El movimiento de los denominados «indignados» germinó y se desarrolló por el complaciente aliento de la izquierda y la pasividad del Gobierno frente a una movilización contraria a la Ley que violentó los derechos de miles de ciudadanos y comerciantes. Se instrumentalizó política y electoralmente un fenómeno de naturaleza antisistema, con la convicción de que rendiría sus réditos en las urnas y que mermaría las opciones del PP. No fue así. Hemos insistido en estas semanas en que aquellos polvos tolerantes con una alteración del orden público generarían lodos indeseables para la democracia en su conjunto. Lo cierto es que las autoridades competentes, empezando por el ministro del Interior, permitieron la ocupación de espacios públicos. Las delegaciones del Gobierno no movieron un dedo en estos días ante episodios reaccionarios en la constitución de los ayuntamientos, y se toleró que los representantes del pueblo fueran increpados y coaccionados sin la respuesta policial correspondiente. El acoso al alcalde Ruiz-Gallardón en la puerta de su domicilio precedió a los sucesos de ayer en Barcelona. Los «indignados» cercaron el Parlamento catalán para boicotear el Pleno. El presidente Artur Mas, algunos de sus consejeros y otros líderes accedieron a las dependencias en helicóptero y buena parte de los parlamentarios se abrieron paso a duras penas con un cordón policial insuficiente entre agresiones e insultos. Con seguridad, los responsables de la Generalitat quisieron evitar las escenas del último desalojo de la Plaza de Cataluña y las cargas de los Mossos, pero lo hicieron a costa de incumplir con el deber de garantizar el orden y proteger a los ciudadanos, en este caso representantes políticos de los catalanes. Se prestó un mal servicio a la democracia como antes se había hecho en otros puntos del país, especialmente en la Puerta del Sol. El Estado de Derecho no puede renunciar a utilizar los medios que le otorga la Ley para castigar las conductas penales . Es su deber actuar cuando está en peligro la libertad de las personas, o cuando se atropellan derechos individuales. La democracia ha sido amenazada y está obligada a defenderse sin complejos. Las reglas de juego que todos nos hemos dado no pueden ser alteradas ni cercenadas por una ínfima minoría que utiliza la debilidad o el oportunismo de algunos para socavar el sistema. Existen las suficientes herramientas legales y operativas y los ciudadanos están en su derecho de exigir que se utilicen para preservar el funcionamiento de las instituciones y la seguridad. Lo cierto es que los «indignados» han derivado en un movimiento violento y «borroko» gracias a la permisividad del ministro Rubalcaba, primero, y a la indecisión, después, del responsable de los Mossos, el consejero catalán Felip Puig. Por eso mismo, le corresponde al PP exigir responsabilidades políticas a un Gobierno que se ha desentendido de su deber y ha renunciado a hacer cumplir la Ley. Si Rubalcaba entiende que, como candidato socialista a las próximas elecciones generales, no le conviene aplicar la Ley a los «indignados», debería dimitir ya como ministro del Interior, pues los intereses generales deben prevalecer sobre los particulares.
La Razón - Editorial
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