o el oportunismo de algunos para socavar el sistema. Existen las suficientes herramientas legales y operativas y los ciudadanos están en su derecho de exigir que se utilicen para preservar el funcionamiento de las instituciones y la seguridad. Lo cierto es que los «indignados» han derivado en un movimiento violento y «borroko» gracias a la permisividad del ministro Rubalcaba, primero, y a la indecisión, después, del responsable de los Mossos, el consejero catalán Felip Puig. Por eso mismo, le corresponde al PP exigir responsabilidades políticas a un Gobierno que se ha desentendido de su deber y ha renunciado a hacer cumplir la Ley. Si Rubalcaba entiende que, como candidato socialista a las próximas elecciones generales, no le conviene aplicar la Ley a los «indignados», debería dimitir ya como ministro del Interior, pues los intereses generales deben prevalecer sobre los particulares.

La Razón - Editorial

Cerco violento

Los grupos radicales del 15-M ejercen una coacción inadmisible sobre el Parlamento catalán.

Los sectores más radicales del movimiento que nació el pasado 15 de mayo en toda España cruzaron el Rubicón democrático ayer en Barcelona. Después de poner cerco en la tarde y noche del martes al parque de la Ciutadella, donde se halla el Parlamento de Cataluña, grupos de manifestantes trataron de impedir ayer el acceso de los parlamentarios al hemiciclo para debatir los Presupuestos de la Generalitat para 2011, la ley de más calado que anualmente presenta un Gobierno. La Cámara legislativa catalana vivió su momento más tenso desde la restauración de la democracia. Nunca un pleno había transcurrido en estas circunstancias.

Con su actitud, los concentrados trataron de coaccionar a los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos de Cataluña y quisieron obstaculizar el cumplimiento de su labor parlamentaria. La triste guinda del pastel fue la llegada en helicóptero al Parlamento del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y algunos de los consejeros de su Gobierno.

Parte de los concentrados, los más radicales, no dudaron en recurrir al insulto o a la agresión pura y dura. Algunos diputados fueron zarandeados, muchos insultados y a unos pocos se les roció con pintura. La forma en que algunos parlamentarios tuvieron que romper el asedio fue bochornosa. Ayer se cruzó la frontera entre la legítima desobediencia civil y las reprobables actitudes violentas. La mayor parte de los concentrados se apercibieron de ello, pues en la asamblea celebrada por la tarde en Barcelona se criticó abiertamente y de forma mayoritaria a quienes participaron en agresiones y se reivindicó el carácter no violento del Movimiento del 15-M. Lo mismo sucedió en Madrid.

Entre los indignados hay de todo. También entre los políticos: los hay imputados, corruptos y, en una gran mayoría, gente que cumple con su deber con honestidad. Pero los movilizados deben tomar nota de ello y no reincidir en actitudes como la de ayer, que socavan su credibilidad y marcan una deriva abiertamente antidemocrática. Es cierto que con el paso de los días los grupos antisistema han acabado imponiendo su dinámica en el movimiento. Así, aunque la mayoría decidió en asamblea levantar la acampada en la plaza de Catalunya, los irreductibles prosiguen con su ocupación. La democracia representativa puede ser mejorable y algunas de las reivindicaciones de los indignados, de aplicarse, contribuirían a ello. Pero impedir el funcionamiento de sus instituciones, las únicas que representan legítimamente a la mayoría, es entrar en una peligrosa vía incivil.

Capítulo aparte merece la gestión de la seguridad por parte del consejero de Interior, Felip Puig. Desmesurado el pasado 27 de mayo con una carga desproporcionada en la plaza de Catalunya, tampoco supo dar ayer con la fórmula que requería dejar expedita la entrada al Parlamento catalán. Hizo lo que no debía el primer día y, en cambio, no hizo ayer lo que debía para asegurar el funcionamiento del Parlamento sin coacciones de ningún tipo.

El País - Editorial