Fiasco ilegal en Cataluña

Dada la impasibilidad y la nulidad del Estado y de los dos grandes partidos nacionales, el nacionalismo tiene todo el tiempo del mundo para seguir ampliando mercado.

Después de meses de recogida de votos por toda Cataluña en un referéndum en el que podían participar los mayores de dieciséis años y los extranjeros, los organizadores de la consulta independentista cerraron ayer las urnas y anunciaron ufanos que un 21,3 % de los ciudadanos había secundado el llamamiento

De nada, por tanto, ha servido que Jordi Pujol y Artur Mas votaran anticipadamente e instaran a los catalanes a estas urnas con más convicción que cuando las papeletas cuentan. Menos aún han servido los fondos públicos destinados a los organizadores, amparados por las instancias oficiales. Y también menor ha sido el efecto del apoyo mediático, particularmente de TV3, que ha tratado esta iniciativa con clarines propagandísticos y grandes despliegues en sus "telenoticias".

La mayoría de la población catalana ha dado la espalda a esta flagrante ilegalidad que los nacionalistas pretenden colar como un éxito de participación, el colmo del civismo y una expresión pura de democracia. Lo que ha ocurrido durante los últimos días en Cataluña ha sido, sin embargo, una muestra de desprecio absoluto por las leyes y una dejación absoluta por parte de quienes deben procurar su cumplimiento.

La evolución de este esperpento de consulta deja en evidencia cómo funcionan las cosas en Cataluña: la abogada del Estado que redactó el informe sobre la manifiesta ilegalidad de la primera consulta, la de Arenys de Munt, es ahora la consejera de Justicia de la Generalidad y no ha dudado en participar con su voto en el montaje. Y esas consultas que en principio debían haberse prohibido, como se prohíben no pocas manifiestaciones, no sólo han sido toleradas, sino jaleadas por el tripartito primero y ahora CiU en una demostración palpable de lo poco que les importan las leyes a los gobernantes catalanes, de lo poco que significa para ellos la democracia, así como un ejemplo perfecto de la renuncia del Estado a ejercer sus competencias en Cataluña.


Se dirá que de este modo se ha podido comprobar el fracaso de la iniciativa, pero es también un mensaje para los promotores y valedores del secesionismo: en Cataluña vale todo y nunca pasa nada. Después de tres décadas de odio antiespañol institucionalizado, resulta sorprendente que sólo un tercio de la población -según encuestas más fiables que el disparate que concluyó ayer- se manifieste independentista. Pero dada la impasibilidad y la nulidad del Estado y de los dos grandes partidos nacionales, el nacionalismo tiene todo el tiempo del mundo para seguir ampliando mercado.

Libertad Digital - Editorial

La Fiscalía, en el proceso «de paz»

El problema no está en los fiscales. El problema fue el alineamiento del Ministerio Fiscal con un proceso de negociación.

LA pasada semana, los fiscales de la Audiencia Nacional aprobaron por unanimidad un comunicado en el que rechazaban las críticas que había recibido la Fiscalía por su actuación durante el proceso de negociación política entre ETA y el Gobierno en 2005-2007. La reacción de estos fiscales no resulta acertada, porque no se corresponde con los fundamentos de las críticas que pretenden rebatir, las cuales se dirigen contra los superiores jerárquicos que impartieron instrucciones para trasladar a los tribunales la estrategia negociadora del Gobierno con ETA. Además, bastaría comparar la actual plantilla de la Fiscalía de la Audiencia Nacional con la vigente durante el proceso de 2005-2007 para apreciar las significativas ausencias que se han producido por cambios de destino y abandono de la carrera fiscal. Y las razones son evidentes.

No son los fiscales los que deben darse por aludidos en unas críticas que recuerdan cómo, desde el cese de Fungairiño, las jefaturas de la Fiscalía ejecutaron un plan de cobertura legal del proceso de negociación. Así fue como dejaron de pedir medidas cautelares contra dirigentes batasunos, privando de eficacia a la ilegalización de Batasuna. También declinaron la defensa de sus propias acusaciones, llegando al extremo del juicio a Arnaldo Otegui por enaltecimiento de la etarra Olaia Castresana, en el que, según consta en la sentencia absolutoria, hicieron «acto de presencia, de forma conjunta, el representante del Ministerio Fiscal como la letrada del acusado, ambos sin toga», escenificación muy reveladora de lo que estaba pasando.

Las directrices de estos y otros muchos episodios del mismo tenor —«kale borroka», De Juana Chaos, Egunkaria— estaban resumidas en algunas frases célebres del Fiscal General del Estado, Conde-Pumpido. Frases en ocasiones metafóricas —«el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino»—; en otras, sugerentes —«la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos»—; o muy directas, como cuando se preguntó públicamente «si no hemos demasiado allá», al ilegalizar la mitad de las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca. El problema no está en los fiscales sometidos al principio de jerarquía, aunque su Estatuto Orgánico prevea mecanismos para no acatar, sin más, órdenes ilegales. El problema, más bien el escándalo, fue el alineamiento del Ministerio Fiscal con un proceso de negociación incompatible con el Estado de Derecho.

ABC - Editorial

La procesión. Por M. Martín Ferrand

¿Qué energúmenos son esos que, en pleno siglo XXI, propugnan el culto del odio a las creencias ajenas?

NI siquiera Friedrich Nietzsche en el más anticristiano de todos sus libros, Aurora, se hubiera atrevido a proponer una procesión atea y, menos aún, por el tradicional barrio madrileño de Lavapiés, hoy internacionalizado por la inmigración, en el que el casticismo chulapón se bailó siempre un chotis con el cristianismo tradicional y excesivo en sus modos. Y, sin embargo, un grupito que se dice librepensador pretende que, el Jueves Santo, Madrid sea escenario de una liturgia atentatoria contra la fe católica y, más grave todavía, ofensiva para la cultura cristiana. A tal efecto han distribuido unos pasquines barrocos y anacrónicos para convocar a una procesión que no puede ser entendida, según su anuncio, como meramente atea y mucho menos por laica. Es radicalmente antitea en general y anticristiana en particular.

Como Voltaire, a quien la fe no le llevaba a comerse los santos crudos, le escribió a Diderot hace más de dos siglos y medio, «es impertinente adivinar lo que es Dios, pero es temerario negar su existencia». Y, niéguese o no, resulta inadmisible la falta de respeto con quienes no la niegan. ¿Qué energúmenos son esos que, en pleno siglo XXI, propugnan el culto del odio a las creencias ajenas y tratan de ridiculizarlas? La torcida intención de quienes convocan tan estrafalaria procesión se pone de manifiesto en su propio pregón, que encabezan con la imagen de un Nazareno. Eso no es negar la existencia de Dios, sino tratar de ridiculizar al Dios concreto de unos cuantos cientos de millones de personas que, a partir de Cristo y durante los últimos veinte siglos, con diversas formas, confesiones y liturgias, han mantenido la llama de una fe y la inmensa extensión de una cultura que es, precisamente, la nuestra. La de Occidente.

Los abuelos de estos majaderos, que lo son no por su falta de creencias, sino por la carencia de respeto con las ajenas, tenían más ingenio. En el Ateneo, cuando la República, convocaron una votación para decidir sobre la existencia de Dios y Dios perdió por un voto. Excesivo y provocador, pero ingenioso y privado. Reducido al ámbito de un grupito intelectual difícil para el escándalo. Sacar a la calle esa tensión es evidencia de que estamos en un país y en un tiempo enfermos en los que flaquean las neuronas de muchos individuos y, si las hubiere, también las del común.

La nueva delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, como para subrayar el disparate, rechaza su competencia para autorizar o denegar la procesión atea. Dice que es asunto municipal. Eso es peor que la procesión misma. Es convertir a Dios en problema jurisdiccional.

ABC - Opinión

La lengua viva. Vasco, vascongado y eusquérico. Por Amando de Miguel

Me sigue maravillando que los llamados patriotas vascos (es decir, terroristas) tengan un "plan C" para entrar en las instituciones cuando la letra ha desaparecido del abecedario vasco.

Eduardo Fungairiño (siempre tan ilustrado) me aclara que en el siglo XIX la letra no existía en la toponimia vasconavarra. Ese vascuence castizo respetaba la , la y la . Lo de la y la , según el famosos jurisconsulto, "son imposiciones del vascuence artificial, conocido como euskera, que ha propiciado el PNV". Era una forma de distinguirse, ya que las diferencias raciales no pudieron mantenerse mucho tiempo. Me parece un razonamiento muy en su punto. Resulta curioso que un idioma pueda imponerse por decisiones políticas. Me sigue maravillando que los llamados patriotas vascos (es decir, terroristas) tengan un "plan C" para entrar en las instituciones cuando la letra ha desaparecido del abecedario vasco.

Miguel Los Santos Uhide llama la atención sobre un caso curioso. El célebre "bar Faisán" se llama así porque está al lado de la isla de los Faisanes, en el río Bidasoa, donde se celebró el primer encuentro entre Luis XIV y María Teresa de Austria. Lo curioso fue que el Rey de España no pagó el importe de la dote estipulada. No terminan ahí las curiosidades. Señala don Miguel que, acerca de la isla de los Faisanes, está la localidad francesa de Urruña. En ese caso los vascos de Iparralde utilizan la <ñ> para distinguirse del idioma francés, cuyo sonido se escribe . En cambio, en el la parte vascoespañola, esos mismos nacionalistas han decidido suprimir la <ñ>. Lo siento por mi hijo Iñaki, bautizado como Ignacio Javier.

Los anteriores son ejemplos de una locura léxica que ha acometidos a los vascos. Al politizar el vascuence, lejos de reforzarlo, van a conseguir que se desnaturalice y desaparezca. Sería una lástima. Para mí, como español y donostiarra de la adolescencia, se trataría de una gran pérdida cultural. Por cierto, gracias a los oficios de Ernesto Ladrón de Guevara y de Santi Abascal (padre), mi hijo Iñaki y yo vamos a tratar de publicar ahora un estudio sociológico que levantamos hace 20 años sobre el uso del vascuence en Álava. Se trata de una rareza bibliográfica que no ha podido ser publicada antes por extrañas razones que no logro explicar muy bien. En su día nos trajo algunos disgustos, pero, pasado el tiempo, todo se pacifica. No estaría mal que se publicaran otros muchos estudios sobre el uso de los idiomas en España. Es asunto de lingüistas y de sociólogos, pero interesa al público. Podríamos acordar, de entrada, que las lenguas no son "propias" de los territorios sino de las personas. Una misma persona puede hacer suyas dos o más lenguas. Es una apropiación que no paga impuestos. Tampoco quiero dar ideas.

Libertad Digital - Opinión

El desagüe. Por Ignacio Camacho

La descomposición del poder andaluz ha consumido en una semana el efecto gaseoso de la renuncia de Zapatero.

NO es una crisis, es una ruina. Y no afecta sólo al socialismo andaluz y a su largo régimen de hegemonía sin sobresaltos, sino a todo el PSOE, cuyos resultados electorales en España han dependido siempre de la cosecha de votos almacenada en los silos clientelares de Andalucía. Tras el grave retroceso sufrido por el zapaterismo en Cataluña, el hundimiento del granero del Sur aventura una catástrofe nacional que compromete el diseño de la operación sucesoria puesta en marcha por el presidente. Ya no se trata de la clásica disputa de patio trasero que se podía solventar sin mayores problemas desde el cómodo predominio de una dominancia virreinal; el ruido simultáneo de los escándalos del EREsfraudulentos, de los dudosos negocios de los hijos de Chaves y de la fenomenal bronca interna en la Junta y en el partido ha alcanzado el primer plano de la opinión pública y ha consumido en apenas una semana el efecto gaseoso de la renuncia de Zapatero. Es el futuro de todo el Partido Socialista lo que está en juego más allá de la posibilidad de que el PP de Javier Arenas obtenga o no la mayoría absoluta autonómica; la descomposición del entramado institucional y la pérdida masiva de respaldo popular en el feudo más tradicional dejan al futuro candidato del PSOE la gravosa herencia de una brecha en la retaguardia que constituye casi una garantía de fracaso.

Esa situación de auténtico destrozo interno es otro de los legados de un Zapatero inexplicablemente rodeado de la leyenda de poseer un adecuado manejo de los tiempos políticos. Su gestión estratégica en Andalucía constituye un ejemplo —otro más— de diseño calamitoso, de descomunal improvisación y de falta de visión a medio y largo plazo. La manera en que abrió la sucesión de Chaves, a destiempo y sin planificación alguna del relevo y de sus consecuencias, ha precipitado un formidable proceso de desintegración y fractura que muestra al aire las vergüenzas y abusos de treinta años de poder viciado, proyectándolas además al plano nacional en la persona del veterano virrey ascendido a la vicepresidencia del Gobierno para procurarle una jubilación confortable. Lejos de propiciar una renovación ordenada, el aclamado líder socialista se limitó a quitar el tapón de la bañera; en pocos meses, error sobre error, toda la ventaja acumulada en décadas de dominancia se ha ido por el desagüe, llevándose gran parte de las posibilidades de reconstrucción de un proyecto nacional agotado.

Resulta paradójico que sea en Andalucía, la menos zapaterista de las organizaciones territoriales del PSOE, la más apegada a la continuidad tardofelipista, donde se esté fraguando la derrota prematura del postzapaterismo. De momento, la trifulca fratricida y la escandalera de corrupción han neutralizado en unos pocos días la euforia artificial del descorchesucesorio. Aún no ha llegado lo peor; falta el hundimiento.

ABC - Opinión

Ataques a la religión

En los últimos meses, algunos sectores de la izquierda más trasnochada están protagonizando preocupantes ataques contra la religión católica. El pasado 10 de marzo, más de 50 personas entraron en la capilla de la Complutense y corearon consignas contra la Iglesia, además de que algunas de las asistentes se desnudaron de cintura para arriba. Pocos días después, el Teatro Nacional de Cataluña estrenó «Gang Bang», una obra de ínfima calidad que situaba a sus personajes en una sauna gay cercana a la Sagrada Familia y a pocas horas de que Benedicto XVI consagrase el templo; los insultos a lo católico abundan: un hombre cercano al Vaticano pacta una noche de sexo con otro varón, una catequista lleva en bolsas de basura un cáliz y una cruz de Sant Jordi. Mientras, el actor Leo Bassi era imputado por un juzgado de Valladolid por delitos contra los sentimientos religiosos, injurias y calumnias cometidos durante un espectáculo en el que parodiaba a Juan Pablo II y «consagraba» preservativos. En el ámbito político, hubo un maquiavélico intento frustrado, por ridículo, impulsado por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha de sustituir el término «vacaciones de Semana Santa» por «Descanso entre segundo y tercer trimestre». El penúltimo insulto a los católicos podría llegar el próximo Jueves Santo, si se celebra en Madrid, y ésa es la intención de los convocantes, una procesión atea que no pretende otra cosa que provocar e insultar con pasos denominados de forma tan hiriente como la «hermandad de la santa pedofilia» o «la cofradía del papa del santo latrocinio». No conviene relativizar ni tachar estos actos contra la Iglesia como anecdóticos por cuanto, aun siendo España un Estado aconfesional, son claramente anticonstitucionales, ya que en el artículo 16.1 de nuestra Constitución se garantiza la libertad ideológica y religiosa y de culto de los ciudadanos y las comunidades. Los españoles, les guste o no a estos profesionales de la ofensa y el escarnio, son mayoritariamente católicos, como se demuestra cuando un 71% de los alumnos –más de tres millones– eligen voluntariamente cursar Religión católica. Parece que una parte de la izquierda sigue enquistada en una de las características más significativas de la II República que dice mucho de su déficit democrático: el hostigamiento y la persecución de la Iglesia y los católicos o, dicho de otra manera, el desalojo del cristianismo y sus instituciones de la sociedad. Evidentemente, no se está reproduciendo con la misma virulencia y trágicas consecuencias de hace 80 años. Sin embargo, el sarpullido anticlerical y antirreligioso existe. Prueba de ello son estas algaradas incívicas y pseudoartísticas que reciben el aplauso y la connivencia de algunos, incluso desde los ámbitos académicos, culturales y políticos, que jalean estas iniciativas amparándose en la libertad de expresión para justificar el insulto, puesto que entra en colisión con la libertad ideológica y religiosa de la inmensa mayoría. El poder político y la Justicia deben aplicar la Ley e impedir cualquier acto excluyente en el que se ridiculicen y ataquen las creencias de todos y cada uno de los españoles sin excepción.

La Razón - Editorial

Programa: ambigüedad

El Partido Popular elude pronunciarse sobre aspectos clave de la realidad española.

El Partido Popular parece no tener otro programa que el de la ambigüedad. Instalándose en ella con una determinación que roza el absurdo, como la huida física de su líder, Mariano Rajoy, ante las preguntas que le obligarían a definirse, cuenta con llegar hasta las elecciones generales empujado por los buenos resultados que le auguran las encuestas. A menos de mes y medio para las municipales y autonómicas, y de un año para las generales, los dirigentes populares han dejado claro que tienen ganas de gobernar, pero aún no han explicado para qué. Confían, además, en que el debate sucesorio abierto en el Partido Socialista se acabe resolviendo a su favor. No porque se imponga uno u otro candidato, sino porque en el camino sean los socialistas en su conjunto quienes aparezcan divididos.

Ambigüedad es lo que el Partido Popular viene ofreciendo en materia económica, después de que el Gobierno haya emprendido las reformas exigidas para afrontar los problemas de la deuda. La insistencia en el adelanto electoral no parece tomar en consideración ni los intereses del país ni tampoco la experiencia que vive Portugal. La Comisión Europea cuenta con interrogar a los principales candidatos sobre los planes económicos en el caso de que llegaran al Gobierno. Es una pregunta que Mariano Rajoy, o no podría responder, o tendría que hacerlo desvelando las intenciones que, hasta ahora, ha mantenido rigurosamente ocultas ante los ciudadanos españoles.

También en materia de terrorismo el PP no ofrece más que ambigüedad. El hecho de que Rajoy evite pronunciarse sobre la política adoptada por el Gobierno no significa que callen otros dirigentes populares; es más, hablan para que Rajoy pueda seguir callando sin que, por ello, se sientan defraudados los sectores más radicales de su partido y de sus votantes. La manifestación convocada ayer por asociaciones de víctimas del terrorismo es un perfecto ejemplo de cómo actúa el PP. Rajoy ni confirmó ni desmintió su presencia hasta el último momento, mientras la secretaria general, María Dolores de Cospedal, anunció desde el primer momento su participación en la marcha, con otros destacados dirigentes y cuadros orgánicos del partido.

La aprobación de las listas para las elecciones municipales y autonómicas de la Comunidad Valenciana fue ambigua hasta hace dos días; ahora ya está confirmado que el Partido Popular tenía intención de faltar al respeto institucional y de vulnerar su propagandístico código ético, al incluir hasta 11 candidatos implicados judicialmente en casos de corrupción. La manera de actuar en este terreno puede ser considerado un indicio de cómo piensa hacerlo en los otros donde está evitando numantinamente pronunciarse. Si la apuesta del PP consiste en evitar la movilización de los electores que desconfían de él por su radicalismo, esconder el radicalismo detrás de la ambigüedad es una burla.

El País - Editorial

ETA fuera de las elecciones

De lo que se trata ahora es de evitar que ETA pueda concurrir a las elecciones municipales y más cuando ninguno de sus representantes "institucionales" ha hecho el más mínimo alegato serio, sincero y decente en contra de la violencia.

Mientras miles de españoles clamaban en las calles de Madrid contra la negociación con ETA y su participación en las próximas elecciones municipales, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaraba en el País Vasco que "ETA no ha cerrado la puerta y nosotros tampoco". Y ahí dejó la frase, válida lo mismo para un roto que para un descosido. La ambigüedad es una de las señas de identidad del Gobierno que más veces se ha reunido con los terroristas, así como la evidencia de que frente al terrorismo el PSOE aplica unos cálculos políticos que eliminan todo rastro de credibilidad en un discurso cuyo efecto más inmediato es ofender a las víctimas al tiempo que se ponderan los planteamientos de quienes no tienen más retórica que la de las pistolas.

Si como dice el ministro del Interior estamos ante el principio del fin de ETA no será precisamente por el delirante proceso llevado a cabo por el Gobierno durante la pasada legislatura. Y no será tampoco por las facilidades que se dieron a los cabecillas del aparato de extorsión terrorista en lo que constituye el caso Faisán del chivatazo a ETA. Si la banda está en una fase terminal eso tiene que ver con el rigor de algunos jueces y, sobre todo, con que los terroristas y sus voceros hayan visto seriamente limitada su presencia en las instituciones.

De lo que se trata ahora es de evitar que ETA pueda concurrir a las elecciones municipales y más cuando ninguno de sus representantes "institucionales" ha hecho el más mínimo alegato serio, sincero y decente en contra de la violencia; cuando su teórica desvinculación de la banda es negada por la propia trayectoria de los impulsores de las nuevas siglas, sean Sortu, Bildu, o cuando lo que se pretende con escaso disimulo es forjar una coalición en la que EA encarnaría el papel de caballo de Troya de las amenazas y la extorsión.

En cuanto al apoyo del PP a esta convocatoria, la tercera en los últimos seis meses y la única "bendecida" por Rajoy, parece obvio que en el dirigente popular ha hecho mella la agresiva campaña de la izquierda que equipara cualquier oposición a los planes y planteamientos del Gobierno con los postulados de la extrema derecha. Tal vez es en esos complejos donde haya que buscar las causas de la ausencia de Rajoy en la manifestación de Madrid. Sin embargo, considerar que su presencia en un acto de estas características puede ser un paso en falso en su camino hacia la Moncloa es tanto como renunciar a algunos principios fundamentales de su partido y de un amplio sector de la sociedad que le sostiene con sus votos, tan válidos como los que dice perseguir Rajoy en el caladero socialista. Dar la espalda a las víctimas del terrorismo y largarse a recoger un premio a Ponferrada no encaja con la teoría del PP sobre la materia.

Libertad Digital - Editorial

No más engaños a las víctimas

Un clamor popular exigió ayer al Gobierno socialista que la derrota policial y judicial de ETA incluya la extinción política de la banda.

LA multitudinaria asistencia a la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo demuestra que el sentimiento de inquietud y preocupación por la presencia de ETA en las instituciones es real. El Gobierno no debe hacer oídos sordos, otra vez, a las víctimas de ETA, porque no están dispuestas a ser engañadas como en la anterior legislatura. Las víctimas saben que hay un riesgo cierto de que la banda consiga permanecer en los ayuntamientos vascos a partir del 22 de mayo. Si esto sucede, se deberá a una conjunción de factores que son los que ayer denunciaron las víctimas con toda legitimidad y razón. Factores que incluyen las asombrosas declaraciones a favor de legalizar Sortu hechas, entre otros, por el lendakari López; lendakari gracias al PP y a unas elecciones en las que ETA no participó por la Ley de Partidos Políticos. Factores como la calculada ambigüedad del Gobierno, que en el Supremo pide ilegalizar Sortu y ante los micrófonos afirma con solemnidad que «Sortu no es ETA». Y factores como la doctrina judicial de los votos particulares emitidos en la Sala del 61 y el la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que convergen en la legalización del proyecto político de ETA —así calificado por la mayoría de la Sala del 61— y, consecuentemente, de la negociación Estado-terroristas («caso Faisán»).

La detención continuada de «comandos» no es una estrategia original de este Gobierno y no sirve para despejar dudas. Sí fue novedoso y decisivo extender a partir de 2002 la persecución legal al frente político de ETA, de manera que sus testaferros —Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, ASB, PCTV, ANV, Sortu y otros de similar pelaje— unieron su suerte a la de los pistoleros. Hubo que esperar a una mayoría absoluta del PP, con José María Aznar al frente. Con la ley de Partidos Políticos, que tantas críticas apocalípticas recibió, se rompió la estrategia de vasos comunicantes entre votos y pistolas que ETA impulsó desde la Mesa de Alsasua, auténtico plan de colonización de las instituciones para hacer más eficiente su terrorismo y sus campañas de intimidación social.

Por eso, las víctimas de ETA que ayer se concentraron masivamente en Madrid no piden más detenciones. Piden que la derrota policial y judicial de ETA incluya su extinción política, porque, si no es así, no será una verdadera derrota.

ABC - Editorial

Eurodiputados caraduras: los privilegios de la casta. Por Federico Quevedo

En ese estupendo libro que escribimos al alimón mi compañero Daniel Forcada y quien suscribe, titulado El negocio del poder, hay un capítulo, el quinto, que bajo el epígrafe de El juego de los euromillones: a por un puestazo en Europa, esconde una amplia información sobre cómo viven sus señorías con el dinero que sale de nuestros impuestos, y puedo asegurarles que lo hacen bastante bien. No por nada el capítulo va encabezado con una pequeña cita del escritor francés y clérigo Jacques Benigne Bossuet, quien decía que “la política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir”. Claro, como para dejarlo. Si es un chollo. El asunto es recurrente, no voy a negarlo, y como siempre tampoco esta vez las protestas de la ciudadanía conseguirán introducir un mínimo de exigencia ética y estética en los comportamientos de esta clase instalada en un sistema burocrático perfectamente diseñado para que ellos siempre tengan a su disposición lo mejor de lo mejor, mientras los ciudadanos que pagamos con nuestros impuestos sus lujos y sus excesos vivimos angustiados por llegar a final de mes.

La última hazaña de sus señorías europarlamentarios ha sido votar en contra de una propuesta de un grupo de la Cámara para que los diputados dejaran de viajar en primera clase en los aviones y lo hicieran en turista. No les pareció bien, y rechazaron la iniciativa con los votos de casi todos los eurodiputados españoles salvo cuatro honrosas excepciones. Las excusas hicieron su aparición a raíz del escándalo y de su ebullición en la red social Twitter, donde el topic #eurodiputadoscaraduras se convirtió el miércoles por la noche en la estrella de la jornada, un trending topic que continuó el jueves y que obligó a que los partidos reaccionaran, al menos un poco. Y en esto tengo que admitir que el PSOE ha estado más al quite que el PP, ya que aunque la votación está ahí y ya no tiene marcha atrás, al menos la Dirección de los socialistas ha desautorizado públicamente el sentido del voto de sus parlamentarios europeos, cosa que no ha hecho el Partido Popular, que como ocurre muchas veces llega tarde a estas cosas, y todavía estamos esperando.

Menos mal que el viernes por la mañana una voz se alzó en el desierto de ideas ‘popular’, la de José Ramón Bauzá, líder del PP en Baleares, para quien “si hay que ir en bicicleta se va en bicicleta. Tenemos que estar a pie de calle. Si hay que ir andando, se va andando” -en clara respuesta a los defensores de la Clase Business-, y muy aplaudido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la secretaria de Organización del PP, Ana Mato, y el secretario general de los ‘populares’ europeos, Antonio López Istúriz.

Lo de Aguirre no es extraño dado que ella solo viaja en primera en trayectos muy largos, si no lo hace en turista, y lo ha hecho siempre. En un viaje a Palma de Mallorca Aguirre se pasó la hora y pico del vuelo departiendo con un grupo de mayores del Imserso que estaban encantados. En cierta ocasión, el sobrecargo no le quiso cobrar una coca cola y la presidenta se empeñó en pagarla. Y tampoco aceptó la invitación del comandante de otro vuelo para que ocupara un asiento en preferente porque había lugares vacíos. Yo mismo me he encontrado al ministro de Fomento, José Blanco, viajando en clase turista acompañado de su jefe de prensa. Esa debe ser la tónica habitual, porque no hay excusa que valga para que ningún político abuse del privilegio de serlo para obtener un beneficio al que la mayoría de los ciudadanos no pueden acceder.

El hecho de volar más de trescientas veces al año no es un argumento suficiente porque, qué nos quiere decir con ello Vidal Quadras, ¿que la clase turista es, con perdón, una mierda? ¿Que no se puede trabajar? Hay gente que viaja mucho más de lo que lo hace un eurodiputado, y lo hace en clase turista, y trabaja igual y aprovecha igual su tiempo. Cierto, es un poco más incómoda que la Business y, normalmente, no te ofrecen aperitivos. ¡Qué pena! Pero la realidad es que si el premier británico David Cameron puede venir a España en low cost y alojarse en una pensión normal, a nuestros eurodiputados se les puede exigir un comportamiento mucho más cercano a la realidad de la calle, como el viernes pedía Bouzá con mucho sentido común.

En el libro que les indicaba al principio se cuenta como el Europarlamento se ha convertido en un retiro dorado para políticos de todos los partidos y tendencias. Sueldos de casi 8.000 euros al mes complementados con dietas y presupuestos para gastos de personal que los llevan a los casi 12.000 euros mensuales, viajes y estancias pagados además por la burocracia parlamentaria. Incluso estuvieron a punto de aprobar una serie de indemnizaciones pagadas por el Parlamento a aquellos diputados que llegaran tarde a los plenos por retrasos en los medios de transporte, aunque la propuesta fue paralizada por el Consejo Europeo. Pero lo cierto es que la capital europea se ha convertido en un reclamo para jóvenes promesas y en un vehiculo de favores políticos y personales.

El Confidencial - Opinión

Guerra de guante blanco. Por Hermann Tertsch

Nuestras almas delicadas se soliviantan porque la OTAN no quiere disculparse por haber atacado unos blindados del ejército libio sin saber que habían sido capturados por soldados de la oposición al régimen. Y durante días la noticia más importante era otra confusión de la alianza al matar por error a otros combatientes rebeldes. Y sin embargo, parece lógico lo más incomprensible, que es que tras varias semanas de bombardeos, las tropas de Gadafi sigan moviendo su artillería pesada y sus tanques con una facilidad y efectividad pasmosa. Y que la soldadesca del régimen aún pueda mantener sus largas líneas de comunicación y suministro entre su retaguardia y algunas de las ciudades que ataca sin mucha dificultad. Revela un ritmo de los ataques de la OTAN parsimonioso y nada tiene que ver con la desesperada lucha contra reloj de las fuerzas rebeldes. Que en una guerra como la que presenciamos, con unos frentes en continuo movimiento y unas fuerzas irregulares enfrentándose a un ejército en proceso —lento pero cierto— de disolución se produzcan bajas por confusión o malentendidos no es más que comprensible. Los mejores ejércitos del mundo tienen bajas por fuego amigo. Se pueden minimizar pero nunca descartar. Lo relevante es la incapacidad de los mandos intermedios militares —¿o es culpa del mando superior y de la voluntad política?— para establecer comunicaciones con las fuerzas rebeldes. Pretenden una guerra de guante blanco. No las hay. El miedo de los gobiernos occidentales a tener una sola baja propia hace lenta y compleja su campaña pese a la abrumadora superioridad. Unos mandan aviones con orden de no disparar. Otros no quieren que sus pilotos se manchen. Así se hace y puede llegar a hacer el ridículo. Además de perder el respeto de aliados y enemigos sobre el terreno. Y se da tiempo al enemigo a matar a más libios inocentes.

ABC - Opinión

Manifestación. Rajoy no es noticia. Por Maite Nolla

No se puede tolerar que cuando lo relevante es que parte de la sociedad española se niega a que se comercie con su libertad y que eso ha empujado a medios, asociaciones y políticos a participar, la noticia sea si Rajoy sabe o no sabe si va a venir o no.

Yo no creo que se puedan discutir los motivos por los que muchas personas, políticos o medios que no apoyaron las dos manifestaciones precedentes convocadas por Alcaraz en solitario, ahora sí decidan apuntarse; todo lo contrario. Cuando la causa es justa y es noble la existencia de tipos que tiren del carro es necesaria para que luego otros se unan al asunto. Es más, a veces determinados movimientos es mejor que tengan un crecimiento sostenido. Por ejemplo, poco o muy poco queda del espíritu de Ermua, pese a que España salió masivamente a la calle. Estarán de acuerdo conmigo en que no hay ninguna diferencia moral entre lo que pasó en julio de 1997 y lo que se pide ahora. En cambio, el movimiento cívico actual, aunque sea mucho menor en número, lleva años firme en su posición y el otro se disolvió para vergüenza de todos y para satisfacción de algunos. No hablo yo en nombre de nadie, pero creo que los que estén el sábado serán muy bienvenidos, como no puede ser de otra manera. Además, si había motivo para ir a las otras dos, mucho más ahora que siete magistrados del Tribunal Supremo han puesto el fundamento jurídico y han marcado el camino correcto para eludir la Ley de Partidos y sus propias sentencias anteriores.

Los políticos son otra cosa. Estaría bien que nos expliquen no por qué motivos vienen ahora, sino por qué no acudieron las otras veces. Pero oigan, desconfiando de ellos por principio y regla general, siempre están mejor los políticos manifestándose con las víctimas que ignorándolas. Por eso, no se puede tolerar que cuando lo relevante es que parte de la sociedad española se niega a que se comercie con su libertad y que eso ha empujado a medios, asociaciones y políticos a participar, la noticia sea si Rajoy sabe o no sabe si va a venir o no. Rajoy tomó una decisión en 2008. Alguien le convenció de que a Zapatero no le pasaron factura sus negociaciones y que al PP no le benefició en exceso salir a la calle. Y desde entonces ha actuado en consecuencia. Tan en consecuencia que no ha dudado en mostrar la salida a algunos que, literalmente, se habían dejado la vida por las siglas del partido que ahora preside Rajoy. A mí, si se manifiesta, bien; y si no, fenomenal. Él no es la noticia.

Libertad Digital - Opinión

¡Indignaos! (Hoy, esta tarde). Por Tomás Cuesta

Lo ocurrido en el «proceso» y el mismo proceso son una traición y una derrota del Estado, de los ciudadanos.

LA despedida en falso del presidente del Gobierno (y la agonía a crédito, y la derrota a plazos) ha camuflado tras un telón de humo su responsabilidad en asuntos tan concretos como la catástrofe económica y los contactos con ETA, ya sea en la fase negociadora o en el chivatazo en el bar Faisán. El efecto más inmediato del desesperado anuncio ha sido pintar una sonrisa de suficiencia en el rostro de Rubalcaba, al que todo el mundo pregunta qué se siente a las puertas de tomar posesión del PSOE, aunque el partido de los cien años de honradez sea una auténtica ruina, la zona cero de los negocios de familia, la antesala del trinque y el apalanque. Sin embargo, la desbandada general no será, como hasta ahora, un camino de rosas. Siete días después del renuncio, las víctimas del terrorismo salen a la calle —por tercera vez en seis meses— para intentar que los terroristas no participen en las próximas elecciones. Dicho con la claridad de quien vela a los inocentes, lo ocurrido en el «proceso» y el mismo proceso son una traición y una derrota del Estado, de los ciudadanos, del Derecho, de la lógica y del sentido común, además de colaboración con banda armada.

Es harto probable que el soplo policial a ETA que retrasó un año la detención de los responsables de las extorsiones no haya calado en la opinión pública con la intensidad, por ejemplo, con que lo ha hecho la negativa de los eurodiputados a pasarse de bisnes a turista. Las actas de la infamia, el chivatazo o los beneficios penitenciarios de los etarras no son «trending topic» en «Twitter» como tampoco lo son el paro o las andanzas de los hijos de Chaves, el mismo que exhibía un ridículo patrimonio de sesenta mil euros tras toda una vida política como prueba de probidad; lo que no quita ni pone a efectos de la potencia de las redes sociales, ni mucho menos respecto a la importancia, sustancia, calado y alcance de que el Gobierno mienta con reiteración, alevosía y ensañamiento sobre ETA, acumule unos registros históricos de desempleo y mantenga en sus puestos a Rubalcaba y Chaves como si aquí y en «Twitter» no pasara nada.

Puede que la manifestación de hoy no tenga grandes consecuencias en las urnas para los partidos tradicionales, distantes o directamente contrarios a las movilizaciones de las víctimas del terrorismo, pero es la respuesta de una parte considerable de la ciudadanía ante la clamorosa ignominia de repartirse el mundo con los etarras (incluso después de un atentado) y negar cualquier derecho a quienes pueden hablar de terrorismo de primera mano, que son, según Rubalcaba, Zapatero y Pajín, la «extrema derecha» y el «tdt party», un hallazgo retórico elemental que es la respuesta de carril cada vez que alguien osa inquirir sobre cómo es posible que individuos condenados por pertenencia a ETA sean considerados «hombres de paz» y puedan regresar a los ayuntamientos para alimentar la maquinaria sangrienta con fondos públicos, con el dinero de las propias víctimas.

¿Y qué dirán, por cierto, los entusiastas de «¡Indignaos!» —ese turbio panfleto antisemita— de aquellos que esta tarde proclamarán su indignación a pie de calle? La respuesta es tan obvia como miserable. Dirán que es indignante que la gente se indigne a beneficio de los reaccionarios. Porque las víctimas, según de qué parte caigan, son daños colaterales, sangre caducada.

ABC - Opinión

El error como verdad. Por Alfonso Ussía

Personalmente me importa un rábano la Segunda República. La he estudiado, leído y oído, pero falleció hace setenta y cinco años y no soy partidario de esquelas de aniversarios. Además, que es una fallecida que no cuenta con mis simpatías porque supuso un desastre que desembocó en un caos trágico y sangriento. La Segunda República rompió con sus buenas intenciones del principio y terminó en manos de un Frente Popular vindicativo y soviético. Por su culpa nació el fascismo, la revolución de la burguesía y las clases medias frente a la revolución comunista y socialista. Hubo una guerra, y perdieron los que no supieron unirse. No obstante, admito y respeto todas las opiniones al respecto.

La TVE de Oliart está obsesionada con la Segunda República. Unos eran los buenos y otros los malos. Los buenos perdieron y los malos ganaron. Ese nivel de gilipollez histórica es el que aún predomina. Y se siguen editando novelas a manta con la Guerra Civil como escenario. Buenas y malas, medidas o desmedidas, que cada cual cuenta la historia como le fue.

Entre las buenas, la de Raúl del Pozo, que es un formidable escritor que emergió de la izquierda y hoy se mueve por el equilibrio y la serenidad que concede la capacidad de sobrevolar sobre las extintas pasiones. «El Reclamo» se titula su novela. Desde que juega al golf, a Raúl se le ha blanqueado el pelo hasta la máxima elegancia. Parece un Luca de Tena. Pero ha dicho algo que no concuerda con su talento. Esa falsedad permanente. «Unos luchaban a favor de la República y la Democracia, y otros a favor de la Dictadura». No es así y no fue así. Cuando estalló la Guerra Civil la República no era ni democrática ni libre. Ya se había convertido en un sistema asesino. Por supuesto que muchos republicanos combatieron por sus ideales, pero la quimera ya se había desmoronado sobre sangre, incendios de iglesias y llantos de paseos de la Brigada del Amanecer. Y en el lado de los nacionales, no se luchaba por una dictadura, entre otros motivos, porque la dictadura llegó como consecuencia del fin de la guerra. Estaban los monárquicos, los falangistas, los carlistas y los que no pertenecían a ninguno de los tres apartados. Se combatió por recuperar la unidad de una España troceada y echada al vertedero por unos dirigentes políticos fanáticos e insensatos. Hubo gloria y honor en las dos partes. Hubo terror e injusticias en una y otra retaguardia. Y ganaron la Guerra los sublevados porque no se mataron entre sí, como ocurrió en el bando republicano. Pero la gran mayoría de combatientes del bando nacional, no luchaban por una dictadura. Y decir que se combatía por la libertad y la democracia con la URSS en la cima del mando, se me antoja una frivolidad. Los nazis ayudaron a Franco. Tampoco se sabía en aquel tiempo el nivel de horror que el nazismo alcanzaría durante la Segunda Guerra Mundial.

Guardo el casco de guerra de mi padre, que al finalizar la barbaridad compartida, era capitán del Arma de Ingenieros. El casco le salvó la vida en dos ocasiones. Mi padre luchó por la España que él creía mejor. Por la España que mantuvo sus símbolos y su bandera. El gran error simbólico de la Segunda República – en el que no cayó la Primera República Española–, fue cambiar los colores de la bandera de 1785, creada por Carlos III y no por Franco, como cree el analfabetismo sectario. La democracia la había pisoteado la República cuando empezó la Guerra y la dictadura franquista se estableció con posterioridad a su término. Se luchó por otras cosas, ideales incluidos. Salvando esta apreciación, mucha suerte, Raúl.

La Razón - Opinión

Manifestación. La casta debería ir en la pancarta. Por Pablo Molina

Una ración de sinceridad cercana del ciudadano hacia el político díscolo es vacuna eficacísima contra las veleidades progres en materia de terrorismo, y en el PP periférico ya hay quien va necesitando una monodosis tamaño elefante.

La decisión de las organizaciones de víctimas del terrorismo convocantes de la manifestación de este fin de semana, impidiendo a los políticos que aparezcan en la primera fila, me parece una concesión demasiado generosa a nuestra casta que, seamos honestos, tampoco es que vaya a sufrir una epidemia de hernias discales por trabajar un poquito un sábado por la tarde.

Los políticos, al menos los del Partido Popular, deberían haber sido invitados con cierta insistencia a participar en la manifestación de este sábado en lugar destacado, porque el 99,9 por ciento de sus votantes defiende la memoria y la dignidad de las víctimas, las acompaña cada vez que lo necesitan y quiere que los políticos a los que entrega su confianza acudan a todas y cada una de las convocatorias que se realicen en apoyo de los heridos y los familiares de los asesinados por el terrorismo. El resto de los votantes, ese 0,1 por ciento en el que me incluyo, querría además que lo hicieran de rodillas para purgar sus muchas traiciones, pero esa es una cuestión marginal dada la importancia de los asuntos que se ventilan.

En las primeras filas de la manifestación de este día 9 deberían ir los 153 diputados, los 123 senadores y el medio millar largo de diputados autonómicos que el Partido Popular mantiene a cuerpo de rey gracias al voto de los ciudadanos anónimos que acuden desde todos los extremos de España a estas convocatorias; y no precisamente en la clase business de Iberia, sino en autobús o coche particular, donde no hay azafatas que te sirvan lingotazos para entretener el viaje.

Además, la presencia de los altos cargos del PP en la cabecera de la manifestación tendría efectos pedagógicos muy interesantes, al menos en lo que respecta a esos centristas vergonzantes que juegan a la ambigüedad en asuntos tan graves, a los que con toda seguridad sus votantes les harían llegar de primera mano la opinión que les merece su actitud traidora. Una ración de sinceridad cercana del ciudadano hacia el político díscolo es vacuna eficacísima contra las veleidades progres en materia de terrorismo, y en el PP periférico ya hay quien va necesitando una monodosis tamaño elefante.

Se hace difícil llevar la contraria a una organización de víctimas del terrorismo porque, sinceramente, alguien al que le han asesinado a un familiar por patriota dice que esto no es Libertad Digital sino la versión web del Pumby (FJL dixit) y yo simplemente cambio de tema. Es sólo que a veces las víctimas se pasan de buenas y hay quien no merece tanta bondad. Los políticos, menos que nadie.

Libertad Digital - Opinión

Delenda est excellentia. Por Ignacio Camacho

Cualquier iniciativa de primar el mérito debe ser anatematizada en nombre de la dictadura de los mediocres.

EL culto a la mediocridad es una vieja tradición española que ha dado lugar a una carencia histórica de élites con proyección y pujanza. Los países que pisan fuerte en el mundo han procurado siempre dotarse de una clase dirigente formada para ejercer el liderazgo social, empresarial y político, y lo han hecho a través de instituciones docentes de alto nivel capaces de establecer una rigurosa selección de excelencia. Sea mediante el sistema privado anglosajón —la Ivy League americana, los colleges británicos— o el modelo público de la ENA francesa, las naciones avanzadas han forjado su hegemonía en el intangible del conocimiento, mientras España perdía siglo y medio en un marasmo de vulgaridad que enterró el sueño regeneracionista del krausismo y de Costa, que fueron los primeros en apostar —en vano—por una vanguardia intelectual que tirase del carro del progreso. La cascada de leyes educativas y planes de estudio de los últimos treinta o cuarenta años testimonia el fracaso de nuestra orientación pedagógica, que ha alcanzado con la Logse la apoteosis de la medianía: un régimen escolar que fija el rasero en el escalón más bajo del aprendizaje y penaliza o desprecia la competitividad y el mérito.

Ese espíritu anodino que identifica los valores democráticos con la vulgaridad multitudinaria ha estallado en la reacción de la izquierda oficial contra la iniciativa de Esperanza Aguirre de crear institutos-piloto para que los alumnos más brillantes y de mejores notas no sufran la rémora de una bajísima media obligatoria. Delenda est excellentia; todo intento de destacar debe ser anatematizado en nombre de la dictadura de los mediocres, disfrazada de igualitarismo. El dicterio de la segregación y el apartheid ha caído de inmediato sobre un proyecto que si algo puede lograr es que la instrucción pública compita con la privada en la formación de élites. Pero nuestro progresismo de salón prefiere perpetuar el privilegio de la educación selectiva en carísimos centros particulares mientras condena la enseñanza oficial al estatus de una escuela para pobres. Huelga decir en qué colegios estudian los hijos de esa sedicente izquierda ilustrada; la solidaridad es estupenda cuando se aplica sobre los derechos de los demás.

La idea de Aguirre saldrá bien o mal según la eficacia con que se desarrolle; lo que no cabe es cuestionarla desde los principios de la justicia o del progreso porque la selección que se pretende es la del talento, no la de los recursos, y eso resulta tan justo como progresista. Se trata de darle una mejor oportunidad a los mejores, de recompensar y proyectar su esfuerzo en vez de cortarle las alas al deseo de perfeccionamiento y mejora. Eso es lo que ocurre en las aulas españolas sometidas al esquema logsiano: una rebaja sistemática del nivel medio que bajo la coartada de la integración empobrece la calidad y consagra el adocenamiento.

ABC - Opinión

La razón de las víctimas

Las víctimas del terrorismo saldrán hoy a las calles de Madrid con el propósito de que ningún partido afín a Batasuna esté presente en las elecciones. O lo que es igual, para que ETA no regrese a las instituciones. Se presume una movilización masiva, y no sólo porque la sociedad mantiene una lealtad y un apego afectivos a esos cientos de compatriotas que constituyen un referente moral para todos, sino porque una mayoría comparte las motivaciones de la protesta. Las víctimas se han ganado el respeto, pero también la confianza en sus pronunciamientos. Están avaladas por décadas de responsabilidad y de saber estar a la altura de las circunstancias.

Por eso entendemos las razones del colectivo para manifestarse. Vivimos una etapa de confusión y las víctimas temen que la banda terrorista pueda colarse en los ayuntamientos y las Juntas Generales. Hay un clima político distinto al de hace unos meses. Hoy, parece imposible asegurar que una marca proetarra no estará presente en las elecciones y ése es un motivo suficiente de alarma. Hay episodios que abonan esa incertidumbre. En primer lugar, el voto particular de siete magistrados del Supremo –casi la mitad– que dieron crédito a las palabras de Sortu y no a los documentos presentados por la Fiscalía y la Abogacía, ni a los informes de la Guardia Civil y la Policía. Que esos magistrados pertenezcan a la misma corriente ideológica que una mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional que decidirá sobre el recurso de Sortu dispara las dudas.

Después, la posición de los socialistas vascos, que se han alineado con los criterios de esa minoría discrepante con el fallo que desmontó la trampa etarra en el Supremo. No sólo ha sido el presunto verso suelto de Jesús Eguiguren, sino que el partido, por medio de su portavoz, José Antonio Pastor, lo ha expresado con claridad. Que las tesis de Eguiguren se hayan impuesto supone caminar hacia la equidistancia, el borrón y cuenta nueva y el olvido, lo que es inaceptable. Las víctimas tomarán las calles mientras en el Congreso la Ley de Solidaridad con el colectivo lleva congelada desde octubre sin que se conozcan los motivos y a la espera de que los grupos se decidan a reactivar la tramitación. Esta situación es un escándalo y una burla a las víctimas, que no se merecen el enredo parlamentario de los dos grandes partidos que ha permitido, por ejemplo, 24 prórrogas en el plazo de entrega de enmiendas.

El presidente del Gobierno prometió esta ley en 2006 y las víctimas la esperan cinco años después. Ni el Gobierno ni el PSOE acudirán a la manifestación. Esta actitud distante y fría ha sido un error crónico de la izquierda y lo peor es que no hay propósito de enmienda. El PP estará con una importante representación. Es un deber moral, pero también, una convicción. La protesta, por tanto, está sustentada en sólidos fundamentos. Las víctimas desconfían porque la pasada negociación con ETA está demasiado presente en mensajes y protagonistas. Hasta la fecha, el Gobierno se mantiene firme en la política de la derrota y es de justicia reconocerlo. Como lo es también recordar que los socialistas mantienen viva la resolución parlamentaria de 2005 que autoriza al Ejecutivo a dialogar con los terroristas.

La Razón - Editorial

Errores de Mas

La deriva propagandística en el debate sobre el déficit amenaza con perjudicar a Cataluña

Nada peor que politizar o hacer propaganda cuando se trata de algo tan serio como ajustar el déficit fiscal por exigencia europea. Eso es lo que está haciendo el nuevo Ejecutivo de la Generalitat encabezado por Artur Mas. Acompañado por una torpeza de Hacienda: la negativa a adelantar, en la forma tradicional, los recursos (1.450 millones) del Fondo de Competitividad, imprescindibles para que Cataluña haga su ajuste en condiciones.

El déficit presupuestario español no lo originan las autonomías, a las que se debe solo una pequeña parte, aunque creciente y descontrolada, y que ha sido subsanada en 2010 gracias al mayor ahorro del Estado. Y a la inversa, el objetivo de cerrar 2011 con un desbalance autonómico del 1,3% sobre el PIB no es un capricho de Madrid: es un tope acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que concurren todas las comunidades.

Administración central y comunidades autónomas deben ejecutar los sacrificios que a cada parte corresponden para cumplir con los compromisos libremente adoptados por España ante la Unión Europea. De lo contrario, quienes sufrirán serán todos los españoles sin distinción. Ahí está el ejemplo de Portugal.

El gobierno de Mas ha cometido tres errores en un asunto que merita prudencia y discreción, cuando los mercados todavía olfatean las debilidades financieras del Reino. El primero es un énfasis excesivo en el presunto desastre de la herencia recibida de su predecesor, el tripartito de izquierdas. Decir que "la caja está vacía", que no se podrán "pagar las nóminas" o que se induce a "maquillar" el presupuesto acaba revolviéndose contra quien lo formula. Los nacionalistas más que nadie deberían creer en la unidad y permanencia del Estado (en este caso, de la Generalitat, que también lo es), y no caer en frivolidades. Al cabo, Mas ha debido optar por una emisión de bonos a particulares, en unas condiciones ligeramente mejores que las del tripartito en otoño, gracias a que los mercados han mejorado su percepción, la de España.

El segundo error es el ruido, el desorden y la inequidad en el anuncio de los recortes presupuestarios. Si la Sanidad absorbe el 25% del gasto de la Generalitat, es lógico que deba quedar afectada. Ahora bien: ¿es acertado el cierre general de quirófanos por las tardes? ¿No sería mejor algo más de valentía con el copago? ¿Era justo este el momento para suprimir el impuesto de sucesiones, que beneficia a los más ricos y en nada contribuye al crecimiento ni al empleo?

El tercer error es desviar el debate sobre el recorte o alternativamente el incremento de impuestos hacia una renegociación financiera que adelanta el "pacto fiscal" prometido por Mas para 2012. Eso es también renegociar traspasos, como los edificios hospitalarios para poder aumentar la deuda. Las cortinas de humo nunca generan claridad. Y menos cuando coinciden con el clandestino voto por la independencia del presidente catalán en un referéndum alegal. O un camino o el otro.

El País - Editorial

Bonus por matar

El PSOE han impuesto su agenda y en ella está escrito que ZP quiere pasar a la historia como el presidente que acabó con ETA, aunque sea a costa de mantener intactas sus estructuras criminales y de premiar el terror con una irrupción en las instituciones.

El objetivo de la manifestación que celebran hoy las víctimas del terrorismo es denunciar la presencia de ETA en las instituciones, un regreso que no es tal porque los satélites de la banda terrorista estaban y están de un modo directo en los ayuntamientos a través de las listas de ANV. Y estarán a través de EA, partido que facilitará el encaje electoral de una "izquierda abertzale" que es, en realidad, la plataforma funcionarial de los asesinos. Que estos individuos tengan más facilidades aún para acceder al censo, que dispongan de fondos públicos oficiales, que habiten los mismos espacios que los concejales demócratas (lo que facilita enormemente su control y seguimiento para fines delictivos) no es precisamente el mejor camino para acabar con el terrorismo; como tampoco es la mejor manera de que abandonen el tiro en la nuca y la bomba lapa sentarse a dilucidar y decidir con ellos el futuro de Navarra, la política penitenciaria, la forma de Estado y el futuro de España. Esa es, para ellos, la demostración de que la consecuencia de sus crímenes puede ser la cárcel, pero también el escaño, todo un incentivo para dejar de matar y también para seguir matando y extorsionando si es que la realidad no se ajusta a sus previsiones.

El Gobierno y el PSOE han impuesto su agenda y en ella está escrito que Zapatero quiere pasar a la historia como el presidente que acabó con ETA, aunque sea a costa de no acabar con ETA, de mantener intactas sus estructuras criminales, de "bendecir" sus pretensiones políticas, de premiar el terror con una irrupción en las instituciones por la puerta grande, como héroes, sin vencedores ni vencidos, tan amigos después de más de ochocientos asesinatos, del éxodo de cientos de miles de vascos, de la práctica desaparición del Estado y de la Nación en el País Vasco, de la extorsión sistematizada, del lavado de cerebro de una parte de la sociedad que, visto lo visto y la actitud del Gobierno, está convencida que tras cada crimen terrorista hay un proyecto político legítimo. Y en eso consiste una negociación que empezó antes de que el PSOE alcanzara el poder, continuó tras el atentado de la T-4 y continúa en la actualidad en una forma de proceso en el que se trata de conseguir que personas condenadas por pertenencia a banda armada introduzcan en la política democrática los usos ideológicos y los "razonamientos" prácticos de los terroristas. En suma, no un crimen sin castigo sino un bonus por matar.

Libertad Digital - Editorial

Razones para apoyar a las víctimas

Sí, las víctimas sí tienen razones de pesono sólo para convocar esta manifestación,sino para recabar el apoyo de todos los ciudadanos con su presencia.

LOS buenos resultados de la acción policial y judicial contra ETA en los últimos tiempos son compatibles con los motivos que llevan hoy a las víctimas del terrorismo a manifestarse por el centro de Madrid contra la posibilidad de que los terroristas sigan en las instituciones democráticas a partir del 22 de mayo. Mientras la Audiencia Nacional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía están actuando decididamente contra ETA y sus diversas sucursales políticas, el Gobierno y, sobre todo, algunos dirigentes del socialismo vasco han emitido mensajes equívocos, cuando no claramente favorables a la legalización de Sortu, como un paso necesario para responder a la tregua de ETA e impulsar un nuevo proceso de negociación política. Al mismo tiempo, el voto particular de siete magistrados de la Sala del 61 del Supremo, destinatario de adhesiones entusiastas entre los socialistas vascos, ha abierto la expectativa de que el Tribunal Constitucional revoque el auto que ordena no inscribir a Sortu como partido legal.

En medio de esta confusión organizada en torno a la actitud política del Gobierno y del PSOE hacia Sortu, es decir, ETA/Batasuna, la revelación de los documentos sobre las negociaciones con los terroristas entre 2005 y 2007 ha reabierto las heridas mal cerradas que causó el engaño masivo y constante perpetrado por Rodríguez Zapatero contra las víctimas y el Partido Popular. La falta de sensibilidad y de empatía del Gobierno socialista hacia las víctimas de ETA se ha hecho aún más patente tras conocerse los reiterados ofrecimientos hechos por sus representantes a ETA de entorpecer la acción judicial y conceder medidas de gracia incluso por delitos de sangre.

Sí, las víctimas sí tienen razones de peso no sólo para convocar esta manifestación, sino para recabar el apoyo de todos los ciudadanos con su presencia. En un tiempo de crisis de valores, de pesimismo social, de desconfianza en las instituciones, conviene recordar la ejemplaridad cívica y ética de unas víctimas que nunca han pedido otra cosa que el amparo de la ley, la aplicación de la justicia y el cumplimiento de las sentencias. Nunca ha habido en las víctimas un discurso de venganza, ni de comprensión hacia la guerra sucia contra ETA. No han pedido atajos para castigar los crímenes terroristas, ni se han apartado de las leyes o de la Constitución para atender sus legítimas demandas. Después de tanto como han entregado a la sociedad, es de justicia salir hoy a la calle, en Madrid, con las víctimas del terrorismo.

ABC - Editorial