Discordia autonómica

DE nuevo, una reforma estatutaria ha provocado un enfrentamiento entre partidos y comunidades.

La comisión Constitucional del Congreso no pudo hacer fructificar el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha porque el Ejecutivo autonómico lo retiró a la vista de la falta de apoyo del PP. La causa del desencuentro ha sido la referencia a una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos, que condicionaba el trasvase Tajo-Segura, con el que se abastecen 2,5 millones de personas y decenas de miles de regantes de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Como sucediera con otras reformas de estatutos autonómicos, los sentimientos -todos legítimos, pero parciales- se han sobrepuesto a las razones políticas y la gran víctima ha sido otra vez el interés nacional. No es razonable que en España las comunidades autónomas, las provincias, las ciudades y los ciudadanos se enfrenten por un bien común, como es el agua, porque esto significa que no hay plena conciencia de que todos se integran en una instancia superior regida por la solidaridad y la unidad.

Cuando se apela al sentimentalismo como método de hacer política, el victimismo y los agravios comparativos acaban convertidos en los argumentos de partidos y gobiernos, garantizando el fracaso de cualquier iniciativa que se plantee con esos términos. A esta situación se ha llegado incluso en la polémica entre comunidades autónomas donde no hay demandas nacionalistas, lo que hace más incomprensible aún la rigidez de planteamientos localistas.

Este es el resultado de una cadena de reformas que se puso en marcha principalmente para dar coartada a la del Estatuto de Cataluña, empujando a los gobiernos autonómicos a una carrera de reivindicaciones para no ser unos menos que otros, y debilitando los discursos nacionales de los principales partidos. El balance de esta política autonómica de Rodríguez Zapatero no puede ser más negativo para España, porque la ha sumido en la mayor tensión territorial conocida en democracia; precisamente una política que se anunció como el antídoto a las tensiones provocadas, cómo no, por los gobiernos de Aznar. Es urgente una recuperación del sentido nacional que debería presidir cualquier decisión sobre el Estado autonómico, especialmente ahora que el Tribunal Constitucional se dispone a dictaminar negativamente sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, banco de pruebas con el que Rodríguez Zapatero experimentó, con nula responsabilidad y peores resultados, su revisionismo constitucional.

ABC - Editorial