Samaranch y la memoria. Por Hermann Tertsch

ENTERNECÍA ayer el zapear por las cadenas amigas de la secta socialista del Gobierno en las que dominaban por completo la información dos cuestiones principales. No eran otras, por supuesto, que la muerte de ese gran español, siempre hábil e inteligente, que fue José Antonio Samaranch, y por otro lado el debate parlamentario habido por la mañana, tumultuoso y agresivo.

Los panegíricos -discursos o composiciones poéticas de tono solemne en los que se alaba a una persona de gran relevancia, como un héroe, un santo o un poderoso (diccionario de la lengua)- por Samaranch no tenían fin. Héroe, santo o poderoso o las tres cosas a la vez ha sido para nacionalistas y socialistas este español longevo que ha tenido una vida completa, consumada y feliz siempre arrullado por la suerte, el bienestar, sus habilidades y por el poder. Ha tenido este hombre sin duda extraordinario una existencia que ha sido un lujo. Descanse en paz. Sus méritos a favor de España, desde su embajada en Rusia a traer los Juegos Olímpicos a su ciudad natal Barcelona, están siendo recordados sin cesar y con mucha razón.

Pocos, sin embargo, entre los generadores de loas a pleno rendimiento nos hablan del Samaranch como alto cargo de la Falange Española y de las JONS. También entonces él pensaba que servía a España con Franco, como después sirvió tan bien al socialista Pascual Maragall a transformar y modernizar totalmente la ciudad de Barcelona gracias a las Olimpiadas. Entre 1955 y 1962 fue concejal de Deportes en Barcelona, y de 1966 a 1970, delegado nacional de Educación Física y Deportes, en plena dictadura franquista, de cuya elite fue un miembro destacado en Cataluña. Asimismo, fue procurador en Cortes de 1967 a 1977 y presidió la Diputación de Barcelona entre 1973 y 1977, hasta su nombramiento como embajador en la Unión Soviética. Es decir, que con ese pasado parece un terrible despiste del juez Baltasar Garzón que no lo pusiera en su famosa lista cuando era obvio que Samaranch vivía mientras todos los demás buscados estaban ya en el más allá.

Curioso lo olvidadizos que son los de la memoria histórica cuando les conviene. Y qué bonita ironía que mientras todos los medios socialistas ensalzaban a este falangista de postín durante la dictadura, el vicepresidente del PSOE arremetía contra el Partido Popular en el Parlamento por «apoyar a la Falange» en el caso de la prevaricación aún presunta y múltiple contra el juez Garzón. Ese juez cuyos defensores no hacen sino repetir por todo el mundo la mentira de que es juzgado por antifranquista o adalid en defensa de las víctimas de la guerra civil, y no por prevaricación y por sospechas de complicidad pecuniaria con algunos encausados a los que salvó él del juicio. Curioso país este donde las instituciones gubernamentales hacen causa común con un juez encausado y lanzan una campaña de difamación contra los jueces de los más altos tribunales del Estado. Resulta que la Falange de hoy, que serán cuatro gatos, supongo, pero al fin y al cabo ciudadanos como todos los demás y sus mismos derechos, no pueden pedir justicia a secas. ¿Se les quiere privar de los derechos por lo que piensan? ¿Con lo exquisitos que somos en los derechos de los etarras y asesinos de menores? Grotesco este país donde el presidente del Congreso, el gran mago inmobiliario, retrasa un acto para mostrar su entusiasta solidaridad con un juez inculpado en tres casos que además llega tarde a las citas. Igual que llega tan tarde a ver tantos papeles pendientes que a veces se le van de rositas unos narcotraficantes. Por supuesto, Bono fue el primero en hacer una apología incontinente de la figura de Samaranch. En fin, señores, quede claro que mi respeto por el señor Samaranch y su trayectoria es máximo. Como lo es por tantos hombres y mujeres que lograron desde dentro y fuera del pasado régimen una transición pacífica a la democracia. Pero tiene gracia que aquellos que ahora agitan el fantasma de la Falange cuando no es nada se olviden o oculten que Samaranch fue mucho en la Falange cuando ésta lo era todo.

ABC- Opinión

España, la hermana pobre de Grecia. Por Juan Ramón Rallo

¿Por qué ZP presta a Grecia al 5% cuando puede hacerlo a Alemania al 3%? ¿Ha colocado también su propio dinero en deuda griega? ¿Por qué entonces obliga a los españoles a que dilapiden el suyo en las turbias finanzas helenas con recochineo de por medio?

Si uno no tomara ya a Zapatero por el pito del sereno, por una persona que sólo sabe intercalar mentiras y disparates en sus discursos, el hecho, entre grotesco y ridículo, de que el presidente del Gobierno de España afirme que debemos dejar de comparar a España con Grecia para no perjudicar al país heleno, sería para expatriar inmediatamente capitales.

Sin embargo, por fortuna sabemos que nuestra economía no está tan mal como la de Grecia, aunque un par de años más de Zapatero al frente del Ejecutivo podrían acercarnos al temido escenario. Porque sí, Grecia tiene una deuda pública que asciende a más del doble de la española, pero España tiene una deuda privada que es más del doble de la de Grecia.

En agregado, nuestra economía muestra un apalancamiento mayor que el de Grecia, sólo nos salva que el sector privado tiende a poseer una disciplina sustancialmente superior a la del público. En Grecia es el Estado quien tiene riesgo de quiebra y éste sigue gastando muy por encima de lo que tiene y puede llegar a tener en los próximos 20 años; en España es el sector privado quien atraviesa dificultades y, mal que bien, está tratando de solventarlos mediante crecientes niveles de ahorro destinados a desapalancarse y adquirir algo de solvencia.

Es por esto que la herencia económica que Zapatero está legando a los españoles sí podría llegar a asustar a los griegos: el eslabón débil de nuestra economía –familias, empresas y bancos– se ve subyugado por regulaciones absurdas que le impiden reajustarse y recuperar competitividad y, para más inri, el Estado no ceja de endeudarse a ritmos históricos, arramblando con un ahorro privado que podría haber ido dirigido a financiar proyectos empresariales o a reducir aún más el endeudamiento, y a subirles los impuestos a todos aquellos que todavía siguen realizando alguna actividad productiva en el mercado (ya sea consumir, invertir, buscar y encontrar un trabajo...).

Tan absurda es la política presupuestaria del Ejecutivo que se concede el lujo no sólo de contribuir al rescate de Grecia, sino de vanagloriarse de que ganaremos dinero con la operación. Por supuesto, todos los gobiernos europeos entran en el plan de rescate como un cordero en el matadero porque van a forrarse con la operación. Del mismo modo, los mercados financieros deben de estar exigiéndole a Grecia un tipo de interés que casi duplica aquel con el que se contenta Zapatero porque no saben del tema: sólo nuestro Gobierno tiene la visión suficiente para comprender el muy lucrativo negocio que supone prestarle al 5% a un país casi quebrado. Desde luego, ZP ni ha leído ni ha oído hablar del padre de la inversión, Benjamin Graham, quien en su gran obra Security Analysis sentenciaba:

Dado que los bonos son una inversión con un rendimiento limitado, nuestro objetivo principal debería ser el de evitar perder dinero: la selección de qué deuda adquirir es esencialmente un arte negativo. Es el proceso de excluir y rechazar más que el de buscar y aceptar.

Si hiciéramos caso a Graham (y deberíamos) podríamos plantearnos unas graciosas preguntas. ¿Está diciendo Zapatero que ha elegido juiciosamente invertir en deuda pública griega después de un proceso de purga de las alternativas inferiores? ¿Acaso ha intentado minimizar las posibles pérdidas de capital? ¿Por qué entonces presta a Grecia al 5% cuando puede prestar a Alemania a valores cercanos al 3%? ¿Ha colocado también su dinero, el de su mujer y el de sus hijas en deuda griega? ¿Por qué en ese caso obliga a los españoles a que dilapiden el suyo en las turbias finanzas helenas con recochineo de por medio?

Por supuesto que Zapatero no habrá puesto ni un euro de su bolsillo para "especular" en deuda griega, aunque me barrunto que tampoco lo habrá hecho con deuda pública española. Tal vez porque espera seguir gobernando y, en tal caso, incluso la griega podría ser un mejor refugio.

Libertad Digital - Opinión

Pacto de perdón y no de olvido. Por Valentí Puig

¿QUIÉN no anda harto de ver representado el pasado de la España moderna como una cuestión de buenos y malos, de vencedores y vencidos?

Editoriales publicadas por «The New York Times» y el «Financial Times» en defensa del juez Garzón son ilustrativos de un nuevo desentendimiento respecto al proceso que llevó a España del régimen autoritario de Franco a la plena democracia. Es complementario que, durante años, baluartes de la buena información como la BBC se negasen a presentar a ETA como un grupo terrorista.

Lo que se colige de las críticas de medios internacionales al encausamiento de Baltasar Garzón es que una España todavía secuestrada por los demonios del franquismo ha querido negar su más negro pasado y que finalmente ha aparecido un juez con la misión de rescatar del olvido a las víctimas. Pintoresca suposición: la Historia escrita desde los años sesenta para acá sería una manipulación del régimen franquista, como si desde entonces no se hubiese investigado todo lo que había por investigar. Es más: podría decirse que en los años intensos de la Transición la mayor parte de la historia publicada tuvo un tono más antifranquista que pro franquista.

El consenso constitucional de 1978 fue un pacto para la concordia y el perdón, no para la desmemoria o el olvido. A nadie se le pidió que encerrase en el armario los cadáveres de la guerra civil, ni que dejase de honrar la memoria de sus muertos en aquella infausta catástrofe civil. Podrá argüirse que desde la posición de vencedor el franquismo enalteció a sus muertos mientras que los muertos de la República permanecían en el más trágico de los limbos. Y también es cierto que para los muertos en zona republicana, ya muertos, la soledad era la misma, y el desconsuelo de las familias también. Ni los mayores agasajos hubiesen podido resucitar a aquellas víctimas de la intolerancia y, en no pocos casos, de la represión religiosa. Todo eso quedó entendido casi a la perfección. Fue metabolizado. Se promulgaron las leyes de amnistía y una mayoría abrumadora votó a favor de la Ley para la Reforma Política. Las Cortes franquistas se autodisolvieron. Lo comprendieron muy bien los viejos exiliados cuando regresaron a la muerte de Franco y dieron su respaldo a la Corona y a la reconciliación.

En ejercicio de su soberanía y de su experiencia intransferible de la Historia, cada país tiene derecho a cerrar sus heridas como cree más adecuado y toda familia tiene el derecho inalienable a honrar y enterrar a sus muertos. En verdad, el modelo de Transición española inspiró otros procesos similares. Fue analizada como transcurso histórico-político sólido y efectivo. Y es ahora, con Zapatero en el poder, cuando la prensa internacional vuelve a confundir la concordia con el olvido.

¿Cambio generacional en los despachos del editorialismo? Sobre todo, irresponsabilidad del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Él ha alimentado unas percepciones tan desviadas, a costa de polarizar y dividir. Pudiendo hacerlo, el PSOE no se ha negado a retroalimentar el maniqueísmo de Garzón. ¿Es postulable que se deba a un simple desconocimiento de la Historia o a una revisión heroica en la que sólo la izquierda tiene derecho a ostentar la legitimidad moral de la vivencia colectiva? Para sus críticos más frontales, se trata de una manipulación elemental sin mayor horizonte que el electoralista. Como sea, lo más grave es que la Transición democrática, antes considerada mundialmente como paradigma de concordia, se reformule como otra impostura de Caín.

ABC - Opinión

Nunca se está demasiado frustrada. Por Cristina Losada

La gran oferta de la izquierda posmoderna a los insatisfechos de las sociedades prósperas consiste en una serie de actitudes que permiten despersonalizar el fracaso y esconder, cuando llega, el triunfo. Demasiado burgués, el éxito.

Los cronistas de sociedad sitúan en los años sesenta el origen de un dicho según el cual "una mujer nunca está lo suficientemente delgada ni es lo suficientemente rica". Lo atribuyen unos a la americana Wallis Simpson, por la que abdicaría Eduardo VIII y otros a diversas celebridades (femeninas) de la época. He recordado la frase tras conocer de las íntimas tribulaciones de la esposa del presidente del Gobierno, que sus amigas han divulgado, previa autorización, en una revista. Sonsoles Espinosa está descontenta con la vida que lleva, pobrecita. A primera vista, semeja un argumento del serial clásico "los ricos también lloran". Pero no. Pertenece a la típica telenovela progresista.

Es hoy un rasgo común que exhiban su descontento quienes lo tienen todo para estar satisfechos. No constituye una actitud política, pero cierta política se nutre de ese indefinido malestar, ese ennui vital que afecta más, como siempre, a los que figuran arriba. Los de abajo suelen andar entretenidos. Han de buscarse la vida, mientras quienes la tienen se aburren y lamentan.

Así, Espinosa, que se siente "enjaulada" en La Moncloa, como un pajarillo que no puede volar a su aire salvo cuando pasea por los bulevares de París o por Barcelona. Unas excursiones a la libertad que ya quisieran permitirse otras. Y otros. Lo cual aclara una parte. Cuando se es una privilegiada por la fortuna (en este caso, del marido) y, al tiempo, progresista, hay que compensar. Digamos: "No me falta de ná, pero no os podéis imaginar qué mal lo paso".

Aquella descarada frivolidad sesentera de las señoras no es políticamente correcta. Ahora ha de quedar claro que nunca se está lo bastante frustrada. Son numerosísimos quienes, como Espinosa, se sienten prisioneros. Lo están de sus propias vidas, de sí mismos, pero ahí viene en su rescate la noción de que se hallan cautivos de algo superior e incontrolable: "el sistema". La gran oferta de la izquierda posmoderna a los insatisfechos de las sociedades prósperas consiste en una serie de actitudes que permiten despersonalizar el fracaso y esconder, cuando llega, el triunfo. Demasiado burgués, el éxito.

No falta la pincelada "feminista" en el retrato de Espinosa vista por sus amigas. Hay que celebrar, parece, que no abandonara su profesión en razón del cargo de su marido. Vaya mérito, cuando te lo dan todo hecho.

Libertad Digital - Opinión

Trotes de izquierda. Por M. Martín Ferrand

SEGÚN tiene acuñado la sabiduría popular, cuando el diablo nada tiene que hacer, mata moscas con el rabo. Lo del socialismo, cuando se instala en el poder, es mucho peor.

Para no hacer lo que debiera, lo que predican sus programas electorales y exigen los ciudadanos, espanta esas moscas. Ni tan siquiera las fulmina. Véase para comprobarlo el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en la que, en exhibición del más caduco progresismo, la dirección general de Bienes Culturales del Gobierno autónomo censa 1.425 piezas de la colección de arte de Cayetana Fitz James Stuart y prohíbe su salida del territorio andaluz.

El Palacio de las Dueñas, la residencia sevillana de la Duquesa de Alba, es, desde finales del XV, uno de los edificios más notables de la ciudad. En él se albergan auténticas joyas de la pintura, la escultura, la orfebrería, la cerámica... que el Ducado ha ido acumulando, y conservando, a lo largo de los siglos. No parece que, dado el sevillanismo activo de la actual duquesa, entre en sus planes meterlo todo ello en un capitoné -o en unas cuantas docenas de ellos- y mandarse mudar a cualquiera de sus otros palacios repartidos por España, el de Liria entre ellos, y menos aún llevárselos al extranjero.

El hoy vicepresidente tercero e ignoto del Gobierno, Manuel Chaves, y su inseparable y follonero Gaspar Zarrías hicieron durante sus muchos y estériles años de gobierno en Andalucía mucho socialismo de salón, demasiadas posturitas ante el espejo de la opinión pública, para dar testimonio de un socialismo progresista que está, únicamente, en sus enunciados. Su heredero, el más modoso e igualmente fervoroso José Antonio Griñán, no podía ser menos y ha «congelado» los bienes -parte de ellos- de una tradicional, nobilísima y honorable familia española. Le ha limitado a la duquesa de Alba la libre circulación de sus bienes, incluso por el territorio nacional. Eso atufa a anticonstitucional; pero, más y primero, parece una actuación de cara a la galería de quienes, en nombre de una impostura social, tienen que demostrar un izquierdismo que sólo se ve en los gestos, no en la conducta. Algo parecido al trote revolucionario que ha llevado a Gaspar Llamazares y a Juan Herrera a presentar una proposición de ley para reformar la Ley de Amnistía de 1977, una de las claves de la Transición. ¿Es posible otra izquierda en el ámbito geopolítico en el que nos movemos?

ABC - Opinión

A vueltas con el velo islámico, ración doble de ‘hipogresía’. Por (Federico Quevedo

Cada cierto tiempo a algún imán fundamentalista se le ocurre la feliz idea de lanzar un desafío a las autoridades educativas españolas y poner a prueba nuestra capacidad de autodefensa y la firmeza en nuestras convicciones.

Lo hace escogiendo como conejillo de indias a alguna niña que seguramente asistía feliz y contenta a su clase con el resto de sus compañeros, ajena a un conflicto socio-político-religioso que tiene mucho de provocación y muy poco de respeto a la libertad, por un lado, y a las normas y costumbres del país de acogida, por otro. Cada cierto tiempo, por tanto, hecho el desafío, la niña en cuestión pasa a convertirse de una alumna más en una especie de kamikaze pero sin bombas, e inmola su propia adaptación a un entorno no fácil para ellos, en nombre de Alá y de Mahoma, su profeta. Se autodestruye. Se aísla. Se fagocita obligada a ello por una religión en la que la mujer es considerada un ser inferior al hombre y se convierte en un instrumento manipulado por el fanatismo religioso y la malicia con la que actúan algunos de los líderes islamistas. Cada cierto tiempo se reabre este debate en nuestro ya de por sí moralmente reblandecido parlamento político y mediático, y asistimos a uno de esos ejercicios obscenos de demagogia barata, vomitivo populismo y retorcida hipocresía a manos de la progresía de siempre.

Dejemos claro que esto no ocurriría si hubiera una ley general, de aplicación en todo el territorio nacional, que por una cuestión de higiene y de costumbre prohibiera el uso de cualquier elemento que tape la cabeza de los chavales -con excepción hecha de las prescripciones médicas-, sea este el hiyab o una gorra de Los Ángeles Lakers, y exigiera una vestimenta adecuada a nuestro modelo educativo, que no es otra que aquella que permita al alumno cumplir con todas sus obligaciones escolares, tanto intelectuales, como físicas, de tal modo que la vestimenta no pueda servir de excusa para que las alumnas musulmanas se salten a la torera la asignatura de Educación Física. Y ya está. Ni siquiera haría falta un debate sobre cuestiones religiosas ni nada parecido. Este es, supuestamente, un país libre en el que si alguien quiere llevar una cruz colgada del pecho puede hacerlo, y si prefiere adornar su pechera con una media luna, también. Nadie tiene por qué decirle nada, como tampoco decimos nada cuando vemos caminando por nuestras calles a mujeres musulmanas tocadas con el hiyab. Sin embargo, es en este punto donde el debate cobra otra dimensión, y merece la pena desmontar algunos tópicos falsos de esos que la izquierda utiliza habitualmente para justificar su defensa de la indumentaria musulmana al tiempo que ataca las costumbres y valores que la tradición cristiana ha dejado en nuestro país.

El martes, sin ir más lejos, escuchaba a algún tertuliano en la radio comparar el uso del velo islámico con el hecho de que en España haya todavía monjas de clausura que visten como tales y utilizan instrumentos dolorosos de sacrificio corporal, sin que sus compañeros de micrófono fueran capaces de rebatirle semejante barbaridad. Odiosa comparación, y nada más lejos de tal demagogia que la igualación de una monja que ha elegido libremente su camino de entrega con la imposición por ley islámica a la mujer de una determinada manera de vestir, que en los países árabes más moderados se traduce en el hiyab, pero que en los más fundamentalistas llega al extremo del burka. Tanto uno como otro son una forma de humillación de la mujer, y eso no ocurre en ningún caso con la dedicación cristiana de una mujer a Dios. El hábito de las monjas no es un símbolo de dominación ni una manera de expresar la inferioridad de la mujer respecto al hombre, sino simplemente un reconocimiento de libre entrega que en unos casos se traduce en un ejercicio constante de oración y en otros en una dedicación sin par a los demás, bien a través de la educación, bien a través de la atención en hospitales, o bien a través del cuidado de los más pobres y desfavorecidos. Comparar eso con el uso del velo islámico es, sinceramente, una colosal estupidez.

Sin embargo, desde la izquierda se utiliza este debate para forzar otro más al gusto del relativismo progresista que nos invade: el de la libertad religiosa, como si en este país no hubiera. Lo cierto es que consumidos por su relativismo, la progresía patria se debate entre dos posturas: la de defensa de los derechos de los musulmanes como revancha por lo que consideran siglos de dominación cristiana, y la de rechazo absoluto a cualquier simbología religiosa lo que, de hecho, supone poner en tela de juicio los sentimientos de la mayoría social del país. Es decir, en ambos casos el debate sobre el hiyab se acaba convirtiendo en un debate sobre los crucifijos en las escuelas, que es lo que más les ‘mola’ a los progres de puertas para adentro. Eso sí, ninguno de ellos protesta porque en Marruecos se expulse de las escuelas a alumnos cristianos por llevar una medalla de la Virgen colgada del cuello. O porque el cristianismo esté perseguido en un país aparentemente civilizado como Egipto, hasta provocar la muerte de quien lo practique. O porque en ningún país musulmán se permita la construcción de templos cristianos para el culto. O porque en esos países se someta a la mujer a los deseos del hombre y los homosexuales sean considerados enfermos merecedores de penas de cárcel en unos casos, y de la muerte en otros. No, eso les queda muy lejos y no sirve para alimentar el revanchismo de la izquierda radical, ¿verdad, señor Rodríguez?

El Confidencial

Samaranch. Por José García Domínguez

Concedidos los Juegos, supremo capital político que podría exhibir el PSC, el ya absuelto Samaranch pasó a ser admitido como "un dels nostres". Asunto que en Cataluña nunca resulta baladí.

Ese viejo sabio, escéptico y burlón, el Destino, ha querido que el posado miliciano de Pasqual Maragall en las trincheras del "¡No pasarán!" coincidiese con el tránsito de la sempiterna cara –amable– del Régimen en Cataluña, Juan Antonio Samaranch; el hombre que luciera en vida la camisa azul mahón mejor planchada y almidonada de la historia toda de Barcelona, a pesar de que jamás fue falangista o quizá por ello mismo. Algo que, lejos de granjearle un juicio popular sumarísimo, suscitó estas líneas del propio Maragall tras su cese en el Comité Olímpico: "Hoy Samaranch se despide como presidente del COI. Y parece que cuando un personaje marcha se debe ser blando con él. Yo creo que se tiene que ser exigente. Agradecerle los servicios prestados, pero sobre todo los que prestará. Y es que no podemos prescindir de Juan Antonio". Pues de Juan Antonio nunca más habría de desentenderse el nuevo establishment local, una vez pronunciadas aquellas cinco palabras que borraron de un plumazo todos sus pecados pretéritos: "À la ville de... Barcelona".

Así, concedidos los Juegos, supremo capital político que podría exhibir el PSC, el ya absuelto Samaranch pasó a ser admitido como "un dels nostres". Asunto que en Cataluña nunca resulta baladí. Que se lo pregunten, si no, a Arcadi Espada y a Jaume Boix, quienes justo entonces comenzarían a recibir los desinteresados consejos del ciego Durán, el mismo que luego fichó Albert Ribera como candidato a las Europeas. El deporte del poder, la biografía no autorizada del Marqués que preparaban al alimón, según el ex presidente de la ONCE, no convenía que fuese publicada. Y se lo hizo saber a los interesados por activa, pasiva y perifrástica. Hasta que, azares de la vida, Espada y Boix se vieron despedidos al súbito modo de sus respectivos empleos en Diario de Barcelona con el libro casi en galeradas. Cosas del Oasis.

Junto a Bisbis Salisachs, esposa a la que tanto debería su carrera, siempre representó Samaranch el contrapunto formal a la adusta aridez del franquismo mesetario. Ellos dos serían el mascarón de proa de una alegre droite divine presta a disputar las mejores mesas de los restaurantes de la Costa Brava a los pijos –y las pijas– de la gauche ídem, la peripatética tropa de Rosa Regàs y Cía. Un audaz aggiornamento de los hábitos civiles que, a la postre, acabaría costándole el cargo de delegado nacional de Deportes, al escandalizar al pío Torcuato Fernández Miranda, ministro por entonces de la cosa del Movimiento. Igual que mucho antes, en 1955, ocurriera con monseñor Modrego, célebre obispo de Barcelona, que rehusó casar a la pareja por mor de ciertas declaraciones de la novia a La Vanguardia, que luego glosaría el mentado Espada:

—¿Serás una esposa sumisa?
—No, ni habrá motivo.
—¿Sabes lo que dice la epístola de San Pablo?
—Que la mujer debe sumisión al marido, pero fue escrita hace tanto tiempo...

Por lo demás, contaron con él todos: los de antes, los de después, los de dentro y los de fuera. Y, quizá, su mejor elogio fúnebre lo compuso en tiempos el mismo Maragall al sentenciar, solemne: "La franqueza con que ha defendido su pasado y el pasado político de España nos dice que estamos delante de un personaje que tiene el valor de sus actos". Que la tierra le sea propicia.

Libertad Digital - Opinión

El señor de los anillos. Por Ignacio Camacho

POCAS personalidades de la vida pública española han transitado de la dictadura a la democracia con la naturalidad y el prestigio con que supo hacerlo Juan Antonio Samaranch, el Papa olímpico.

Desde la plataforma teóricamente neutral del deporte supo construir una estructura de poder y de influencia que lo mantuvo a salvo de las vicisitudes de la política. Tuvo vara alta en el franquismo y fue prócer -y noble- en la monarquía. Simpatizó con el nacionalismo sin perder anclaje en la españolidad. Logró obtener el apoyo de los soviéticos, de los norteamericanos y hasta de los chinos; cerró la Guerra Fría con un lustro de antelación y detectó la progresiva fuerza de los países emergentes. Tejía con sutileza y perspicacia redes diplomáticas transversales que le permitían cruzar las líneas rojas de un mundo en conflicto. Hermético y glacial, manejaba los resortes del soft power, el poder blando, con una autoridad invisible; durante décadas fue el español con más ascendiente internacional. Y nunca dejó de hacer país. Primero saldó con Barcelona la deuda moral que latía en su corazón catalán; más tarde, incluso cuando ya sabía que su influjo en el sanedrín olímpico era testimonial por haber perdido la capacidad de otorgar favores, intentó presentar la candidatura de Madrid como un último homenaje casi póstumo a su persona.

El gran activo de Samaranch fue su apuesta pionera por el deporte como generador de negocio. Lobbys, marcas, patrocinios, marketing. Su impulso de profesionalización reactivó el olimpismo y lo proyectó como un ámbito de enorme relevancia y una potente actividad transformadora. Fue él quien convirtió los Juegos en una formidable máquina de dinero a través de los derechos de televisión, y quien los consolidó como factor de regeneración urbana. Desde el CIO urdió una malla planetaria de intereses cruzados en cuyos entresijos se movía con una habilidad superdotada. Era un político al que se le quedaba estrecha la política; una de esas mentalidades de la modernidad capaces de comprender a tiempo y antes que los demás que el verdadero poder no está en los juegos de representación sino en el control de los mecanismos de influencia.

Fue un pontífice laico que dirigía desde una suite de Lausana los hilos de la nueva religión del deporte. Sólo se le escapaba el fútbol, una iglesia paralela y cismática en permanente tensión con el movimiento olímpico. Primero equilibró el pulso y luego lo ganó. Cuando él llegó a la cúpula del CIO las Olimpíadas eran casi un apéndice del rutilante carrusel futbolero; cuando se fue, erosionado por una corrupción que no pudo limpiar, había tortas por organizarlas porque su rentabilidad económica y social era mucho más rápida, notoria e intensa que la de los Mundiales. Como deportista apenas hizo nada relevante; siempre supo que el verdadero triunfo no consiste en ganar medallas, sino en entregarlas.

ABC- Opinión

Tajo de muerte al Estatuto

Aunque el respaldo a los trasvases había sido tradicionalmente una seña de identidad del PP y una prueba de su compromiso con la unidad, solidaridad y vertebración de España, Rajoy se había olvidado totalmente de ello en estos últimos tiempos.

La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha se ha "ahogado" a su paso por el Congreso, donde llegó hace 24 meses. Y decimos "ahogado" porque han sido precisamente las competencias en materia hídrica de las que se apropiaba el texto aprobado en las cortes regionales, y la "reserva" de 4.000 metros cúbicos que fijaba su preámbulo, la causa fundamental de que el PSOE y el PP no hayan llegado finalmente a un acuerdo.

En principio, es una buena noticia que el PP nacional, al igual que UPyD, no haya dado finalmente su apoyo a un texto que, como el que nos ocupa, no sólo se arrogaba competencias que la Constitución reserva en exclusiva al Estado, sino que suponía una derogación de facto del trasvase Tajo-Segura al establecer una eufemística "reserva" de los caudales del Tajo de tal cuantía que prácticamente duplican los que la comunidad castellano-manchega almacena en los años más lluviosos y excedentarios.

Aunque el respaldo a los trasvases había sido tradicionalmente una seña de identidad del PP y una prueba de su compromiso con la unidad, solidaridad y vertebración de España, Rajoy parecía haberlo olvidado en los últimos tiempos, al dar rienda suelta –valga la expresión– a una María Dolores de Cospedal que, dando prioridad a su condición de presidenta del PP castellano-manchego sobre su condición de secretaria general del partido a nivel nacional, parecía querer competir con el PSOE en una cateta visión de las autonomías, propia de los reinos de Taifas.

Ahora, bien sea debido a que Rajoy ha recuperado una visión nacional, acorde tanto a los principios de su partido como a la Constitución, bien sea porque haya recordado los compromisos que en favor de los transvases había adquirido ante los votantes, en general, y ante los presidentes de las comunidades de Murcia y Valencia, muy en particular, el hecho es que parece haber abortado una reforma estatutaria que no sólo pretendía burlar la Constitución en este terreno sino que abocaba al partido a una gravísima ruptura interna.

No obstante, aun es pronto para echar las campanas al vuelo. Y lo decimos porque la fórmula con la que ayer por la tarde el PP trataba de buscar el acuerdo con el PSOE para sacar adelante la reforma del estatuto –esto es, cambiar el concepto de "reserva" por en una "estimación", a modo de "deseo"–, sólo venía a pulir lo que es un grave error de base. Especialmente cuando comparamos esta tímida rectificación con la muy articulada política nacional de aguas que estaba entre las señas de identidad del PP. Recordemos que el Partido Popular había aprobado un Plan Hidrológico Nacional que de haber seguido gobernando a partir de 2004 se habría aplicado más allá de los absurdos sentimientos regionalistas. No sabemos si Rajoy se ha decidido a regresar a estos fructíferos principios o más bien piensa, como de costumbre, seguir en su característica indefinición.

Si una minuciosa y excesiva regulación en cualquier texto legislativo ya es de por sí criticable, la intromisión de un estatuto, aunque sea a modo de "estimación" o "deseo", en competencias que corresponden al Estado, resulta más lamentable. Lo que se debe buscar en un estatuto son normas, lo más claras y menos numerosas posibles, acordes todas ellas a la ley suprema que es la Constitución. Pretender, por el contrario, que los estatutos sean una especie de programas de Gobierno –para colmo sumamente intervencionistas– es convertirlos en mamotretos políticos que, lejos de limitarse a señalar claramente a lo que deben atenerse las comunidades autónomas, parecen invitarles a inmiscuirse en cosas tan ridículas como el folclore o, por no salirnos del tema, la regulación de los caudales de los ríos que las atraviesan.

Dejando al margen que ninguno de los problemas que padecen los ciudadanos de Castilla-La Mancha se debe precisamente a la falta de una reforma de su estatuto de autonomía, esperemos que el PP no vuelva a competir con el PSOE en falta de sentido común y en esa deriva disgregadora que, a modo de nuevos reinos de Taifas, está padeciendo España.

Libertad Digital - Editorial

Discordia autonómica

DE nuevo, una reforma estatutaria ha provocado un enfrentamiento entre partidos y comunidades.

La comisión Constitucional del Congreso no pudo hacer fructificar el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha porque el Ejecutivo autonómico lo retiró a la vista de la falta de apoyo del PP. La causa del desencuentro ha sido la referencia a una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos, que condicionaba el trasvase Tajo-Segura, con el que se abastecen 2,5 millones de personas y decenas de miles de regantes de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Como sucediera con otras reformas de estatutos autonómicos, los sentimientos -todos legítimos, pero parciales- se han sobrepuesto a las razones políticas y la gran víctima ha sido otra vez el interés nacional. No es razonable que en España las comunidades autónomas, las provincias, las ciudades y los ciudadanos se enfrenten por un bien común, como es el agua, porque esto significa que no hay plena conciencia de que todos se integran en una instancia superior regida por la solidaridad y la unidad.

Cuando se apela al sentimentalismo como método de hacer política, el victimismo y los agravios comparativos acaban convertidos en los argumentos de partidos y gobiernos, garantizando el fracaso de cualquier iniciativa que se plantee con esos términos. A esta situación se ha llegado incluso en la polémica entre comunidades autónomas donde no hay demandas nacionalistas, lo que hace más incomprensible aún la rigidez de planteamientos localistas.

Este es el resultado de una cadena de reformas que se puso en marcha principalmente para dar coartada a la del Estatuto de Cataluña, empujando a los gobiernos autonómicos a una carrera de reivindicaciones para no ser unos menos que otros, y debilitando los discursos nacionales de los principales partidos. El balance de esta política autonómica de Rodríguez Zapatero no puede ser más negativo para España, porque la ha sumido en la mayor tensión territorial conocida en democracia; precisamente una política que se anunció como el antídoto a las tensiones provocadas, cómo no, por los gobiernos de Aznar. Es urgente una recuperación del sentido nacional que debería presidir cualquier decisión sobre el Estado autonómico, especialmente ahora que el Tribunal Constitucional se dispone a dictaminar negativamente sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, banco de pruebas con el que Rodríguez Zapatero experimentó, con nula responsabilidad y peores resultados, su revisionismo constitucional.

ABC - Editorial

La impostura, en el manual de la clase política. Por Antonio Casado

Mentirosos. Como los actores. Con una diferencia: en el teatro la impostura es la excelencia.

El buen actor es el que mejor nos engaña sobre el escenario al ponerse el disfraz de otro. Es decir, al representar personalidades o conductas ajenas. En el político, sin embargo, la impostura es un fraude al público soberano que paga su entrada no para celebrar la farsa, como en las comedias, sino para que le digan la verdad. Aún así, siempre habrá gente dispuesta a retribuir la habilidad para el engaño de algunos políticos al uso. “Es un profesional”, se dice del que sabe aprovechar la postura del abrazo para asestar la puñalada, o del que recurre a palabras mayores para lograr objetivos menores.

Demasiados profesionales en la nómina política nacional. Empezando por Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, el titular y el aspirante, que compiten en reverencias a un averiadísimo Tribunal Constitucional. Sólo pretenden frenar la espantada de los cuatro magistrados que agotaron su mandato hace casi dos años y medio. Pero no tienen la gallardía de admitir que ninguno de los dos, ni el Gobierno ni el PP, quieren sentencia antes de las elecciones catalanas del otoño que viene por no darle hecha la campaña a los nacionalistas.

Ni sentencia ni renovación del Tribunal. No les interesa a ninguno de los dos. Sin embargo, han de disimularlo con apelaciones al respeto de la institución y a la legitimidad del mandato de sus miembros, aunque hayan agotado con creces los nueve años convenidos en el ordenamiento constitucional. Eso carece de importancia. Importan los votos y el mapa del poder que alumbren las elecciones catalanas, no la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Estatut decidida por un Tribunal que, diga lo que diga en su sentencia, ésta saldrá con muchos defectos de fábrica. Y para eso no tienen ninguna prisa. Ni el PSOE ni el PP. Pero lo disimulan y nos toman el pelo.

Más de lo mismo si miramos hacia el caso Garzón. En este caso, la impostura se perpetra bajo las togas cardenalicias de la Magistratura, inmediatamente jaleada por los muchos enemigos del juez que posaba demasiado (copyright Rigalt). Se molestan algunos porque tiende a relacionarse la presunta prevaricación que le imputa el Tribunal Supremo, en la más ruidosa de las tres causas abiertas por el mismo motivo contra el juez, con su empeño de perseguir penalmente al franquismo. Eso no responde a la verdad, replican. E inmediatamente te explican que a Garzón se le está juzgando no por depurar viejos delitos, no porque los que le tienen ganas quieran darle un escarmiento, sino por burlarse de la ley o forzarla conscientemente, al margen del contenido material de la investigación que estaba instruyendo respecto a los crímenes franquistas.

El procedimiento como excusa. Eso si que es burlarse de las leyes y, sobre todo, del sentido común del común de los mortales. Lo último es lo de Navarra, donde el Gobierno de la Comunidad anuncia un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Aborto ¿En defensa de la vida? ¿Porque los navarros no quieren ser cómplices de asesinato? No, sino porque el Gobierno central ha invadido competencias del gobierno autonómico de Navarra. En vez de decir las cosas por derecho, hay que ponerse la careta. Continuará.

El Confidencial - Opinión

El insostenible despilfarro autonómico

Mientras que las comunidades son "autónomas" para decidir en qué se gastan o malgastan el dinero del contribuyente, no lo son sin embargo para responsabilizarse ante ellos del costo político que supone su recaudación.

Si bien la austeridad y la contención del gasto público deberían ser objetivos esenciales para todas las administraciones públicas, el estudio "El coste del Estado Autonómico", que acaba de publicar la Fundación Progreso y Democracia, deja en evidencia hasta qué punto ese objetivo es prioritariamente exigible a nuestras despilfarradoras comunidades autónomas.

Aunque sus autores insisten en que es sólo una primera aproximación al problema, el estudio mide de una forma muy gráfica y objetiva la eficiencia y eficacia de nuestras administraciones autonómicas, entendiendo por tales conceptos, en primer lugar, la relación entre el presupuesto gestionado por cada comunidad y la parte de ese presupuesto que se dedica a su propio funcionamiento. La eficacia, por su parte, se mediría en función de la relación entre el dinero que cada comunidad autónoma gasta y el desarrollo del PIB de su región.

Tomando como base de referencia, no un ideal teórico sino lo que hacen las tres comunidades más eficientes, el estudio llega a la conclusión de que si todas las comunidades fuesen tan eficientes como ellas en el terreno del gasto corriente y del personal, se podrían ahorrar nada menos que 26.108 millones de euros, es decir un ahorro del 2,6% del PIB nacional obtenido sólo por mejoras de funcionamiento interno.

Los autores del estudio –es importante insistir en ello– ni siquiera reclaman una reducción de servicios públicos, sino que se limitan a poner en evidencia las duplicidades, redundancias y excesos a los que nos ha llevado el Estado de las Autonomías; un despilfarro que explican por la falta de responsabilidad que tienen, ya que nadie analiza ni fiscaliza su funcionamiento.

Aunque los autores proponen una gran reforma que pasa por cambios en la Constitución, pero también por otros aspectos como dotar a la administración central de herramientas para controlar el gasto autonómico o despolitizar los Tribunales de Cuentas, nosotros querríamos señalar además el irresponsable sistema de financiación autonómica como una de los principales causantes del mal funcionamiento de las comunidades. Y es que mientras que las comunidades son "autónomas" para decidir en qué se gastan o malgastan el dinero del contribuyente, no lo son sin embargo para responsabilizarse ante ellos del costo político que supone su recaudación. Así, mientras la administración central debe soportar el coste en términos electorales que implica una política fiscal expansiva, las comunidades autónomas se dedican tan sólo a gastar el dinero que le transfiere la administración central. Así se anulan en la práctica los controles al gasto que sí podría generar una auténtica descentralización liberalizadora y competitiva como la que se daría si cada autonomía fuera la responsable de recaudar aquello que pretende gastar.

Y es que al margen de los controles de cuentas que se pudieran aplicar desde arriba a los gobernantes autonómicos, deberían ser los propios ciudadanos los que al votar –también con los pies– pudieran responsabilizar desde un punto de vista fiscal a sus gobernantes autonómicos.

Esperemos que este estudio contribuya también a cuestionar y corregir un diseño mal planteado de la financiación autonómica, que explica de manera decisiva la triste realidad del exceso de regulación y de gasto en el que se ha convertido este ineficaz e ineficiente Estado de las Autonomías.

Libertad Digital - Editorial

Montilla, perdido en su laberinto

LA pretensión de los socialistas catalanes de convertir la imposible renovación del TC en el argumento con el que paliar el fracaso de su apuesta por un Estatuto de autonomía con taras de inconstitucionalidad sólo demuestra el estado febril de ansiedad e inseguridad con el que José Montilla encarará la campaña electoral.

Durante la tramitación del Estatuto, fueron muchas las veces que el PSC demostró soberbia en la convicción de que el control político del TC anularía sin problemas cualquier discusión jurídica de fondo. Ahora, cuando el TC ha dejado entrever por fin la derrota del proyecto territorial más desintegrador e insolidario para cuantos el PSOE ha regalado irreflexivamente su voto, la rabieta del PSC le desnuda. Primero, porque el PSC reconoce que el suyo no es un fracaso individual, sino una derrota colectiva de los socialistas que ha retratado con toda crudeza la endeblez de Zapatero en el manejo de los resortes del poder. Segundo, porque deja traslucir en su rabieta que Zapatero no tiene intenciones de asumir su propia responsabilidad -mayor aún que la del PSC- ni el menor reparo en fagocitar a Montilla. La irritación del PSC con Zapatero es perfectamente comprensible -se suma al nutrido colectivo de personas y partidos que se dicen engañados o defraudados por él-, pero antes debió medir mejor sus pasos. El precio pagado para no dañar irreversiblemente la Constitución y mantener la credibilidad de las instituciones está siendo brutal.

Ahora, el PSC se enfrenta a una estrategia peligrosa para sus intereses porque distanciarse del PSOE le puede suponer un desgaste de imprevisibles consecuencias que sólo favorecerá a CiU. Recusar ahora a los magistrados del TC con mandato en prórroga sería una irresponsabilidad abocada a otro fiasco. Más allá del oportunismo político y la desesperación, Montilla debería recordar que la recusación es un instrumento jurídico tasado, sometido a circunstancias jurídicas objetivas y a plazos. Cualquier recusación hoy sería absolutamente extemporánea, e incluso cabría imputar mala fe a los socialistas catalanes. El ventajismo político, los caprichos electoralistas y la manipulación jurídica de la realidad, por cruel que sea para el PSC, no son motivos de recusación. Tampoco el PSOE tiene legitimidad hoy para presumir de pulcritud política o higiene institucional negando que vaya a alterar las reglas del juego. Ya las alteró en 2007 con la «enmienda Casas», viciando de origen el debate. Es natural que CiU observe con deleite el laberinto en el que se han encerrado los socialistas y que, incluso, se permita el lujo de fingir liderar una campaña de defensa del Estatuto mientras ve hundirse a Montilla, convertido en la enésima víctima de Zapatero.

abc - Editorial

Lo más lejos del centro. Por Valentí Puig

SE le corta la mayonesa industrial al zapaterismo cuando pretende una y otra vez identificar al Partido Popular de Rajoy con el franquismo. Escenificar en agitadas asambleas universitarias una contramemoria histórica habrá apartado del PSOE gran parte de los votos de centro que aún le queden. Es la frustración del ama de casa al comprobar cómo ligar una mayonesa tiene algún que otro obstáculo porque la emulsión fría requiere de buena muñeca. En definitiva: cuanto más quiera Zapatero arrinconar al PP hacia la derecha, más a la izquierda tendría que ubicarse el zapaterismo. Y eso que nadie sabe exactamente dónde se originó la mayonesa.

Es empresa estéril proponerse la definición de voto de centro y de sus comportamientos, de su evolución en las costumbres, las virtudes y los intereses. No se encuentra en compartimentos estancos, sino en zonas de fluidez, en ámbitos de la sociedad donde hay ventanas abiertas, mientras que el voto más ideológico usa envases generalmente herméticos. Definir el centro es difícil, pero existe. Tiene que ver con la movilidad social, con los trasvases de la clase media, con arraigos, capacidad adquisitiva, valores vivos y con ese trasiego tan higiénico que va del centro-izquierda al centro-derecha y al revés.

Ahora mismo, lo más lejos del centro queda simbolizado como yacimiento pleistocénico por el encuentro pro Garzón en la Facultad de Medicina de la Complutense. Hubo una retrogresión primaria de la memoria histórica pero, sobre todo, la reescritura del presente en términos de «un nuevo fascismo español». Tal proceso maligno quedó denunciado en aquel acto, como si ese nuevo fascismo español viniera en las páginas amarillas. Asombra que las páginas todo salmón del «Financial Times» de ayer dedicasen un editorial a mitificar la figura del juez Garzón, cuando el propio defensor del encausado prefiere que la cuestión se circunscriba a las vertientes de procedimiento, sin prácticas víctimistas.

El voto de centro no es un nicho, sino más bien la corriente principal de un río que decanta sus residuos en los meandros. Da por supuesta la centralidad de la persona en la Historia. Cerebralmente, su posicionamiento posiblemente sea en la corteza prefrontal, allí donde procesamos transacciones mentales complejas, las que más afectan a nuestros matices de la libertad. Uno administra así sus identidades moderadas, y las canaliza hacia el PSOE o hacia el PP. Así es como atendemos a la razón de la memoria histórica, en virtud de su correlato con el juego limpio y la ecuanimidad. No será un voto agresivo ni omnímodo: sedimenta de modo paulatino hasta decantarse estadísticamente para que quepa en los moldes demoscópicos del CIS. Es el plato fuerte para dentro de dos años, al final de un trayecto que adivinamos tristemente hollado por el paso de las vacas flacas.

La idea de reforma triunfó con la Transición y fue una constante irregular con la UCD, con el felipismo y con los dos gobiernos del PP, considerando todas las distancias y disparidades que se quieran. Con el zapaterismo se regresó al talante de ruptura, con lo que, paradójicamente, el espíritu reformista se convirtió en inmovilismo, como se constata en la parálisis del Gobierno ante la recesión económica. Y el caso es que el voto de centro no carece de un componente suavemente reformista, ajeno a la ruptura, es decir, al inmovilismo.

ABC - Opinión

Una policía política. Por Guillermo Dupuy

¿Qué policía implicado en alguno de todos estos bochornosos asuntos ha perdido por este motivo la confianza del ministro Rubalcaba? Ninguno. Por el contrario, algunos de ellos han logrado ascensos y hasta condecoraciones.

Ya no reclaman abiertamente para sí todo el poder, tal y como hacia Lenin para los soviets, pero está visto que las pulsiones totalitarias del socialismo siguen ahí. Si la proclama guerrista de que "Montesquieu ha muerto" les sirvió para atentar contra la división de poderes, la obsesión de los socialistas por controlarlo todo ha llegado en esta legislatura hasta el Cuerpo Nacional de Policía. Según publicaba El Mundo este lunes, desde que el PSOE se hizo cargo de la seguridad del Estado, los cargos de "libre designación" en el Cuerpo Nacional de Policía se han incrementado en un 25,16 por ciento. Así, y gracias a la reforma del Catálogo de Puestos de Trabajo que el Gobierno de Zapatero aprobó el año pasado, todos los comisarios principales, los comisarios y los inspectores jefe son ahora "cargos de confianza" de los mandatarios socialistas.

Ni que decir tiene que los sindicatos policiales han venido denunciando los evidentes riesgos de politización que conlleva el hecho de que todos los puestos de máximo nivel sean nombrados a dedo por el poder político. La oposición, sin embargo y salvo honrosas excepciones como las de Ignacio Cosidó en este periódico, no ha denunciado esta paulitana y peligrosa deriva con la suficiente gravedad y firmeza.

Se habla mucho, y con razón, de que las responsabilidades políticas deben ir más allá que las responsabilidades penales, de tal forma que un político imputado no debería esperar a ser condenado para presentar su dimisión. Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que no se dice tan a menudo es que en un informe policial que forma parte de un sumario judicial no debería aparecer nada que no pretenda ser indiciario de la comisión de un delito, por mucho interés que sí pueda tener desde el ámbito político o periodístico. Esto, sin embargo, ha ocurrido hasta la náusea en la investigación policial al principal partido de la oposición. Así, por mucho interés que algunos puedan tener por saber o por que se sepa que los imputados en el caso Gürtel en unas navidades regalaron a la alcaldesa de Valencia un bolso, lo que debería resultar escandaloso es que eso forme parte de un informe policial y de un sumario judicial que no pretende presentar con ello la prueba o el indicio de la comisión de un delito. Claro que la cosa cambia cuando quien elabora el informe policial y el sumario no piensa en los efectos penales y sí en los efectos políticos que pueda tener su oportuna filtración a los medios.

Dejo al margen el escándalo de las escuchas ilegales entre los acusados y sus abogados, ya que al fin y al cabo las ordenaba un juez como Garzón que, afortunadamente, va a ser juzgado por ello. Pero ¿qué decir de las escuchas ilegales –presuntamente policiales– de personas que no tienen nada que ver con Gürtel, como las que sufrieron la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en conversación telefónica con el responsable de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, o las que también sufrió Federico Trillo en conversación telefónica con el abogado Juan Ramón Montero? ¿Nos quiere hacer creer Rubalcaba que esos pinchazos los perpetraron los periodistas de Tele 5 y La SER que difundieron el contenido de esas conversaciones?

Recordemos también, por otra parte, los casos de mandos policiales que cometieron perjurio en sus declaraciones sobre el 11-M y que, saltándose el protocolo de actuación en estos casos, ordenaron destruir vestigios que podrían esclarecer los atentados. O a esos otros que ordenaron detener a dos ancianos militantes del PP bajo la ridícula sospecha de que habían agredido al ministro Bono durante una manifestación contra la negociación con ETA; o los de esos policías que esposaron tan insólita como "mediáticamente", mano derecha con derecha, a miembros del PP balear, posteriormente puestos en libertad por el juez. ¿Y qué decir, finalmente, de esos policías que perpetraron el chivatazo a ETA? ¿Querían con ese chivatazo ganarse o perder la confianza de un Gobierno empeñado en proseguir las negociaciones con los terroristas?

¿Qué policía implicado en alguno de todos estos bochornosos asuntos ha perdido por este motivo la confianza del ministro Rubalcaba? Ninguno. Por el contrario, algunos de ellos han logrado ascensos y hasta condecoraciones. Y eso es lo que ocurre y seguirá ocurriendo mientras el ascenso profesional en la policía no dependa del sacrificio, el mérito y la excelencia de sus miembros, sino de la confianza de los políticos que los nombra.

Libertad Digital - Opinión

A España servir hasta morir. Por Tomás Cuesta

MENOS héroes, ministra, que el dolor no se redime con la grandilocuencia; menos alardes de pompa y circunstancia cuando la hondura impone el toque de silencio. Esos cuatro españoles caídos en Haití, eran soldados, vivieron como tales y han muerto por serlo. Formaban parte del Ejército de España y este país, mientras lo siga siendo, está en deuda con ellos. Lo de menos es cómo hayan muerto. Lo importante es por qué, dejando a un lado la parafernalia heroica y los ditirambos épicos. Han muerto por España -con perdón, por supuesto- cumpliendo una misión que les encomendó el Gobierno. Tocaba socorrer a los menesterosos, pero podría haber tocado combatir a Al Queda.

Un militar tiene que ser un buen soldado, lo cual no significa que haya de sentar plaza de héroe. Ocurre, sin embargo, que quienes confunden la velocidad con el tocino y la categoría con la anécdota, consideran que el cumplimiento del deber constituye, en sí mismo, un acto heroico puesto que en su ideario únicamente existen los derechos. Y vaya usted a explicarles que hay mil y una maneras de morir por la patria y que no en todas el heroísmo está presente. Que allí donde un soldado cumpla con su deber la descarnada acecha. Que si se encuentra en una misión humanitaria a bordo de un helicóptero gran reserva, el riesgo de morir crece. Y que aumenta exponencialmente si se trata de una misión de paz en la que te pueden apiolar fusil en mano y también habrá sido un accidente.

Sea por volar raso o por alzar el vuelo; por pisar una mina o porque una bala pase demasiado cerca; por caer en una emboscada imprevisible o por imprevisión ministerial y obscena, los soldados mueren como viven y viven conforme a los principios de los tiempos. «A España, servir hasta morir» es uno de ellos aunque quizá Carme Chacón no lo recuerde. Estaba escrito en el paisaje montañoso de la Academia de Suboficiales de Talarn, en Lérida, hasta que el Ministerio de Defensa se avino a hacer tabula rasa por sugerencia de la Generalitat, cuándo no es fiesta. «A. España, servir hasta morir», vaya ocurrencia. Al que no le parece una provocación intolerable es porque piensa que los milicos están mal de la azotea.

Que lejos cae lo de «Servir hasta morir», que rigurosa es la desmemoria del presente. A base de algunos principios esenciales e innumerables valores sobrepuestos (infinidad si se comparan con los que se manejan en política o, siendo escrupulosos, de los que se tejemanejan), el Ejército expresa con una fidelidad notoria (y ahí les duele) las virtudes de un pueblo que quiere seguir siéndolo. El carácter de la que alcanza a distinguir entre una misión humanitaria en el Caribe y la guerra en Afganistán, en el tablero del «Great Game», en los límites del juego. Que sabe que los héroes son los que se comprometen lealmente con una cotidianidad ramplona aunque les desmerezca. Y que aún no ha olvidado que el valor no se tasa en medallas, ni en reconocimientos, sino en la capacidad que tenga cada uno de mirarle a los ojos a la muerte.

Menos héroes, ministra, mírese en el espejo y pronuncie el ensalmo de Talarn con heroica entereza: «A España servir hasta morir». ¿Qué? ¿Le entra el tembleque? En tal caso no gallee a tumba abierta.

ABC - Opinión

La Justicia que padecemos. Por Gabriel Moris

Bermúdez nos hizo un comentario que todos grabamos en nuestra memoria: "Olvidaros de los moritos, éstos no tienen capacidad para llevar a cabo un atentado tan técnico como el de los trenes".

Creo que no pueden sorprender las dudas que se ciernen hoy sobre determinadas actuaciones de jueces, fiscales y organizaciones del poder judicial. Las generalizaciones pueden llevarnos a cometer errores pero si analizamos algunas instrucciones, sentencias y declaraciones de miembros del poder judicial, comprobaremos que, para los ciudadanos que sufrimos sus actuaciones, hay comportamientos que dejan mucho que desear. Actuaciones que desde el punto de vista jurídico pueden resultar normales, desde el punto de vista de la lógica más elemental y desde una visión meramente humana, son no ya incomprensibles, sino inadmisibles.

Días atrás el juez Gómez Bermúdez publicó el libro No destruirán nuestra libertad. El libro ha sido objeto de un premio. Mi felicitación al autor. No he tenido ocasión de leerlo pero, según creo, se asocian con el terrorismo islamista yihadista los atentados del 11-S, 11-M y 7-J. Sin entrar en más consideraciones –no voy a discutir con un experto la asociación sobre el origen de estos tres atentados– sí quisiera centrar mi atención en los crímenes que le correspondió juzgar como ponente de la sentencia de la Casa de Campo.

Mi agradecimiento al juez Bermúdez por haber sido el único representante del Estado de Derecho que nos ha concedido una entrevista como víctimas del 11-M. En el año 2006 –siendo presidente de la Sala de lo Penal– nos recibió en su despacho en presencia de la letrada que llevaba la acusación de un grupo de víctimas. Nuestra inquietud como víctimas se centraba en los rumores fundados que circulaban sobre la investigación unidireccional del atentado, en la prolongación del secreto del sumario instruido por el juez del Olmo, en el desprecio del juez hacia las sugerencias de las partes en la instrucción sumarial y en la preocupación que sentíamos por los rumores de un comienzo inminente de la vista pública al entender que la instrucción era –a todas luces– incompleta. Dado el volumen de la instrucción, las partes no disponíamos de tiempo para leer el sumario. Entonces no sabíamos que –Gómez Bermúdez– nuestro interlocutor en la Audiencia Nacional, iba a ser nombrado presidente del Tribunal que juzgó la masacre del 11-M.

• Sobre la instrucción del sumario reconoció que podía haber sido francamente mejorable en muchos de sus aspectos, pero que el juez instructor, al ser autónomo, había hecho la instrucción de la forma y manera que él había considerado oportuna. Los medios técnicos que la Audiencia Nacional podía haber aportado, no le fueron solicitados en ningún momento. Lo urgente desde su punto de vista como presidente de la Sala de lo Penal era finalizar la instrucción y comenzar el juicio para que los imputados, que estaban en prisión preventiva, fueran juzgados en los plazos que marca la ley.
• Respecto al juicio que urgía iniciarse, y dado que por nuestra parte manifestamos las dudas que algunas investigaciones periodísticas planteaban sobre la teoría islamista, nos manifestó que, sin descalificar las investigaciones periodísticas, la justicia, a pesar de su lentitud, trabajaba con pruebas y hechos, siendo implacable en el esclarecimiento de los delitos. Puso mucho énfasis en que el objeto de este primer juicio era el ver el grado de implicación de los ciento dieciséis inculpados en relación con los hechos.
• Ante nuestra insistencia en el carácter unidireccional del sumario y argumentando que tal sumario podría llevar a conclusiones incompletas o erróneas, el juez insistió en que se trataba sólo de un primer juicio y que después surgirían otros –derivados del primero– que buscarían el esclarecimiento total de los hechos. Aunque con reticencias, aceptamos los argumentos que se nos dieron con la esperanza de que fueran realidad algún día no muy lejano.
• A nuestros comentarios sobre los posibles autores materiales e intelectuales del atentado, partiendo siempre de lo que en su día se convino en llamar "versión oficial", el juez nos hizo un comentario que todos grabamos en nuestra memoria: "Olvidaros de los moritos, éstos no tienen capacidad para llevar a cabo un atentado tan técnico como el de los trenes". Basaba su afirmación en su dilatada experiencia sobre el terrorismo islamista. Ante nuestra pregunta sobre quién podía ser el autor de los atentados nos respondió que "ello era fruto de una mente diabólica". No nos precisó más ni nosotros insistimos sobre el asunto.

Cuatro años después de los encuentros mantenidos con el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, celebrado el juicio de la Casa de Campo que fue televisado "urbi et orbi" con no sabemos qué finalidad, dictada la sentencia en la que sólo tres de los 116 imputados iniciales fueron condenados como autores del atentado y sólo uno de ellos por su presencia en los trenes, indultados por el Tribunal Supremo los cadáveres de Leganés, rechazadas por la Audiencia Nacional las diligencias solicitadas después del juicio por algunas víctimas y, paralizado el juicio que se sigue en la Audiencia de Madrid contra dos de los tedax por posible falsificación y ocultación de pruebas... parece como si todos los órganos judiciales se hubieran declarado en huelga para investigar lo que falta por conocer del 11-M: autores intelectuales, móviles del crimen, autores materiales, logística, etc...

Hace unos días el juez Gómez Bermúdez fue entrevistado por Iñaki Gabilondo. Curiosamente, en dicha entrevista ni se habló de terroristas suicidas en los trenes ni se desmintió su existencia. Sí nos hablaron de terrorismo yihaidista, pero nada dijeron de la incapacidad de los "moritos" para perpetrar los crímenes del 11-M. Tampoco hablaron de las investigaciones que se llevan a cabo para descubrir la "mente diabólica" que asesinó a 193 personas e hirió oficialmente a mil ochocientos cincuenta. No creo que Jamal Zougam dé respuesta a todo lo que antecede. Respecto a los juicios que se derivarían del primero, creo que no se ha celebrado ninguno. Es más, no tengo la certeza de que la Audiencia Nacional crea que hay que seguir investigando algo sobre el 11-M. Por tanto, más de seis años después nadie ha de sorprenderse de que el ochenta por ciento de los ciudadanos consideren que ha de reabrirse el sumario.

Personalmente, creo en la justicia y valoro el gran esfuerzo realizado en el proceso del 11-M. Con la misma firmeza constato que los resultados han sido exiguos respecto a los esfuerzos realizados. Si es que se pueden denominar resultados los de la sentencia ratificada del 11-M.

En mi tierra andaluza memoricé la letra de una siguiriya que puede aplicarse a la situación que vivimos:

Yo me fié de la verdad
y la verdad a mí me engañó
si la verdad a mi me engaña
de quién me voy a fiar yo

Libertad Digital - Opinión

Los errores de Carrillo. Por Hermann Tertsch

A sus 95 años y pese a su gran pasión de fumador, Santiago Carrillo vive probablemente los momentos más dulces de su vida. Aunque todos sabemos que hace setenta años ya supo gozar de numerosos placeres.

Ahora, cómodamente integrado en el «establishment» del nuevo socialismo izquierdista de los revisionistas de la transición de la que fue protagonista, se dedica a la muy retribuida actividad de descalificar dicho pacto entre españoles de toda condición. Con el Gran Timonel Zapatero resulta mucho más rentable la loa al antifranquismo y la llamada «lucha antifascista» que la defensa de aquella transición que desprecian todos los jovencitos socialistas que jamás supieron lo que fue el franquismo salvo por relatos del abuelo que muchas veces ni siquiera existió. Nos da don Santiago lecciones a todos de democracia desde su nueva posición de patriarca del socialismo de la secta zapateril. Y a él desde luego le cuesta tanto mentir como al propio Zapatero, es decir nada. Es más, se nota que disfruta en su papel recuperado de seis años acá.

Nos dice don Santiago que el error de los comunistas fue haber apoyado al estalinismo que, según él, «no era más que capitalismo de Estado». ¡Cuánta humildad hay en estas palabras! Carrillo hablando de «errores», porque no se dio cuenta a tiempo de que Joselito Stalin los engañaba a él y a todos los comunistas porque, sin ellos saberlo, quería instaurar un «capitalismo» de Estado. ¡Qué malo ese Stalin que quería instaurar un capitalismo, aunque fuera de Estado! ¡Qué pena que no quisiera Stalin un comunismo auténtico como lo querían Carrillo, José Díaz, La Pasionaria, o Karl Radek, o Laurenti Beria, el fiscal Andrei Vishinski, Georgi Dimitrof o Guenrij Yagoda! ¡Qué pena que los engañara a todos! Si no llega a ser por Stalin, tendríamos un mundo feliz gracias a ese proyecto humanista que defendían Carrillo y todos los nombrados. La culpa sin duda la tuvo ese proyecto capitalista que defendía en secreto pérfido el padrecito Stalin.

Lo malo no es oír este tipo de insultos a la historia y a la inteligencia por parte de un asesino en masa y criminal de guerra perdonado por los españoles gracias a una amnistía que ahora él quiere poner en duda para quienes se negaron a seguir la suerte de miles de compatriotas en las fosas de Paracuellos. Lo malo es que aquí el tono guerracivilista de la secta ha llegado a un extremo en el que el anciano sabe que puede decir cualquier cosa sin que sus interlocutores se rían, lloren o le refuten con contundencia sus barbaridades. Errores los justos. Carrillo y Stalin estaban perfectamente de acuerdo en todo porque Carrillo no se habría atrevido a otra cosa. Siempre estuvo del lado del jefe y no recordamos ningún comentario suyo que pusiera ningún reparo no ya al exterminio de millones de kulakos, a la hambruna provocada en Ucrania, a los juicios farsa a sus camaradas, desde el asesinato de Kirov, a las ejecuciones de los militares en torno al mariscal Tujachevsvki hasta el de Bujarin, pasando por todo el terror que costó la vida a millones de rusos y europeos. ¡Vaya con los errores! Por no hablar de las muertes, nunca explicadas, de comunistas españoles que, según familiares de ellos y numerosos indicios, fueron directamente ordenadas por Carrillo.

Ahora Carrillo nos quiere explicar la historia y además advertirnos que la derecha española es un peligro para la democracia. Es como si los dirigentes de las SS, Heydrich o Himmler, dieran hoy conferencias en las universidades alemanas enmendando la plana a Angela Merkel por su política económica. Como si el doctor Mengele viajara por el mundo hablando de ética en la medicina moderna. Pero aquí, Carrillo, adoptado como venerable patriarca por la secta socialista del Gobierno, se pasea de radio en radio, televisión en televisión, redacción en redacción, contándonos que la derecha es un peligro y hay que marginarla por todos los medios. ¿Por todos los que utilizó él en su día? Con seguridad él piensa que sí porque sus errores no fueron los miles de asesinatos de los que es directamente responsable. Ni creer en una ideología criminal que debiera estar tan proscrita como el nazismo. Su error fue no ver que Stalin quería imponer «el capitalismo de estado».

ABC - Opinión

El fin de los bloques. Por Cristina Losada

Quien muestra independencia de criterio corre riesgos. Riesgos, por cierto, que no quisieron afrontar aquellos diputados socialistas que, a pesar de su íntima repugnancia, tragaron como niños obedientes el potaje cocinado por Zapatero.

La buena noticia que ha proporcionado el Tribunal Constitucional se asemeja a la que supuso el fin de la Guerra Fría: se acabaron los bloques. Tanto tiempo han estado ahí, tan inamovibles y eternos parecían los bloques de "progresistas" y "conservadores", que el hecho de que un magistrado adscrito a uno de ellos vote en sentido contrario a la disciplina de "partido", merece ese calificativo de histórico que se prodiga tantas veces sin ton ni son. Disciplina de partido, sí, pues a eso se reduce, en última instancia, la estricta y nociva regla, que dado el sistema en vigor y vistos los precedentes, se espera que acaten los integrantes de ese alto tribunal y los de otros. Un círculo perverso que rebaja a los jueces a la condición de figurantes que los partidos mueven por control remoto, a meros vehículos del scalextric político que nunca se salen del carril.

El milagro de la ruptura de los bloques se acaba de producir en el TC ante el Estatuto de Cataluña, pero la guerra no ha terminado. El magistrado disidente ya ha recibido el anuncio de una declaración de hostilidades a través de un periódico gubernamental ducho en maniobras de esa clase. Acusan a Manuel Aragón de traicionar un compromiso que había adquirido con los suyos, lo que supone un intento de desprestigiarle y suena a preámbulo de una obra de difamación. Habrá que estar atentos. Quien muestra independencia de criterio corre riesgos. Riesgos, por cierto, que no quisieron afrontar aquellos diputados socialistas que, a pesar de su íntima repugnancia, tragaron como niños obedientes, que no inocentes, el potaje cocinado por Zapatero y un chef del más rancio nacionalismo catalán.

La segunda buena noticia que se desprende de la mala nueva del aplazamiento de la sentencia es que la posición de Aragón desenmascara la premisa ideológica con la que el PSOE ha venido justificando su adopción de la doctrina nacionalista. Zapatero y compañía quieren hacer pasar por progresista la fragmentación de la nación española, la liquidación de la soberanía del pueblo español y la creación de feudos con traje y complementos de naciones. Sostienen que sólo se oponen a ese lindo proyecto los conservadores, la derecha, la caverna y cuantos desean regresar al centralismo de la época de Franco. Pues bien, ahora es un magistrado progresista, estudioso de Manuel Azaña, el que cuestiona el Estatuto. ¿Dirán que se ha pasado al PP, como afirmaron del Defensor del Pueblo? Y, ya puestos, ¿en qué bloque meterán a Azaña?

Libertad Digital - Opinión

El frufrú de las togas. Por M. Martín Ferrand

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YA produce suficiente alipori contemplar el espectáculo de los magistrados del Tribunal Constitucional en un largo debate -va para su primer cuatrienio- en el que las ideas se subordinan a la génesis política de cada uno de ellos, a la inercia concordante con el partido político que les designó para vestir la toga que les faculta para interpretar la Constitución; pero, como aquí todo es posible, nos quedaba por ver que uno de los magistrados, el que parece más serio y constante en sus criterios, le escribiera una carta al director de un periódico para hacer valer su independencia frente a las voces que le acusaban de incumplir los pactos establecidos entre los integrantes «progresistas» de tan notoria y ruidosa institución.

El frufrú de las togas, de todas las del muestrario institucional, resulta crecientemente inquietante. Se dice en el conventillo en que ha decaído el chismorreo de la Justicia, y lo aseguran dos notables diarios nacionales, que Baltasar Garzón podría haber recibido sugerencias para que, motu proprio, se aleje de la Audiencia Nacional y, con el mutis, dar por cerradas las tres causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo. Como dijo José María Pemán en otra chocante circunstancia; aquí, en España, si te dicen que el cardenal Segura toma la alternativa en La Maestranza conviene limitarse a preguntar: ¿de qué ganadería son los toros y quien es el diestro con el que cambiará los trastos?

Ese sonido -¿desafinado?- de los ropones de la Justicia produce curiosos bailes. Luis Bárcenas, por ejemplo, no se ha visto cómodo con la melodía del Supremo y, para evitarla, ha devuelto su acta de senador y, ya sin inmunidad parlamentaria, ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyas claves le parecen de más fácil entonación. Son demasiados casos singulares para que cuaje la sensación de certeza que debiera inspirarnos la Justicia; pero, quiso el felipismo y no pretendió enmendarlo el aznarismo, que la promiscuidad se entreteja por entre los poderes del Estado. Lo del TC es de nacencia, un capricho ostentoso de los padres de la Constitución, pero lo del CGPJ es fruto de la reforma marcada por las necesidades gubernamentales del momento en la reforma de 1985. Mal está que las togas hagan ruido; pero es que, además, quienes las llevan tratan muchas veces de convertir el ruido en melodía e interpretarla con bombo y platillos.

ABC - Opinión