Campeón del caos. Por Jesús Cacho

Difícil encontrar en la historia de la Unión Europea un ejemplo tan claro de improvisación. Difícil hallar Gobierno alguno capaz de ofrecer tal sensación de liviandad, de ser un mero rehén del azar, una vela movida por el viento de las circunstancias.

Y no es que la reforma del mercado de trabajo haya sido asunto caído del cielo. Desde el célebre episodio de Davos, enero pasado, Rodríguez Zapatero se sabe viviendo sobre un barril de pólvora. Aquel viaje a los Alpes suizos marcó un punto de inflexión en la legislatura y probablemente en su carrera política. A los pies de La Montaña Mágica de Mann tuvo la brillante idea de sentarse en el estrado al lado del presidente letón y del primer ministro griego, y allí se pegó nuestro soldadito de plomo un tiro en sus partes. Volvió asustado, tras descubrir de pronto el colmillo del lobo de la crisis, prometiendo acometer reformas, recortar el gasto público y meterle mano a las pensiones. Y en Bruselas respiraron alborozados. Hasta los mercados le creyeron, con resultado de un alivio momentáneo de las tensiones sobre nuestra deuda. Pero llegó Paco con la rebaja, es decir, Cándido Méndez. El líder de la UGT dijo que ni hablar, que eso sería considerado un atentado contra los derechos de los trabajadores, y en ese mismo instante ZP reculó y aclaró que de lo dicho nada, que lo anunciado no pasaba de ser una simple especulación a futuro.

En Bruselas se sintieron engañados. Ahí perdió Zapatero el crédito de que disponía ante sus pares, y en ese lance se percataron los mercados de que el presidente español era un individuo poco fiable que, además, carecía de la autoridad suficiente para hacer las reformas que reclamaba el país y los mercados. Desde el lance de Davos ha pasado mucha agua desbordada bajo los puentes hispanos. En las últimas semanas, la posibilidad de que la UE tuviera que poner en marcha el rescate de España a la manera griega ha sido algo más que una hipótesis. La presión había alcanzado tales cotas, que la reforma laboral llegó a plantearse hace una semana como la prueba definitiva para el Gobierno y para España. Había que hincarle el diente al problema para enviar un mensaje de seriedad a los mercados. Pero las ineficiencias y rigideces de la legislación laboral española no son de ahora, razón de más para que la imprevisión y la incuria demostrada estos días por el Ejecutivo haya provocado el asombro de tanta gente.

«Difícil encontrar en la historia de la Unión Europea un ejemplo tan claro de improvisación. Difícil hallar Gobierno alguno capaz de ofrecer tal sensación de liviandad.»

Imposible encontrar mejor ejemplo de ese caos que la reunión nocturna entre Gobierno, patronal y sindicatos que, iniciada a las 8 de la tarde del miércoles 9, terminó en fracaso en torno a las 6 de la mañana del jueves. Desde primera hora de la noche se discute un proyecto salido del magín del jefe del Gabinete del Presidente, José Enrique Serrano, que lleva la voz cantante en su condición de Inspector de Trabajo. Cuando parecía cercano el acuerdo, con los jurídicos incorporados a la negociación, los sindicatos se plantan y Celestino Corbacho extrae de su cartera, pasadas ya las 4 de la madrugada, un nuevo texto más restrictivo, un papel de cuya autoría los reunidos tienen pronto pocas dudas: Méndez, el auténtico ministro de Trabajo del Gobierno Zapatero. Tras años de románticos paseos y dulces reflexiones sobre el brillante futuro del leonés como apóstol de los trabajadores, en la CEOE aseguran que el Presidente le ha cogido miedo al de la UGT. Miedo político, desde luego, aunque hay quien dice que incluso físico. El líder sindical le habría amenazado con provocar un motín en el ala izquierda del PSOE (hay cabreo en el Grupo Parlamentario socialista entre los diputados con carné ugetista) y poner a los sindicatos en la calle de forma permanente. Y Zapatero acepta el chantaje a cambio de que la UGT no se eche al monte. Cuando Corbacho pone sobre la mesa el proyecto inspirado por Cándido, el café y el agua a punto de agotarse, uno de los reunidos masculla un “¡joder, qué Gobierno!” que aparca en el tímpano cansado de muchos de los reunidos.

Navegando en un mar de contradicciones

La patronal no tarda en levantarse de la mesa, cargando con las culpas de un fracaso que los sindicatos se encargan de airear de buena mañana. Tras el Consejo de Ministros del viernes, el Ejecutivo distribuye un proyecto de reforma que rápidamente llega a los medios y que cosecha una casi unánime reprobación. La alarma es general: si eso iba a servir de base al Decreto Ley que el Gobierno pretendía alumbrar el miércoles 16, no era aventurado afirmar que los mercados podían terminar con España en un santiamén. La preocupación alcanza cotas máximas. ZP pasa el fin de semana recibiendo llamadas de banqueros y empresarios alarmados por lo que se viene encima. “Es que los mercados han llegado al límite; estamos muy por encima de Italia y algún día hemos llegado a pagar más que Portugal… Y con el ahorro español escapando a bancos y fondos extranjeros”. El Presidente recibe, entre otros, a una representación de los “Cien Economistas”. “Es impresionante lo de este tío”, reconoce alguien que le ha visto estos días. “A todo el mundo le dice lo que él cree que el interlocutor quiere oír y ante todos se manifiesta convencido de la necesidad de reformas radicales. Incluso ha llegado a decir que los sindicatos son una maldición para España. Algo parecido le dijo al presidente de la patronal europea, Jürgen Thumann, que le visitó en Moncloa el viernes 11. Pero, luego, por un oído le entra y por otro le sale: no hace caso a nadie”.

El desbarajuste es de tal calibre que el lunes 14, a poco más de 24 horas de la salida del Decreto Ley, Moncloa pide informes varios a bufetes de abogados expertos en la materia, entre ellos a Sagardoy y Cautrecasas. Íñigo Sagardoy responde que el material que le han pasado no va a servir para crear empleo, porque está plagado de incoherencias. La reforma es un “fetiche” al que el Gobierno, un mar de contradicciones, no sabe cómo rendir culto. Por fin a mediodía del miércoles, a poco más de un hora del fiasco de la selección en Sudáfrica (“los españoles están deprimidos, José Luis”, que diría Felipe González), el Ejecutivo pare un Decreto Ley que redacta Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo con Jesús Caldera, resultado de refundir, añadir, corregir, cortar y podar montones de papeles manejados en días previos, donde también pone su gratino de arena el fontanero Serrano, pero del que se aparta a Javier Vallés, jefe de la Oficina Económica de Moncloa, y a la ministra de Economía, Elena Salgado, que no ha tenido vela en este entierro, caso insólito en la práctica de un país europeo. Valeriano es el hombre puente entre el Gobierno y la UGT, como militante del PSOE y ugetista al tiempo que es, síntoma claro de que Zapatero ha tratado por todos los medios de aplacar, si no complacer, a su amigo Méndez. En el peor de los casos, el genio de León quiere que, si ha de haber ruptura en meses venideros, lo del Gobierno y la UGT sea una separación amistosa, jamás el “divorcio por lo criminal” que supuso la huelga general del 14 de diciembre de 1988 entre González y Nicolás Redondo.

«Íñigo Sagardoy responde que el material que le han pasado no va a servir para crear empleo, porque está plagado de incoherencias.»

Imposible encontrar una valoración compartida. Opiniones divergentes por doquier. “El Decreto es peor que el texto que se discutió a partir de las 10 de la noche del miércoles, y un poco mejor que el bodrio que UGT intentó colar a las 4 de la madrugada del jueves”. Existe cierto consenso a la hora de admitir que se ha avanzado en el abaratamiento del despido, pero poco o nada en asuntos tan importantes como la clarificación de las causas del despido objetivo (los jueces seguirán calificando de “improcedentes” 8 de cada 10 de los que ahora se producen); la negociación colectiva (imprescindible que una empresa en dificultades pueda descolgarse del convenio del sector); el seguro de desempleo; la flexibilidad interna y algunas cosas más. Una Ley tan genuinamente estalinista como es el Estatuto de los Trabajadores seguirá enseñoreando las relaciones laborales en nuestro país. Por lo demás, la Reforma aprobada es un galimatías ininteligible desde un punto de vista formal, con una redacción oscura y obtusa, acorde con la jungla intransitable en que se ha convertido la legislación laboral española. Un texto idóneo para seguir dando trabajo a los 80.000 abogados laboralistas que se calcula existen en España.

Al enfermo ya no le vale con una “reformita”

¿Es mejor este Decreto Ley que lo que había? “Hombre, sí, un poquito mejor, cierto, pero es que el enfermo está en quirófano con más de un 20% de paro, y en las actuales circunstancias, las peores de nuestra Historia reciente, esto ya no es suficiente”. En efecto, una economía que no es capaz de crear puestos de trabajo con tasas de crecimiento del PIB inferiores al 2% y que destruye 2,5 millones de empleos cuando se desacelera o entra en recesión, necesita algo más que una reformita, por mucho que ello moleste a los sindicatos. “Es una pena, por eso, que con el anuncio de huelga general sobre la mesa, Zapatero no haya pisado el acelerador a fondo para haber hecho algo realmente importante”. El Presidente espera que el trabajo sucio de mejorar ese texto corra a cargo de los grupos parlamentarios, fundamentalmente de CiU, durante su tramitación (¡albricias, por vía de urgencia!) en las Cámaras. Una situación que de nuevo coloca al Partido Popular ante el espejo. Alguien que representa a 10 millones de votantes no puede no tener opinión sobre asunto tan capital. No parece suficiente la abstención. A estas alturas será difícil encontrar un español que no tenga formada opinión sobre el daño infligido por el señor Rodríguez al bienestar de los españoles. Eso ya no tiene arreglo. Lo que sí puede aliviar la situación es ver a la oposición cambiando de estrategia y aportando soluciones. La posibilidad de que, de acuerdo con PNV y CIU, el PP lograra imponer al Gobierno algunas mejoras en el texto aprobado el miércoles aportaría a Mariano Rajoy un caudal de credibilidad incuestionable.

De momento, la tensión sobre España parece haberse relajado tras la cumbre de Bruselas del jueves. La señora Merkel se decidió por fin a echar una mano a nuestro país, mano interesada, desde luego, por la cuenta que le tiene a los bancos germanos. Ninguno de los problemas que ensombrecen nuestro futuro ha menguado y mucho menos desaparecido, pero en el panorama de este fin de semana parece apreciarse un cierto punto de inflexión en la catastrófica deriva a la que nuestro Capitán Achab pilotaba la nave. La decisión de filtrar la situación de la banca tras las pruebas de esfuerzo; el recorte salarial a los funcionarios; la reforma de las Cajas (eppur si muove); la futura LORCA, unido todo a la promesa de reforma de las pensiones (en su tónica, ZP dice también en privado a los visitadores de Moncloa que será “radical”), empieza a sumar una cierta masa crítica de tareas emprendidas que apuntan hacia ese mentado punto de inflexión. “Tal como estaba la situación, ya es una buena noticia que algo como lo publicado esta semana por la edición alemana del FT no se haya llevado a España por delante”. La tensión de los mercados, aunque sigue siendo muy elevada, parece haber aflojado un poco. Habrá que ver si es tendencia o flor de un día. Las cosas están muy mal, cierto, pero hay espacio para abrir hoy un ventanuco a la esperanza.

El Confidencial - Opinión

Sindicatos. Los rojos. Por José García Domínguez

Un mundo, el de ese eterno tiovivo que ansían perpetuar tan terribles rojos, escindido no en clases, sino en castas feudales; amén de asentado sobre el principio axial de la desigualdad ante la Ley.

Se antojaba en verdad difícil salvar a los sindicatos del ostracismo cierto y el desprestigio más que definitivo tras esa empecinada defensa suya del Antiguo Régimen (no el del gallego, sino el de Luis XVI y su hermético, inamovible orden estamental). No obstante, por muy arduo que semeje, nunca hay empeño imposible para una derecha tan sagaz como la española. Así, sus publicistas ya han encontrado la fórmula retórica con tal de redimir a Toxo y Méndez ante los ocho millones de parados y subempleados temporales que sufren su indiferente desidia: acusarlos, sin fundamento alguno, de rojos. "Izquierdistas trasnochados", viene a ser la cantinela canónica con que regalan sus oídos desde el anuncio de la huelga general. Cráneos privilegiados, que hubiera exclamado don Ramón María.

Extraños bolcheviques, sin embargo, los jerarcas de Comisiones y UGT, tan rendidos admiradores de la clase obrera que semejan encantados de que no exista sólo una, sino dos. A un lado, la aristocracia de cuello azul, atrincherada frente a los azares del mercado con las bayonetas de sus cláusulas indemnizatorias; al otro, los subproletarios abocados a eso que el viejo Marx bautizara "el ejército de reserva", nuevos parias prestos a arrostrar de por vida con los contratos basura. Por eso, el muy extravagante carácter ciclotímico de nuestro mercado de trabajo: súbitos crecimientos exponenciales de la contratación durante el tramo alcista del ciclo; derrumbes no menos fulminantes ante el más leve cambio de tendencia.

E, inevitable, su corolario: el paro crónico de los peones de brega del Tercer Estado durante las crisis, un derecho de pernada exigido por la nobleza sindical a fin de garantizar la estabilidad de su exclusiva clientela. Un mundo, el de ese eterno tiovivo que ansían perpetuar tan terribles rojos, escindido no en clases, sino en castas feudales; amén de asentado sobre el principio axial de la desigualdad ante la Ley. La Edad Media apenas travestida para la ocasión de Estado Social de Derecho, he ahí el glorioso pendón que llaman a defender las fuerzas del progreso el próximo 29 de septiembre. La izquierda reaccionaria combatiendo contra los principios del igualitarismo liberal, no en nombre de la revolución, sino en el del más obsceno corporativismo. Lo dicho, unos rojazos, Méndez y el otro.

Libertad Digital - Opinión

El correctivo europeo. Por Ignacio Camacho

Zapatero ha quedado retratado en Europa como un líder insolvente que ha de ser sometido a rigurosa vigilancia.

APROBADILLO raso. El displicente adanista que iba a mostrar a Europa el camino para salir de la crisis, iluminando con el resplandor socialdemócrata los pasos de la Unión, ha terminado su semestre de presidencia examinado por un tribunal de ceño fruncido que le ha pasado la prueba por los pelos para no provocar males mayores, y gracias a un atropellado arreón final de mal estudiante. Todo lo que podía salir mal ha salido mal para Zapatero en este turno europeo que pretendía convertir en el lanzamiento de su liderazgo «planetario». Arrancó exacerbando su protagonismo y no ha logrado sino ganarse enemistades y recelos; continuó con una cosecha de plantones, traspiés y fracasos y ha finalizado con la forzosa revocación de su política mediante una enmienda radical impuesta por aquellos a quienes trataba de impresionar con su novedoso «modelo productivo sostenible». La visibilidad internacional que buscaba sólo ha servido para provocar una profunda desconfianza que ha acentuado el «riesgo-país» y ha hecho zozobrar la estabilidad financiera española.

El resumen de esta brillantegestión comunitaria se resume en una brusca cura de humildad. El zapaterismo amplificó para darse pisto la importancia de un simple turno de dirección de la agenda europea y quiso imponer correctivos a los países que incumplieran los objetivos sociales, para acabar sometido a la amenaza de duras sanciones por saltarse el pacto de estabilidad, acorralado por la presión de los mercados de deuda y rodeado de dudas sobre la solidez de España como miembro del sistema monetario. La sobrevaloración del peso específico español en la Unión ha desembocado en el arrinconamiento de la nación en el grupo de las naciones poco fiables; lo que empezó como una advertencia simbólica —Zapatero sentado en Davos junto a los presidentes de Letonia y Grecia— ha concluido con la evidencia de la asimilación al peligro griego. Y todavía la retórica oficial ha pretendido pasar como un espaldarazo de suficiencia lo que no ha sido más que un aprobado provisional de las medidas de ajuste urgente forzadas por la tutela del directorio francoalemán. Pero en Europa no basta la propaganda al uso de puertas adentro; los socios exigen hechos contundentes para mantener el aval de su dinero.

El Zapatero que sacaba pecho bajo la estela de los cohetes del Año Nuevo ha quedado retratado como un líder insolvente que ha de ser sometido a vigilancia para que no comprometa la estabilidad común. Las bases de la política española han sido revisadas por un protectorado de hecho que ha desmantelado el proteccionismo derrochador y ha obligado al presidente a una reconversión completa de sí mismo. Bien mirado, se trata de un balance involuntariamente positivo; al menos alguien ha impuesto de fuera un poco de cordura en una deriva de desatino.

ABC - Opinión

Pantomima de Batasuna

mo ya viene siendo habitual cuando se aproximan procesos electorales, el brazo político de ETA se multiplica en actos públicos diversos y lanza sucesivos mensajes, bien directamente, bien a través de portavoces interpuestos, para sortear las limitaciones legales y judiciales que pesan sobre él. A este propósito sirvió ayer el acto celebrado en Bilbao con mucho aparato publicitario y al que se prestó el partido legal que fundara el ex lendakari Carlos Garicoetxea, Eusko Alkartasuna (EA). Esta formación nacionalista, fruto de una escisión del PNV, ha ido languideciendo lentamente y hoy no es más que un cascarón vacío, un esqueleto sin musculatura que sobrevive gracias a pactos parasitarios.

Es esa anorexia política la que ha impulsado a sus dirigentes a alquilar su edificio legal a Batasuna, arrojada fuera de la legalidad electoral por el Gobierno socialista tras el fracaso de negociación con ETA. Los batasunos, como los demás nacionalistas vascos, no desean bajo ningún concepto que se repita la experiencia de las elecciones autonómicas, cuya ausencia por imperativo legal no sólo les ha arrojado fuera del Parlamento vasco, sino que además ha propiciado el primer Gobierno autonómico no nacionalista. De ahí que hayan puesto en marcha, desde principios de año, una nueva estrategia para colarse por las rendijas legales y presentarse a las elecciones muncipales y forales de la próxima primavera. Una fórmula, aunque no sea la única, es utilizar un armazón legal existente, como hicieron en las muncipales de 2007 al resucitar Acción Nacionalista Vasca, un partido zombi desde su creación en 1936.

Aquí entra en juego EA, que parece dispuesta a inmolarse y a ser fagocitada por los batasunos. Basta con que copen sus listas electorales con candidatos sin un pasado comprometido o significado para que el brazo político de ETA burle de nuevo al Estado de Derecho, al igual que hizo con PCTV o ANV. En esta nueva etapa, a Batasuna no le faltan apoyos ni aliados de diversa índole nacionalista. Incluso goza de la comprensión y el aliento de dirigentes del Partido Socialista de Euskadi. Concretamente, su presidente, el polémico Jesús Eguiguren, principal impulsor de la negociación política con ETA, se ha prodigado en los últimos días en declaraciones a favor de la legalización de Batasuna al entender que se está alejando de la banda terrorista.

Sorprende que tras la amarga burla que los pistoleros y sus políticos han hecho del Gobierno socialista aún haya personajes como Eguiguren que voceen en el mercado una mercancía tan averiada y caduca como ésta de la Batasuna democrática, respetuosa con la legalidad y enemiga del terrorismo. Ésa fue la pantomima puesta en escena ayer en Bilbao con la complicidad de una EA decrépita y agonizante. Cabe esperar que, esta vez, las instituciones democráticas, empezando por el Gobierno y siguiendo por la Fiscalía, no vuelvan a cometer el mismo error que hace cuatro años y legalicen a los testaferros de los terroristas. La única posibilidad de que Batasuna pueda volver a la legalidad se producirá cuando ETA sea vencida y sus pistoleros encarcelados. Y para eso aún queda mucho trecho.

La Razón - Editorial

Subir impuestos no es la única política económica posible

Los datos de la Comunidad de Madrid contrastan incluso con respecto al dispendio practicado por otros compañeros de partido, como Gallardón, quien incrementó la deuda de la ciudad en más centenares de millones de euros sólo en el primer trimestre de 2010.

A principios de los 90, en plena devastación económica de España, el PSOE trató de convencernos de que debíamos aceptar con resignación las calamidades del paro, el déficit, la inflación o las subidas de impuestos y de que, sobre todo, no debíamos atribuírselas a la excelente gestión de su Gabinete, pues ésta era "la única política económica posible". Poco después, Aznar ganó las elecciones y demostró la rotunda falsedad de esa letanía con la que los socialistas nos habían martilleado a diario desde sus televisiones públicas y privadas.

La victoria de Aznar puso de manifiesto que el déficit puede reducirse no subiendo los impuestos, sino bajándolos y controlando el gasto; que los derechos de los trabajadores se defendían no condenándoles al desempleo crónico, sino liberalizando los mercados para que los empresarios puedan contratarlos; que la inflación no es una enfermedad endémica de la economía española, sino sólo el fruto de las manipulaciones crediticias que perpetraba el Gobierno a través de su banco central

El giro de la política económica hacia posiciones más ortodoxas, sensatas y liberales inauguró una de las mayores etapas de crecimiento de nuestra historia y, además, cambió el centro de la discusión política en nuestro país: la cuestión no era si había que subir o bajar los impuestos, sino cuánto había que reducirlos; la duda ya no residía en si el déficit público era o no positivo, sino a qué velocidad había que alcanzarlo y sustituirlo por un superávit. Incluso Zapatero afirmó aquello de que "bajar impuestos es de izquierdas" y proclamó a los cuatro vientos las virtudes del superávit que se produjo durante la primera legislatura. La única política económica posible llegó a ser la de bajar impuestos y cuadrar las cuentas públicas.

Hoy, a raíz del discurso populista y demagógico que la izquierda y cierta derecha han tejido en torno a la crisis económica, estamos volviendo a cometer los mismos errores del pasado y la izquierda, que algo sabe de arruinar sociedades y someterlas a un pesadísimo yugo fiscal, vuelve a subir los impuestos como si fuera "la única política económica posible". Lo hemos visto de momento con el incremento del IVA, del impuesto sobre ganancias patrimoniales y del IRPF en numerosas comunidades socialistas como Andalucía, Asturias, Extremadura o Cataluña. En Madrid, Tomás Gómez reiteró ayer domingo que pretendía hacer lo mismo si finalmente fuese elegido candidato a la presidencia de la comunidad y ganase las elecciones.

Pero, paradójicamente, Madrid es la comunidad que menos necesidad tiene de reducir su déficit gracias a que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre ha seguido una política económica que continúa la que implementó Aznar para toda España. Habiendo rebajado el tramo autonómico del IRPF y suprimido de facto varios otros tributos como el de sucesiones, la de Madrid es la comunidad con menor déficit público según publicó recientemente el Banco de España: en el último año, su desequilibrio presupuestario sólo fue del 0,5% del PIB regional. Esta aceptable cifra contrasta, no ya con el déficit de la Administración Central (superior al 9%), sino con el de otras comunidades como Canarias o Castilla-La Mancha (por encima del 4,5%) o Cataluña y Andalucía (superiores al 2%). De hecho, el dato sobresale incluso con respecto al dispendio practicado por otros compañeros de su partido, como, de manera paradigmática, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, quien incrementó la deuda de la ciudad en más de 600.000 millones de euros sólo en el primer trimestre de 2010.

Claramente, España debe optar por uno de los dos modelos: o la socialdemocracia que sólo nos conduce a más déficit, mayores impuestos, más paro y menores estándares de vida; o las reformas liberales que pasan por reducir el déficit, los impuestos, el desempleo y la pobreza. Pero antes, el PP de Rajoy también debe elegir el suyo: o se decanta por el populismo socialista tan del gusto de Gallardón y otros dirigentes populares manirrotos, o por los planteamientos liberales de Aguirre, Aznar y también en otro momento, es de suponer, del propio Rajoy.

Libertad Digital - Editorial

Andalucía prepara el cambio

En términos políticos, este sondeo de ICM ratifica la paulatina generación de unas nuevas condiciones sociales, no sólo en Andalucía, sino también en toda España.

SI las elecciones andaluzas se celebraran ahora, el Partido Popular ganaría por mayoría absoluta y Javier Arenas sería el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Este es el resultado de la encuesta realizada por la empresa IMC para ABC, en la que se consolida la tendencia apreciada en los sondeos anteriores sobre el avance de los populares en la gran reserva de votos, junto a Cataluña, del socialismo español. Los datos de la encuesta revelan, además, que el cambio político que se avecina en Andalucía no responde sólo a la mala gestión de la crisis por el PSOE, sino también al agotamiento del régimen político establecido tras décadas de hegemonía socialista en una comunidad que no ha terminado de engancharse por completo a las transformaciones sociales y económicas del resto de España. Por tanto, el tópico de la coyuntura no sirve para explicar el 44,3 por ciento de estimación de voto que reciben los populares y que, proyectado en cada una de las provincias andaluzas, suma un total de 56 escaños, frente a 53 que sumaría la izquierda (PSOE e Izquierda Unida).

Los socialistas recibirían el 38,7 por ciento de los votos, en un contexto de opinión pública muy negativa sobre la gestión del Gobierno autonómico y muy proclive a la necesidad de cambio político. La sustitución de Manuel Chaves por José Antonio Griñán ha dejado indiferente a la gran mayoría de andaluces, que califican en un 59,9 por ciento como mala o muy mala la gestión del ejecutivo socialista, opinión mayoritaria también entre los votantes del PSOE. Además, el 66,2 por ciento reclama un cambio político, y todas las opiniones mayoritarias de los encuestados sostienen que tanto el PP como Javier Arenas son los indicados para liderar ese cambio político. Este criterio político de la mayoría de los encuestados explica que el PP reciba un altísimo porcentaje de voto directo, hasta llegar al 35,6 por ciento, frente al 27,5 por ciento de los socialistas. El dato de la intención directa es determinante para valorar la solidez del cambio de tendencia, porque refleja la respuesta espontánea, sin «cocina», del encuestado a la pregunta de a qué partido votaría.

En términos políticos, este sondeo de ICM ratifica la paulatina generación de unas nuevas condiciones sociales, no sólo en Andalucía, sino también en toda España, que pueden desembocar en cambios de gobierno, sostenidos por mayorías parlamentarias amplias. Evidentemente, estos datos, como cualesquiera otros que se recaben en sondeos realizados fuera de período electoral, pueden variar en lo que resta de legislatura. Pero lo importante de la encuesta de ICM es que muestra un cambio de opinión pública sostenido en criterios no coyunturales. El resumen de este sondeo es que el PSOE perdería un nicho de votos que le ha sido imprescindible para todas sus victorias electorales, anteriores y posteriores a la de 2004. Los casos de Madrid y Valencia, donde las mayorías del PP dieron un vuelco a las mayoría ideológica de sus
ciudadanos, son un antecedente muy importante sobre las consecuencias que puede tener una mayoría absoluta del centro derecha en Andalucía.

El avance del PP sólo es posible por la paulatina disolución del discurso contra la derecha como enemiga de los beneficios sociales y de las clases trabajadoras. Es evidente que un partido y unos Gobiernos, como los socialistas, que acumulan tasas de paro descontroladas y que han acreditado su ineficacia como gestores, no tienen autoridad moral para reprochar al PP sesgo antisocial alguno. El ciudadano es consciente de que no hay nada más antisocial que generar paro en masa y recortar pensiones.

POR otro lado, este giro drástico de la tendencia política en Andalucía se produce en un momento de crisis y desempleo que bien habría podido llevar a los encuestados a refugiarse en un Gobierno que prodiga el subsidio como sedante social. Sin embargo, los resultados del sondeo implican necesariamente un cambio de actitud ante esta política de servidumbres desarrollada por el PSOE en las tres décadas de gobierno autonómico. Por eso, antes que un cambio de gobierno, en Andalucía está cuajando un cambio social, a partir una nueva idea de sí misma y de lo que debe hacer en el futuro para abandonar el victimismo en la que la ha sumido una política socialista basada en la renuncia a la modernización, al dinamismo social, a la competitividad y, sobre todo, a la confianza en la capacidad de los andaluces para progresar sin la tutela de una administración partidista.

ABC - Editorial

Causas. Por Jon Juaristi

La valerosa denuncia del sectarismo de la izquierda por parte de algunos disidentes socialistas se resiente de una visión maniquea del pasado.

ME conmueven las críticas de dos socialistas que estimo —Joaquín Leguina y Cristina Alberdi— a la manipulación sectaria de la guerra civil por la izquierda y sus farándulas. Leguina y Alberdi me hacen pensar —salvando las distancias, por supuesto— en don Julián Besteiro y su aislamiento en el seno del PSOE desde 1934 en adelante. Es curioso que a Besteiro nadie de su partido se haya propuesto reivindicarlo después de las tentativas ya lejanas de Andrés Saborit y Rodolfo Llopis. Tácitamente, la abundante literatura del exilio inspirada por la musa del arrepentimiento le dio la razón, pero el clima revanchista del zapaterismo ha inmunizado a los socialistas contra cualquier moral de la historia, si no contra la historia misma. A Leguina y a Alberdi, por desgracia, no cabe augurarles mayor influencia que Besteiro en las filas de sus correligionarios.

Con todo, hay algo que me distancia de los socialistas críticos, además del socialismo, y es su necesidad de poner a salvo la esencia democrática de la Segunda República, como si la Segunda República hubiera tenido una esencia que trascendiera a las actuaciones concretas de los españoles de entonces. Reconozco que Cristina Alberdi ha llegado bastante lejos al afirmar, esta semana, que, en vísperas de la sublevación militar, la República tenía ya muy poco de democrática. Y es que, en efecto, si la democracia se mide por la voluntad de integrar al adversario en el sistema político, todos avanzaron en dirección contraria desde el 14 de abril de 1931.

El pasado viernes, Jorge Martínez Reverte, en El País, ha publicado lo que podría considerarse una pieza canónica de la crítica asimétrica. Tras afirmar que no existe diferencia alguna entre las víctimas de Paracuellos y de Badajoz, sostiene que se debe partir de la premisa de que ninguno fue muerto con justicia, «por mucho que de los asesinos… unos fueran golpistas odiosos y otros fueran odiosos defensores (aunque nos pese a algunos) de una causa justa». Ahora bien, ¿a qué «causa justa» se refiere? En ninguno de los bandos se combatió por una sola causa. Los requetés lucharon por el Trono y el Altar; los falangistas, por la Revolución Nacional Sindicalista; los militares franquistas, por la mera supremacía del Ejército; los anarquistas, por el Comunismo Libertario; el POUM, por la Revolución Socialista; los nacionalistas vascos por la Independencia de Euzkadi(que así se escribía entonces) y los nacionalistas catalanes, concedamos que por una República Federal, como cuando se sublevaron contra la República realmente existente en 1934. Los comunistas, desde luego, por los intereses de Stalin, y los socialistas por objetivos diversos, según siguieran a Largo Caballero, a Prieto o a Negrín. Las causas fueron múltiples, y el bando de la «causa justa» de Martínez Reverte emprendió varias guerras civiles intestinas porque no había acuerdo acerca de cuál fuera aquélla. La catástrofe de 1936 fue el resultado lógico del antagonismo mutuo de las muchas causas desde los orígenes mismos de la Segunda República. Y si alguien —Besteiro, por ejemplo— trató de hacer algo por la integración democrática, se dio de bruces con el hecho de que los suyos no la querían. Como les pasa ahora a Leguina y a Alberdi.

ABC - Opinión

Otra España romántica. Por M. Martín Ferrand

El españolismo vuelve a ser materia para la confrontación en la España arruinada por Zapatero.

EN el supuesto de que España sea una realidad viviente, y no un conjunto de diecisiete fantasmagorías enhebradas las unas con las otras por el hilo de la Historia, debemos reconocer que su estado de salud es delicado y frágil. El primero de los síntomas es el enfurruñamiento constante, fundado o caprichoso, de los españoles. Algo nos pasa que no nos deja estar contentos. Algo, por supuesto, de mayor envergadura que José Luis Rodríguez Zapatero y de más grandes raíces que las de las crisis económica y social que nos afligen. El cuado clínico de tan respetable y voluminoso enfermo tiene más componentes del XIX que del XXI y, al margen del folclore y el casticismo —dos juegos peligrosos—, se parece bastante al de la España que retrató Próspero Mérimée que, ya lo decía Azorín, es tan verdadera como la de Francisco de Quevedo y Lope de Vega. Una frase mordaz y destructiva tiene aquí el valor de toda una obra y, con distintas actitudes, todos andamos a la espera de que caiga el telón.

Estoy pensando en María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional y, posiblemente, la española que ve llegar el verano con mayor inquietud y angustia. Del mismo modo que la muerte de Fernando VII le dio grandeza y brío al Romanticismo español, la de Franco propició otro rebrote del fenómeno. Entonces fue la Carmen de Mérimée el símbolo y la seña del momento y hoy bien podría serlo, dicho sea con todo respeto, la María Emilia del Constitucional. El españolismo, unos a favor y otros en contra, fue la esencia de la España romántica y vuelve a ser materia para la confrontación en la España arruinada por Zapatero.

Para mañana está convocado un nuevo pleno de los diez magistrados del Alto Tribunal que tiene en sus manos el futuro del Estatuto de Cataluña y, por ende, el de un cierto sosiego en esta absurda pugna entre las partes y el todo en la que hemos instalado el centro y pivote de la realidad nacional. La sentencia parece inminente y ojalá lo sea. Por mala que fuere será menos nociva y desintegradora que un Estatuten vigor, generador y sostén de normas inciertas y gran motor de la inestabilidad del Estado. Algo especialmente indeseable en tiempos de tribulación en los que las prioridades debieran ser la transformación razonable de las estructuras administrativas del Estado, el alivio del paro, la reducción del déficit, la corrección del sistema financiero y el establecimiento de dos pilares fundamentales y hoy evanescentes: la educación exigente y rigurosa de los jóvenes y el funcionamiento cabal de la Justicia. Lo que nos queda por saber es si don José subirá al cadalso...

ABC - Opinión

La dura realidad. Por José Ramón Alonso

Si Zapatero confiesa en la intimidad de su despacho que lo peor está por llegar, sólo queda deducir que la realidad de España es complicada.

José Luis Rodríguez Zapatero se desnudó en el Congreso ante la pregunta de la diputada de UPyD Rosa Díez sobre la incertidumbre que ha generado la gestión de la crisis realizada por el Gobierno y su repercusión en el crédito de España en el exterior. El presidente, ante el asombro de los presentes, soltó una frase que se explica por sí misma: «El crédito de España es muy alto en el mundo. Es fruto de lo que hemos hecho todos durante 30 años; aunque seguramente el que menos ha hecho es este Gobierno, estoy dispuesto a admitirlo». Le traicionó el subconsciente y despertó del letargo en el que lleva sumido desde hace dos años. Dos años en los que no ha querido ver la crisis que ahora asfixia al país.

El despertar del Gobierno al mundo real se ha plasmado de forma clara esta semana. El primero en dejar aflorar el subconsciente ha sido el ministro de Fomento José Blanco, que confesó el domingo pasado que la economía española está tutelada. Mientras tanto Financial Times o Frankfurter Allgemeine Zeitung, deslizaban en sus páginas que España necesitará recurrir al fondo de rescate europeo. Dudas que aumentaron con el comentario hecho sin querer/queriendo por la canciller alemana, Angela Merkel: «España puede activar la ayuda si la necesita».

Desde dentro también hay voces que nos recuerdan la realidad. Francisco González, presidente del BBVA, ha dicho de forma muy clara: «Los mercados han retirado la confianza en España». Por si fuera poco y de cara a levantar el ánimo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, desnudaba un poco más a Zapatero desvelando que le confesó que los ajustes «duros están por llegar».

Si desde Europa nos señalan con el dedo, si dirigentes de las principales entidades españolas hablan de problemas, si Zapatero confiesa en la intimidad de su despacho que lo peor está por llegar, sólo queda deducir que la realidad de España es complicada. Realidad a la que hemos llegado de la mano de un presidente sonámbulo que no ha querido ver lo que ocurría. Por suerte, parece que acaba de despertarse, y ha asumido que somos una economía tutelada por Europa, con cuyas directrices ha diseñado los ajustes para frenar el golpe con los decretos de recorte de gasto y de reforma laboral. Para que el despertar de Zapatero sea completo, sólo resta que asuma que él es parte del problema, y escuche el clamor que pide elecciones y cambio de Gobierno.

ABC - Opinión

Sabio consejero. Por Alfonso Ussía

Tengo que reconocer que, por esta vez, Zapatero me ha descolocado. Se cuenta del conde de Lowester. El conde casó con lady Margaret Cranshaw. Tuvo dos hijos con ella. Abandonó a lady Margaret y a sus dos hijos cuando se lió con Iris Potmowller, cajera de «Mark & Spencer» del establecimiento de Knithbridge. El conde, para engatusar a Iris, adquiría todos los días media docena de calzoncillos y otra media de calcetines. Con Iris compartió un hijo. Tanto Iris como el hijo pasaron a un segundo o tercer plano cuando el conde se enamoró con locura de Rose Padmington, una naturalista que había renunciado al amor en beneficio de los salmones. Su libro «Los cabrones de los nipones nos están dejando sin salmones» fue tan polémico como exitoso.

El conde consiguió que Rose también tuviera ojos para él, y convenció a Rose de que dejara durante un tiempo a los salmones y se dedicara al amor. De ese amor nació una hija. Cuando la niña aguardaba con ilusión la llegada de su padre para celebrar su fiesta de cumpleaños, lo que llegó fue una carta. El conde se había casado con Ainoa Igueldomendi, una española de San Sebastián, campeona de remo. No le dio tiempo a tener un hijo con Ainoa, porque el conde experimentó un patatús cardiovascular del que no pudo escapar con vida. Pero en su agonía, reunió en torno a su lecho de muerte a lady Margaret y sus hijos Ferdinand y Williams. A Iris Potmowller y su hijo Mark. A Rose Padmington y su hija Elleonora, y finalmente a Ainoa Igueldomendi, que renunció a remar en Orio al conocer el estado de gravedad de su conde. Y cuando los tenía a todos reunidos, con la voz apagada y la mirada bañada en lágrimas, les dio un último consejo. «Mujeres mías, hijos míos: ante todo, sed fieles en el matrimonio». Y expiró.

Dos días atrás, Zapatero se encontró por vez primera con su colega británico, David Cameron. Se trataba de una de esas reuniones a las que, por cortesía, los dirigentes europeos invitan a nuestro presidente por aquello de su presidencia europea con carácter semestral. «Ahí viene el gamberrete», acostumbra a cuchichear Ángela Merkel a Sarkozy cuando Zapatero ingresa en el salón de reuniones. Pero Zapatero, de cuando en cuando, sorprende y descoloca, y esa capacidad hay que reconocérsela con cierta dosis de admiración. Así que estaba estrechando la mano de David Cameron, cuando Zapatero, por medio de su intérprete, le dijo al Primer Ministro británico: «David, lleva a cabo cuanto antes las necesarias reformas económicas». Cameron, que es hombre de mundo, no pudo evitar emitir un sonido gutural más cercano al «¿Iejjj?» que al «glub glub». Y Zapatero le regaló un guiño a la ministra Salgado como diciéndole: «La mejor defensa es un ataque, chirri».

Y en efecto. David Cameron necesitó de algunos minutos para recomponer su ánimo. Esperaba de Zapatero cualquier cosa menos un consejo para atajar la crisis económica. La recomendación del conde de Lowester a sus mujeres e hijos en la antesala de la muerte es la síntesis de la prudencia y la coherencia comparada con el consejo de Zapatero a David Cameron. Y eso es lo que tiene. Que es inasequible al desaliento. Como contando chistes a los amiguetes en las barras de los bares de León, entre tapas y cañitas.

La Razón - Opinión

¿Podemos pagar nuestras deudas?. Por José María Carrascal

España ha sido siempre una buena pagadora, en todas las épocas. Pero en aquellos tiempos había Gobierno.

«SI debes un millón, tienes un problema. Si debes mil millones, el problema es de quien te los prestó», reza la máxima clásica en el mercado crediticio. ¿Cuánto debe España? Sinceramente, no lo sé, pues las cifras bailan como caballitos del tiovivo. «El endeudamiento público y privado supera el 340 por cien de nuestro PIB», o sea que debemos tres veces y medio más de lo que producimos anualmente, apuntaba en estas páginas Lorenzo Bernardo de Quirós, quien estimaba en 600.000 millones de euros lo que España necesita este año para atender a sus obligaciones, aunque no me quedó claro si en ellos se incluyen los 400.000 millones de deuda privada a renovar. En cualquier caso, una barbaridad, que explica el nerviosismo de los extranjeros poseedores de esa deuda y su endose en tromba a las medidas de Zapatero, aunque advirtiendo que el ajuste debe continuar. Nuestro problema ha pasado a ser el suyo.

¿Vamos a poder pagarles? España ha sido siempre una buena pagadora, con todos los regímenes y en todas las épocas. A Stalin se le pagó incluso en oro el material bélico que vendió a la República y Franco echó mano de lo poco que había para pagar a Hitler. Otro tanto ocurrió con la Transición, que resultó mucho más cara de lo que creemos, aunque no hubo que pagarla en sangre, que era lo importante.

El problema es que en aquellos tiempos había Gobierno, había hombres con sentido de Estado independientemente de su ideología, había país, había nación, había, en fin, España. Hoy, en cambio, ese país se ha convertido en una colección de países; esa nación, en 17 nacionalidades y al frente tenemos una pandilla —muchedumbre más bien— que sólo piensa en las próximas elecciones, es decir, en mantenerse en el poder los que lo detentan y en alcanzarlo los que están fuera. Su único horizonte es ese. Así no hay forma de hacer política ni economía ni planes ni nada. Si Zapatero ha hecho un reajuste es porque se lo han impuesto desde fuera y si los nacionalistas catalanes le ayudan a pasarlo no es por el bien de España, como dicen, sino para volver a gobernar en Cataluña (más de lo que ya gobiernan, cabría decir), y tener en Madrid un gobierno totalmente sumiso. Mientras en el resto del Estado, lo que predomina es el viejo «Yo agarro lo que puedo, y el que venga detrás que arree».

Esto es lo que hay, señoras y señores, en un país desactivado, desorientado, desmoralizado y endeudado hasta las cejas, nunca mejor usada la expresión, donde los optimistas se preguntan ¿cómo ha podido ocurrirnos esto?, los pesimistas ¿En qué va a parar esto? y los acreedores, ¿Van a poder pagarnos?

ABC - Opinión

Paz, piedad, perdón

El problema no son los muertos, sino los vivos que han puesto en almoneda ideológica los despojos del pasado

Entre las banderas que la izquierda radical enarbola como seña de identidad y aglutinadora de emociones figura de manera destacada la de la Guerra Civil. No se trata de una mera evocación nostálgica, de una reivindicación ideológica o de una revisión histórica, actitudes todas ellas perfectamente legítimas y sobre las que nada habría que objetar.

Lo censurable de esta mirada hacia atrás con ira es que se nutre de un odio revanchista como no había existido en estos treinta años de democracia, de un bronco deseo de ajustar cuentas y de un cainismo «guerracivilista» que la Transición democrática ya había superado con un gran esfuerzo de generosidad y reconciliación.

Montajes ideológicos como el de Garzón a propósito de las fosas de Lorca y de otros asesinados durante la contienda o el vídeo publicado días atrás por varios artistas en el que dramatizan determinados casos y desprecian la Ley de Aministía de 1977 son dos ejemplos claros de esa corriente vindicativa.

Pero el origen de todo ello ha sido la llamada Ley de Memoria Histórica que ha promulgado el Gobierno socialista con muy poca fortuna, escasa eficacia y ningún sentido de Estado. Nadie en sus cabales puede oponerse a que los descendientes de las víctimas de la Guerra Civil rescaten los restos de sus familiares para darles digna sepultura.

Sorprende que no se haya hecho mucho antes y que los poderes públicos no hayan ayudado a las familias en este doloroso trance. Desde estas mismas páginas hemos criticado la citada ley precisamente porque no prestaba el apoyo necesario a quienes deseaban cerrar sus dolorosas heridas. Pero una cosa es restituir la dignidad de las víctimas y otra bien diferente desenterrar a los muertos para arrojarlos al bando contrario.

Una cosa es reverdecer la memoria de los inocentes y otra bien distinta sacar tajada política de aquel sufrimiento 70 años después. La izquierda radical es muy libre de identificarse con aquella izquierda republicana de checa y paredón que asesinó a decenas de miles de inocentes, pero no tiene ninguna autoridad moral para identificar a la derecha democrática de hoy con los asesinos de Lorca y de las decenas de miles de víctimas igualmente inocentes.

Lo más inquietante, sin embargo, no es el ruido que hacen estos nostálgicos de la trinchera, sino las complicidades con las que cuentan, entre ellas la del Gobierno y la de ciertos sectores del PSOE. Nada bueno para la convivencia puede salir de este baile de muertos, que la inmensa mayoría de los españoles ya dieron por cerrado tras la muerte de Franco en uno de los capítulos más ejemplares y modélicos de la historia de la nación.

Si algún cabo quedó suelto entonces fue el de enterrar con dignidad a los muertos arrumbados en las cunetas del miedo y rendir homenaje a todas las víctimas, fueran del bando que fueran. Los muertos, todos los muertos inocentes, no tienen más dueño ideológico que el de la paz, la piedad y el perdón, como anticipó Azaña.

Todos merecen el homenaje de la España democrática que se ha levantado sobre la memoria de sus huesos y de sus sufrimientos. No, los muertos no son ningún problema para los españoles de hoy: lo son algunos vivos que han puesto en almoneda los despojos del pasado.

La Razón - Editorial

El presidente duplicado. Por Ignacio Camacho

El presidente analógico es un reformista de corte liberal, y el original era un socialdemócrata proteccionista.

COMO el protagonista de «El hombre duplicado» de Saramago, el presidente del Gobierno ha debido de ver en algún sitio a un político idéntico a él mismo. El presidente analógico es un reformista de corte liberal, expeditivo y pragmático, y el original era, o parecía ser, un socialdemócrata proteccionista aficionado a alardear de sus prejuicios ideológicos. En teoría, se trata de dos identidades incompatibles, diametrales, inconciliables, pero la posibilidad de alcanzar un desdoblamiento bipolar ha seducido a un Zapatero fascinado por la idea de perpetuarse a sí mismo a través de una personalidad distinta. La mitología griega ya abordó esta aporía existencial a través de la figura de dos caras de Jano, dios multifuncional de las puertas, los comienzos y los finales; una deidad ambigua en la que Camus encontró el símbolo de la partición moral de su personaje de «La caída»: un ser atormentado entre los lastres del pasado y las incógnitas del futuro. Exactamente como nuestro primer ministro, disociado ahora en dualidades contrapuestas forzadas por los avatares de la política.

A diferencia de Tertuliano, el confuso antihéroe de Saramago, Zapatero no busca las claves de su naturaleza en el espejo de su sosias ni trata de descubrir cuál de los dos es el impostor; persigue la perpetuación de su papel a través de una metamorfosis desdoblada. La absorción de una nueva identidad que suplanta la antigua como un disfraz de conveniencia no le causa trastorno ni incertidumbre porque una y otra forman parte de un carácter esencialmente adaptativo. El presidente es un político camaleónico que se define a sí mismo en relación con la temperatura ambiental, sociológica; su única cualidad persistente, su característica dominante, es la simbiosis con un poder en el que se mantiene incrustado mediante un intenso sentido de la supervivencia que anula cualquier atisbo de conflicto en la impostura. Ausente de reglas, asume los cambios con una facilidad esponjosa y los reviste de la misma intensidad retórica; según las circunstancias, puede defender sin remordimientos una idea y su contraria, y plantearse sin mayor compromiso una enmienda a la totalidad de su propia gestión. Es lo que lleva un mes haciendo con tanta naturalidad y desparpajo que se diría que jamás ha planteado nada distinto.

El presidente duplicado se ha asumido en su nuevo ser sin angustia, seguro, lejano de cualquier crisis de índole personal como la que afligía a la criatura saramaguista. En la política convencional, esta clase de reconversiones requieren el leve trámite de unas elecciones con un nuevo programa. Zapatero ni se lo plantea; simplemente se redibuja a sí mismo con plena desenvoltura, convencido de que los ciudadanos carecen de memoria como él de principios.

ABC - Opinión

El bueno, el feo y Eguiguren

Si el PSOE está realmente en contra de las insistentes declaraciones a favor de Batasuna de uno de sus presidentes regionales lo tiene muy fácil para que los españoles le creamos: no tiene más que expulsarlo del partido.

Como si de una película de serie B se tratara, asistimos a las declaraciones contradictorias de miembros destacados de un mismo partido político, con Eguiguren, López y Rubalcaba de trío protagonista, cada uno de los cuales no hace otra cosa que representar el papel que le ha sido asignado en el guión. Lo grave, en el caso que nos ocupa, es que esta obra barata trata sobre un tema tan trascendental para los españoles como la lucha contra el terrorismo.

Jesús Eguiguren, presidente del PSE, insiste sin recato en que el Gobierno debe legalizar de nuevo a Batasuna, sin que el hecho de que se trate de una organización terrorista, calificada como tal por los principales organismos internacionales incluida la Unión Europea, parezca importarle demasiado. De sobra sabe el maltratador que hay mecanismos sutiles de orden jurídico para devolver a los miembros de Batasuna a las instituciones. No sería la primera vez que se intenta ni, con Zapatero, será la última.

Ante esta ofensiva política puesta en marcha por el máximo representante del partido del Gobierno en las Vascongadas, que rebate de plano las leyes españolas vigentes y las sentencias de nuestros tribunales, la respuesta de los socialistas es una tibia desautorización que, en boca de Rubalcaba y dada la trayectoria del personaje, hay que entender como la confirmación de que ese es precisamente el camino que el PSOE se ha fijado como estrategia.

Mayor Oreja insistía ayer desde los micrófonos de esRadio en que no debemos fiarnos de la aparente firmeza constitucional del Ejecutivo, que es exactamente lo mismo que ha venido sosteniendo en los últimos meses, a pesar de que por resaltar esa evidencia recibiera severas críticas incluso desde su propio partido. La reciente andanada de Eguiguren declarándose abiertamente a favor de legalizar al brazo político de los terroristas es la confirmación de que unos mentían, los de siempre, y el ex ministro de Interior y actual portavoz de los populares europeos decía la verdad.

Si el PSOE está realmente en contra de las insistentes declaraciones a favor de Batasuna de uno de sus presidentes regionales lo tiene muy fácil para que los españoles le creamos: no tiene más que expulsarlo del partido como acertadamente ha exigido la secretaria general del Partido Popular. En ese momento comenzaremos a barajar la posibilidad de que tal vez el PSOE no tenga intención de humillarnos otra vez ante los terroristas de la ETA. Mientras tanto toda precaución es poca, sobre todo si uno de los personajes de la trama es alguien como Rubalcaba.

Libertad Digital - Editorial

Ahora le toca al tren

Rodríguez Zapatero se enfrenta otra vez a la indignación de muchos ciudadanos que sufrirán en su vida cotidiana las consecuencias de una política errática y sin sentido.

LA crisis económica que Rodríguez Zapatero se empeñaba en negar obliga a reducir los servicios públicos y a incumplir una y otra vez las promesas electorales del PSOE. Ahora le toca el turno al transporte ferroviario, a pesar de que es un elemento fundamental para vertebrar el territorio español en el plano social y económico. Hoy informa ABC sobre los planes de recorte que estudia el Ministerio de Fomento y que podrían afectar a más de la mitad de España, incluidas 24 capitales de provincia. El «tijeretazo» que planea ADIF parte de un análisis realizado con criterios estrictos de rentabilidad económica y aprovechamiento de infraestructuras al margen de las «alegrías» políticas que tango gustan al presidente del Gobierno. El departamento que dirige José Blanco estudia también la viabilidad de las nuevas líneas de AVE, creando incluso problemas a los intereses del PSOE en algunas comunidades autónomas. Así lo manifiesta de forma rotunda el regionalista Miguel Ángel Revilla sobre el gobierno de coalición en Cantabria. Lo peor de todo es que los ciudadanos (en Asturias, Cantabria, Murcia, Alicante y Almería) pueden ver defraudadas sus legítimas expectativas porque el aplazamiento «sine die» de las grandes obras públicas equivale en la práctica a una paralización del proyecto.

En la realidad del día a día, nada menos que 1,7 millones de viajeros podrían verse afectados por los planes de suprimir líneas actualmente en funcionamiento. Es lógico que se pretenda racionalizar la prestación de servicios y, tal como están las cosas, es evidente que las subvenciones públicas no pueden suplir todas las carencias. Sin embargo, el Gobierno tiene el deber de tratar de forma igualitaria a todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia, y de impulsar el desarrollo socioeconómico de determinadas zonas para las cuales el tren supone un elemento dinamizador de máxima relevancia. Habrá que analizar con detalle la continuidad de servicios que no alcanzan un umbral mínimo de aprovechamiento, pero es imprescindible también impedir que siempre pierdan los mismos y que algunas zonas rurales se vean relegadas una vez más en favor de regiones más poderosas y con mayores réditos electorales para el PSOE. Así las cosas, Rodríguez Zapatero se enfrenta otra vez a la indignación de muchos ciudadanos que sufrirán en su vida cotidiana las consecuencias de una política errática y sin sentido a cargo de un Ejecutivo superado por las circunstancias y dispuesto a meter la tijera donde sea.

ABC - Editorial

Zapatero y el finiquito de Franc. Por Ignacio Ruiz Quintano

La liquidación del contrato fijo con despido indemnizado viene exigida por la ley de la memoria histórica.

ESPAÑA tiene un problema de fe: los españoles no creen que el país esté en quiebra. Pero lo está. No se encuentra dinero de bolsillo ni poniendo a una señora mayor a llevar la Economía. A cambio, la democracia parece consolidada, y la garantía de su calidad son Rubalcaba en Interior, y en La Moncloa, Zapatero. Ellos son los llamados a arrancar el último pelo al lobo del franquismo.

Zapatero, que abrió la Biblia por vez primera cuando iba a ver al Papa, ya va por el Génesis, 34, donde dice que no podemos vender nuestra libertad por un plato de lentejas. El contrato fijo con despido indemnizado es el último plato de lentejas del franquismo, cuya liquidación viene exigida por la ley de la memoria histórica. El derribo de la estatua ecuestre de Franco en los Nuevos Ministerios no fue sino el ensayo de la batalla por el despido, al fin, libre.

Los Nuevos Ministerios son El Escorial del franquismo en la capital, siquiera por el tiempo que llevó construirlos; de hecho, concluyeron porque en ABC publicó Mingote una viñeta que acabó en las manos de Franco: en la viñeta, el guarda de las obras se ufanaba de tener un trabajo «para toda la vida». Hoy la ley de la memoria histórica establece que los Nuevos Ministerios los levantaron, hombro con hombro, Prieto y Largo Caballero.

Del franquismo, pues, no queda más que el contrato fijo con despido indemnizado, obra de ministros como Arrese y de delegados de Trabajo como don Wenceslao, el papá de Marité, represaliado a mediados de los sesenta, cuando el Régimen pudo quitarse de encima a los falangistas recalcitrantes, que eran los fanáticos de la protección social. Zapatero no veía el momento de liquidar este vestigio franquista, pero el «New York Times» le abrió los ojos el otro día al compararlo con Franco, que tapaba las crisis con el fútbol.

—Con los parados que hemos aportado a la causa del socialismo, los trabajadores que queden deben de ser cuatro franquistas. Decretemos el despido libre, que es el único derecho que nos falta, y si los franquistas se ponen farrucos, los ahogamos con las vuvuzelas de La Roja —se dijo Zapatero, que aún se guarda la carta de la Pajín por la Salgado para fregar hasta el último empleo en España.

Mas llegaron los suizos, con sus relojes de cuco y sus quesos de bola, y se rieron de La Roja en las barbitas de Casillas y Piqué, que no han tenido la vergüenza torera de cortárselas, como Cristian Hernández, ese novillero mexicano que se cortó la coleta en un ataque de pánico.

Con el finiquito de Franco en la mano, Zapatero topa con unos suizos que, además de banqueros, son rojicidas. Que les prohíban venir al desfile gay.

ABC - Opinión

Gabilondo tiene un plan. Por M. Martín Ferrand

Consciente del paupérrimo nivel de nuestros bachilleres, busca un pacto para una reforma educativa.

THOMAS Otway, un olvidado dramaturgo inglés de la segunda mitad del XVII, gran admirador de su contemporáneo Pedro Calderón de la Barca, vivió siempre en extrema pobreza. Pasaba hambre de la bíblica, de la verdadera. Uno de sus protectores ocasionales, abrumado ante la total necesidad del escritor, le dio una guinea de oro —¡una pasta!— para aliviar su necesidad. El pobre Otway corrió hasta la panadería más próxima y compró una hogaza de pan, pero se atragantó con el primer bocado y murió en el acto, asfixiado. Traigo a cuento tan triste historia para recordar que la escasez es mala; aunque peor puede ser, todavía, la abundancia mal administrada. Una conseja moral y política especialmente útil para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aquellos de sus ministros que tienen algún contenido sin transferir en sus Ministerios.

Ángel Gabilondo, un gigante por comparación con la mínima talla de muchos de sus compañeros de Gabinete, es de los que andan escasos de función. Dicho en caricatura, a Educación le restan de realidad tangible la Universidad a Distancia y la Menéndez Pelayo de Santander, poco grano para tan poblado granero. En consecuencia, el hombre se mueve tratando de buscar un sentido a su gestión y, consciente —supongo— del paupérrimo nivel con que terminan sus estudios nuestros actuales bachilleres, trata de buscar un pacto con las restantes fuerzas parlamentarias para intentar una reforma educativa de mayor calado y más grande ambición que los de nuestra realidad presente. El mayor, en profundidad, de todos los problemas nacionales.

Gabilondo no se rinde y tiene un plan. Insiste, y con razón, en alargar la enseñanza hasta los 18 años, mejorar e impulsar la Formación Profesional, perfeccionar los idiomas y elevar el rigor y el nivel y, sin razón, en una mayor implicación de los padres en el proceso educativo. Muy avanzada está ya la legislatura para una intentona de esa naturaleza en el ámbito nacional y muchos son los afanes taifales de los gabilondosautonómicos; pero bueno sería que, contra lo establecido, nuestros nietos llegaran a la Universidad con parecida formación con la que llegaron nuestros padres. Tampoco servirá para mucho si Educación insiste en consensuar su plan con la comunidad educativa, un vago concepto que incluye profesores, alumnos, administrativos y señoras de la limpieza. Algo que convierte en rectores a personajes como Carlos Berzosa, incapaces de administrar con pulcritud y eficacia una población y un presupuesto superiores al de muchas capitales de provincia. Después de tanta hambre, Gabilondo puede atragantarse con un mendrugo.

ABC - Opinión

Paro. La otra reforma. Por José T. Raga

El dato de un veinte por ciento de desempleados tras más de treinta años de lo que lo que se denomina sindicalismo libre y negociación colectiva, debería hacer pensar a propios y extraños sobre la ineficiencia del modelo en el que estamos atrapados.

Dirán que nunca estoy contento con nada de lo que ocurre y, por la experiencia más reciente, menos aún cuando se trata de iniciativas falaces del gobierno de turno; no tanto de turno europeo como de turno nacional, que está más próximo y por tanto es capaz de producir mayores estragos sobre la sufrida población.

Ya iremos desgranando los aspectos que se recogen en el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, publicado en el día de ayer, 17 de junio de 2010, en el Boletín Oficial del Estado y, según reza el número 1 de la disposición final octava, en vigor desde hoy día dieciocho, siguiente al de su publicación. No me pregunten qué ocurrirá si en ese trámite de proceso parlamentario que ha anunciado el presidente del Gobierno se modifican disposiciones a cuya luz se hayan tomado decisiones por parte de los agentes económicos. Eso lo dejamos para otra ocasión. Pero mucha confianza, no infunde.

La otra reforma que me habría gustado ver, y que no figura en el Real Decreto-Ley de referencia, es aquella que se hubiera dirigido a combatir una enfermedad endémica del mercado laboral, que no se resuelve administrando un antibiótico para rebajar la fiebre del paciente. La norma publicada ayer pretende resolver con más regulación la ya excesiva regulación del mercado de trabajo. Su minuciosidad y virtuosismo, contemplando situaciones y particularidades de un asunto de tan amplia complejidad, hace vislumbrar unos resultados bien contrarios a los que se pretendían conseguir. El acercamiento entre oferta y demanda de trabajo, es decir la eliminación de la bolsa de desempleo, si se produce, lo será por la flexibilidad y no por la regulación, y menos aún por una regulación pormenorizada como la que aparece en la cacareada norma, anunciada como la gran reforma laboral que necesitaba España.

Pero, en fin, volvamos a lo que era mi intención en este momento, y que concreto en una pregunta al presidente: ¿para cuándo la reforma del sindicalismo amamantado? La cosa, además, señor presidente, se las han puesto muy fácil los propios sindicatos, pues al manifestar públicamente que viven de las cuotas de sus afiliados, lo que me llena de gozo, es el momento de suprimir las partidas presupuestarias a ellos dirigidas, precisamente por innecesarias. En el mismo cajón debe usted incluir a las centrales empresariales, que tampoco encuentro justificación alguna para que se nutran de los presupuestos públicos.

Debería usted reconocer que la actual estructura sindical, sus fuentes de renta, la institución de los liberados sindicales en las plantillas empresariales, y el fenómeno de la negociación colectiva, en la que participan también las organizaciones empresariales que detentan, análogamente, fuentes de renta difícilmente explicables, son una enfermedad grave de nuestro mercado de trabajo. Más allá del drenaje de recursos que suponen para el presupuesto público, que tiene fines sociales más prioritarios, configuran una superestructura de intereses propios que, en contra de sus proclamas, distan mucho de los objetivos de un mercado laboral que, ante todo, debe ser la consecución del pleno empleo.

Su representatividad, tanto en el lado sindical como en el empresarial, es más que dudosa, por lo que, lejos de sus teóricos representados, la superestructura se justifica en sí misma y se desenvuelve en torno a sus representantes que, a macha martillo, tratarán de mantener su propio estatus y las prebendas que le son propias. Introducir elementos disgregadores en la relación trabajador–empresario no puede conducir más que a un alejamiento entre ambos que redundará en perjuicio del primero; quizá también del segundo, pero desde luego, quien tristemente no se librará del daño es el primero.

El dato de un veinte por ciento de desempleados en la economía española, con una cifra de parados por el momento próxima a los cinco millones, y ello tras más de treinta años de lo que lo que se denomina sindicalismo libre y negociación colectiva, debería hacer pensar a propios y extraños sobre la ineficiencia del modelo en el que estamos atrapados. Ineficiencia, siempre que se suponga que el fin de toda la actividad de los llamados agentes sociales –aunque se trata de agentes sin relación de agencia– sea el pleno empleo, cosa que es más que dudosa, a juzgar por sus preferencias.

La negociación colectiva, que se mantiene como regla general –yo temo que en la practica seguirá siendo regla única– en el Real Decreto-Ley publicado ayer, es perversa en sí misma. La presunción de que todas las empresas, incluso todas las de un mismo sector, son iguales en solidez, en productividad, o si se quiere en dificultades, no pasa de ser una presunción necia que, cuando se aplica como norma general, conduce a la quiebra de las más débiles, que habrían podido subsistir con el esfuerzo de los más interesados: los trabajadores y los empresarios, no los sindicatos que nada se juegan. Suponer que la alternativa del paro es mejor que la del salario inferior es una tesis que sólo puede defender quien no ha estado nunca parado o quien trata de mantener un liderazgo hegemónico a costa de lo que sea.

El discurso sindicalista está hoy fuera de lugar. El incremento tan sustantivo de la inversión en capital fijo por trabajador, que confiere al trabajador la llave del rendimiento de esos medios de producción, hace que las proclamas de la izquierda sindical de principios del siglo XX suenen a retrógradas y extravagantes en la primera década del siglo XXI. ¿Por qué se mantienen? Seguramente los sindicatos tienen la respuesta; yo no la tengo, o si la tengo, prefiero silenciarla. Y en esa respuesta, la comparsa de las centrales empresariales no está tampoco exenta de responsabilidad.

Ante el paro y más paro, la actitud responsable exige un cambio radical en estos extremos, que no veo en la gran reforma publicada en el Boletín Oficial del Estado. ¿Para cuándo, señor presidente, esa reforma? ¡Ande, póngase manos a la obra!

Libertad Digital - Opinión

Un consejo en la chistera. Por Tomás Cuesta

El charlatán de La Moncloa no es sólo una figura bufa. Es el duro empeño de durar a costa de lo que sea, de quien sea.

TODOS mienten. No hay novedad en eso. La política es el arte de la mentira. Maquiavelo lo vio quintaesenciado en el gran Alejandro VI, que «jamás hizo otra cosa ni pensó en otra cosa que en engañar a los hombres, y siempre encontró el modo de hacerlo con éxito». Todos mienten. Claro que mienten. ¿Y qué otra cosa podrían hacer que no fuera mentir convincentemente? Miente Merkel, que conoce en qué abismo de ruina ha naufragado la incompetencia socialista española, pero que sabe también hasta qué punto dejar caer a esa gente arrastraría a la UE al fondo del desastre. Miente el director del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, cuando alaba las medidas puestas en marcha por el Presidente de un país al cual él ha venido para ir preparando la inminente supervisión que convertirá a España —por fortuna para todos— en un protectorado franco- alemán…

Hay uno que no miente, sin embargo. Mentir es arte que exige un milimétrico conocimiento de la verdad que el engaño oculta. El único que no miente es el estólido sujeto para el cual ni hay criterio de verdad ni de mentira; lo que vale por decir que todo es verdad y todo mentira, conforme al antojo de cada jornada. Pascal escribió que la existencia de un sujeto que mintiera siempre daría un fantástico árbitro de conocimiento, un criterio infalible frente al cual contrastar nuestros enunciados. Zapatero es la antifigura postmoderna del mentiroso omnisciente de Pascal. Él jamás miente. Para mentir es necesario poseer un criterio de verdad que pueda ser violado. Él no tiene eso. Sencillamente se inventa a cada instante el criterio que mejor le encaje. Y ningún problema de incoherencia o contradicción puede planteársele nunca, porque cada criterio es igual de arbitrario que cuantos lo precedieron, e idéntico en fugacidad a los que lo irán siguiendo en el tiempo. Si alguien tiene paciencia y biblioteca, puede verlo escrito de su pluma en el Prólogo que escribió, en 2003, a un libro del entonces fiel Jordi Sevilla: «Ideología significa idea lógica y en política no hay ideas lógicas». Eso hace al Mr. Chance español hipérbole de una política postmoderna que ni siquiera es cínica en ningún sentido; es descerebrada, y, como tal, eficacísima. Hasta el delirio de dar sesudo consejo económico al premier británico Cameron. No es chiste, es la chistera de la cual, ya que no un conejo, siempre habrá algún consejo que extraer sonriente.

San Agustín antepone a cualquier otra perversidad la mentira que se ejerce sin función, por el placer puro de engañar; en ella cifran el Mal Las confesiones. El charlatán de La Moncloa no es sólo una figura bufa. Es el duro empeño de durar a costa de lo que sea, de quien sea: eso es el mal en política. Quienes lo dan por muerto, se equivocan. Está a punto de enterrar a los sindicatos. Va a blindarse en la retórica del respaldo europeo. Luego vendrá la de la paz en el País Vasco. Keynes ironizaba sobre los largos plazos en economía: a largo plazo…, todos muertos. Zapatero traslada eso a la política: cortoplacismo letal. Si llega hasta el otoño, todo será impredecible. Mala cosa es darlo por muerto. Hasta el rabo, todo es lobo. Y la sabiduría popular sostiene que el lobo pierde los dientes, pero no las mientes.

ABC - Opinión

Nerea Alzola. A ver cómo explican esto. Por Maite Nolla

Es inevitable recordar que el partido sí ha pagado el abogado de algún tesorero millonario que está acusado de aprovecharse del partido para hacerse, eso, millonario, y que a Nerea Alzola la zurraron por pegar carteles del PP.

Recordarán que en 2007 Nerea Alzola y otra militante del PP fueron agredidas mientras pegaban carteles del PP en el País Vasco. Pese a lo que se haya podido publicar, lo cierto es que la abogada de Nerea Alzola renunció a defenderla y por parte del juzgado le dieron plazo para que designara a otro abogado. Es decir, ni ella renunció, ni llegó a un acuerdo ni nada de eso. Hasta la fecha era el partido el que les pagaba los gastos judiciales, pero, sin previo aviso, respecto a Nerea Alzola lo han dejado de hacer. Y para justificarlo, desde el PP no han dudado en mentir, dándose ellos mismos versiones contradictorias. Al final, dicen que la renuncia de la abogada –que previamente se había desmentido– es por desavenencias respecto a la estrategia procesal, que no deja de ser un bonito eufemismo.

Aceptando incluso esta última versión, lo que no se entiende es que el PP no ofrezca a Nerea la posibilidad de que designe a otro abogado, lo cual nos lleva a pensar que las cosas son como parecen y que lo único que ha querido el PP es culminar un proceso que empezó hace cosa de un año. La identificación de Nerea Alzola como perteneciente a ese grupo peligroso de políticos que algunos han calificado de forma despectiva como el "sangilismo", la llevó a no poderse presentar como candidata a presidir el partido en su provincia, luego fue expedientada y ahora se queda sin abogado. Y no sólo eso, sino que tiene que aguantar que mientan y que la dejen sola. Es inevitable recordar que el partido sí ha pagado el abogado de algún tesorero millonario que está acusado de aprovecharse del partido para hacerse, eso, millonario, y que a Nerea Alzola la zurraron por pegar carteles del PP.

Todo ello, en las mismas fechas en las que Regina Otaola anuncia que se retira de la política y se va del País Vasco para poder trabajar, porque a ninguna de las dos les crecen jaguars en el garaje, ni tienen casas en Baqueira.

Como decía Federico esta semana, el PP del País Vasco ha pasado de ser un motivo suficiente para votar al PP, a ser uno de los motivos para no hacerlo. También es verdad que tal y como está España, cuando hasta Toxo pide un cambio de gobierno, cada día que pasa es más necesario que se vaya Zapatero y que le sustituya cualquiera que pase por ahí, aunque éste sea Mariano Rajoy y su partido. Eso no les quitará la mancha de ser los responsables de que María San Gil, Nerea Alzola y Regina Otaola se hayan ido –o las hayan echado– y de la vergüenza que eso supone. Y es que no creo que ninguna de las tres entrara en política y se presentara para ser concejal, arriesgando su vida, preocupada por la deuda española o por la reforma laboral. A ver cómo explican esto en la blogosfera pepera.

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