Razonables y menos retrasados. Por Valentí Puig

Nuestra precariedad en la eurozona no es un banderín de enganche para la europeidad.

EL afán de contentar a todos para que le quieran y voten no le conseguirá a Zapatero un suplente de la voluntad política. O se tiene o no. O se actúa o no. De lo contrario, harán la reforma laboral la eurozona y el Fondo Monetario Internacional. Al final lo más claro es la necesidad existencial de ser más productivos y competitivos para remontar bien la crisis. Tanta autocomplacencia perjudica el potencial de innovación, educativo, empresarial, económico. En un reciente análisis sociológico, Víctor Pérez Díaz argumenta que la insuficiencia actual puede ser la oportunidad para un paso adelante que libere creatividad. Un obstáculo es la baja calidad del debate público, por lo que necesitaríamos una esfera pública de calidad. Esa argumentación sugiere reforzar una motivación que arraigue en las virtudes que son necesarias para una sociedad razonable. Habla de un patriotismo moderado frente al espejismo —al mito— de la nación avanzada que ya alcanzó la hiper-modernidad.

Al analizar la cuarta edición de la Encuesta Europea de Valores, Javier Elzo subraya que la confianza social ha empeorado hasta el punto de que siete de cada diez encuestados no consideran que se pueda confiar en la mayoría de la gente. Los datos son de 2008. El índice de desconfianza no habrá mejorado en los dos últimos años, sino más bien al revés. Partíamos, en 2008, de una situación en la que los encuestados preferían un trabajo con contenidos de mayor gozo inmediato, aún a costa de un menor desarrollo profesional. Dos años después, contemplamos un posible horizonte de cinco millones de parados, de destrucción de riqueza y de inseguridad.

Respecto a los partidos políticos, ya entonces —en 2008— avanzaba la falta de confianza. También respecto a los sindicatos, la justicia y las grandes empresas. No calaba la relevancia de la vida política en la vida de las personas. Significativamente, el sentimiento europeísta tampoco calaba. No parece que haya empapado más la sociedad española desde 2008, y nuestra precariedad en la eurozona no es un banderín de enganche para la europeidad, a pesar de los beneficios que ha representado —y representa— para la España la integración europea.

Esas cosas requieren de debates claros, de opinión articulada, de una sociedad con interés por la realidad exterior, y para un debate consecuente, Víctor Pérez Díaz pide que las gentes sensatas hablen de lo que saben y no de lo que ignoran. Eso, ciertamente constituiría una revolución. Es decir: hacer uso de la ecuanimidad, escuchar a los demás, y que uno proteja «a sus propios adversarios como una parte sustancial de su comunidad política», en lugar de «convocar a una cacería humana». Estamos lejos de un objetivo así, preferimos lo blanco o lo negro pero también es cierto que el zapaterismo ha sido un factor de mucho peso para que el debate fuera como es, que a veces parezca tan impropio de «personas cuidadosas con la verdad de las cosas». Lo evidente es que ya no quedan más burbujas para ha
llar un cobijo placentero. Ahora los grandes riesgos son la desconfianza y el retraso.

ABC - Opinión

Reforma laboral. Una reforma virtual. Por Emilio J. González

Lo que se está haciendo en realidad no es abaratar el coste del despido sino forzar a las empresas a provisionar por anticipado parte del mismo en forma de mayores cotizaciones, lo que sólo incrementa los costes.

Lo virtual está de moda. La realidad virtual, las fusiones virtuales de cajas de ahorros y, ahora también, las reformas estructurales virtuales, porque sólo así cabe calificar a los cambios en la normativa laboral que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Sobre el papel, que todo lo aguanta, parece que el Ejecutivo va a abaratar el despido, y lo va a hacer no sólo para los nuevos contratos, sino para todos los existentes. En la práctica, lo más probable es que todo se quede como está o, incluso, se incrementen los costes para las empresas. Se trata, una vez más, de esa política de Zapatero de tratar de engañar a todo el mundo, mercados incluidos, haciendo ver que hace mucho cuando, en realidad, y en el mejor de los casos, todo se queda en agua de borrajas.

Según lo aprobado por el Gobierno, las empresas con dificultades económicas podrán reducir su plantilla con un coste por despido igual a 20 días por año trabajado. En apariencia eso está bien, pero ahora vienen los problemas. El primero de ellos es que el Gobierno insiste en que deben darse causas objetivas para que una empresa se pueda acoger a esta fórmula.

El problema, una vez más, es que no define cuáles son dichas causas, que es lo que tendría que hacer, y lo deja todo a la libre interpretación de los jueces de lo social quienes, por norma general, tienden a dar sistemáticamente la razón al trabajador. Sin esa clarificación de las causas objetivas, es muy difícil que cambien las cosas y a lo único que puede conducir es a un incremento de la litigación entre despedidos y empresas, con el consiguiente coste para éstas últimas. De esta forma, lo que se pretende como una medida de abaratamiento del despido, al final no es tal si no viene acompañada de lo que tiene que venir acompañada.

Después está la cuestión de los seis meses en pérdidas que debe acreditar una empresa para poder acogerse al despido de 20 días. Una gran compañía sin duda puede aguantar ese periodo y mucho más antes de reducir su plantilla. El problema es que, en España, el 90% del tejido empresarial está formado por pymes, muchas de las cuales no tienen capacidad para aguantar un periodo tan largo de tiempo si sus cuentas registran números rojos, con lo cual, si quieren sobrevivir, no les quedará más remedio que, de ser necesario, proceder a reducir su plantilla en un periodo mucho más corto, lo cual las deja fuera de los supuestos beneficios de esta reforma.

En tercer lugar, el Gobierno dice que el Fondo de Garantía Salarial se hará cargo del pago de ocho días en la indemnización por despido, sea cual sea el tipo de contrato y sea cual sea la causa de extinción de la relación laboral. Teóricamente, por tanto, parece que con esto también se abarata este coste. Sin embargo, surge inmediatamente una cuestión obvia: si el Estado no tiene un euro en sus arcas y si tiene que realizar importantes esfuerzos de ajuste presupuestario, ¿de dónde va a salir el dinero para abordar esos pagos? Mucho me temo que de donde piensan todos ustedes, esto es, del bolsillo de los empresarios en forma de mayores cotizaciones al desempleo. De ser así las cosas, como me sospecho que serán, lo que se está haciendo en realidad no es abaratar el coste del despido sino forzar a las empresas a provisionar por anticipado parte del mismo en forma de mayores cotizaciones empresariales al desempleo, lo cual incrementa los costes laborales cuando lo que es preciso en estos momentos es reducirlos para poder recuperar competitividad y mantener los puestos de trabajo.

La propuesta de reforma, además, no aborda dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la modificación de las condiciones de contratación, esencial para poder crear empleo, sobre todo entre los jóvenes, los parados menos cualificados y los desempleados mayores de 45 años. Para impulsar la contratación no basta sólo con reducir el coste del despido, cosa que, por lo que hemos visto, parece que no se va a hacer, sino que es preciso incidir también en esos elementos relacionados con la incorporación a un puesto de trabajo, en especial los relativos a todos los componentes del coste laboral, que dejan fuera del mercado a tantos jóvenes, a tantas personas poco cualificadas y a tantos mayores. La segunda es la negociación colectiva. Su descentralización, para situarla al nivel de las empresas, es del todo punto necesaria para que su contenido se adapte a la realidad de cada compañía. No basta, como hace esta reforma, con introducir posibilidades para descolgarse de los acuerdos sectoriales centralizados porque esta posibilidad se abre para casos muy concretos, cuando debería ser la norma. Sin embargo, el Gobierno no se ha querido meter en este charco porque significaría acabar de un plumazo con gran parte del poder de los sindicatos en España, esos sindicatos que han convocado una huelga general para el próximo otoño sin alegar verdaderas razones que lo justifiquen. Esto lo tendrían que haber hecho hace tiempo para protestar por la falta de interés del Ejecutivo por tomar medidas que frenasen la escalada del paro. Sin embargo, este no es el motivo. Lo hacen para protestar por una reforma laboral que, en última instancia, no es tal y que si se hiciera como se debe hacer sería muy positiva para la generación de empleo.

En resumen, todo esto no es más que una reforma virtual, sin verdadera sustancia ni contenido; más bien al contrario. Mientras no se profundice en los aspectos antes señalados, esto no es más que una nueva operación de marketing de Zapatero para tratar de calmar a los mercados, cuando éstos ya no confían lo más mínimo en él. Y, por tanto, lo más probable es que esta reforma laboral, tal y como está concebida, no sirva para nada, ni siquiera para las pretensiones de ZP.

Libertad Digital

¿Cómo no recortar?. Por Darío Valcárcel

En el medio plazo, la UE busca un avance, un mínimo avance, hacia el gobierno económico de la zona euro.

LO primero es recortar. Sin recorte no hay salvación. Con rancio oportunismo, un partido de la oposición sostiene que España se ha convertido en protectorado de Bruselas. ¡¡¡Menos mal!!! La Providencia, en su infinita generosidad, nos devuelve a la protección, el Señor sea loado. El Consejo Europeo, mañana, viernes, precisará el recorte. Pero eso es lo inmediato. En el medio plazo, la UE busca un avance, un mínimo avance, hacia el gobierno económico de la zona euro. En Alemania, la coalición cristianoliberal puede saltar en pedazos. Es extrema la debilidad del señor Westerwelle y su partido. La vida pende a veces del azar, ah, el azar… Ante la recesión y el paro, la única medida de gran alcance es la creación del fondo de respaldo al euro, 750.000 millones. España debe cumplir, como toda la eurozona, las reglas del euro y de la unión arancelaria (arancel cero) con derecho de libre y gratuito establecimiento.

Las políticas económicas se coordinarán más. Pero no se sabe cuándo ni cómo. El desempleo de Holanda es del 4,1 por cien; el de España, del 19,7. En diciembre, el déficit holandés era de 5,3; el español, de 11,2. Los estados de la eurozona avanzarán en consolidación fiscal y reformas estructurales (que impedirán reelecciones; o no).

El miedo ha cundido. En estos dos años, no solo las empresas, también las familias españolas han duplicado su tasa de ahorro. Pero el Estado se arruina con una factura anual de desempleo de 34.000 millones de euros. Una reforma laboral con recortes a los contratos indefinidos y refuerzo a los temporales reduciría esa factura. Pero el problema básico es, se dice, de educación: la batalla está en dos tramos del sistema educativo (10-18 años; 18-23).

En 1955-65 más de un millón de españoles trabajaban en Alemania, Holanda, Suiza, Francia. En aquellos diez años se produjo un gran giro cuyo autor, Alberto Ullastres, no procedía de los equipos de la guerra civil. Era profesor de universidad, soltero, miembro del Opus Dei, organización religiosa anclada en el poder temporal de la época. Ullastres dirigió el plan de Estabilización que sacaría a la economía española del aislamiento, gracias en parte a las remesas de Alemania —todos los españoles volvieron, por cierto. En 1959, Ullastres pidió al general Franco un amplísimo poder. Franco se lo dio. Cuando despegaba el Plan de Estabilización, España dependía de sí misma. Hoy no. Desde hace 25 años, España está enteramente integrada en la economía europea.

El mes pasado, Barack Obama lo recordaba: Estados Unidos se fundó sobre cuatro o cinco grandes valores, uno de ellos el respeto a las ideas del adversario. ¿Y qué tiene esto que ver? Pues sí, tiene que ver: piensen un momento y lo entenderán. «Si usted lee por regla general los editoriales del (liberal) New Tork Times, trate de leer de vez en cuando los editoriales del (muy conservador) Wall Street Journal. Quizá le hagan hervir la sangre, quizá no cambien su forma de pensar. Pero
necesitamos escuchar habitualmente puntos de vista opuestos». Sin ese ejercicio, vuelven las guerras civiles antes o después.

ABC - Opinión

Banca española. "Cualquier escenario es posible". Por Juan Ramón Rallo

Si alguien pensaba que el especulador sistema bancario estadounidense iba a sucumbir ante una gripe de su ladrillo y el sólido sistema español sobreviviría ante un cuadro clínico terminal del suyo, entonces es que le faltaba algo de perspectiva.

Los analistas financieros de JP Morgan acaban de publicar un informe sobre la banca española cuyo resumen aparece publicado por el Financial Times: "No puede descartarse ningún escenario sobre el futuro de los bancos españoles, por muy impensable que hubiese sido hace seis meses, antes de la crisis griega".

Lo impensable algunos lo llevamos temiendo desde hace años. Simplemente las cifras estaban ahí, para quien quisiera enterarse: el 60% de todos los créditos del sistema bancario español están vinculados directamente con el mercado inmobiliario, un mercado que vivió una burbuja de aproximadamente el 50% en sus precios. Si alguien pensaba que el especulador sistema bancario estadounidense iba a sucumbir ante una gripe de su ladrillo y el sólido sistema español iba a ser capaz de sobrevivir ante un cuadro clínico terminal del suyo, entonces es que le faltaba algo de perspectiva.

esde luego, el proceso que describe el informe de JP Morgan no tiene nada de novedoso y se lo conoce desde antes aun de la Gran Depresión. Algunos economistas, como Irving Fisher, incluso convirtieron la trampa deflacionista como la base de su explicación del ciclo económico: sobreapalancamiento a corto plazo de los bancos, inflación de los activos que sirven como colateral a la banca, necesidad de refinanciación de las deudas a tipos de interés crecientes, liquidación de los activos a precios de descuento, pérdidas extraordinarias, quiebra de bancos y nueva liquidación de activos, aparición de mayores pérdidas, pánico entre los depositantes, otra ronda de liquidaciones y desaparición de la banca y de los ahorros de las clases medias que, en realidad, no estaban en ninguna caja fuerte sino inmovilizados en unas viviendas carísimas. Es lo que tiene ese perverso proceso que alientan y sustentan los bancos centrales de descalzar los plazos del activo y del pasivo, de endeudarse a corto plazo y prestar a largo: las entidades españolas han de refinanciar este año la friolera de 64.000 millones de euros en papel comercial y cédulas hipotecarias, las cuales, no lo olvidemos, se emitieron con unos vencimientos de 10 años para sufragar hipotecas de 30 ó 40; y eso por no hablar de la eventual espiral de fuga de depósitos (otras deudas a corto plazo) que anticipan los analistas de JP Morgan.

No serán pocos quienes crean que este es un problema con una sencilla solución: bastaría, sostienen los inflacionistas, con que el Banco Central Europeo se ponga a prestar seriamente a la banca española para solventar su falta de liquidez; punto pelota. Pero me temo que no es tan sencillo: una cosa es proporcionar liquidez contra buen colateral (tal y como sabiamente recomendaba Walter Bagehot) y otra, muy distinta, es extender crédito contra cualquier basura que se presente a descuento. Quienes acusan al BCE de no expandir el crédito como ha hecho la Reserva Federal de EEUU olvidan un dato importante: durante el último mes a los bancos españoles se les ha cerrado el grifo del interbancario y ha sido el BCE quien los ha mantenido a flote con unos préstamos históricamente elevados.

¿Puede esta situación mantenerse en el tiempo, en torno a una década? Pues no. La diferencia entre la banca española y estadounidense no es que la Reserva Federal actuara a finales de 2008 exactamente igual que el BCE, sino que el gobierno de EEUU la recapitalizó con varios cientos de miles de millones –poniendo fin a los temores de insolvencia de sus grandes bancos– y en España el FROB sigue en un cajón.

No es que sea favorable a rescatar a los bancos a la Bush, pero es evidente que algo se tiene que hacer a menos que queramos declarar la quiebra voluntaria (mi propuesta pueden encontrarla aquí).

Y mientras el sector privado español tenía estos muy serios problemas para refinanciarse en los mercados de crédito, ¿qué se le ha ocurrido hacer al visionario Gobierno de España? Seguir la copla keynesiana de que endeudándose y tirando de demanda las cosas se iban a arreglar sin ningún ajuste en los precios y en la estructura productiva. Muchos inflacionistas se centraron en criticar la escasa laxitud monetaria del BCE durante 2009 y se despreocuparon de los agujeros presupuestarios de Zapatero, pues ahí tienen el resultado. Reza JP Morgan: "Es evidente que las capacidades y los costes para financiarse del Estado y de los bancos se han unido de manera indistinguible".

No será porque no se lo advertimos.

Libertad Digital - Opinión

Aquí nunca pasa nada. Por M. Martín Ferrand

Nuestra realidad no resulta verosímil. Se anda zurciendo y con prisas y todo se va en fusiones.

JSÉ Blanco se dispone a suprimir algunas de las líneas ferroviarias en uso por su falta de rentabilidad económica y social. Eso está muy bien; pero si, por ejemplo y según cuenta el titular de Fomento, la línea Madrid-Burgos funciona con un promedio de cuatro viajeros diarios, ¿por qué no se ha clausurado todavía un servicio tan ruinoso? Si saltamos de Blanco a Zapatero, de la anécdota a la categoría, resulta incomprensible que, conscientes todos de la grave situación económica por la que atravesamos, se sigan manteniendo instituciones y empresas del Estado que son, sólo, manantiales de gasto inútil.

El síntoma más grave de nuestra situación, el que genera mayor abatimiento ciudadano y máximo desánimo entre quienes vivimos sin subvenciones, latisalarios, canonjías ni bicocas, reside en la impunidad con que cursan los responsables del despilfarro. Si, por ejemplo, un rector, como pueda serlo el de la Complutense, saca los pies del Presupuesto y endeuda la institución sin que le pase nada ni, mucho menos, se le exijan responsabilidades por su mala gestión, los profesores, alumnos y empleados que de él dependen —más que vecinos tiene la provincia de Teruel— podrán pensar que todo el monte es orégano y que el rigor presupuestario es un arcano para mentes anacrónicas y conservadoras. Si ese rector, como es el caso, no es un filósofo abstraído o un paleontólogo ensimismado, sino un catedrático de Economía Aplicada, habrá que, según la situación de cada cual, rasgarse las vestiduras o salir huyendo hasta llegar a las antípodas.

La UE nos exige un tijeretazo de mayor cuantía que el previsto por el Gobierno. No pasa nada. Se apunta en el BOE y se olvida a continuación. Incluso, sin incurrir en responsabilidad penal, se cambian partidas del Presupuesto y se dedican a limosnas a los frailes lo que debiera pagarse por picos y palas y hazadones; es decir, con mayor liberalidad que el Gran Capitán y sin la licencia que otorga el habernos «regalado un reino». Nuestra realidad no resulta verosímil. Se anda zurciendo y con prisas, un sistema financiero con más agujeros que un queso emmental, y todo se va en fusiones a distintas temperaturas. ¿No hay responsables de tan singular catástrofe? ¿Nadie merece, por sus acciones o sus omisiones, ser conducido ante el juez de guardia? Aquí nunca pasa nada. Se van tapando las vergüenzas y, al hacerlas invisibles, parece que no existen; pero están ahí, amontonadas, unas sobre otras, y como consecuencia de una «revolución» en la que solo caen las clases de tropa, con el triple o el cuádruple de la oficialidad que requiere el mando. Se engañan y nos engañan.

ABC - OPinión

Huelga general. Salida de emergencia. Por Cristina Losada

Hay en la derecha quienes sueñan con que unos sindicatos de izquierdas derriben a un gobierno del mismo signo. Coquetean con la huelga general y no parecen importarles sus fines inmovilistas y ruinosos.

Los dirigentes de los dos sindicatos que han venido cortando el bacalao se retrataban, el día que anunciaron una huelga general, bajo un cartel que anunciaba "no hay salida". El azar los colocó ante una confesión involuntaria del atolladero al que los ha llevado su naturaleza. No la sindical, sino la política, que en su caso es la determinante. Fieles a sus orígenes, ambas centrales se han prestado de buen grado a ser herramientas apenas camufladas de los partidos de izquierdas, aunque en punto a subvenciones tanto las han recibido del PP como del PSOE. La correa de transmisión sólo se rompe un poquito cuando la izquierda gobernante amenaza el status quo. Esto es, cuando se rectifica a sí misma.

Los que le hicieron una huelga general a Aznar so pretexto de una reforma laboral timorata, no tienen más salida que convocarle otra a Zapatero ante unos cambios de mayor envergadura. Por no hablar del ajuste sin precedentes al que se ha visto forzado el Gobierno tras dedicarse con alegría a "rebañar el plato electoral" (De la Vega dixit) con el pan del contribuyente. Contra Zapatero, pero con él: tal es el lema esquizoide de la cosa sindical. Inevitable, toda vez que son miembros de la familia y antes prefieren al peor gobierno de izquierdas que al mejor gobierno de derechas.

Los citados sindicatos no son, sin embargo, los únicos que corren hacia una salida de emergencia. Aunque lo suyo es para salvar la cara, y lo de otros, para que la pongan. Pues hay en la derecha quienes sueñan con que unos sindicatos de izquierdas derriben a un gobierno del mismo signo. Coquetean con la huelga general y no parecen importarles sus fines inmovilistas y ruinosos. Desean que el Gobierno sufra un otoño caliente y un invierno del descontento para que asediado por propios y ajenos, se venga, por fin, abajo. Una fantasía de sobremesa en la que cuadra aquella declaración de Cospedal: el PP no apoya la huelga, porque no es el momento. Digan desde Génova cuando es el momento, por curiosidad. Aunque no hace falta: será cuando gobierne el Partido Popular. Ya sólo por eso, les convendría dejar constancia de que nunca es el momento de una HG.

Libertad Digital - Opinión

España campeona. Por Hermann Tertsch

El comienzo del Mundial de Nelson Mandela se puede convertir en la gran metáfora de nuestra suerte.

RESULTA que Suiza, los muy aplicados inventores del reloj de cuco e inspectores de las cuentas corrientes de los chicos de fuera, que cada vez serán más, ya que los echamos de aquí —segunda labor de un pueblo laborioso y paciente—, nos han ganado el primer partido del mundial en Sudáfrica. Nada nos hacía más falta ahora que el Mundial de Fútbol. Venía tan bien para olvidar que nuestro país, que es España, no «la roja» —como dicen muchos para no utilizar el término de selección nacional o el propio término España— iba más o menos de favorita, tiene otros problemas. Los favoritos, como decía Zapatero cuando aseguraba que estaba a punto de superar en Producto Interior Bruto (PIB) a Italia y Francia. Nuestro chulito. Y quién sabe si también a Alemania. ¡Capaz habría sido de decirlo en aquella patética función en Nueva York que hizo más daño a nuestra economía que millones de especuladores puestos en fila con esa terrible maldad que se les atribuye por no querer suicidarse o tirar su dinero, como hacen gobiernos como el español actual!

Muchos hemos sido siempre conscientes de que esta otra ocurrencia del Gran Timonel era una payasada más, como tantas otras que han dejado el prestigio y la credibilidad de nuestro país en mínimos. ¿Pero qué no le hemos tolerado ya con paciencia ilimitada al niño grande vallisoletano de León? ¿Qué disparate dicho por esa boquita no ha recibido algún aplauso, incluso de gente supuestamente digna y con criterio?

En fin, que el comienzo del Mundial de Nelson Mandela se puede convertir en la gran metáfora de nuestra suerte. Qué paradoja que un acontecimiento bajo el patrocinio de un hombre sometido a la verdad, ejemplo de la dignidad, venga a recordarnos a todos los españoles el alarde de la mentira de nuestro presidente, el revanchista petimetre. Ni tanto ni tan calvo, se decía. Mejor dicho hoy, calvísimo. Y nada de tanto. Porque el menester será, no de años, sino generacional. Años tardaremos en recuperarnos de tanta mentira e incompetencia. Lustros tardarán en soldar las quiebras en nuestra sociedad. Y las nuevas mentiras serán nuevas quiebras en una sociedad ya muy maltratada que aguanta pocas más.

Nuestros listos del pesebre nos sacarán mil argumentos para cimentar esta política de la mentira constante. Sabemos quiénes son, están identificados y cada uno es libre de despreciarlos a su manera. Pero el hecho de que no haya un mínimo gesto de dignidad por su parte nos demuestra que este país supura por una inmensa llaga. La España campeona —ojala lo sea en el fútbol— es una sociedad que se quiebra y requiebra bajo el mando de lo peor. Después del fútbol viene, implacable, la realidad.

ABC - Opinión

Nadie baila con la reforma laboral del Gobierno. Por Antonio Casado

ESCRIBE AQUÍ EL ENCABEZAMIENTO

Nadie quiere la reforma laboral que el Gobierno acaba de enviar al Boletín Oficial del Estado. Ni los empresarios ni los sindicatos se reconocen en ella. Díaz Ferrán (patronal) dice que es una “reformita”. Según Cándido Méndez y Fernández Toxo (UGT y CC OO), “lesiona los derechos de los trabajadores, abarata el despido y debilita la negociación colectiva”. En cuanto a los partidos políticos, esperan a negociar sus respectivas posiciones parlamentarias. Pero ninguno de ellos ha saludado la reforma alumbrada ayer por el Consejo de Ministros.

A todos los actores sociales y políticos se les ha llenado la boca con la necesidad de acometer de forma urgente la reforma de un mercado de trabajo rígido, obsoleto, ineficaz y reñido con los modernos sistemas de producción. Un mercado de trabajo al que, entre otras cosas, se culpa del llamado paro estructural, ese que nos otorga el lamentable privilegio de doblar la media de paro en Europa incluso con tasas razonables de crecimiento.

Pues bien, los actores sociales no lograron ponerse de acuerdo para fletar una reforma pactada. Y los actores políticos dejan solo al Gobierno cuando éste, en el ejercicio de su responsabilidad, se ve obligado a dictar una reforma y reclamar los apoyos necesarios entre los representantes de la soberanía nacional. Por desgracia, esta es la foto fija de las últimas veinticuatro horas. La que verán hoy en Bruselas los primeros mandatarios de la UE.

La foto se acabará moviendo al compás de las negociaciones orientadas a superar los dos trámites parlamentarios previstos: la convalidación del decreto-ley (martes 22) y su posterior tramitación como proyecto de ley (a la vuelta del verano). Pero la que los presidentes de Gobierno y jefes de Estado europeos verán hoy colgada a la espalda de Zapatero, como el monigote del día de los inocentes, es la de su soledad en esta iniciativa. Descubrir que nadie la saca a bailar no es la mejor noticia que podía llevar al último Consejo Europeo de la presidencia semestral española que está a punto de terminar.

El drama del paro

Pero es lo que hay. Una reforma laboral denostada por los sindicatos, la CEOE y los partidos políticos. Tampoco parecen convencidos los analistas de la vida económica y expertos en materia de relaciones laborales. Carlos Sánchez la califica de poco creíble, incoherente, irrelevante y contradictoria. Carlos también recoge la opinión de Iñigo Sagardoy, uno de los mejores laboralistas del mundo, que ve la reforma demasiado corta en alcance, contenido y ambición si se la conjuga con las verdaderas necesidades del mercado laboral español. O sea, como querer librarse del tsunami con un paraguas.

Una vez más, deberíamos escuchar a los expertos sin desoír las razones del Gobierno. Sostiene Moncloa que su modelo pretende tres objetivos: mejorar la productividad, estimular la contratación fija y situar el despido como un último recurso del empresario. Asegura también que servirá para crear empleo estable y luchar contra el paro, la dualidad y las rigideces.

¿Cómo conjugar esa declaración de intenciones con la realidad de una economía perezosa en el crecimiento y, por tanto, en la creación de empleo? Me temo que no basta con el copago del FOGASA, la generalización de los contratos con 33 días de indemnización por despido o la recuperación del viejo laudo de obligado cumplimiento (arbitraje). Pero se trata de hacer algo o dar la impresión de que se hace algo para combatir el drama del paro. También eso forma parte de la política. Y el ámbito de esta reforma, después del fracaso del llamado diálogo social, es definitivamente de naturaleza política. En esa clave hemos de detectar la suerte que le espera a una decisión que llega al menos con dos años de retraso.

El Confidencial - Opinión

Reforma laboral. El parto de los montes. Por José García Domínguez

Frente a la lógica económica más elemental, la misma que ordena pagar a quien contamine, el estrambote zapateril que incentivará los despidos al socializar parte de su coste a cuenta del erario.

Confiesan de don Eugenio D´Ors los avisados que, tras dictar sus artículos y ensayos a la eficiente Angelina, la mecanógrafa que siempre transcribía su producción, de modo invariable, le preguntaba:

– ¿Se entiende, Angelina?

A lo que ella replicaba, también con rutinaria frecuencia:

– Perfectamente, maestro.
– Pues entonces oscurezcámoslo –terciaba al punto y algo contrariado el que fuera ideólogo de cabecera de la Lliga de Cambó y de la Falange del otro, o viceversa, que tanto monta. Un modus operandi, ése del polivalente D´Ors, que recuerda la célebre máxima filosófica de Cossío: "Ya que no podemos ser profundos, seamos al menos confusos".

Viene a cuento el excurso porque esas cuarenta farragosas páginas que ocupa el decreto de la reforma laboral gastan toda la pinta de esconder mucha más trampa que cartón. Y es que, tras intentar traducirlas al castellano, uno concluye, exhausto, que la prosa de Derrida, Althusser y Lacan era un vaso de agua clara al lado de los inextricables barroquismos leguleyos de los escuderos de Corbacho.

No obstante, entre lo que malgré lui se entiende, brilla la firme deriva de la socialdemocracia hacia el dadaísmo. Razón última de que, a partir de ahora, vaya a convertirse en obligación muy prioritaria del Estado subvencionar las escabechinas de plantilla en las compañías privadas. Frente a la lógica económica más elemental, la misma que ordena pagar a quien contamine, el estrambote zapateril que incentivará los despidos al socializar parte de su coste a cuenta del erario.

Ocho días de nómina con cargo a los contribuyentes como premio por cada puesto de trabajo indefinido que destruya cualquier empresa, no sólo las pymes agónicas. Ya puestos, ¿por qué no regalar también un mechero de plata a los pirómanos censados en el Ministerio del Interior? Y aún habrá quien siga afeándole la conducta al que asó la manteca. En fin, a poco más que eso, amén del parche Sor Virginia de los treinta y tres días, se reducirá el parto de los montes que nos ha hecho perder dos años con la cháchara inane de los "agentes sociales". Y lo que te rondaré, morena. Porque la treta filibustera de tramitar el amago como proyecto de ley, aún habrá de prorrogar ad calendas grecas la firma de un texto definitivo. ¿Lo vamos entendiendo?

Libertad Digital - Opinión

Un día aciago. Por Ignacio Camacho

En el Mundial nos quedan aún dos oportunidades. El presidente tiene menos margen.

QUÉ manera de palmar, que diría Sabina. Y qué día tan ingrato para hacerlo, justo cuando el país necesitaba goles que le endulzaran los lúgubres anuncios de despidos en saldo y graves incertidumbres sociales. No hubo siquiera un trivial bálsamo deportivo contra las sombrías amenazas de un colapso financiero. Las penas nunca vienen solas, y Murphy no suele fallar: toda situación crítica es susceptible de empeoramiento. Alemania nos ha expulsado con crudeza realista de aquella Champions económica que Zapatero, en su arrogante torpeza de Míster Bean, se creía en condiciones de liderar, y Suiza nos ha bajado con un abrupto gatillazo de la nube del favoritismo mundialista. Al menos en el fútbol, sin embargo, la euforia provenía de datos contrastados y de una experiencia fiable.

Hay una diferencia entre un revés y otro: si el presidente del Gobierno ha reaccionado al fracaso abandonando todos los principios que hasta ayer constituían su irrenunciable identidad ideológica, Del Bosque perdió en Sudáfrica sin abdicar ni un solo minuto de su paciente estilo frente a unos rivales atrincherados como vietnamitas. Tiqui-taca hasta el final, a muerte, en un ejercicio irreprochable de fidelidad, ortodoxia y coherencia que contrasta con el de un Zapatero entregado a la ruptura consigo mismo y decidido a soltar lastre sin ningún tipo de prejuicios.

Se trata de una cuestión de conceptos de liderazgo; el de un líder prudente, consecuente y sensato que en ningún momento ha caído en vicio de autoconfianza y el de un airoso zascandil imbuido de falso optimismo y capaz de renegar de cualquier presunta convicción para mantenerse en el inestable equilibrio de una posición dominante. Ayer liquidó sin ambages los últimos restos del proteccionismo laboral en el que había situado la línea roja de su profesión socialdemócrata, pasándose al más radical reformismo thatcheriano sin una sola explicación ni una sombra de autocrítica. Y todavía tiene suerte: durante unos días, el debate sobre la selección solapará el de un decreto que expropia los derechos laborales, y la discusión sobre las tácticas del seleccionador servirá para aparcar la de las estrategias (?) del presidente.

Fue una jornada histórica, como le gusta proclamar al Gobierno. Cayeron los blindajes sociales del empleo y zozobró el sueño mundialista que sostenía parcialmente la maltrecha autoestima nacional. Antes de que cunda la depresión colectiva, en uno de esos bandazos anímicos tan nuestros capaces de dar alas a los demonios históricos, es menester recordar que en Sudáfrica nos quedan aún dos oportunidades. Quizá el presidente —que por cierto es también ministro de Deportes— tenga menos margen; si tropieza en la reforma laboral será candidato al despido objetivo. Antes llamado procedente.

ABC - Opinión

Derrota de la reforma laboral

Es posible que el decreto laboral aprobado ayer por el Consejo de Ministros sirva a los propósitos de Zapatero ante Bruselas, donde hoy se enfrenta a un doble compromiso: poner punto final a la Presidencia española de la UE y someter sus reformas económicas al examen de las autoridades comunitarias, segundo en una semana.

Tras el recorte del déficit y la reordenación del sistema financiero, el presidente español se había comprometido a completar los deberes flexibilizando la legislación laboral. Sin embargo, y aunque el decreto introduce una tímida liberalización, dista mucho de responder a los cambios que necesitan la economía española y su depauperado mercado de trabajo. Más que la reforma profunda y amplia de una normativa que lleva treinta años sin tocarse, el Gobierno se ha limitado a aplicar un par de brochazos para abaratar el despido de los nuevos contratados. Así, las dos medidas más destacables son la generalización del contrato con un despido de 33 días por año trabajado (en vez de los 45 actuales) y la simplificación de las exigencias para que una empresa en situación negativa pueda despedir e indemnizar con sólo 20 días por año trabajado. Una tercera medida complementaria establece que el Fogasa (organismo estatal que se nutre de las cuotas empresariales) se hará cargo del pago de 8 días de los despidos.

Si bien es cierto que sobre el papel las empresas en dificultades podrán desprenderse más fácilmente de sus plantillas, lo cierto es que, a falta de mayor concreción, será el juez quien decida la cuantía de la indemnización, por lo que, a tenor de lo que es la práctica habitual de las magistraturas de Trabajo, se debe acoger con escepticismo la eficacia de esta reforma. Por lo demás, la esforzada labor de maquillaje del Gobierno se completa con el levantamiento del veto a las empresas de trabajo temporal para que operen en la construcción y el sector público, lo cual es positivo, y con retoques contradictorios a los contratos temporales, pues mientras por un lado se endurecen los requisitos, por otro se alarga su duración. Y esto es todo lo que da de sí la tímida, alicorta y pacata reforma laboral del Gobierno, el cual ha perdido una excelente oportunidad para darle un vuelco a la legislación con el apoyo del centroderecha al completo y el refrendo de los mercados. Pero ha dejado fuera puntos tan sustanciales como la subordinación de la negociación colectiva a la de cada empresa; la vinculación de los subsidios de desempleo, los más generosos de Europa, a la búsqueda efectiva de empleo; el potenciar la movilidad, la formación y la intermediación; y, finalmente, la simplificación de la maraña de contratos, al tiempo que se introducen fórmulas flexibles de organización laboral. Una reforma ambiciosa y con vocación de perdurar habría incorporado todas estas novedades. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero se ha contentado con lo mínimo imprescindible para que Bruselas no la considere una burla. ¿Cabe esperar un cambio radical en la tramitación parlamentaria? Es más que dudoso, porque el PSOE lo hace con desgana, obligado por los mercados y sin visión de futuro. Sólo para salir del paso.

La Razón - Editorial

Un poco de confusión

La tramitación como ley no debe convertirse en pretexto para desactivar la reforma laboral.

Bajo la sombra de una huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre, la reforma laboral del Gobierno, motivo expreso de la huelga, no acaba de cristalizar en una propuesta nítida y convincente. El decreto que aprobó ayer el Gobierno, en vigor desde mañana, contiene algunas modificaciones sobre el documento que el Ejecutivo presentó el viernes, y no todas lo mejoran. El pilar de la reforma es la extensión universal del contrato de fomento con un coste de despido de 33 días; a partir de hoy, cualquier trabajador de entre 31 y 44 años podrá ser contratado mediante esta modalidad. Pero, a cambio de este rasgo de convicción, el decreto ha difuminado la redacción de las causas de despido. Si en la propuesta de la semana pasada se entendía como causa del despido el que una empresa tenga pérdidas no meramente coyunturales, el decreto exige ahora que de las cuentas de la empresa se desprenda una "situación económica negativa".

Las vacilaciones demuestran que el Gobierno no tiene claros cuáles son los límites de la reforma laboral que pretende. No admite las tesis de la CEOE y, por ello, penaliza la contratación temporal y admite el arbitraje en la negociación colectiva solamente en los casos en los que esa opción esté incluida en los convenios. Pero al mismo tiempo es consciente de que debe actuar en contra de la dualidad del mercado laboral y abaratar el despido a cambio de favorecer la creación de empleo. Bascula entre ambas decisiones empujado por las amenazas sindicales y la hosca respuesta de la CEOE a la nueva contratación y, por tanto, transmite indecisión.

Pero el mensaje puede enturbiarse todavía más, porque el Gobierno pretende tramitar el decreto como proyecto de ley. Este paso tiene efectos políticos favorables, porque reafirma la legitimidad del Parlamento frente a la presión sindical e implicará en la tarea a los partidos. Ahora bien, traslada a la oposición el peso de aclarar aspectos cruciales de la reforma, como la causa de despido, las cláusulas de descuelgue o la contratación temporal. Si se trata de transmitir firmeza a los mercados, el juicio de los inversores queda suspendido hasta que se apruebe la ley. Si, con la coartada del trámite por ley, al Gobierno le asalta la tentación de embarcarse en otra de sus famosas dilaciones, recuerde que ya no tiene margen de maniobra. Para convencerse, solo tiene que consultar el diferencial de la deuda con el bono alemán.

Ante esta propuesta de reforma, un poco más confusa desde ayer, la convocatoria de huelga general de CC OO y UGT carece de fundamentos razonables. La llamada al paro revela que a los sindicatos les importan únicamente los derechos de los trabajadores con contrato fijo y alta indemnización. Solo así se explica que alcen la voz cuando se recorta el salario de los funcionarios. Como si los empleados públicos fuesen inmunes a la recesión, que se ha cobrado en España 2,2 millones de parados y ha reducido las rentas de cientos de miles de asalariados.

A los sindicatos les asiste el derecho a convocar una huelga general; pero entre las causas y la respuesta debe existir una cierta proporcionalidad. No es éste el caso. El Gobierno ha concedido un margen suficiente de tiempo para la negociación de los agentes sociales, sin que haya habido acuerdo. Si la razón de la protesta es que los trabajadores pierden derechos adquiridos, la réplica bien podría ser que el objetivo principal del Ejecutivo debe ser crear empleo; y si la razón es torcer la voluntad del Gobierno, recuérdese que la reforma laboral viene exigida por la urgencia de favorecer la contratación y como una de las contrapartidas exigibles a cambio del sistema de protección del euro que debe salvaguardar la solvencia española. El Ejecutivo no puede echarse atrás; la huelga general carece de finalidad práctica.

El País - Editorial

La reforma de la vuvuzela

Se han acercado a la portería, pero no han terminado de meter gol ni a la hora de reducir seriamente el alto coste del despido, ni a la hora de eliminar la dualidad entre contratos fijos y temporales, ni a la de suprimir la negociación colectiva.

Tras casi tres años de estéril "diálogo social", la "reforma" laboral aprobada este miércoles por el Consejo de Ministros debería causar la misma decepción que ha provocado el estreno de España en el Campeonato del Mundo de fútbol. Es decir, mucho ruido y pocas nueces.

Para nosotros lo más tristemente destacable de este simulacro de reforma es que el Gobierno mantendrá el dominio sindical y judicial sobre la libertad contractual de quienes ofrecen y buscan empleo. Hoy, sin embargo, no faltarán titulares de portada y de editoriales que pongan el acento en el supuesto "abaratamiento del coste del despido" aprobado por el Ejecutivo mediante dos fórmulas: la generalización del uso del contrato de fomento del empleo (con 33 días de indemnización por año trabajado en lugar de 45) y el pago por el FOGASA de ocho días de esa indemnización en los contratos indefinidos.

Lo cierto, sin embargo, es que ni esa rebaja del coactivo coste del despido es de cuantía suficiente, ni este coste es el único foco de agresión a la libertad laboral que, como tal, obstaculiza la contratación.

Es cierto que para el despido objetivo la indemnización es de 20 días por año trabajado; sin embargo, lo que se esperaba de esta reforma es una ampliación y, sobre todo, clarificación de cuales son esas "causas objetivas" por la que las empresas podrían acogerse a esta fórmula. El decreto ley, sin embargo, no las define y lo deja a una vaga "situación económica negativa" que ha de ser considerada como tal por los jueces de lo social que se caracterizan, en la gran mayoría de los casos, por un desconocimiento de lo que es la actividad empresarial que les lleva, nada objetivamente, a ponerse del lado del trabajador. Esto se traduce, en cualquier caso, en una mayor litigiosidad, que sumada a la ya alarmante lentitud de nuestra justicia, encarece el coste del despido.

En cuanto a la rebaja del coste del despido que supuestamente implica el hecho de que el FOGASA pague ocho días de la indemnización, hemos de decir que este fondo se nutre de las aportaciones de las empresas, por lo que deberá recibir de ellas nuevas contribuciones para atender estos nuevos compromisos. Eso, o bien nutrirse del dinero de los contribuyentes. Lo primero sería un mantenimiento encubierto de los costes empresariales por el despido y lo otro no supondría una reducción de dichos costes, sino la transferencia de los mismos al conjunto de la sociedad. Esto último, además de injusto e ineficiente, sería especialmente nocivo en un momento en que lo que tiene que hacer el Estado es un ajuste presupuestario.

Aun más decepcionante es el hecho de que la reforma conserve en su práctica totalidad los distorsionadores convenios colectivos, responsables, entre otras cosas, de que los salarios españoles estén alejados de nuestra productividad y, por tanto, de que el paro no deje de aumentar. No basta, como hace esta reforma, con introducir cláusulas en los nuevos convenios colectivos que permitan a las empresas en dificultades aparcar las tablas salariales que éstos contienen. El problema está en que los convenios colectivos ya suscritos, es decir, todos los que hoy siguen vigentes al no incorporar estas cláusulas, sólo permitirán el descuelgue o por acuerdo entre empresa y sindicatos o por mediación de un laudo arbitral.

En resumidas cuentas, que si bien el Gobierno se ha acercado con esta "reforma" a la puerta, no ha terminado, sin embargo, de meter gol ni a la hora de reducir seriamente el alto coste del despido, ni a la hora de eliminar la dualidad entre contratos fijos y temporales, ni a la de suprimir la negociación colectiva. Como afortunadamente quedan más encuentros, y los demás grupos van a poder introducir modificaciones durante su tramitación como proyecto de ley, esperemos que la enorme crítica que merece lo que hemos presenciado se dirija no a abortar nada sino a mejorar los resultados. Al fin y al cabo, con esta reforma laboral, España se juega algo mucho más importante que un mundial de fútbol.

Libertad Digital - Editorial

Más confusión, más desconfianza

El decreto ley sobre la reforma laboral es insuficiente y añade aún más incertidumbre sobre las posibilidades de afrontar la crisis de solvencia de nuestra economía.

TENÍA razón el presidente del Gobierno cuando afirmó ayer en el Congreso de los Diputados que su Ejecutivo es el que menos ha contribuido a la credibilidad de España en el exterior. Sin embargo, la autocrítica no ha ido seguida de coherencia, porque también ayer el Consejo de Ministros aprobó una reforma laboral que nadie apoya, que no es la definitiva, porque va a tramitarse como proyecto de ley, y que sirve principalmente para que Rodríguez Zapatero sienta hoy menos presión durante el último Consejo Europeo de la presidencia española. Al menos, el Gobierno socialista ha asumido que tenía que haber una reforma del mercado de trabajo, asunto tabú durante estos años en los que el PSOE ha defendido un discurso «social» basado en premisas falsas y en prejuicios ideológicos. El cambio de posición no ha respondido a un análisis propio de la situación del país, sino a una nueva imposición de los mercados, de los organismos financieros y de los gobiernos europeos que han tomado las riendas en Bruselas. Por eso, en la reforma laboral hay más necesidad y urgencia que aciertos de fondo sobre los problemas estructurales del mercado laboral. Es cierto que hay medidas que apuntan a una significativa rectificación de postulados tradicionales de la izquierda, como la extensión del abaratamiento del despido o el levantamiento del veto a las empresas de trabajo temporal. Incluso se refuerza el contrato de fomento del empleo, aprobado por el primer gobierno de José María Aznar.

Por tanto, la reforma tiene un valor principalmente político, en cuanto implica el reconocimiento de que ya son inservibles los eslóganes habituales de la izquierda frente a las necesidades reales del mercado laboral en España. Nuevamente, la izquierda se topa con su caducidad ideológica y se ve obligada a afrontar los retos de la crisis con fórmulas basadas en el dinamismo empresarial, la flexibilidad de las relaciones laborales y la reducción de los costes del mercado de trabajo. Aun así, esta reforma no convence, porque el Gobierno no es capaz de convencer sobre su propia solidez política para tomar iniciativas. Su imagen de equipo arrastrado por otros gobiernos a asumir decisiones que no quiere es un lastre para la confianza de socios y mercados, pero también, y sobre todo, para sumar apoyos internos. Ni sindicatos, ni empresarios ni grupos parlamentarios han manifestado su respaldo a las medidas laborales aprobadas ayer por el Consejo de Ministros. La solución «puente» de tramitar la reforma como proyecto de ley, siempre que el decreto ley sea convalidado previamente, es una maniobra para ganar tiempo, aparentemente sensata, pero escasamente creíble por la falta de voluntad del Gobierno de promover realmente durante los últimos años un acuerdo de Estado, principalmente con el Partido Popular. Al final, en el trance más complicado de sus mandatos, Zapatero no ha logrado cuajar un solo acuerdo social o político sobre la crisis.

Además, el Gobierno ha demostrado que el ritmo de reformas vendrá impuesto por las exigencias de Bruselas y las dificultades de la financiación de nuestra deuda en los mercados. El hecho incuestionable es que el Ejecutivo ha renunciado a su autonomía para dirigir la economía española. Por eso, esta reforma laboral, necesaria pero no suficiente para remontar la crisis, no está enmarcada en ese plan a gran escala de transformaciones que urge en España. Siguen pendiente la reformas del sector energético, costoso, incierto y preso de prejuicios antinucleares. El sector financiero demanda también una reestructuración con criterios de eficiencia. Y es evidente que hace falta una reforma de la Administración del Estado, porque no es sostenible el gasto ingente que provocan las administraciones central, autonómica y local. El Estado de las Autonomías y la extraordinaria fragmentación de la estructura municipal consumen recursos por encima de lo que puede permitirse la sociedad española. La última exigencia de Bruselas pone a España en la obligación de adoptar nuevas medidas para reducir el déficit en 2011 y el Gobierno ya ha trasladado a las comunidades autónomas su parte de responsabilidad en el recorte de los números rojos. Las autonomías se han comprometido a ahorrar 11.000 millones de euros, pero es necesario que el Gobierno disponga de instrumentos legales no sólo para verificar esta reducción del gasto, sino para ejecutarla llegado el caso. En definitiva, el Gobierno gana tiempo con la reforma provisional aprobada ayer, pero tiempo es, precisamente, lo que menos tiene España.

ABC - Editorial

Partido obrero popular. Por Edurne Uriarte

Una cosa es que el PP evite ser el tonto útil del Gobierno en la aprobación de las medidas más impopulares.

Una cosa es que el PP evite ser el tonto útil del Gobierno en la aprobación de las medidas más impopulares. Y otra que, en su entusiasmo opositor, se haga marxista. Lo que no sólo descoloca a los votantes de la derecha, «el PP es el partido de los trabajadores», sino que da lugar a muchos chistes, el PPT que dicen algunos o el POP que proponemos otros. O, lo que es igual, resta credibilidad a la derecha, que tampoco está sobrada de ella. Y no me refiero a la intención de voto, sino a la crisis de confianza en toda la clase política que afecta también al PP a pesar de esos 11,8 puntos de ventaja demoscópica.

Y no es falso que el PP sea el partido de los trabajadores. Lo es casi en la misma medida que el PSOE en estos momentos. Basta con echar un vistazo a la intención de voto según categorías ocupacionales de la última encuesta del CIS. La intención de voto entre los parados es del 24% al PSOE y del 20% al PP. Entre los obreros cualificados, del 24% al PSOE y del 19% al PP. Y entre los obreros no cualificados, del 24% al PSOE y del 20% al PP. Es decir, que una buena parte de los obreros ha dejado el marxismo, por lo que no parece muy inteligente que el PP se haga marxista a estas alturas. Quizá porque a esos obreros el modelo liberal les parece más eficaz que el socialista. Y, sobre todo, porque el voto es crecientemente interclasista. Los obreros como los directivos votan por las alternativas creíbles, por la solidez de las propuestas, por la coherencia de los líderes. Y cada vez menos por viejas identificaciones ideológicas y de clase.

Lo que hace del populismo un arma peligrosa, además de éticamente rechazable. Se entiende que el PP recuerde con temor lo sucedido en las encuestas al candidato Cameron cuando empezó a contar a los británicos las medidas impopulares que pensaba tomar. Pero una cosa es esa y otra hacerse marxista para la campaña electoral.

ABC - Opinión

Reforma laboral. ¿El fin de una era?. Por Agapito Maestre

El Gobierno imposta su posición y la oposición le imita, mientras que los sindicatos y la patronal simulan sus descontentos. Todos son, en efecto, unos impostores.

Mañana, a pesar de los pesares, será efectiva la reforma laboral de Zapatero. Este dato es decisivo para comprender el devenir de España. Muchos lo ocultarán o, sencillamente, harán propaganda política descalificando el decreto. Allá ellos. El asunto de mañana es decisivo para el resto de legislatura. Manejar un país, o simplemente comprender un problema coyuntural de una nación, con el pensamiento es una ingenuidad. Eso es tan peligroso como conducir sin manos. O reconocemos que el pensamiento es menos leal y dócil que las circunstancias económicas y políticas o no entenderemos jamás por qué el Gobierno de Zapatero tiene que aprobar una reforma laboral contra los intereses de su propio partido.

Por eso, precisamente, porque desconfío del primer impulso, o mejor dicho, porque confío en el primer impulso, en el malo, estoy convencido de que este Gobierno acometerá una reforma laboral de cierto calado. No se engañen los críticos a palos del Gobierno sobre los resultados o la contundencia que utilizará el Ejecutivo en determinados asuntos. Lo decisivo es que se han cumplido los trámites, y la reforma se aprobará siguiendo la metodología que al Gobierno le ha impuesto CiU y el PP, o sea, primero un decreto y, después, una ley. La reforma será amplia, exigente y, en principio, irá contra el populismo del propio Gobierno. ¿Y si no fuera así por qué iban a convocar los sindicatos una huelga general? No creo que sea mero teatro la convocatoria de huelga general.

Uno puede adoptar todas las cautelas que quiera con este Gobierno, incluso podrá gritarle a Zapatero que es un mentiroso. Vale. Pero después de conocidos los borradores sobre la reforma, nadie en su sano juicio podrá decir que la reforma no es significativa. Será una reforma substancial. Podría ser más amplia, sí, pero los pasos ya están dados. Habrá una reforma importante en el ámbito de los despidos y las indemnizaciones. Y, por supuesto, la norma primará la firma de convenios por empresas antes que por sectores. Se aprobará, pues, un decreto para que las empresas despidan aún con mayor facilidad a los trabajadores, bajen los salarios y, en fin, cambien las condiciones del mercado.

Es ridículo, pues, seguir negando que Zapatero lleve a cabo una reforma laboral. Eso ya no es político. Es impostura. He ahí el gran problema. No se trata de que la reforma deje descontentos al propio Gobierno y a la oposición, a los sindicatos y a la patronal. No se trata de que todos sigan enfrentados, porque no hayan conseguido imponer de modo completo sus criterios en esta reforma. No se trata de que lo aprobado sea simplemente provisional. No, no y no es un problema de límites de lo aprobado, sino que nadie cree en la reforma. El Gobierno imposta su posición y la oposición le imita, mientras que los sindicatos y la patronal simulan sus descontentos. Todos son, en efecto, unos impostores. En Europa, para desgracia de los españoles, nadie cree en Zapatero ni en la oposición, y desprecian a los sindicatos y la patronal.

Ese es el gran problema: los mercados no creen en España, porque sus elites políticas, sindicales y patronales son cualquier cosa menos excelentes. La historia reciente del capitalismo, ese proceso de "destrucción creadora" del que hablaba Schumpeter, les ha pasado por encima.

Libertad Digital - Opinión

Una España hemipléjica. Por M. Martín Ferrand

¿Quiénes somos los integrantes de una de las dos Españas para afear la conducta de los de la otra?

CUANDO se proclamó la II República, el espectáculo en España tenía dos nombres máximos: Raquel Meller, actriz y cantante aplaudida en todo el mundo con La violetera, y Margarita Xirgu, que estrenó el repertorio teatral de Federico García Lorca. La primera era monárquica y de derechas y la segunda republicana y (moderadamente) de izquierdas. Ambas, llegada la Guerra Civil, tomaron una prudente distancia. Meller se fue a Buenos Aires y Xirgu a Montevideo. El público que bebía los vientos por ellas y llenaba los teatros en que actuaban, ¿tenía muy clara sus respectivas adhesiones políticas? Como ciudadanos podemos ser conservadores, liberales, socialdemócratas, comunistas o cubrir cualquier otro epígrafe del muestrario político; pero profesionalmente somos, o debiéramos ser, lo que la vocación y la suerte nos depare. ¿Hay nefrólogos de derechas y de izquierdas o los riñones funcionan independientemente del nivel cultural o la dedicación laboral de quienes los transportan?

Tengo respeto, y en la mayoría de los casos admiración y afecto, por los artistas —Javier Bardem, Juan Diego, Miguel Ríos, María Galiana, Pedro Almodóvar...— que han protagonizado un vídeo en el que encarnan, en primera persona, el recuerdo de quince víctimas del franquismo, quince ciudadanos asesinados al calor de la sublevación del 18 de julio del 36; pero, pienso, se equivocan en un gesto del que no cabe dudar de su recta intención. Son los representantes de una España hemipléjica. Para nuestra común desgracia la barbarie y la saña prendieron por igual, cuasi simétricamente, en las dos Españas. ¿Hay muchas diferencias entre el asesinato de Lorca y el de Pedro Muñoz Seca? ¿Es lícito, en nombre de la libertad (?) violar y asesinar a unas piadosas monjitas sacadas a empellones de la clausura de sus rezos?

Como nos enseña el Evangelio, lo mismo a creyentes que a descreídos, a todos cuantos estamos inmersos en la civilización cristiana, «quien esté libre de pecado que tire la primera piedra». Solo la mujer adúltera sabe hasta dónde llega su culpa y conoce su voluntad de redención. ¿Quiénes somos los integrantes de una de las dos Españas para afear la conducta de los de la otra? Muchos españoles de los dos bandos —demasiados— murieron sin juicio ni abogado ni sentencia. El gran mérito de la Transición fue la voluntad de reconciliación nacional que todos, izquierdas y derechas, aportamos para propiciar el insólito transito de una dictadura a una democracia. Va contra ese espíritu, lo traiciona, el volver la vista atrás con saña y centrar la barbarie en unos episodios dramáticamente simétricos de los del bando contrario.

ABC - Opinión

El favor. Por Alfonso Ussía

El último y gran favor que pudo –ya no puede– hacerle Garzón a Zapatero fue sacar de la cárcel a Rafael Díez Usabiaga con la infame justificación de que éste tenía que cuidar a su mamá. Ahora se sabe que apenas visita a su mamá, pero sigue en libertad. Usabiaga está libre porque el socialista (¿) Jesús Eguiguren, ese personaje que nunca ha dicho dónde está, lo necesita para hablar. Eguiguren y Usabiaga se llevan muy bien en las charlitas que mantienen con asiduidad. Zapatero está informado. La vuelta a las instituciones de Batasuna, es decir, el retorno de la ETA al campo político, es imparable con Zapatero en el poder. Eguiguren no es Pachi López, aunque en el pasado los confundieran. Eguiguren es un socialista «abertzale», como Eguíbar un nacionalista batasunero. En todos los partidos existen los extremos. Entre Javier Solana y Leire Pajín hay más separación que entre Katharine Hepburn y Pilar Bardem, por poner un ejemplo con vocación internacional. En el PSOE no todos están de acuerdo con las maniobras, conversaciones y chanchullos que comparten algunos con los dirigentes del terrorismo en su versión política.

Establecer una comparación entre Nicolás Redondo y Jesús Eguiguren es una grosería. Y eso es lo malo. Que Garzón, siempre inmerso en la política, abrió las puertas de la cárcel a Usabiaga para que éste se ocupara de su mamá, y Usabiaga de quien se está ocupando, y mucho, es del socialista Eguiguren, tan favorable al pacto humillante del Estado con la banda terrorista.

Me pongo en el papel del hijo, y no puedo estar de acuerdo con la actitud de Usabiaga. A una madre no se la puede abandonar así como así. Garzón sabía que Usabiaga se iba a pasar la presumible dependencia de su madre por el pitorro de la chapela, pero la militancia es la militancia, y Zapatero manda y yo obedezco. Pero para muchos, que aún creemos en el amor materno-filial, lo que está haciendo Usabiaga con su mamá no tiene perdón de Dios. No me siento decepcionado por el hecho de que existan conversaciones entre Batasuna y el Gobierno. Se veían venir. Es más, ni cuando estaban enterrando a las víctimas del atentado en la T-4 de Barajas, dejaron de cuchichearse. No me siento decepcionado con Eguiguren. Está en lo suyo y en lo que cree. No me siento decepcionado con Zapatero. El día que dijo que jamás volvería a intentar negociar con Batasuna y la ETA, supe que la negociación se mantenía. Es un mentiroso compulsivo. Y no me siento decepcionado con Garzón, porque ya no está, y decepcionarse con quien no está equivale a sentirse cohibido ante la nada. Pero sí me siento y reconozco decepcionado con Usabiaga por su falta de atención a su mamá. Y un bastante con el juez de la Audiencia Nacional que ha heredado la chapuza de Garzón y no ha ordenado todavía la detención y reingreso de Usabiaga en la cárcel, porque Usabiaga no está cumpliendo con el motivo que Garzón utilizó para regalarle la libertad.

Entiendo que si Usabiaga vuelve a la cárcel a cumplir lo que le queda de condena, Eguiguren se queda sin interlocutor y Zapatero con un palmo de narices. ¿Qué le importa a Zapatero un palmo de narices más? No obstante, la ciudadanía empieza a estar alerta, y no creo que acepte una nueva humillación ante los asesinos. Pero si consigue mantenerse en el poder unos meses más, humillación al canto. Insoportable.

La Razón - Opinión

¿A qué llaman sindicato?. Por Gabriel Albiac

Los sindicatos no son hoy más que un ministerio. Regido por quienes nunca trabajaron.

DE todas cuantas corrupciones componen la pésima comedia a la cual llamamos política, la más hiriente, la que más siervos nos hace, es la corrupción del lenguaje. Hablamos. Creemos estar enunciando evidencias. Y, en realidad, el lenguaje que nos ha sido impuesto se burla de nosotros. Cuando creemos hablar, somos hablados. Como pobres monigotes, cuyos labios un ventrílocuo perverso mueve a su placer y beneficio. Decimos palabras muertas. No; decimos turbias palabras que nos van matando sin saberlo.

Titular, ayer, en todos los periódicos: «los sindicatos convocarán la huelga general». Y cada uno de nosotros lo repite. Y hay que hacer un agotador esfuerzo para percibir el engaño, para decir lo elemental: que ese titular no significa nada. Salvo la áspera burla del ventrílocuo que mueve al monigote.

«Sindicato». ¿Qué dice la palabra «sindicato»? En literalidad: autoorganización obrera. O sea, asociación libre de individuos, a los cuales une su relación salarial. Para defender sus intereses de clase. Frente a un enemigo inconciliable: la patronal, sí; pero aún más el Estado, nudo en el cual todas las tramas de la dominación se cruzan. Nadie puede esperar que un enemigo mortal financie su existencia. El enemigo te mata, si tú no lo matas antes. La autofinanciación define al sindicalismo de clase desde su nacimiento en las Trade Unions inglesas del siglo XIX. Y el sindicato, organización de combate contra la burguesía y su Estado, sólo fue tal allá donde sus afiliados lograron alzarlo con el esfuerzo —tantas veces heroico— de sus miembros cotizantes. En la segunda mitad del siglo XIX y en el primer tercio del XX, cuando existieron sindicatos de verdad —esto es, autofinanciados—, a aquellas bandas de sinvergüenzas que cobraban de la patronal o del Estado se les daba nombre ominoso: esquiroles. Y se las combatía con la misma dureza con la cual ellas hacían el trabajo gangsteril que su sueldo pagaba.

¿De dónde vienen las finanzas hoy de los llamados sindicatos? Su porcentaje de afiliación es ridículo. Las cifras ingresadas por sus cotizantes, microscópicas. Pero los sindicatos mantienen a un ejército de cientos de miles de «liberados» del cruel trabajo. Pero los sindicatos son propietarios de edificios de valor muy calculable; con la única excepción, eso sí, de la CNT que, siendo la mayor propietaria de inmuebles antes de la guerra, no recibió un duro de compensación, como castigo a su pecado de no afiliación partidista. Pero los sindicatos manejan fondos públicos que el Estado pone a su disposición sin límite. Lo que es lo mismo, fondos públicos que salen de nuestros bolsillos. Los sindicatos, los grandes sindicatos al menos, no son hoy más que un ministerio. Regido por quienes nunca trabajaron. Sometidos a la ley del esquirol: ser fiel al amo que paga.

De la «huelga general», mejor no hablar demasiado. El término fue codificado por Rosa Luxemburgo, como estrategia revolucionaria alternativa a la dictadura partidista rusa. Precede a la insurrección. O bien, no es nada. Nada más que retórica. Irrisoria, en la voz altisonante de quienes viven a costa del Estado. Y, corrompiendo el lenguaje, se dicen sindicalistas para no ser corridos a gorrazos.

ABC - Opinión

Sindicatos. La huelga y el síndrome postvacacional. Por Pablo Molina

En julio no puede convocarse porque la selección puede ganar el mundial, en agosto los liberados sindicales están en el chalé de la playa y a principios de septiembre los esforzados paladines de la defensa del obrero están con el síndrome posvacacional.

Los sindicatos mayoritariamente minoritarios, teniendo en cuenta que el 90 por ciento de su clientela potencial rechaza sus servicios, han decidido convocar una huelga general que casi con toda seguridad tendrá lugar el próximo día 29 de septiembre, festividad de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.

Podrían haberla convocado en estos dos últimos años, cuando ya era evidente el desastre ocasionado por Rodríguez Zapatero, pero como las subvenciones fluían a buen ritmo hacia sus bolsillos y los subsidios del desempleo no parecían correr peligro, decidieron únicamente convocar una manifestación contra Esperanza Aguirre y los empresarios, aunque no es seguro que fuera del sindicalismo liberado se entendiera bien esta circunstancia.

Por otra parte, los medios de izquierdas ya habían dejado sentado que la culpa de la crisis era de Bush, Aznar, el Papa de Roma y el neoliberalismo salvaje, así que no era plan de culpar a Zapatero, que además ha estado siempre a este lado de la trinchera. Por si eso fuera poco hace un par de meses, en pleno fragor de la recesión, con cinco millones de parados y más de un millón de familias al borde de la indigencia, tuvimos la crisis de Baltasar Garzón, cuyo puesto de trabajo es, hasta el momento, el único que ha suscitado alguna preocupación en los representantes formales del proletariado.

Total, un lío del que ahora parecen haberse liberado, nunca mejor dicho, nuestros sindicalistas de nómina, dispuestos a echarse a la calle ante la amenaza de que la reforma laboral del Gobierno permita a los empresarios crear algún puesto de trabajo, delito de leso sindicalismo que ha de ser castigado en la calle con huelgas y piquetes "informativos" para que no se pierda la tradición.

La decisión de convocar la huelga a finales de septiembre no es más que otro ejemplo de coherencia del sindicalismo. En julio no puede convocarse porque la selección "del estado español" puede ganar el mundial de fútbol, en agosto los liberados sindicales están en el chalé de la playa y los primeros días de septiembre son peor momento aún, porque los esforzados paladines de la defensa del obrero están todos con el síndrome posvacacional y no es cuestión de que los sindicatos contribuyan al agravamiento de una enfermedad profesional.

Veintinueve días después de haberse incorporado a sus tareas sindicales es el plazo que calculan necesario para que los liberados se recuperen de las vacaciones. Son como la Preysler, que se iba de vacaciones para descansar de las vacaciones inmediatamente anteriores pero con una diferencia: la filipina lo hacía con su dinero. Con el de sus maridos, me refiero, pero en todo caso sin meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes. Yogui y Bubu no pueden decir lo mismo y, además, seguro que en las páginas del Hola quedarían fatal.

Libertad Digital - Opinión