Más que trajes

El juez de Gürtel en Madrid vincula los regalos a Camps con más delitos que el cohecho impropio

Era cuestión de tiempo que la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los contratos amañados entre la Administración valenciana y la trama Gürtel entre 2004 y 2009 alcanzara a altos cargos de la Generalitat y que tuviera que pasar al Tribunal Superior de esa comunidad en razón del aforamiento de varios implicados.

La ley dice que el instructor de una causa se inhibirá desde el momento en que aparezcan indicios contra un aforado, pero en la inhibición del instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, a favor de su colega valenciano, José Flors, había también una razón de urgencia: la inminente prescripción del delito electoral presuntamente cometido al asumir varias constructoras valencianas el pago de actos facturados por la trama Gürtel al PP valenciano, con motivo de las elecciones autonómicas y locales de 2007.

El archivo, primero, de la causa de los trajes y, después, su reapertura por el Tribunal Supremo van a tener un efecto beneficioso para la justicia, al haberse podido descubrir nuevos datos sobre el verdadero significado de esos regalos, no tan inocentes y penalmente inocuos como se había pretendido. Para el juez Pedreira, apuntan a delitos más graves que el de cohecho impropio: su investigación sitúa a los trajes en el eje de las contrataciones entre la Generalitat valenciana y la trama Gürtel, incluida la cobertura televisiva de la visita del Papa en 2006, y en su estela de mutuos favores. Serían, si se quiere, la guinda del pastel de las contrataciones amañadas, con mutuo beneficio, entre la Administración valenciana y la trama Gürtel, pero un elemento propio y no desgajado de ese pastel.

El primer efecto que tendrá la inhibición del juez Pedreira es un cambio profundo de la causa de los trajes. La tipificación delictiva se agravará si, como sostiene, tales regalos tienen conexión con actuaciones propias del cohecho propio y de la prevaricación, y encubridoras de delitos electorales, contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. La causa se amplía a nuevos implicados: junto a Camps, Betoret, Campos y Costa aparecen otros altos cargos del Gobierno y del PP valencianos. Y alcanza al hasta hace poco tesorero del PP, Luis Bárcenas, que lo era cuando en 2007 algunas constructoras pagaron las deudas electorales del PP valenciano, así como a los gestores de estas constructoras y a los cerebros de la trama Gürtel.

Al instructor del caso en Valencia le espera un arduo trabajo. Y presiones más o menos encubiertas dada la relevancia política y social de los implicados. Al primer instructor del asunto, Baltasar Garzón, el PP intentó descabalgarle cuanto antes del sumario. Y al juez Pedreira no ha dejado de ponerle piedras en su investigación utilizando la acusación popular no para perseguir a los corruptos sino para procurar su impunidad.

El País - Editorial

A Camps no le aprietan sólo los trajes

La tensión que está viviendo el PP por esta causa no se va a solventar con disimulos de cara a la galería y sin un liderazgo que imponga un criterio que sepa distinguir las responsabilidades penales de las responsabilidades políticas

Por mucho que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, finja ignorarlo y se dedique a darse baños de multitudes, las posibilidades de que termine sentándose en el banquillo por el caso Gürtel, lejos de reducirse, no hacen sino acrecentarse por algo, además, que tiene muchísimo más recorrido que el haber recibido presuntamente unos trajes de la trama corrupta: el auto de inhibición del instructor del caso, Antonio Pedreira, ha hecho suya la tesis de la Fiscalía al considerar que existen indicios de otros delitos como el de cohecho contra la administración y la hacienda pública y un delito electoral que también afectaría a otros miembros del gobierno y del PP valencianos.

En este auto, por el que se da traslado del caso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el instructor pide que se investigue al gobierno regional a raíz de la existencia de diversos informes de la policía judicial, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado que detallan movimientos fraudulentos con facturas falsas, contrataciones irregulares y una caja B en el PP que apuntan a una financiación ilegal.

Aunque dichos informes y el auto que lo refleja contradigan las auditorias que tanto organismos independientes como del propio Tribunal de Cuentas han hecho de la contabilidad del PP en Valencia, y por mucho que los contratos de la Generalidad hayan sido también avalados por el abogado del Estado, es evidente que este auto no viene sino a hacer más insostenible la situación del actual presidente valenciano. Ante esta realidad, Camps no puede quitarle importancia y menos aun hacerlo diciendo que la Generalitat "adjudica y gestiona más de 16.000 millones de euros" y en este caso se está hablando "de 80 contratos en seis años". Aunque sólo fuera un contrato llevado a cabo de manera irregular, sería suficiente para cuestionar a unos dirigentes políticos cuya honorabilidad debe de estar siempre fuera de toda duda.

Camps no puede ser una excepción al principio por el cual quien se sienta en el banquillo de la justicia debe quedar desbancado de su cargo público, con absoluta independencia de su presunción de inocencia. Y menos aun que se convierta en excepción por el hecho de haber amenazado a la dirección nacional del partido. De confirmarse que Camps ha amenazado a Trillo con presentarse con "un partido independiente de corte regionalista", sería suficiente para cesar de inmediato al político valenciano por mucho que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia volviera a archivar la causa contra él.

En cualquier caso, es evidente que la tensión que está viviendo el PP por esta causa no se va a solventar con disimulos de cara a la galería y sin un liderazgo que imponga un criterio que sepa distinguir lo que son responsabilidades penales de lo que son responsabilidades politicas. Ese liderazgo y ese criterio es lo que falta para que todos los miembros del PP lo sigan, tanto en público, como en privado.

Libertad Digital - Editorial

Elecciones, una necesidad nacional

Las primeras medidas de contenido realmente restrictivo del gasto han desvelado la extrema debilidad política del Gobierno.

Su vulnerabilidad a las presiones externas se acreditó tras la cumbre europea que lo forzó a tomar las decisiones que días antes, ante Mariano Rajoy, había rechazado por considerarlas perjudiciales para el crecimiento. La falta de reforma laboral, reclamada constantemente dentro y fuera de nuestras fronteras, es el precio que está pagando el Gobierno a una paz sindical impostada, y la movilización de los ayuntamientos contra la prohibición de endeudarse hasta finales de 2011 ha precipitado el más flagrante de los bandazos cometidos por el Ejecutivo, al urdir una trampa legal que hizo pasar por rectificación de errores lo que fue la modificación ilegal de todo un real decreto-ley.

En su ya largo deambular sin rumbo, el Gobierno se ha llevado por delante dos equipos económicos, síntoma inequívoco del descontrol sobre la política económica del país. El de Pedro Solbes siguió el camino de su titular y abandonaron todos el Ejecutivo; el de Elena Salgado no hace falta que se vaya, porque se encuentra sumido en una tercera fila, desautorizado y adelantado por otros ministros e incluso por portavoces del Partido Socialista sin mando en materia económica. Valga como ejemplo el impuesto a «los ricos», confirmado ayer por José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados para dentro de «breves semanas», según anunció. Por tanto, se despejó en parte la incógnita que enredó a la ministra Salgado, que negó la intención de llevar a cabo esta subida fiscal; a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien, por el contrario, dijo que era «inminente»; o al ministro de Fomento, José Blanco, quien avaló la subida «a los que más tienen», con una doctrina de izquierda al estilo clásico. El caso es que esta medida, que se presenta subliminalmente como una compensación al recorte social acordado el pasado viernes, no va a afectar al «99,9 por ciento» de los contribuyentes, según calculó ayer el presidente del Gobierno, porcentaje que permite preguntarse por el impacto recaudatorio y la eficacia económica que tendrá ese incremento de impuestos, sea cual sea y que servirá, hasta que se produzca, para mantener entretenida a la izquierda más reacia al recorte de pensiones y derechos sociales.

El cuadro general es desalentador, y el presidente del Gobierno debería ser consciente de que enrocarse en posiciones defensivas o responder con arrogancia a las críticas de la oposición o al malestar social no es la opción responsable de este momento. Por el contrario, Rodríguez Zapatero tiene la obligación de preguntarse si cuenta con apoyos suficientes no para salir del paso día a día, sino para liderar la política de restricciones y austeridad que reclama este momento crítico; o si debe acudir a los ciudadanos para recabar una legitimación democrática que renueve su mandato o que se lo confiera a la oposición. En menos de veinticuatro horas, las dos Cámaras han votado en contra de la congelación de las pensiones y hoy es probable que sólo los votos del PSOE, en el mejor de los casos, porque el resultado se presenta incierto, saquen adelante la convalidación del paquete de medidas contra la crisis. Obviamente, el Partido Popular está llamado a la responsabilidad política que le incumbe como partido de oposición y como alternativa de gobierno, sabiendo que su criterio para la votación de hoy está vinculado principalmente a su propio diagnóstico sobre la situación de España y a la valoración que sinceramente le merece el plan de ajuste aprobado por el Gobierno.

Es evidente que, junto con la falta de una mayoría amplia en el Parlamento, el Gobierno carece de respaldo social, lo que se refleja sin excepción en todas las encuestas recientes, pero más palpablemente en el ambiente cotidiano. El problema del Ejecutivo no es que una u otra concreta medida despierten recelo, sino que la sociedad española ya no confía en que José Luis Rodríguez Zapatero sea capaz, en este momento, de encabezar una política en la que él mismo no cree por sus definidos rasgos ideológicos. La arquitectura política de un país en crisis -y no sólo económica- descansa en la confianza de los ciudadanos. Por eso, este es el momento de convocar a los españoles a las urnas, no para ganar tiempo ni para perderlo en campañas rutinarias, ni para emprender una discordia de partidos, sino para comprometer a los electores en un tiempo de sacrificios con programas sinceros basados en la verdad. Sólo una renovación democrática en las urnas dará al nuevo gobierno, sea el que sea, una fuerza de la que ahora carece el de Rodríguez Zapatero, porque ningún partido podrá ya presentarse ante los electores eludiendo la gravedad de la situación. Los grandes olvidados de esta crisis son los ciudadanos, solicitados sólo para pagar más impuestos, recibir menos salarios y perder poder adquisitivo. También tienen un derecho inalienable, que es el de decidir quién los gobierna y cómo. No basta con afirmar que a esta legislatura aún le quedan dos años, lo cual es una obviedad irrelevante en las actuales circunstancias. Para muchos millones de españoles, estos dos años ya vencidos han sido una eternidad. El mandato que recibió Rodríguez Zapatero en 2008 está políticamente liquidado porque de su programa electoral del pleno empleo y la ausencia de crisis hemos pasado a un recorte social sin precedentes y a una falta dramática de expectativas. Pedir ahora elecciones generales anticipadas no es antipatriota ni oportunista. Convocarlas no será una claudicación. En ambos casos, estaríamos ante el funcionamiento de unas instituciones democráticas que se ajustan a los movimientos de opinión pública, a las necesidades políticas del país y, sobre todo, a la auditoría que la sociedad ha practicado al Gobierno de Rodríguez Zapatero.

ABC - Editorial

Un presidente inepto. Por Edurne Uriarte

Hay tres formas de disfrazar con éxito la ineptitud. La primera, permanecer callado y evitar la exposición pública de tus limitaciones, cosa que ha logrado Salgado durante los sesenta años que tiene, lo que le ha reportado nada menos que un ministerio de Economía. Y habría podido pasar incluso con gloria por el cargo si no llega a ser por la obligación de debatir en el Congreso. Tuvo que argumentar y se descubrió el pastel, eso sí, con el ministerio entre sus manos.

La segunda y tercera formas han sido aprovechadas por Zapatero. Una soberbia ilimitada y unas considerables dotes comunicativas le han permitido pasar la debilidad de contenidos e ideas por carisma y liderazgo. Y, sobre todo, la posesión del poder le ha asegurado, como a todos los dirigentes ineptos antes que él, la ayuda más eficaz de. El silencio de los analistas, la adulación de los pícaros y aprovechados, la complacencia de los cobardes. Así se ha creado lo que un ex ministro socialista que prefiere el anonimato llama el «mito de Súper ZP» en el libro de García Abad.

Aquellas voces que destacaron su vacuidad cuando saltó a la palestra pública fueron pronto acalladas por la fuerza avasalladora y también represiva del poder, del suyo, al menos. Quienes advertimos sobre su profunda ignorancia en torno a ETA durante la negociación fuimos tachados de extremistas, intolerantes y todo lo habitual en esos casos.

Y sobre la crisis económica, la historia es reciente y conocida. Ni siquiera los innumerables análisis y advertencias de los mejores expertos internacionales han sido suficientes para desnudar la incapacidad de Zapatero entre sus fieles. Y estamos en lo que estamos, en un país que se hunde, en un completo caos de gestión y con un presidente deslegitimado, desbordado e incapaz al timón.

ABC - Opinión

Crisis institucional. Zapatero y su casta. Por Agapito Maestre

Esa chusma conoce, desgraciadamente, la verdad, pero es descartada o disfrazada porque su aspecto les parece absolutamente aborrecible para sus pérfidos intereses de casta.

Zapatero dice que no da bandazos en su política. Mentira. Rajoy habla en broma en un programa basura de televisión. Mentira. Montilla se hace traducir al español en el Senado. Mentira e impostura criminal, o peor, se niega que el valor de pensar puede ser medida de todas las cosas. Creo que la tercera de estas mentiras es la más difícil de superar. Me explico.

Zapatero es insustituible. Cierto. No hay nadie que le mueva la silla. Nadie haga estúpidas especulaciones sobre sus posibles sustitutos o herederos. Hoy por hoy, no escapa nadie a su control. Miente, sí, pero vigila y castiga a sus correligionarios como a sus adversarios. Zapatero es la antitesis de la política. De la negociación y el acuerdo. Zapatero ha sembrado todas las instituciones de desconfianza. He ahí un problema grave de España. Hasta los Borbones comen en la mano de Zapatero. Este hombre es el dueño del PSOE, del Gobierno, de casi todos los medios de comunicación, de casi todos los bancos y cajas de ahorros y, sobre todo, controla a golpe de latigazos precisos a la plebe social. El otro gravísimo problema es la derecha española, porque se contenta con disfrutar del poder que ya ha conseguido, que es, dicho sea de paso, mucho para lo poco que hace por conquistar el poder del Gobierno. Y, en tercer lugar, el otro gran problema es la carencia de sentido común que tiene toda la casta política, reflejada en la alocución de Montilla en el Senado, que a falta de mejor cosa que hacer se dedica a maltratar a la plebe que le paga sus buenas soldadas.

Es evidente que el primer problema podría solucionarse con un poco de democracia; bastaría que el presidente del Gobierno fuera capaz de autolimitarse en el ejercicio del poder, o sea, presentara su dimisión, dejara paso a otro de su partido o, simplemente, convocara elecciones generales. El asunto de la indolencia de la derecha, esa forma acomplejada y sin nervio del PP a la hora de hacer política, quizá se resolverá algún día que surja un líder con empuje profesional y moral, e incluso cabe imaginar un Rajoy estadista que, lejos de imitar las visitas de Blanco a programas basura de la televisión, tome iniciativas en las instituciones gobernadas por el PP y en la calle.

Veo más difícil que pueda resolverse el denominador común de la casta política, a saber, su desastrosa falta de sentido de la realidad. Su sentido común, es decir, político, es inexistente. He ahí el mayor peligro que tendremos que sufrir los españolitos de a pie en los próximos años. Esa casta funciona al margen de la realidad, o peor, ha creado un mundo ficticio. Utópico. Esta fantasía les permite decir una cosa y la contraria con un único objetivo: desentenderse de los problemas reales que tienen los españoles. El ejemplo máximo de esta catástrofe es el fracaso del Título VIII de la Constitución, es decir, los españoles, gracias al pésimo funcionamiento del llamado Estado de las Autonomías, no somos ni libres ni iguales ante la ley, pero la casta política se niega sistemáticamente a reconocer tal obviedad. O peor aún, la casta política saca pecho en el Senado, mal llamada cámara de representación territorial, y acepta de buen grado la barrabasada de pagar unos traductores para que viertan a la lengua oficial, la que todos tienen el derecho y el deber de conocer, lo que dicen en las otras lenguas del Estado.

La miserabilidad de esa acción compite con la falta absoluta de realidad de esta chusma política. Matarían por un voto y negarían a sus padres por una dieta en una comisión. Son la negación de la política. Del acuerdo. Esa chusma conoce, desgraciadamente, la verdad, pero es descartada o disfrazada porque su aspecto les parece absolutamente aborrecible para sus pérfidos intereses de casta. Odian la verdad. Ese odio es la base común de toda la casta política. Al contrario de la gente normal, que a veces ama la verdad, o sea, la busca porque no la conoce, la casta política actúa con la “inocencia” del hombre salvaje: la verdad es de modo natural más odiada que amada.

Libertad Digital - Opinión

Tal como éramos. Por José María Carrascal

SE quejaba Ortega de que, en medio de la mayor crisis económica internacional del siglo, el Parlamento español estuviese debatiendo la secularización de los cementerios. Que no han cambiado tanto las cosas en España lo demuestra que, en medio de la mayor crisis económica desde aquélla, lo que se debate en el Senado sea la renovación del Tribunal Constitucional. Seguimos como hace ochenta, cien, puede que doscientos años, recreándonos en nuestras trifulcas internas, llevando a hombros nuestros muertos, echando al contrario las culpas de todos los males. Diría incluso que estamos peor, porque hemos estado a punto de hundir el euro y, a diferencia de entonces, todas las instancias internacionales nos apuntan con el dedo, indicándonos los deberes que nos quedan por hacer. Pues saben que, de dejarnos solos, no los haríamos.

Preferimos seguir librando las guerras de nuestros antepasados, acariciar las viejas heridas, alimentar los viejos agravios, cultivar los viejos vicios. Me refiero a nuestra incapacidad de ver más allá de nuestros estrechos límites, al desprecio de cuanto no conocemos (que es casi todo), al instinto cainita de considerar al vecino como el mayor enemigo. ¿Quieren el último ejemplo? Para escuchar a Montilla en el Senado, no estaban ni Mas ni Durán, los líderes del primer partido de la oposición catalana. Y eso que el president iba a defender el nuevo estatut. Pero su rivalidad particular prevalecía sobre su interés general. Y eso que son catalanes, que se consideran distintos a los españoles. ¿O es que no consideran catalán a Montilla? ¡Vaya usted a saber! Bucear en los complejos de superioridad e inferioridad que se alternan en el alma española requeriría un Freud, y no sé si bastaría.

¿Quieren otro ejemplo? Tanto el PSOE como el PP miran ya más a las próximas elecciones que a la crisis en que nos encontramos. Mientras en todos los demás países se forman coaliciones para afrontarla, lo que aquí se fabrican son trampas para ver si el contrario cae en ellas, como ese súbito interés por renovar un Tribunal Constitucional que lleva cuatro años sin que nadie le haga caso y ahora todo el mundo quiere acelerar, de mentirijillas, claro, pues aquí nadie dice una verdad ni borracho.

Se ha borrado la poca cultura de consenso forjada en la Transición, al presentársela como una muestra de debilidad, como una exigencia de los «espadones», como un trágala impuesto por la «derechona», lo que, aparte de falso, es suicida en una democracia, donde el consenso es tan necesario como el aire que se respira.

Yo no sé en qué va a acabar esto. Pero, visto como se están comportando partidos, agentes y clases sociales, empiezo a pensar que lo mejor sería que Bruselas, Washington y el FMI se hicieran cargo de España y empezáramos a funcionar como un fideicomiso. Por lo pronto, nos libraríamos de una clase política impresentable. Lo malo es que dudo que alguien quiera cargar con el talego.

ABC - Opinión

Deuda. La tormenta perfecta. Por Manuel Llamas

El gran problema de España es la deuda, sobre todo privada, pero ahora también pública. Deuda, mucha deuda... ¡una deuda enorme!

A muchos sorprenderá que la intervención de CajaSur este fin de semana haya copado destacados espacios en la prensa internacional y especializada de medio mundo. De hecho, la insolvencia de la pequeña caja andaluza, cuyo tamaño apenas representa el 0,6% de los activos del sistema bancario español, logró tambalear las bolsas a uno y otro lado del Atlántico. Sin embargo, la sorpresa no es tal si se tiene en cuenta el contexto.

El temor de los inversores tiene poco que ver con CajaSur y mucho con la solvencia misma del sistema financiero español. Señores, "España es el agujero de Europa". Bancos y cajas han prestado al sector inmobiliario y de la construcción unos 470.000 millones de euros –casi la mitad del PIB nacional– que, sumados a los cerca de 650.000 millones de euros en créditos hipotecarios, arroja una exposición superior al billón (con b) de euros, equivalente a todo lo que produce el país en un año.

El necesario ajuste inmobiliario (desplome de precios) aún no se ha producido por culpa de Gobierno y la gravísima negligencia del Banco de España, ocupados ambos en tratar de mantener artificialmente alto el valor de la vivienda que, como mínimo, aún tiene que caer entre un 20% y un 30% para regresar a sus fundamentales. El ladrillo quebró, y con él, está arrastrando, poco a poco, al sector financiero.

No obstante, pese a las trampas contables, numerosos analistas coinciden en que la morosidad real del sistema se aproxima ya al 9%. Resulta, pues, vergonzoso que desde las autoridades públicas se trate de vender a la ciudadanía que la mora baja cuando, en realidad, lo único que hace es crecer y crecer. A la quiebra del sector inmobiliario –ahora en manos de los bancos– hay que añadir el creciente número de familias que, debido a la elevada tasa de paro, no puede hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias. El 37% de las familias hipotecadas tuvo que retrasar al menos en una ocasión el pago de su crédito durante 2009, y un 48% admitió tener problemas para llegar a fin de mes, según datos de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios.

Así pues, la intervención de CajaSur es tan sólo un indicador evidente de los graves problemas de solvencia que atraviesan, no una ni dos, sino numerosas entidades nacionales. Y es aquí, donde entra en juego la segunda pata de la mesa. La quiebra de bancos y cajas pretendía ser evitada por el Gobierno mediante el famoso Fondo de Rescate Bancario (FROB), dotado con hasta 100.000 millones de euros –que serán más–, con el fin de facilitar la necesaria reestructuración financiera (entiéndase fusiones de toda índole y condición guiadas bajo criterios estrictamente políticos y, por tanto, nefastos).

Pues bien, los famosos 100.000 millones –que, insisto, serán más– se habían concebido, en teoría, para facilitar una transición suave sin grandes sobresaltos financieros. El problema es que los obstáculos políticos también han impedido y retrasado, hasta la extenuación, dicho ajuste, ya que partidos y sindicatos quieren mantener sus respectivos cortijos intactos. Ahora, sin embargo, entran las prisas, ya que el plazo para emplear el FROB expira el próximo 30 de junio, que es el límite temporal impuesto por Bruselas, por lo que las fusiones se están realizando a la carrera al grito de "intervenido el último".

Y todo esto en medio del estallido de crisis de deuda pública en la zona euro. El dinero del FROB es, ni más ni menos, que deuda pública, es decir, bonos que el Gobierno tendrá que colocar en el mercado. Y ello, pagando unos tipos de interés cada vez mayores, como resultado del descomunal descuadre de las cuentas públicas (déficit superior al 11% del PIB en 2009) y la lógica desconfianza que despierta el Gobierno de Zapatero en los mercados internacionales. En definitiva, un fabuloso cóctel que, una vez agitado, arroja como resultado una tormenta perfecta que, desde hace un par de semanas, intenta ser aplacada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo.

El gran problema de España es la deuda, sobre todo privada, pero ahora también pública. Deuda, mucha deuda... ¡una deuda enorme! Por ello, lo único que está haciendo el mercado es descontar el riesgo, cada vez mayor, de que parte de dicha deuda no pueda ser recuperada.

Libertad Digital - Opinión

¡Váyase, señor Zapatero! Por M. Martín Ferrand

ANTES, cuando las lluvias torrenciales o los ríos desbordados inundaban una determinada población, era costumbre marcar el punto alcanzado por las aguas.

Hasta aquí llegó el nivel en las catástrofes de tantos del tantos de mil y tantos. Traslado la práctica a la política, habría que instalar en el Congreso de los Diputados una placa en la que, con fecha de ayer, pudieran leer las generaciones venideras, bajo una reproducción del BOE en el que el Gobierno anula la restricción crediticia a los ayuntamientos publicada en el BOE de anteayer: «Hasta aquí llegó la incompetencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno de España».

Si es que lo tuvo alguna vez, el presidente ha perdido el oremus. Lo mismo anuncia que no habrá trasvases que los autoriza, de igual manera promete aprobar un Estatut según el criterio del Parlament que lo enmienda, tan pronto amenaza «a los ricos» con un nuevo impuestos que se olvida de ellos, promete no tocar las pensiones y las rebaja... Si José María Aznar tenía razones para acuñar el grito que le valió las llaves de La Moncloa -«¡Váyase, señor González!»- las razones que hoy apuntan la caducidad del jefe del Ejecutivo, el riesgo de su permanencia, son tan grandes que, en la medida en que el Congreso sea verdaderamente representativo, un coro de diputados, al estilo del Orfeón Donostiarra, debiera entonar al unísono: ¡Váyase, señor Zapatero! El problema es tan grave y tan evidente resulta el desgobierno que la responsabilidad política, y ética, comienza en las filas del PSOE, las que le sostienen y avalan. ¿No habrá nadie capaz, más fiel al socialismo que al de León, que quiera que, después de más de un siglo, el partido siga siendo válido para España?

No estamos ante un problema ideológico ni, tan siquiera, ante un contraste de programas diferentes con que atajar la crisis y sus demoledores efectos. No. Esa situación ya la hemos sobrepasado. Tenemos a la vista un líder capaz de decirle a sus alcaldes que todo va bien, de anunciar después una limitación crediticia municipal y, a continuación, revocar esa disposición. Es decir, tenemos delante a un líder que está grogui y se mueve por el cuadrilátero presidencial dando tumbos y diciendo despropósitos. El personaje ya se ha dado a la fuga y nos ha dejado como sustituto un muñeco animado que sonríe. ¿Es responsable mantener el muñeco al frente del Gobierno del Estado?

ABC - Opinión

Subvenciones. La nueva economía progresista. Por Pablo Molina

Basta con crear una asociación destinada a la promoción de cualquier idea absurda incluida en la agenda de la izquierda para que el dinero público acuda en tropel por múltiples cauces.

Los socialistas reniegan del mercado libre, al que acusan de todos los males conocidos y por conocer, pero al socaire de este mantra suficientemente extendido gracias a los medios de masas, tienen una afición encomiable por crear otras líneas de negocio no por reguladas menos exitosas. En realidad arrojan grandes beneficios precisamente por ser fruto de la coacción institucional, a la que tan aficionados son todos los socialistas incluidos los que integran el PSOE.

En la España de Zapatero es inútil emprender cualquier negocio según los cánones tradicionales. Las regulaciones de todo tipo y los impuestos de las distintas administraciones hacen que vender productos o prestar servicios de forma más eficiente que la competencia sea una tarea hercúlea sólo al alcance de los espíritus más sufridos. Cuando, además, los potenciales clientes andan escasos de dinero como ocurre actualmente, las dificultades para llevar una idea a la práctica empresarial son prácticamente insalvables.

Pero frente a la economía tradicional surgen sin cesar nuevas oportunidades de ganancia que el Gobierno pone en marcha gracias al dinero de los demás, aspecto crucial que explica la facilidad con que las ideas ruinosas alcanzan el éxito en este particular mercado del subsidio.

Basta con crear una asociación destinada a la promoción de cualquier idea absurda incluida en la agenda de la izquierda para que el dinero público acuda en tropel por múltiples cauces. Y lo mejor de todo es que no es necesario hacer algo práctico para trincar la pasta, porque Zapatero paga, fundamentalmente, por labores de promoción, apoyo, difusión o, mejor aún, "concienciación", que es algo muy importante para el progresismo.

Así pues, para llevarte el sueldo de un año de un mileurista a cuenta de la "memoria histórica", pongamos por caso, no es necesario contratar a un equipo de investigadores y ponerse a cavar en las cunetas, sino simplemente organizar un seminario, charla, exposición o publicar un folleto, todo ello con la sana intención de difundir la necesidad de revisar la historia según el patrón sociata. Lo mismo con la igualdad de género, la alianza de civilizaciones, la violencia machista, la homosexualidad, el laicismo, el cambio climático, etc., etc., etc.

¿Recuerdan cuando los socialistas, con Zapatero a la cabeza, decían que era imprescindible cambiar nuestro modelo? Pues se referían exactamente a esto.

Libertad Digital - Opinión

Váyase. Por Ignacio Camacho

SIN ánimo de exagerar, estamos viviendo uno de los peores momentos de la democracia. A la profundidad de la crisis económica, social y financiera se une la fuerza desestabilizadora de una gravísima crisis política y de liderazgo.

El Gobierno ha pasado de seguir una deriva equivocada a perder por completo el rumbo, el control y los nervios hasta convertirse en un problema sobreañadido. La situación combina el pesimismo de la ley de Murphy con la incompetencia del principio de Peter, de tal modo que a la dificultad objetiva de las circunstancias se une la incapacidad manifiesta de quienes tienen que resolverlas. Por si no bastase este panorama inquietante, la gente tampoco confía en la alternativa y se está produciendo un colapso de confianza. Cada día parece un poco peor que la víspera y amanece con contratiempos nuevos agrandados por la torpeza de las soluciones. Zapatero, con alarmantes síntomas de estrés y envejecimiento prematuro, es la estampa andante de un fracaso; no hay contrariedad ante la que no zozobre ni previsión que no falle. No es que esté dando bandazos; simplemente es su forma natural de sostenerse.

Cuando el presidente, mal aconsejado y dado a dejarse malaconsejar, decidió creer que la recesión se resolvería sola, olvidó que incluso para que así ocurriese era menester que al menos se quedase quieto. Si pensaba dejarla pasar tenía que haberse limitado a no hacer nada. En vez de eso se lanzó a un vértigo mal calculado de medidas paliativas que no lograron sino deteriorar las condiciones defectuosas de una economía exánime. Cada presunto remedio incrementaba los males, hasta llegar a un punto en que la crisis dejó de resultar un fenómeno sobrevenido para devenir en la consecuencia de una política errónea, mal dirigida y peor resuelta. Ahora ya está tan abrumado que yerra incluso cuando rectifica porque ha perdido toda referencia y todo crédito. Se mueve como un zombi desorientado y sus movimientos desencadenan una mezcla de irritación, zozobra y pánico.

Ayer escuchó en el Senado un griterío coral, destemplado y faltón que era un eco estridente y remoto del «váyase» de Aznar a González. La repulsa brusca, estrepitosa, de un PP impaciente augura un final de legislatura insostenible; en este clima crispado, bronco e intemperante no hay manera de hallar una salida razonable. Con el Gobierno desquiciado por sus propias piruetas, con la oposición alborotada, con los sindicatos desengañados, con las instituciones bloqueadas, con el sistema financiero tambaleante, con el Estado en quiebra y con la gente cabreada y empobrecida no cabe más recurso sensato que un adelanto electoral que al menos proporcione una nueva legitimidad política a quien le toque afrontar el desastre. Cartas nuevas para una nueva partida. No las habrá porque el que tiene que repartirlas aún confía en que le salga un comodín de la gastada baraja. Se resiste a aceptar que ya no le quedan bazas favorables ni en la manga.

ABC - Opinión

Zapatero rectifica en el BOE y se ratifica en el Senado. Por Antonio Casado

Quiso el Gobierno hacer pasar por un simple error técnico la restricción crediticia a los ayuntamientos “a partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta el 31 de diciembre de 2011”.

Eso se leía en la página 45121 del BOE del lunes (artículo 14 del decreto-ley 8/2010). Pero, según la corrección publicada ayer, el cuento cambia notablemente. Ahora leemos: “A partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011”.

No es lo mismo que el Gobierno ordene cerrar el grifo del endeudamiento a los ayuntamientos de un día para otro que darles siete meses de margen para echar cuentas y organizarse hasta finales de este año. ¿Un bandazo que alimenta el síndrome del piloto borracho o un simple apunte en la fe de errores del BOE? Aunque nos temíamos lo primero, la vicepresidenta, Elena Salgado, nos quiso convencer de lo segundo. Como si fuese uno más entre los once errores publicados al día siguiente, gramaticales en su mayoría. Pero este error no era precisamente gramatical.

Al presidente de la Federación de Municipios y Provincias, el socialista Pedro Castro, no le falta información sobre los pasos del Gobierno, que es de su misma estirpe política. Sobre todo si las decisiones afectan a las corporaciones locales. Tampoco diría yo que se ha caído de un guindo el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, la pieza que mueve Moncloa para acabar políticamente con la número dos del PP, María Dolores de Cospedal.

Bien, pues los dos se expresaron en términos inequívocos respecto al supuesto error cometido por el Gobierno al plasmar en el BOE la restricción crediticia impuesta a los ayuntamientos en el marco del plan de reducción del déficit público. En términos inequívocos, digo, el presidente de la FEMP y alcalde de Getafe, Pedro Castro, alababa ayer en la tele al Gobierno por la sensatez demostrada al retrasar la entrada en vigor de la medida. Mucho más directo, el presidente castellano-manchego, José María Barreda, sentenciaba en la radio: “Es de sabios enmendar las equivocaciones”.

En el caso de Castro, supimos además por propia confesión que fueron sus gestiones las que persuadieron al Gobierno de no ahogar a los ayuntamientos en los siete meses que faltan para terminar el año 2010. O sea, que no había sido un desliz sin importancia, como pretendía Elena Salgado, sino una rectificación en toda regla. Al menos en esta ocasión, el Gobierno rectifica para acertar. Y en vez de capitalizarlo ante la opinión pública, como sí hicieron Castro y Barreda, nos quiso vender la moto de que todo se había debido a un error técnico.

Despegue a tiempo

De nuevo la insoportable sensación de inseguridad que a veces transmite este Gobierno. No hace el camino sino que lo tantea, como los invidentes. Como aquel piloto ciego del chiste que despegaba de oído, por los gritos del pasaje dos segundos antes del fin de pista. Al menos en el caso de los créditos municipales, Zapatero despegó a tiempo, cuando los alcaldes habían empezado a gritar. Los soliviantados senadores de la derecha, que le pedían elecciones anticipadas, también le hicieron despegar ayer en el último segundo. Al presidente le bastó un argumento tan sencillo como recordar que no es de peor condición aspirar a ganar por tercera vez que arriesgarse a perder por tercera vez.

El Confidencial - Opinión

Sentencia antes que renovación

El PSOE ha decidido reactivar la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado y cuyo proceso había bloqueado durante dos años por su veto a los candidatos propuestos por el PP, Francisco José Hernando y Enrique López.

La comparecencia del presidente catalán, José Montilla, en la Cámara Alta ha supuesto el sorprendente punto de inflexión en una posición que era radicalmente contraria a emprender ese camino. Hemos defendido que la situación ideal, y la deseable, del Tribunal Constitucional pasaba por que el mandato de sus miembros estuviera plenamente vigente, pero esa circunstancia dependía de los grupos políticos mayoritarios y no de los magistrados. En cualquier caso, la renovación o no en plazo no mermaba ni cuestionaba la legitimidad del Tribunal para desarrollar sus funciones con normalidad, como lo ha hecho hasta este momento. Hay que recordar además que no es la primera vez que se da una situación así, aunque, sin duda, el panorama político no estaba mediatizado por un asunto como la sentencia sobre el recurso del Estatuto de Cataluña.

La cuestión es, por tanto, qué ha cambiado para que los socialistas, de repente, hayan girado 180 grados en su actitud inalterable de los últimos dos años. Entendemos que ni la inocencia, ni la ingenuidad, ni siquiera la altura de miras o el sentido de Estado han condicionado esa decisión. Han desaprovechado demasiado tiempo para que asumamos esa hipótesis como correcta. La posición del Gobierno, de la Generalitat y del Parlamento catalán, que ayer mismo instaron al TC a que se abstenga de dictar el fallo y que se declare «incompetente», nos hace pensar que, como en todo este proceso, el PSOE sólo busca demorar aún más la sentencia e intervenir en su redacción con un cambio de jueces que pudiera alterar la actual composición del Tribunal, que entiende desfavorable a sus tesis. En esa estrategia cabría también la posibilidad de que Hernando y López fueran recusados por haberse pronunciado sobre el Estatut cuando integraban el Consejo General del Poder Judicial.

Ni la mayor parte de la clase gobernante catalana ni los socialistas en Madrid han sido respetuosos con la independencia del TC ni con su trabajo. Las presiones, los ataques, las tretas para cambiar las reglas del juego no son de recibo ni resultan admisibles en democracia. Ayer, el Parlament y la Generalitat hablaron de «anomalía» y de «ridículo», pero el despropósito mayor ha sido la pretensión institucional de torcer por las bravas la resolución y desprestigiar a los magistrados.

El Senado comenzó ayer el procedimiento para renovar el Tribunal, y es positivo, pero ese proceso no puede inhabilitar a los magistrados actuales, que serán plenamente competentes hasta que sean sustituidos. En estos momentos, lo urgente y lo prioritario es dictar la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, tras cuatro años de deliberaciones, para acabar con la provisionalidad de las leyes emanadas de la norma estatutaria. Las maniobras para entorpecer este proceso hacen un flaco favor a la democracia y a uno de sus pilares, el principio de legalidad.

La Razón - Opinión

Recortes. Entre Obama y Pedro Castro. Por José García Domínguez

He ahí el espectáculo crepuscular de lo público convertido, sin disimulos ni coartadas, en privativo comercio de insaciables castas locales. Un tupido entramado feudal por completo ajeno a toda idea superior

Cuando ya habíamos desenterrado otra vez ese patrioterismo garbancero tan caro siempre a la España castiza, con su afligido rasgar de vestiduras por la "tutela exterior", sale el compañero Pedro Castro y deja clarito que, aquí, no hay más tutela ni tu tía que la interior. Y que pueden decir misa el FMI, la OCDE y el Ecofin. O cantar en gregoriano el G-7, el Banco Mundial, Obama o el mismísimo porquero de Agamenón. Porque, al final, el único que en verdad pone firme al Adolescente es el Excelentísimo Alcalde de Getafe, agreste paisano de carácter algo rifeño y erudita prosa testicular, como es fama. A los hechos, por lo demás, nos remitirnos.

Fantasiosa, reza la Ley Orgánica del Gobierno en su artículo primero que el Ejecutivo "dirige la política interior y exterior". Siempre y cuando don Pedro no tenga a bien mandar otra cosa, le falta aclarar. Así el límite a la juerga crediticia de los ayuntamientos, que ha durado lo que Castro tardó en levantar el auricular del teléfono. Por algo su igual en el PP, un Fernando Martínez, alcalde de no sé dónde, saltó presto a reclamarle "coraje" con tal de seguir horadando al impune modo la solvencia financiera del Reino. Huelga decir que no hizo falta que le insistiera. He ahí el espectáculo crepuscular de lo público convertido, sin disimulos ni coartadas, en privativo comercio de insaciables castas locales. Un tupido entramado feudal por completo ajeno a toda idea superior. Hidalgos pedáneos que alimentan a sus vasallos a cambio de lealtad ciega, y agradecidos séquitos estamentales vinculados por juramentos de sangre a sus benefactores. Punto.

Certifica Ortega, en 1914, mientras se hunde la Restauración en el fango institucionalizado de la esclerosis caciquil: "La España oficial consiste en una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos ministerios de alucinación". Pudiera haberlo escrito hoy sin mover una coma. A fin de cuentas, ni entonces ni ahora, nunca, a un Estado débil cupo engendrar un Gobierno fuerte. Por algo, entre nosotros, las declaraciones de guerra las firma el corregidor de Móstoles, y el último dictamen en materia de Hacienda Pública recae, cómo no, en ese Perico de las Criadillas. País.

Libertad Digital - Opinión

Apoteosis de desgobierno

EL Gobierno ha disfrazado como corrección de errores lo que ha consistido en una verdadera modificación del Real Decreto-Ley aprobado el jueves por el Consejo de Ministros.

Este episodio es, en primer lugar, una ilegalidad manifiesta que merece una explicación pública de la ministra de la Presidencia y una aclaración jurídica convincente, si es que la hay. Por otro lado, representa políticamente la imagen de un Gobierno ineficaz y sin respeto por las formas más elementales de su tarea. No es creíble que la fecha de entrada en vigor de la prohibición de endeudamiento por los Ayuntamientos fuera un «error». Según el texto original, esa prohibición regía desde ayer, martes 24, hasta el 31 de diciembre de 2011. Pero ayer mismo apareció en el BOE una modificación para que el día inicial del plazo sea el 1 de enero de 2011. Entre medias no ha habido otra cosa que un paso atrás del Gobierno por la presión de los Ayuntamientos. Además, si hubiera habido un «error», el Gobierno lo habría corregido el lunes por la mañana, pero el silencio de los ministerios competentes delata que fue una medida mal calculada y peor enmendada. Otra más. El escenario de desgobierno en España es patético.

La situación económica de los municipios es un asunto muy serio que debe ser abordado con rigor y seriedad, incluso con una política de restricción que evite nuevos desmanes financieros en este nivel de la administración del Estado. Pero la respuesta no puede ser una chapuza de aficionados como la de alterar en menos de veinticuatro horas una entrada en vigor. Y todavía es peor la explicación del error que la certeza de que el Gobierno ha perdido el norte, porque demuestra que no acierta ni cuando rectifica. Algo similar es lo ocurrido con el globo sonda lanzado por el Gobierno respecto a la posibilidad de imponer el copago en la sanidad pública: que ni para esto demuestra un mínimo de coordinación. De hecho, mientras la ministra de Sanidad sostenía ayer que «hay dudas lo suficientemente amplias» como para no aprobar el copago, el secretario de Estado de Economía argüía que «ahora está sobre la mesa» como una opción «posible».

Error tras error, rectificación tras rectificación, la imagen exterior de España no sale indemne. Es de suponer que quienes nos fiscalizan al milímetro observarán incrédulos que en menos de un día los ayuntamientos pasan del cerrojazo financiero a una más que probable carrera de endeudamientos en lo que queda de año. Si no fuera dramático para España ser gobernada en estas condiciones, chapuzas así resultarían hasta risibles. Pero no lo son. Al contrario, es un problema muy grave.

ABC - Editorial

El disparate. Por Alfonso Ussía

Más de cuatrocientos millones de seres humanos hablan el español en el mundo. Un californiano y un argentino se entienden en el mismo idioma.

Eso es la cultura. Un español sea vasco, catalán, castellano, gallego o andaluz, encuentra su idioma común en los labios de los indígenas de la isla de Pascua, ese pedazo de Chile desprendido que navega en la inmensa soledad del Pacífico. Colombia discute –con la razón–, con Venezuela –la sinrazón–, en español. Los presos de Cuba lloran en español por lo que España no hace por ellos. No hay lugar en el mundo, por escondido que se halle, en el que no pueda oírse una palabra en español. Y en España, con esta clase política rotundamente gilipollas que tenemos, nos gastamos el dinero en traductores para que, en el Senado, un andaluz le hable en catalán a otro andaluz, y un vasco en vascuence a un castellano, y un gallego en gallego a un montañés, cuando todos hablan y entienden a la perfección el español. No somos un desastre. Somos un disparate.

Lo preocupante es que los políticos no anunciaron a los ciudadanos, los emisores de los votos, sus ridículas intenciones. Y la ruptura entre la sociedad y una amplia mayoría de sus representantes es absoluta. No por mentirosos, no por corruptos, no por meramente inútiles, sino por imbéciles. Las cámaras autonómicas están para hablar en la lengua local y la común. En el Congreso y el Senado no puede usarse otro idioma que el español. Imbéciles los que pidieron el uso de las lenguas autonómicas en el Senado, y más imbéciles aún los que tragaron con la petición. No cabe en cabeza humana tamaña majadería. Todos se entienden y se traducen. En España, cuna del español, no se habla español. Pongámonos en la piel de los nacionalistas e independentistas más radicales. ¿Qué idioma usan para viajar fuera de España? ¿Qué idioma usan para hacer sus negocios fuera de España? ¿Qué idioma usan para viajar y hacer sus negocios por España? El catalán es un idioma vivo, formidable y local. Es práctico tan sólo en Cataluña. El vascuence es la unión de distintos dialectos enfrentados por las montañas, y cuyo dominio está fuera del alcance de muchos dirigentes nacionalistas. Es relativamente práctico sólo en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y la zona vascohablante de Navarra. No se puede añadir el País vasco-francés porque no existe. Los franceses nunca han reconocido un departamento vasco. Y el gallego, como el valenciano, como el murciano, como el bable, como el guanche, y como el mallorquín, entra en el saco de las lenguas locales. Todos ellos, los que hablan el idioma de sus raíces maternas y mantienen la tradición y la riqueza cultural de sus palabras, hablan también el español. Son españoles y es lógico que se entiendan. Y sólo en España, los políticos menosprecian el idioma común, no común solamente con los españoles, sino con cuatrocientos millones de personas esparcidas por el mundo, América principalmente. Y ese disparate, es consecuencia directa de la necedad imperante en la clase política española, que siente complejo hasta de su idioma, el español. Como si Franco lo hubiera inventado, que algunos lo creen así, porque además de la estupidez colectiva, el mayor defecto de España es la ignorancia, la incultura y la brutalidad mental.

Lo que ha protagonizado Montilla en el Senado no merece otro calificativo que el de gilipollez compartida. Nación de locos.

La Razón - Opinión

Erratas de bulto

Prohibir el nuevo endeudamiento municipal un día y rectificar al siguiente no parece una gran idea

El Gobierno no se cansa de cometer graves errores de gestión. El Boletín Oficial del lunes publicaba un Real Decreto Ley (8/2010) que, en sustancia, prohibía a los Ayuntamientos aumentar su endeudamiento a largo plazo desde el día posterior a la fecha de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2011. El texto publicado sembró el terror en los Ayuntamientos españoles, puesto que esa disposición cercenaba cualquier posibilidad de renegociación de su deuda y arruinaba las inversiones de los municipios con planes de gasto plurianual o cofinanciados con otras entidades. Al final, después de un tenso intercambio de opiniones con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y con algunos alcaldes, el Gobierno cambió ayer el real decreto, por el método peregrino de considerar las fechas como "erratas" y fijar la prohibición de elevar la deuda a partir del 1 de enero de 2011.

Dudas y erratas aparte, el Gobierno pretendía evitar que los Ayuntamientos puedan acrecentar su deuda (y máximo en periodo preelectoral) con el respaldo tácito o la responsabilidad subsidiaria del Estado. Hasta ahora, el endeudamiento autorizado de los municipios estaba condicionado a requisitos estrictos. El Gobierno debía autorizar las peticiones de endeudamiento de los Ayuntamientos que no cumplan las tres grandes condiciones o límites de estabilidad presupuestaria, referidos al ahorro neto sobre la amortización de la deuda, al saldo vivo de la deuda en relación con los ingresos y cuentas municipales próximas al equilibrio. Pero es el caso que muchos Ayuntamientos en situación de equilibrio se endeudan por su cuenta sin que tengan que pasar por el control de Economía. Para ellos, el coste de la financiación se encarece, pero se mantiene el sobrentendido de que la garantía del Estado salvaguardará cualquier impago; en la práctica, el Estado resulta responsable de la deuda visada por Economía y de la que no lo está.

Ahora bien, el Gobierno ha explicado de forma insuficiente las razones de una disposición tan drástica; y ha empeorado la irrupción de la norma con una justificación estrambótica. No hay erratas que valgan, sino premeditación: el Gobierno silenció la disposición en la relación de medidas de ajuste aprobadas por el Consejo de Ministros, y el presidente Rodríguez Zapatero también la hurtó del conocimiento público el domingo en la reunión pública con alcaldes socialistas. Los ayuntamientos necesitan dinero para invertir y prestar servicios; y, de una forma u otra, el Gobierno tendrá que articular fórmulas para subvenir esas necesidades financieras.

La prohibición indiscriminada y sin matices es difícil de defender. Gracias a la torpeza del Real Decreto Ley 8/2010, el Gobierno se ha situado en posición de inferioridad táctica respecto a las corporaciones (a pesar de la desunión entre ellas que quedó ayer clara en la comisión ejecutiva de la FEMP) y tendrá que negociar bajo presión un sistema que permita elevar o no los niveles de deuda en función de los proyectos que se quieren financiar.

El País - Editorial

ZP no acierta ni cuando rectifica

Hay algo peor al hecho de que el Gobierno no haya implicado hasta ahora a los ayuntamientos en la necesidad de que ellos también se ajusten a sus ingresos. Y es anunciar que se pone a ello para, acto seguido, posponerlo para dentro de siete meses.

Decía Manuel Fraga de Felipe González que "sólo acierta cuando rectifica". A la vista del improvisado e insuficiente tijeretazo del gasto público anunciado por el actual Gobierno socialista, bien podríamos decir que Zapatero no acierta ni cuando rectifica. La última prueba de ello ha sido el descoordinado y frustrado intento del Gobierno de poner coto al endeudamiento de los ayuntamientos: Hace dos días se publicaba en el BOE un real decreto que, desde ese lunes y hasta el 31 de diciembre de 2011, prohibía a los ayuntamientos y a sus entidades dependientes acudir al crédito público o privado a largo plazo. Bastó, sin embargo, que ese mismo día los alcaldes pusieran el grito en el cielo para que la ministra Salgado se viera obligada ayer a faltar a la verdad diciendo que todo se debía a un "error" de impresión y que, en realidad, esa norma no entraría en vigor hasta 1 de enero 2011.

Hay algo peor al hecho de que el Gobierno no haya implicado hasta ahora a los ayuntamientos en la necesidad que deberían asumir todas las administraciones públicas de ajustarse a sus ingresos. Y es anunciar que se pone a ello para, acto seguido, posponerlo para dentro de siete meses. Con esta rectificación, que trata de disimularse además con una mentira, el Gobierno no sólo va a retrasar aun más un ajuste imprescindible, sino que va a incentivar que los consistorios se lancen a la carrera de endeudarse todavía aun más, sabiendo que dentro de siete meses ya no podrán hacerlo.

Otro tanto se podría decir de la anunciada y luego pospuesta decisión de Zapatero de crear un nuevo impuesto "a los más ricos". Al margen del objetivo encubridor del hecho de que vamos a vivir el mayor recorte de nuestra democracia de lo que el propio PSOE llama "gasto social", y al margen, también, del nulo efecto recaudatorio que tendría esta medida demagógica, el hecho es que este anuncio ha hecho que los inversores tengan la mosca detrás de la oreja, haciéndoles perder aun más confianza en nuestro país.

Sin embargo, como ya señalamos al principio, donde más queda en evidencia el hecho de que Zapatero no acierta ni cuando rectifica es en el propio plan de recorte del gasto público: a un Gobierno que viene de dilapidar 16.000 millones de euros en el Plan E, y que un día antes de anunciarnos su propósito de enmienda reiteraba su apuesta por que el gasto público fuera el motor de la recuperación, se le impone desde Bruselas y Washington una drástica reducción en el déficit público. La forma de llevarlo a cabo, sin embargo, es responsabilidad exclusiva de Zapatero, y a este no se le ha ocurrido otra cosa que hacerlo básicamente mediante una reducción del salario de los funcionarios y una congelación de las pensiones, sin que al mismo tiempo se reduzcan, todo lo contrario, las subvenciones a los sindicatos, las costosísimas duplicidades entre administraciones públicas, los absurdos ministerios y los cientos de asesores prescindibles.

El resultado de todo ello es que tenemos un presidente del Gobierno que, como bien ha descrito Llamazares, parece "un pato mareado que se corrige continuamente a sí mismo". También es acertada la expresión de García Escudero que describe al presidente como un "tragasables desbordado por la situación, obligado a adoptar deprisa y corriendo las imposiciones europeas y de Obama, por un lado, y las de su partido y los sindicatos por otro".

La razón de fondo es que las reformas que se requieren para hacer frente a la crisis contravienen los esquemas ideológicos en los que sigue instalado Zapatero. Estamos pidiendo peras al olmo o un guiso vegetariano al rey del bistec. De Zapatero ya no cabe esperar ninguna solución pues cada vez que ofrece una sólo deja en evidencia de que él forma parte esencial del problema.

Con todo, ni la previsible soledad en la que va a quedar el jueves el PSOE a la hora de votar el "zapatazo", ni las elecciones anticipadas que ya abiertamente, incluso a gritos, reclama el PP, nos debería llevar a albergar muchas esperanzas. Zapatero cree que va a poder ganar las elecciones dentro de dos años y desde las filas del PSOE no hacen otra cosa más que ovacionarlo.

Libertad Digital - Opinión

Elecciones, la solución democrática. Por Benigno Pendás)

En una democracia constitucional, las reglas del juego son muy claras: el único gobierno legítimo es aquel que goza de la confianza de los ciudadanos.

La palabra clave es Trust, como bien dijo John Locke en el contexto de la «revolución gloriosa». Al margen de la letra de la ley, Rodríguez Zapatero ha perdido la confianza de casi todos: parados, pensionistas y funcionarios, por razones evidentes; empresarios y sindicatos; «ricos» (todavía por definir) y «pobres» (más fáciles de intuir que de cuantificar); la oposición, por supuesto; los suyos, en buena medida, excepto la guardia pretoriana y unos cuantos inmovilistas; los medios de comunicación, ya sean hostiles, neutrales o incluso afines; los socios europeos, entre irritados y escépticos; los «amigos» imaginarios en el ámbito realista de las relaciones internacionales; los jóvenes, en pleno desencanto; los mayores, privados del sosiego bien ganado...Horizonte sombrío para un Ejecutivo sin rumbo: proyecto agotado a mitad de legislatura, ministros sin pulso político y muchos altos cargos contando los días que faltan para salir del agujero. La «rebelión de las circunstancias», rumiaba el personaje de Balzac. Aquí y ahora, el discurso posmoderno amenaza con llevar a la quiebra del Estado de bienestar, última esperanza de la era moderna para encauzar a medias la deriva inevitable de la sociedad de masas.

Lo peor ha sido y sigue siendo la inconsciencia. Juegos malabares, planes sin contenido, dádivas para ganar adeptos, trampas dialécticas para engañar a los ingenuos. Oportunismo, siempre: ahora también para la renovación interminable del Tribunal Constitucional. Deslealtad hacia las instituciones, algunas ya fallidas sin remedio. Arbitrismo, a veces absurdo, y arbitrariedad permanente. Trucos de magia barata y excusas de mal pagador... Dejamos los reproches y vamos a los principios. El presidente del Gobierno obtuvo hace dos años la investidura con un programa político cuyas señas de identidad -más bien difusas- han sido objeto de alteración sustancial a la vista del decreto-ley que mañana debería convalidar el Congreso. Se produce por tanto la ruptura en sentido material del vínculo que une al Gobierno con la Cámara que hace presente y operante la voluntad del pueblo español, única fuente legítima del poder. Incapaz de plantear una cuestión de confianza, Zapatero pretende inducir al PP a suscribir su fracaso o a gastar la pólvora en salvas con una moción de censura. Pero ya pasó el momento del maquiavelismo de bolsillo, los juegos parlamentarios de salón y los enredos mediáticos para quemar a los rivales, externos o internos. Hablemos de la gente real. Lean ustedes las páginas inmortales de Tucídides (Historia ,II, 53) sobre el derrumbe moral de Atenas en tiempos de aquella peste que acabó -entre varios miles- con la vida del gran Pericles. Mutatis mutandis, las coincidencias son asombrosas.

En situación de emergencia económica y desbarajuste institucional, el régimen parlamentario cuenta con un mecanismo impecable para salvar la estabilidad política. Se llama elecciones anticipadas, previa disolución de las Cámaras por parte de Su Majestad el Rey, a propuesta exclusiva del presidente del Gobierno. Conviene no magnificar las cosas, porque se trata de un cauce natural en democracia y no del apocalipsis político. Exige, por supuesto, máximo sentido de la responsabilidad: a ciertas personas les llega el día en que deben decir el «Gran Sí» o el «Gran No», escribe Kafavis, su poeta favorito. Zapatero todavía puede elegir. La opción más fácil, seguir a toda costa, conduce a un año y medio de crisis nacional que España no se puede permitir sin grave riesgo de dilapidar el legado de al menos dos generaciones. Acaso ni siquiera pueda aprobar los presupuestos, porque las urnas catalanas apuntan hacia fórmulas imposibles en el Congreso. Por el contrario, la opción electoral es la única solución viable desde la perspectiva del Estado y de la nación. La previsible huelga general (o incluso algún sucedáneo sectorial) enviará a los mercados un mensaje demoledor. La fractura derivada del Estatuto catalán hace saltar las alarmas sobre el modelo territorial. Por el bien de todos, ojalá sean falsas las sospechas sobre la tentación de diálogo con ETA: el pacto constitucional en el País Vasco es lo único que todavía funciona. Si el Estatuto acaba con el Constitucional y los amigos de Garzón con el Supremo... Vamos a dejarlo así: los precedentes invitan al pesimismo, mal que nos pese a los moderados impenitentes.

Solución democrática, insisto: elecciones generales cuanto antes. Nadie cree a Zapatero cuando proclama la prioridad del futuro de España sobre el interés partidista. Ahora tiene la oportunidad de impartir una lección genuina de patriotismo y dejar en mal lugar a sus críticos. Si se presenta o no como candidato socialista, es cosa suya y de su partido. La alternativa está ahí. Todo el mundo sabe que se llama Mariano Rajoy, incluso los que procuran día tras día marcar algún gol en propia puerta. Tiempo habrá para discutir sobre personas y programas; sobre quién sobra y quién falta; sobre pactos, cláusulas y condiciones...Lo esencial es que existe una política del sentido común, al margen de insensateces y ocurrencias. Pero no es ésta la ocasión para abrir un debate sobre candidatos y liderazgos, sino de hacer frente a una situación que no admite demoras inútiles. Por formación y por vocación, Zapatero es un hombre de partido. Tal vez le convenzan de que el adelanto trae algunos réditos. Puede pedir opinión al PSC sobre la coincidencia con las catalanas... Sea como fuere, los españoles no podemos continuar así. Nadie en sus cabales confía en un Ejecutivo desbordado por las circunstancias. Hemos aprendido una lección dolorosa sobre las consecuencias de la apoteosis de los mediocres, la mentalidad de nuevos ricos y el relativismo seudocultural. Pero no hay que confundir planos diferentes: España es una gran nación con un mal Gobierno. Es la hora de los ciudadanos, a través del ejercicio -irresistible en democracia- de su derecho a decidir sin apelación posible. Incluso, si llega el caso, a recaer en los mismos errores. Buscando la fecha oportuna, el presidente del Gobierno tiene el derecho y el deber de aprovechar la última oportunidad: aprobado el decreto-ley, debería asumir su responsabilidad ante los ciudadanos.

Cerca ya del final, me inquieta la reflexión de William Faulkner: «¿por qué me despierto, si al hacerlo nunca me dormiré de nuevo?» Ustedes y yo pensamos que no habrá elecciones anticipadas, gestos de grandeza personal, ni siquiera estrategias a medio plazo. Tendremos dosis crecientes de oportunismo revestidas de falacias recurrentes, aunque ya no engañan a casi nadie. Ahora tocan guiños adicionales al radicalismo y unas cuantas piruetas sobre el alambre. Sin embargo, confiamos en el clamor social a favor de la convocatoria inminente. También está el sabio consejo de Marco Aurelio, filósofo y emperador, aplicable ahora en buen sentido político: «...márchate, pues, reconciliado».

ABC - Opinión

El despertador. Por Ignacio Camacho

LAS virtudes que no se practican con convicción acaban dejando al descubierto el cartón de la impostura.

Así, cuando la austeridad no es una costumbre política sino una imposición sobrevenida por las circunstancias acaba por mostrar la paradoja de una sociedad opulenta que, como decía Galbraith, tiende a confundir el lujo con las necesidades. Si una Administración pública puede apretarse el cinturón del gasto ante una emergencia, cabe preguntarse las razones por las que lo llevaba tan holgadamente desabrochado. La única respuesta posible no deja en buen lugar a una clase dirigente acostumbrada al despilfarro como método natural de gobernanza, y que sólo ha sentido la necesidad de ahorrar cuando ha sonado el fastidioso despertador de la amenaza de quiebra.

Sobresaltado por la alarma de su propio exceso, Zapatero parece haber descubierto de repente que el Estado tenía un agujero sin fondo por donde se escapaba el déficit que su Gobierno propiciaba. Para taparlo está echando mano de ocurrencias casi desesperadas, fórmulas extremas que, como la de congelar el crédito a los ayuntamientos, pueden ocasionar consecuencias imprevisibles y dar la razón a Milton Friedman, pope del neoliberalismo, cuando proclamaba que las soluciones de los gobiernos suelen ser tan malas como los problemas que tratan de resolver. Las instituciones españolas han derrochado tanto y con tan desahogada opulencia que ahora no saben frenar su tren de gasto sin recurrir a medidas radicales que ponen en solfa su anterior desmesura. Cuando una autonomía como Castilla-La Mancha aplica un recorte drástico de su organigrama y pasa de 93 empresas públicas a 40 merece sin duda una felicitación, pero acto seguido hay que preguntar a sus responsables para qué servía el medio centenar de organismos suprimidos, aparte de para colocar redes clientelares de empleos de confianza.

El Gobierno, que según su presidente no da bandazos, acaba de darse cuenta -a la fuerza ahorcan- de que su propia economía era insostenible, aunque le cuesta asimilar la necesidad imperativa de adelgazar porque ello implica admitir un fracaso. El modo en que reparte tijeretazos a ciegas revela un pavoroso descontrol de la estructura del gasto. No son bandazos sino auténticos tumbos pendulares los que está dando en esta abrupta enmienda a la totalidad contra sí mismo, recién aterrizado en la dolorosa realidad que negaban sus fantasías proteccionistas. Al asomarse al abismo de la insolvencia financiera le ha entrado un vértigo de balances sin cuadrar que los ciudadanos ya conocían en sus cuentas empresariales y familiares. Cuando despidió a Solbes le reprochó que le dijese que no había dinero para hacer política. Ha sido el último en enterarse de que, en efecto, no lo había; al menos para esa política. Aquí nunca parece haberse planteado nadie que, con crisis o sin ella, gobernar bien es sobre todo gobernar barato.

ABC - Opinión

Cajas. Los políticos tratan de conservar su cortijo. Por Juan Ramón Rallo

Es preferible que los españoles paguemos aún más impuestos a que en pública y libre subasta se liquiden estos cortijos de nuestros politicastros que son las cajas de ahorro. Quizá a usted no le parezca racional, pero desde luego a ellos sí.

Otra de tantas mentiras que nos contó Zapatero (y van...) fue que teníamos "el sistema financiero más sólido del mundo". No hacía falta ser un lince para saber que tal afirmación era una ridiculez: si nuestro país acababa de padecer la mayor burbuja inmobiliaria que el mundo haya conocido en la última década y más de dos tercios de todo el crédito de las cajas de ahorro se concentraba directamente en ese negocio que tenía que desinflarse en un 40%, a buen seguro íbamos a asistir a un reguero de quiebras, reestructuraciones y rescates públicos de nuestras entidades.

De momento han caído en desgracia Caja Castilla-La Mancha, Cajasur y la Caja de Ahorros del Mediterráneo. PSOE y PP ya pueden culparse mutuamente de ser unos corruptos y unos pésimos gestores, echando de refilón algo de basura sobre la Iglesia. Al fin y al cabo, todos tienen ya algún pufo en su haber cuyo coste, por supuesto, volverán a cargar sobre los hombros del conjunto de los ciudadanos a través de ese instrumento llamado FROB.

No entraré en el típico debate sobre si es preferible dejar quebrar a los bancos antes que rescatarlos con fondos públicos. Ya expuse mi opinión sobre las opciones que había teníamos para reestructurar el pasivo de estas entidades sin inyectar un solo euro del contribuyente. Pero sí quiero comentar que existe algo de antinatural en este proceso amañado y orquestado entre los jefes de los politiquillos que copaban las cajas para seguir copándolas una vez quebradas.

Si nuestros mercados financieros tuvieran algo de libres, cabría esperar que las fusiones o las adquisiciones se plantearan y se realizaran no sólo entre cajas, sino también entre cajas y bancos, nacionales y extranjeros, e incluso entre cajas y grandes inversores. Sólo hace falta observar el proceso de reestructuración estadounidense para darse cuenta de las enormes diferencias con respecto al que está teniendo lugar en nuestro país. Allí, pese al notable intervencionismo de la administración Bush, el banco comercial JP Morgan adquirió al banco de inversión Bear Stearns y a la caja de ahorros Washington Mutual; el banco comercial Bank of America compró al banco de inversión Merrill Lynch; y el banco comercial Wells Fargo se hizo con el también banco comercial Wachovia después de sobrepujar al banco comercial Citigroup. Y a su vez, el multimillonario inversor Warren Buffett acudió presto a adquirir acciones del banco de inversión Goldman Sachs y del banco comercial Wells Fargo cuando consideró que sus precios eran lo suficientemente atractivos.

Semejante dinamismo es inconcebible en nuestras cajas y lo es por una simple razón: los políticos nacionales, autonómicos y locales desean conservar su chiringuito. ¿Qué sería de ellos y de sus lacayos si estas entidades se privatizaran y se vendieran al mejor postor a cambio de asumir todos o una gran parte de sus pasivos? Pues que con toda seguridad saldrían de sus consejos de administración. Así, es preferible que los españoles paguemos un sobrecoste en impuestos a que en pública y libre subasta se liquiden estos cortijos de nuestros politicastros. Quizá a usted no le parezca racional, pero desde luego tiene toda la lógica del mundo desde su perspectiva.

Y, por cierto, vuelvo a insistir con mi tema: si esta crisis es culpa de la desregulación financiera estadounidense y de la avaricia típica del capitalismo, ¿por qué estas entidades controladas por políticos y que no habían invertido en productos financieros complejos de ningún tipo sino en el muy tradicional negocio del ladrillo son las primeras que quiebran en España? Si los sabios políticos son quienes han de redactar las normas que de una vez por todas terminen con los ciclos económicos, ¿cómo es posible que ellos sean los primeros en quebrar los bancos que quieren regular? Pues porque no se trata ni de la desregulación ni de la avaricia, sino de este perverso sistema donde unos bancos ilíquidos gozan del privilegio de refinanciarse permanentemente en ese monopolio de la emisión del dinero fiduciario que es el banco central. Eso es lo que deberían regular –o desregular, como pedía Hayek cuando hablaba de desnacionalizar el dinero– y lo que por supuesto nunca liberarán. Si ya les cuesta con las cajas, no hablemos ya del dinero.

Libertad Digtal - Opinión