La Democracia tiene sus defectos: Zapatero llegó a ser presidente. Por Federico Quevedo

Durante la lección magistral sobre la Democracia y sus virtudes que el presidente del Gobierno ofreció en Túnez el pasado miércoles a los españoles nos quedaron claras tres cosas: la primera, que Madrid es un país europeo; la segunda, que se le sigue apareciendo en sueños su abuelito del alma -¡menudo coñazo de tío, por Dios!-; y la tercera que la Democracia es tan buena que hasta él ha llegado a ser presidente. Es cierto que le faltó decir, para ser más correctos en la expresión, que hasta un inepto como él había llegado a ser presidente, pero quedó bastante claro en el sentido de la frase, porque es tan insultante su autoestima que ni siquiera se da cuenta cuando se dispara en su propio pie. Lo de Madrid es posible que sea un lapsus propio de alguien que cree que la Nación es un concepto discutido y discutible y que por tanto le da igual llamar país a una región, a una ciudad o a una aldea de cuatro casas. Lo del Capitán Rodríguez que mató Franco después de que él abuelo de Rodríguez y al que Rodríguez nunca conoció –lo cual hace más sorprendente tanta fijación- ya tuviera en su haber un currículum considerable de represión violenta y envilecimiento, empieza a ser cansino y deplorable. Pero lo que más me ha llegado al alma es lo de la bondad de la Democracia en la medida que le ha permitido a él ser presidente.

La verdadera bondad de la Democracia va a ser considerable el día en que las urnas lo larguen con viento fresco. Ese día, de verdad, podremos decir que la Democracia, en el sentido de expresión de la voluntad popular y la soberanía nacional, ha funcionado correctamente. Porque hasta ahora, y siento decirlo, lo que ha habido es una mala expresión de la Democracia, no porque las elecciones anteriores fueran ilegítimas -que no lo fueron y jamás se me ocurriría a mi ponerlo en duda-, sino porque una de la virtudes de la Democracia es que los pueblos pueden equivocarse, y después corregir sus errores. Yo no sé si Rodríguez es consciente de la estupidez de su afirmación, pero si aceptamos como bueno que cualquier necio puede llegar a ser presidente del Gobierno, tendríamos que dar por bueno que el pueblo alemán eligiera en su día a Hitler para dirigir sus destinos y conducir a la humanidad a una Guerra Mundial terrorífica. Lo que hace buena a la Democracia no es la posibilidad de que alguien tan nefasto como Rodríguez llegue a ser presidente, sino el hecho de que pueda corregirse tal error, es decir, el que los ciudadanos puedan seguir teniendo capacidad de elección para cambiar su destino. Se trata de eso, de poder elegir, aunque a veces la elección sea equivocada. Dicho de otro modo, el hecho de que los ciudadanos lo hayan elegido no hace bueno a Rodríguez, aunque eso es lo que él pretendía decir.

«Rodríguez es lo peor que nos ha pasado, y no debería ocurrir de nuevo, y para evitarlo en el futuro los ciudadanos deberíamos de tener una participación más activa en la selección de candidatos y en el propio proceso de elección.»

Esa es una confusión muy habitual a la que nos conduce la izquierda: dar por hecho que cuando las urnas hablan nunca se equivocan –siempre que les elijan a ellos, claro- y, por lo tanto, eso otorga una especie de aura de bondad natural que sitúa al elegido por encima del bien y del mal e, incluso, por encima de los demás seres humanos. Pero no es así. De hecho, esa es una de las imperfecciones de la Democracia, porque en general a todos nos gustaría elegir a los mejores, pero a veces se nos cuelan en el proceso de elección los más inútiles. Es lo que ha pasado, y por dos veces, con Rodríguez. ¿Quiere decir eso que los ciudadanos son tontos? No, simplemente quiere decir que ha habido una serie de factores que han jugado a su favor en la elección. Hoy, sin embargo, lo que hay es una suma de factores que juegan en su contra, y por eso las encuestas dicen lo que dicen. Con todo, esto debería servirnos de elección para la próxima vez, y conducir a los ciudadanos a una exigencia de calidad en la selección de candidatos en los partidos políticos. En todos los partidos políticos. Rodríguez es lo peor que nos ha pasado, y no debería ocurrir de nuevo, y para evitarlo en el futuro los ciudadanos deberíamos de tener una participación más activa en la selección de candidatos, primero, y en el propio proceso de elección mediante listas abiertas, después.

Pero mientras eso llega, si es que llega alguna vez, tenemos que seguir soportando los ejercicios de demagogia barata, de discursos de Saldos Arias empalagosos y huecos, de Rodríguez Zapatero. Pero, sobre todo, tenemos que seguir aguantando a un Gobierno que nos ha llevado a la ruina, que ha alcanzado el récord de los cinco millones de parados, que improvisa tonterías cuando los problemas se presentan como inevitables –y me refiero a la reducción a 110 kilómetros del límite de velocidad y el resto de sandeces con las que ayer nos obsequió el Ministro Bombilla-, que ha llevado a cabo el mayor recorte social de toda la Democracia y que nos ha dejado sin futuro a todos los españoles pero, sobre todo, a esa multitud de jóvenes que hoy no encuentran trabajo y tienen que emigrar para encontrar algo de esperanza. Éste ha sido, sin duda, el peor gobierno de la Democracia, y si los tunecinos tuvieran algo de sentido común no harían el más mínimo caso de un tipo que se ha caracterizado por buscar enfrentamientos, romper consensos y provocar a sus ciudadanos, es decir, haciendo todo lo contrario de lo que se hizo en esa Transición de la que ahora él tanto presume como si la hubiera parido. Así que ya saben: a votar y a botarle para dar una lección de democracia.

El Confidencial - Opinión

Comité electoral exprés. Por Carlos Carnicero

Diez minutos ha necesitado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE para dictar su discurso en el Comité Federal del PSOE. La explicación, según los voceros de Ferraz, es que al tratarse de una reunión extraordinaria para aprobar las listas a las elecciones municipales y autonómicas, no tenía sentido extenderse más de lo que requiere una pequeña arenga.

El mensaje fue tan simple y tan breve que es dudoso que produzca efecto aunque pretenda ser un sortilegio: "Vamos a salir a ganar, no por el PSOE sino por el futuro de este país". Esta bien, forma parte de la liturgia de cualquier encuentro el dar ánimos a quienes tienen que salir de las trincheras a librar una batalla. Pero lo principal es que conozcan que armas y que bagajes tienen para enfrentarse a un mundo exterior, que tal y como retratan las encuestas, no puede ser más hostil.

El secretario general del PSOE está vicario de una decisión que no termina de tomar o comunicar. Y nadie sabe si su mando es provisional, si ya no lo ejerce del todo o si está preparando su retirada.

El Gobierno está en una de esas situaciones que coloca a veces la vida en la que haga lo que haga no tendrá credibilidad porque la ha gastado en muchos retrasos, contradicciones y ocurrencias. Y cosas que pudieran parecer razonables en otros momentos, ahora se discuten por sistema.

Desde esa inercia fatídica no se puede ir más que a la destrucción, salvo que se tenga la inteligencia y el coraje de dar un golpe de timón, hacer una catarsis y sustituir las vigas que sostienen un proyecto que ya nadie quiere por otras que apuntalen el futuro.

Diez minutos, incluso pueden ser demasiados cuando no se tiene nada que decir y cuando quienes asisten al acto no tienen interés en escuchar más de lo mismo. Ocho años de ceremonias en comités electorales de adoración han acostumbrado a los creyentes del PSOE a decir amén. Y ahora, de repente, ¡es tan difícil decir lo que uno piensa que coincide con lo que el sumo sacerdote no quiere oír¡ Por eso, diez minutos incluso pueden ser demasiados.

Periodista Digital - Opinión

PP. Más sociedad, menos Gobierno. Por José García Domínguez

Eslogan aparente y engañoso, urge añadir. Porque en buena lógica cartesiana, a más sociedad solo podría corresponder menos –que no mejor– Gobierno. Pero, ¡quia!, hasta ahí podríamos llegar.

Intercambiables como suelen, igual Zapatero que Rajoy han aprovechado los reglamentarios treinta segundos de gloria en el telediario del domingo para anunciar su muy hondo afán de modernizar la sociedad española. Y es que los españoles nunca lucimos lo bastante modernos a ojos de nuestra clase rectora. No hay nada que hacer. Tanto da que nos gastemos fortunas comprando tejanos raídos, corbatas absurdas, camisas asimétricas de improbables estampados o los ultimísimos chuches tecnológicos de Apple: siempre les pareceremos unos antiguos. Es más, desde que Rimbaud ordenara aquello de que "hay que ser absolutamente moderno", yo no recuerdo a nadie tan pesadito con la cantinela de la modernez. Aunque, ya puestos, podrían comenzar por modernizarse ellos, los partidos. A fin de cuentas, si algo delata a la modernidad es la efectiva emancipación de la sociedad civil con relación a la tutela dizque paternal del Estado.

"Más sociedad, mejor Gobierno", reza a ese aparente propósito el eslogan del Partido Popular cara a autonómicas y municipales. Aparente y engañoso, urge añadir. Porque en buena lógica cartesiana, a más sociedad solo podría corresponder menos –que no mejor– Gobierno. Pero, ¡quia!, hasta ahí podríamos llegar. "Más de lo mismo", debieran aclarar y la cosa se entendería mucho mejor. Al respecto, es sabido que nada hay más antiguo que un periódico de ayer ni nada más moderno que un poema de Homero. De ahí que si don Mariano se quiere moderno, moderno de verdad, lo mejor que puede hacer es exhumar los restos de Montesquieu cuanto antes. Por la vía de urgencia. Ahora mismo.

Y, de paso, acabar con el gemido hipócrita de su coro de plañideras y el impostado llanto por la virginidad perdida de jueces y fiscales. Siempre, claro está, que eso de la división de poderes no le suene también a rancia antigua carca. Luego, asentada la premisa mayor, quizá procedería empezar a imaginar una res publica donde los partidos no nombrasen desde el gerente del Orfeón Donostiarra hasta el último bedel del Excelentísimo Ayuntamiento de Cornellà del Llobregat. Antiquísimo vicio de los modernizadores, ése de patrimonializar el Estado y chulear a la sociedad, que nos retrotrae a la Restauración, tan moderna ella. Más sociedad, menos Gobierno. ¿Acaso no existirá absolutamente nadie en la derecha capaz de susurrarlo?

Libertad Digital - Opinión

Política de pegatina. Por Ignacio Camacho

Inconsistente, provisional y reversible: la pegatina es el logotipo de la política tornadiza del zapaterismo.

EN su vorágine arbitrista de improvisaciones y ocurrencias, el Gobierno ha acertado involuntariamente a diseñar el mejor logotipo posible del zapaterismo. La pegatina es desde hoy el símbolo de esta política de criterios reversibles, ideas inconsistentes y medidas transitorias con las que el presidente y su equipo se atornillan a un poder cuyos resortes hace tiempo que dejaron de controlar. Principios inconsistentes, decisiones retráctiles y normas convertibles a tenor de las circunstancias o vaivenes de opinión pública: todo el carácter tornadizo, liviano e inestable del estilo de gobernar de Zapatero está condensado en el ejercicio de quita y pon que mediante un simple adhesivo cambia la velocidad máxima en las carreteras como un epítome de la provisionalidad de sus métodos y valores.

Con un simple cambio de etiquetas, Zapatero ha ido adaptando su política a las necesidades derivadas de sus reiterados fracasos. Su concepto del poder está basado en una circunstancialidad relativista refractaria a cualquier fundamento permanente. Acostumbrado a la reinvención continua de sí mismo, cambia de avatar con una naturalidad desacomplejada y es capaz de asumir sin remordimientos la identidad de un reformista liberal tras seis años de contumaz autoproclamación como paladín del proteccionismo. Ayer era el campeón antinuclear y mañana revisa la vigencia de las centrales; antier entregaba dadivosos cheques sociales y hoy rebaña el subsidio del desempleo terminal; un día dispara el déficit al 12 por ciento y otro amanece como adalid del equilibrio presupuestario; un año niega la existencia misma de la crisis y al siguiente pronostica un estancamiento quinquenal; lo mismo se abraza en Túnez a Ben Alí (septiembre de 2004, ¿recuerdan?) que se presenta a dar a sus sucesores lecciones de tránsito democrático. Incluso sus señas de identidad más preclaras están sometidas al revisionismo express: la democracia deliberativa acabó en el diktat autoritario de los decretos-ley, los Ministerios de Igualdad o de Vivienda desaparecieron con la fulgurante determinación con que fueron creados y la guardia pretoriana del feminismo juvenil se transformó de repente en la masculina madurez del rubalcabismo. Como en una versión paroxística del devenir presocrático, en el zapaterismo todo fluye y nada permanece, sometida cualquier convicción al contraste de un pragmatismo exacerbado. Gobernanza posmoderna, oportunismo de cartelería, socialdemocracia versión 3.0.

Todo esa impronta de superficialidad y utilitarismo está condensada en el carácter efímero, cambiante y aparencial de las flamantes pegatinas viales: máxima flexibilidad, mínima sustancia y reversibilidad garantizada. Son desechables, biodegradables y fáciles de reciclar. Como las bombillas de bajo consumo. Como la política de bajo coste. Como la ideología de baja intensidad.

ABC - Opinión

El multazo del Gobierno

Desde hoy la circulación por autopistas y autovías tendrá limitada la velocidad máxima a 110 km/h. España se distancia también en este punto de los países más avanzados de nuestro entorno y se nos devuelve a escenarios de los años 70. La polémica generada por la fiebre prohibicionista de este Gobierno ha ido a más por la falta de solidez de los argumentos oficiales y por el aire de improvisación que rodea a estas iniciativas. Baste, como ejemplo, el desbarajuste en el cambio de las señales de tráfico, donde igual se da una pegatina completa, u otra de un solo número, o una cubierta con imán, o con silicona, o se cambia la señal completa. La imagen es cualquier cosa menos seria.

El Ejecutivo ha justificado el recorte de la velocidad en virtud de un plan de ahorro energético, motivado por las revueltas árabes y el encarecimiento del petróleo, y también por sus positivas consecuencias sobre la seguridad vial. Se ha demostrado, con estadísticas en la mano y a través de estudios y pruebas de conducción, que la nueva limitación no logrará los resultados anunciados. Ni se ahorrará combustible y, según la experiencia de 1976 cuando se bajó a 100 km/h, la siniestralidad tampoco mejorará. En aquel año hubo 245 muertos más.

Aunque el Gobierno prefiere la retórica a las cifras, la realidad de los datos es que en los últimos años los españoles hemos conducido más despacio, pero al mismo tiempo ha crecido el consumo de carburante y el número de víctimas. En 2004, la velocidad media fue de 117,20 km/h, con 7.538 víctimas y un consumo de 29,8 millones de toneladas. En 2007, fue de 116,50 km/h, 8.442 víctimas y 32,5 millones de toneladas. LA RAZÓN demostró además empíricamente que los motores del siglo XXI gastan más combustible a 110 que a 130.

Por tanto, hay que pensar que existen otras razones que no se han explicado a la opinión pública. Sea o no el motivo de fondo de la decisión, lo cierto es que la disminución de la velocidad máxima trae aparejada un multazo. La Administración se ha cuidado hasta el extremo de silenciar que con los cambios normativos las multas serán superiores e incluso algunas sanciones triplicarán su cuantía. Que se haya ocultado esta novedad demuestra que el Gobierno tendría extraordinarias dificultades en argumentar su decisión en motivos no crematísticos. Y es que los conductores que fueran sorprendidos circulando entre 141 km/h y 150 podían ser multados ayer con 100 euros, pero hoy lo serán con 300. Se calcula que Tráfico incrementará su recaudación un 30%, lo que supondrá un ingreso extra de 21 millones de euros, que son también 21 millones de razones para adoptar la iniciativa. Que el dinero parece ser importante lo prueba también que Interior no modificará la regulación sobre pérdida de puntos. Se pagará más, pero los infractores no tendrán mayores perjuicios.

La vocación obsesiva del Ejecutivo por entrometerse y recortar la libertad de los ciudadanos y su determinación de mejorar la salud financiera del Estado a través de los bolsillos de los españoles no nos convierte en un país mejor ni más próspero ni más justo. Gobernar a golpe de ocurrencia es converger con la mediocridad y no con la excelencia.

La Razón - Editorial

La temida independencia de las víctimas

Lo que no soportan de ninguna manera PP y PSOE es que haya cuerpos de la sociedad civil que escapen a sus designios e intereses; nada teme más un político que la existencia de contrapesos que puedan limitar su poder y eventualmente derrocarlo.

Durante mucho tiempo los medios de izquierdas trataron de desacreditar la rebelión cívica de las víctimas del terrorismo contra el proceso de rendición del Gobierno ante la ETA acusándolas de estar al servicio del Partido Popular. Se trataba, qué duda cabe, de una completa difamación por cuanto el único objetivo de las víctimas era el de defender la memoria, la dignidad y la justicia que el PSOE venía mancillando con sus genuflexiones ante la banda terrorista.

Con el tiempo, el progresivo acercamiento del nuevo PP de Rajoy al Ejecutivo de Zapatero demostró que las víctimas siempre habían actuado por su cuenta, sin otra motivación política que abortar las cesiones ante la ETA, las realizara quien las realizara desde el Gobierno de España. Recientemente, las protestas contra el nuevo proceso de negociación, en las que la deliberada ausencia del PP como partido ha sido percibida por todos, sólo ha hecho más que reforzar esa imagen de independencia de las víctimas.

Sin embargo, sí es cierto que desde siempre ha existido una tentación entre los dos principales partidos nacionales por colocar a las víctimas al servicio de sus propias agendas. Al cabo, lo que no soportan de ninguna manera es que haya cuerpos de la sociedad civil que escapen a sus designios e intereses; nada teme más un político que la existencia de contrapesos que puedan limitar su poder y eventualmente derrocarlo. Por eso, PP y PSOE han tratado, a veces con éxito, o de someter a las víctimas o de suprimir su influencia social: el PSOE lo hizo a través de Peces Barba y de sus intentos de infiltración en sus diversas asociaciones, y el PP condenando a las víctimas a un boicot informativo al que obviamente jamás se sumó Libertad Digital.

A día de hoy todavía hay gestos que ponen muy de manifiesto esa pulsión política por controlar los mensajes y las manifestaciones de las víctimas. Así, ante la próxima marcha de la AVT contra la posibilidad de que ETA permanezca en las instituciones tras las elecciones de mayo, al líder de los populares vascos no se le ha ocurrido otra cosa que aleccionar a las víctimas sobre cuál es el motivo último de la misma: no exigir firmeza y respeto a la ley en un contexto donde se están produciendo inquietantes movimientos que sugieren un nuevo proceso de rendición, sino "apoyar al Gobierno". La ecuación es simple: si el PP acude a la manifestación de la AVT y el PP, por motivos poco claros, continúa apoyando la política antiterrorista del Gobierno, es que la manifestación de la AVT tiene como propósito apoyar al Gobierno.

Normal, pues, que a las pocas horas la AVT de Ángeles Pedraza haya mostrado su indignación por la interesada manipulación de Basagoiti y Francisco José Alcaraz, cuya asociación Voces contra el Terrorismo secunda la marcha, muestre su perplejidad ante las palabras del líder popular. Las víctimas tienen muy claro que no son ni tienen la intención de ser los instrumentos de ningún partido político. ¿Algún día aprenderán la lección todos los políticos?

Libertad Digital - Editorial

Mi gratitud a Gadafi... Por Ramón Pérez-Maura

Ahora es cuando algunos se acuerdan de que recurrir a la ONU para acabar con un tirano puede ser un incordio.

Como bien recordaba ayer en estas páginas Hermann Tertsch ahora es cuando algunos se acuerdan de que tener que recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU para acabar con un tirano puede ser un incordio. Y bien que lo intentaron Bush y Aznar como nos cuenta con detalle Javier Rupérez en su «Memoria de Washington», todavía caliente en las librerías. Pero es ahora cuando le va a empezar a entrar el miedo a algunos. Como el que ya parece sentir Obama. El apoyo de la secretaria de Estado Clinton a una zona de exclusión aérea que impida a Gadafi seguir masacrando a su población está por ver. Porque Obama no quiere hacerlo sin respaldo de la ONU y no parece probable el respaldo de China y Rusia. Eso podría llevar a comparaciones con la Administración Bush en Irak... Vade Retro Satana.

Así que, además de sentir deuda de gratitud con Gadafi por enfrentar a algunos con sus contradicciones, aprovechemos el momento para recordar que esta crisis con decenas de miles de desplazados y refugiados está teniendo lugar en el Mediterráneo. Es decir, aquí mismo. Y, una vez más, estamos mirando hacia el otro lado del Atlántico para que vengan a arreglarnos el problema. Como tuvimos que hacer en Kosovo por medio de Javier Solana —donde tampoco hubo autorización del Consejo de Seguridad para intervenir. Pero de Kosovo a Libia hemos seguido recortando nuestro presupuesto de Defensa. Europa ya no tiene casi países que gasten más del 2 % del PIB en Defensa. El mejor ejemplo es el Reino Unido, que ha recortado un 7,5 % de un presupuesto de Defensa que ya era sólo el 2,2 % del PIB. Así que, una vez más, los europeos esperando a que USA nos resuelva el problema mientras Gadafi nos demuestra, una vez más, cuántas razones hay para ignorar el Consejo de Seguridad. Gracias, Moamar.

ABC - Opinión

110 Km/h. Cuando el ahorro no es virtud. Por José T. Raga

Preocúpese, señor vicepresidente, del ahorro de las administraciones públicas, necesario para amortizar deuda pública, en vez de vivir tranquilamente en déficit continuo, que lesiona la economía de las generaciones más jóvenes.

Nunca es virtud cuando el sujeto que desarrolla la supuesta acción virtuosa, obra obligado por un acto autoritario de quien es más fuerte o de quien le puede sancionar, así como tampoco lo es cuando la actuación se desarrolla en un escenario de miedo insuperable o, simplemente, cuando no existe otra alternativa. Para que la actuación del hombre sea virtuosa, tiene que darse en un clima de plena libertad, desde la cual el sujeto elige la virtud frente a la su contraparte del vicio.

Pagar impuestos, por ejemplo, sólo será virtuoso cuando el sujeto lo haga de buen grado, consciente que con ello contribuye al bien común de la sociedad y de sus individuos. Lo otro, si se pagan sólo por miedo a la sanción que puede derivarse de su omisión, se trata de una acción desarrollada por obligación legal y no por sentirse obligados en conciencia. Cuando no matamos, no robamos, no ultrajamos, no injuriamos, no es porque el Código Penal lo prohíbe, sino porque en lo más íntimo de nuestras conciencias repudiamos tales acciones, siendo ésta y no la otra la razón de nuestro alejamiento de tales conductas.

Cuando el señor Pérez Rubalcaba diseña con maleficio una política coactiva para obligar a ahorrar a los ciudadanos, éstos, lejos de pensar que están siguiendo los pasos virtuosos de la austeridad, alejándose del derroche y de la prodigalidad, viven como único referente la coacción de un poder autoritario sobre su personal esfera de decisión. En otras palabras, se siente coaccionado, se siente humillado, se siente desproveído de su intimidad y se siente privado de su capacidad de decidir.

Lo que peor llevo yo de las dictaduras, aunque estén revestidas de democracia por el simple hecho de la elección en las urnas –al fin y al cabo, también Adolf Hitler fue en su momento elegido por ese procedimiento–, es que me convenzan de lo que más me conviene, que me obliguen a abrazar su esquema de bondad y a renunciar a lo que ellos consideran que me resulta perjudicial. Yo, y sólo yo, tengo el derecho a elegir y a equivocarme o a acertar, porque mi gran atributo es la libertad; una libertad que tengo, no porque me la ha concedido el señor Pérez Rubalcaba sino por mi propia condición humana. Y si el vicepresidente primero no fuera tan autoritario, lo único que debería hacer es respetarla y garantizar su ejercicio.

Su último proyecto de reducir en diez kilómetros el límite máximo de velocidad en autopistas y hacerlo para que yo ahorre, porque está claro que no soy capaz de saber lo que más me conviene, es una ofensa a la condición de racionalidad de las personas, y un ultraje a su libertad, mancillada por la imposición abusiva del ejercicio de un poder que no está, como es su obligación, al servicio del bien de la comunidad, sino a los objetivos, las más de las veces caprichosos, de quien detenta el poder. Preocúpese, señor vicepresidente, del ahorro de las administraciones públicas, necesario para amortizar deuda pública, en vez de vivir tranquilamente en déficit continuo, que lesiona la economía de las generaciones más jóvenes, que son las que tendrán que pagar la deuda contraída.

¿Por qué considera el señor Rubalcaba que yo debo de preferir comer carne que consumir gasolina? ¿Quién es el señor Rubalcaba para inmiscuirse en mi esfera de elección, que sólo debe de estar informada por mis preferencias racionales? Tengo que hacerme el ánimo de que son los abusos lógicos de quien sabe todo de todos. Sólo por esa afirmación pública, este señor debería de haber desaparecido de la esfera pública y, para bien de todos, disfrutar de un generoso retiro en alguna paradisíaca isla, alejada de todos los conocidos de quienes tanto sabe.

Si esto es un atropello, no deja de ser una insensatez la ocurrencia del señor Sebastián, ministro de Industria y algo más, pretendiendo cambiar todas las bombillas del alumbrado público en carreteras y en ciudades. ¡Pero señor mío, si ya pasó usted por una aventura de bombillas chinas, que sólo por vergüenza debería mantenerle apartado de semejante artificio para el resto de sus días! Mas acertada está su idea de cerrar unas horas antes las oficinas de la Administración Pública, y más lo estaría si se tratara de cerrarlas por completo y definitivamente.

Para complicar más las cosas, y como en este Gobierno nadie está quieto, aunque tampoco se sabe para qué se mueven, después de toda la fustigación en pro del ahorro, salen los de Economía advirtiendo de que la economía española tiene un ahorro excesivo y que lo que tienen que hacer los particulares es consumir más, como única fórmula para avivar los rescoldos de nuestra economía. Otro, diciendo lo que tenemos que hacer los particulares. ¿Sabe el señor Campa lo que piensan los españoles sobre su futuro próximo y remoto? ¿Sabe el peso que tiene en la imagen personal de nuestra economía, la percepción de desconcierto y de inseguridad, en una política de parches, en un hacer al tiempo que ya se deshace, en definitiva en una vida que discurre por un itinerario con destino a ninguna parte? ¿Le va a decir usted, a quien así vive, que debe de gastar más y disminuir su volumen de ahorro? ¿Será usted quien le ponga la red al trapecista para protegerle de una posible caída?

¿Por qué no respetan a las personas en su esfera de decisión, habida cuenta de que las suyas, sus decisiones, han provocado el caos, la desconfianza y la desolación de tantas gentes? Ya que lo han hecho tan mal, por vergüenza, deberían ustedes de respetar a ese pueblo que sufre y no venir con gazmoñadas acerca de lo que tienen que hacer para que todo vaya mejor, porque aún resultará que la culpa de la situación económica, social y política de nuestra España es de los sufridos españoles que no saben como actuar en situaciones como esta.

Sólo una petición me resta: ¡Déjennos en paz, de una vez!

Libertad Digital - Opinión

Corrupción institucionalizada. Por José María Carrascal

Corrupción ha habido en todas las épocas y todos los países. La diferencia está en la actitud ante ella.

EL mayor problema de España no es el paro, con ser enorme, ni el de Eta, que sigue viva, ni el de un gobierno tan incapaz como desbordado. Es la corrupción. Una corrupción no sólo generalizada, sino también legalizada tácitamente por un consenso social que paraliza todos los mecanismos de la nación, impidiéndola avanzar.

Soy consciente de la gravedad de lo que digo, por lo que me apresuro a demostrarlo. Para empezar. ¿qué es corrupción? No sólo meter la mano en las arcas públicas. Ese es su resultado. La corrupción ha empezado mucho antes, en las mentes. Concretamente, en aceptar que el fin justifica los medios. Una vez aceptado, se extiende como una mancha de aceite por todos los ámbitos de la sociedad, manchándolos, hasta no quedar nada limpio. Con lo que, de hecho, se la legaliza. Y ya no extraña que valga más el carné de un partido que una brillante ejecutoria profesional o que se acepte que la lealtad a un líder sea más importante que la lealtad a la ley. En otras palabras: la corrupción gubernamental empieza por la corrupción de los principios. Que es lo que está teniendo hoy lugar en España.

Las consecuencias son devastadoras, empezando por la falta de competitividad. Es tan elocuente como descorazonador que para encontrar un empleo en España lo más importante sean las conexiones familiares, políticas o personales. ¿Cómo va a funcionar un país así? ¿Cómo va a competir en el mercado global? ¿Cómo va salir de la crisis si se posterga la capacidad, las ansias de mejora individual y se favorece al ventajista sobre el preparado?

Corrupción ha habido en todas las épocas y todos los países, al ser inherente a la frágil naturaleza humana. La diferencia está en la actitud ante ella. En los países punteros, se combate. Ahí tienen al ministro de Defensa alemán dimitiendo por haber copiado su tesis doctoral. Algo que aquí, donde copiar está al orden del día, puede incluso se aplaudiese. Aparte de que no habría lugar, pues pocos, si alguno, de nuestros ministros tiene el grado de doctor. Respecto a la apropiación indebida de fondos públicos, que en los países serios acarrea no ya el cese del infractor, sino su ingreso en la cárcel, ¿qué más da si «no son de nadie», como dijo una ministra? De mentir, prefiero no hablar. Los españoles lo damos por descontado en los políticos, e incluso algunos alardean de ello, como aquel famoso alcalde que decía «las promesas electorales están para no cumplirlas.» Pronto llegaremos a lo de aquel político brasileño, Ademar de Barros: «Eu robo, pero fago.» Aquí, ni siquiera hacen.

Aunque eso no es lo peor. Lo peor es la falta de reacción ciudadana. ¿Dónde están las manifestaciones contra los últimos escándalos, despilfarros, bribonadas? ¿Es que unos temen se les acabe el chollo y otros esperan que les llegue cuando ganen los «suyos»?

ABC - Opinión

Celebrar un error. Por Alfonso Ussía

Diez años atrás, el Gobierno de José María Aznar decretó el fin del servicio militar obligatorio. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, ha dispuesto que se celebre en un acuartelamiento la defunción de aquel servicio, que también era un derecho. Sigo creyendo que lo idóneo hubiera sido modernizar el servicio militar con un sistema mixto que abriera el camino de los soldados profesionales sin renunciar a la incorporación obligatoria de los jóvenes españoles a una estancia en las Fuerzas Armadas más breve y mejor aprovechada. Lo escribo por experiencia. A los veinte años me repateó la idea y la realidad de salir de mi casa para instalarme en un Centro de Instrucción de Reclutas ubicado a más de quinientos kilómetros de Madrid.

La duración de aquel exilio, que así lo consideraba, oscilaba entre los trece y los quince meses. Pasaba de ser un proyecto de persona a convertirme en un recluta, la última escala de la sociedad. Tenía un gran aprecio al Ejército por tradición familiar, pero no tanto como para acudir feliz a perder, que así lo consideraba, más de un año de mi vida. Estuve catorce meses en Camposoto, Isla de San Fernando, Cádiz. Cuando me licenciaron y devolvieron la cartilla verde –el último reclutamiento de «la verde», que pasó a ser «la blanca»–, me despedí del Ejército con tristeza y una profunda gratitud. Conocí durante aquel año largo a personas que nunca hubiera imaginado que existieran, casi todas ellas positivas. Experimenté la pérdida de los privilegios sociales y la diferencia de clases. Allí nos reunimos dos mil jóvenes procedentes de toda España que éramos lo mismo y se nos exigía lo mismo, sin distinciones de ningún tipo. Aprendí el sentido de la puntualidad como una obligación y una cortesía para los demás. Y la lealtad, y el concepto de la verdad, y el sufrimiento físico del esfuerzo, y las carencias de las comodidades hogareñas. Se trataba de un servicio, y así lo interpreté. Pero al cabo del tiempo también lo interpreté como un derecho y un honor. Entre los mandos destinados en aquel campamento, un altísimo porcentaje lo componían hombres justos, directos, leales y siempre dispuestos a ayudar a los más débiles. Me enseñaron a enseñar, y cuando terminaba la agotadora jornada de instrucción, algunos reclutas –ahora sí, privilegiados–, ayudábamos a los oficiales encargados de alfabetizar a los más desamparados culturalmente, a nuestros propios compañeros sin letras ni números. Sin exagerar por razones de lejanía, comprobé que los jefes, oficiales y suboficiales del Ejército consideraban un alto valor lo que yo entendía por señorío. No tuve que obedecer, en catorce meses, ni una sola orden caprichosa o injusta. Como todos, fui arrestado en diferentes ocasiones, siempre por incumplir el cumplimiento. El único sufrimiento que padecí en la mili, me lo procuró un mono. Un mono tití que regalaron al comandante de mi batallón y con el que me obligaba a desfilar cuando llevaba el guión del batallón. Mientras desfilábamos, el mono y yo, el primero me arañaba y mordisqueaba las orejas. Una tarde, el mono falleció y aún no se conocen los motivos de su óbito.

Conocí a muchos hombres de honor, de palabra y de justicia. Admiré su vocación de servicio a los demás y su amor a España, a mi Patria. Lamenté que mis hijos no tuvieran el deber y el derecho de formar parte de las Fuerzas Armadas. Hoy sólo me acompañan los buenos recuerdos y el agradecimiento. Estoy muy orgulloso de haber sido uno de ellos, y siempre he intentado recompensarles con afecto lo mucho que me enseñaron.

La Razón - Opinión

Marcas políticas. Por M. Martín Ferrand

El PSOE ha dejado de ser un partido político, lo que se venía venir, para seruna marca.

EL verdadero Crepúsculo no es la novela de amor y vampiros con la que la treintañera Stephenie Meyer ha seducido a los adolescentes de medio mundo, sino el del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder socialista, incansable en su ascenso a las profundidades, enviciado en la contradicción y el disparate y con sus sombras de ritual, se les apareció ayer a sus conmilitones y, con la serena sobriedad con la que René Descartes formuló su Discurso del método, reivindicó la «marca PSOE» como representación máxima de «modernización, solidaridad y derechos». El PSOE ha dejado de ser un partido político, lo que se veía venir, para ser una marca. Como la Coca-Cola, pero en nacional; es decir, tal que el Chupa Chups.

Diez minutos de discurso del líder y menos de una hora de reunión le han bastado al Comité Federal del PSOE, su máximo organismo directivo, para aprobar las listas con las que concurrirán a los comicios del 22 de mayo y dibujar las normas generales que regirán su actuación para «ganar al PP y a las encuestas».

En la medida en que, desde su fundación por Pablo Iglesias hace más de siglo y cuarto, no son muchos sus momentos de gloria y acierto y menos todavía los de su auténtico compromiso democrático, el PSOE es una buena «marca». La realidad no la ha desgastado tanto como a otras que, con menos carga de oscuridad y desprestigio, se han visto obligadas a desaparecer del mapa político nacional. En consecuencia, es sensato el propósito de Zapatero de cuidar la «marca» de cuya gerencia se ocupa y que tantos devotos, más desde el sentimiento que desde la razón, tiene por toda España, aunque no en toda ella la utilice como tal y se refugie en disimulos que no contraríen en demasía el ánimo centrífugo de esos lugares.

Los de la competencia, el PP, que mantienen con mayor dignidad el apresto de partido político, se reunieron en Palma de Mallorca para hacer lo mismo que, con mayor sentido del ahorro, los socialistas hicieron en Madrid. A juzgar por el éxito de Francisco Camps, sonriente y feliz a pesar de su imputación, que llegó tarde e hizo esperar a su jefe natural y orgánico, Mariano Rajoy, el líder que no se inmuta, si la gaviota fuere una marca, como el puño y la rosa, lo sería de sastrería prêt-à-porter.

Esto es lo que hay. Una marca decadente, un propósito incierto y unos restos periféricos con tendencia a negar el todo en bien de las partes. Si a eso, lo político, se le añaden la crisis económica y el drama social del paro tendremos el retrato perfecto de la decadencia. La mentira y la desgana se ven las caras con la fatalidad, como siempre.

ABC - Opinión

Trichet. ZP, la economía y la ley de Murphy. Por Emilio J. González

Trichet y su equipo, se diga lo que se diga desde la izquierda de este país, no van a actuar pensando sólo en Alemania. Simplemente, van a poner las cosas en el sitio en el que deben estar para evitar males mayores.

A la izquierda española le encanta buscar culpables a lo largo y ancho del mundo a los que imputar la responsabilidad de los males que padece la economía de nuestro país, con tal de que los socialistas patrios puedan liberarse de la carga de sus errores. Según la interpretación que hace de las recientes declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, acerca de una próxima subida de los tipos de interés, que posiblemente va a cortar de raíz cualquier brote de recuperación que pudiera asomar por estos pagos, resulta que la culpa de todo la tiene, otra vez, Alemania, por crecer con fuerza y crear empleo a raudales, y del propio BCE que, según dicen, se olvida de su responsabilidad para quienes están sufriendo en estos momentos las consecuencias más duras de la crisis. Y, como siempre, trata de desviar el foco de atención de su responsabilidad aunque, como siempre también, yerra el tiro.

Lo primero que hay que decir es que si el BCE sube los tipos antes de lo previsto –en principio, nadie esperaba un encarecimiento del precio del dinero hasta el próximo otoño, como pronto– no es por culpa de Alemania, sino porque estamos en un contexto de fuerte subida de los precios de los alimentos y las demás materias primas, agravado por la escalada de la cotización del petróleo que se deriva de los acontecimientos políticos que están teniendo lugar en el norte de África y Oriente Medio. Este comportamiento de los precios constituye una amenaza inflacionista nada desdeñable que se vuelve más peligrosa en un contexto de elevada liquidez como consecuencia de las acciones que está llevando a cabo el BCE para ‘salvar’ a España, Irlanda, Grecia, Portugal e Italia. El problema, por tanto, consiste en que tenemos unos tipos de interés artificialmente bajos que, si no suben pronto, pueden alimentar un proceso inflacionista de serias consecuencias para toda la economía de la zona euro. Así es que Trichet y su equipo, se diga lo que se diga desde la izquierda de este país, no van a actuar pensando sólo en Alemania. Simplemente, van a poner las cosas en el sitio en el que deben estar para evitar males mayores con el crecimiento económico y el empleo en la eurozona.

Por supuesto, al Gobierno de Zapatero esta perspectiva le pone de los nervios. ZP estaba soñando con una recuperación inducida por el ‘tirón’ de la rejuvenecida y fortalecida locomotora alemana que le evitara tener que hacer lo que hay que hacer y hete aquí que, otra vez más, la realidad le coge fuera de juego. Porque, no les quepa la menor duda, si los tipos de interés empiezan a subir, la economía española va a pasarlo todavía peor de lo que ya lo está haciendo. Piensen en las familias que están endeudas hasta el cuello por culpa de una hipoteca que va a subir, y que esto, además, y a diferencia de 2006, cuando empezó la crisis en España, les va a coger a muchas de ellas con al menos uno de sus miembros en paro. Mucho me temo que lo que se avecina en este sentido es una nueva oleada de morosidad que golpee con dureza a nuestro ya de por sí maltrecho sistema financiero, mientras el consumo doméstico vuelve a hundirse, devolviéndonos de lleno a la recesión y a la destrucción de empleo. Las empresas tampoco se van a librar porque al incremento de costes derivado del encarecimiento del petróleo y las demás materias primas se sumará también el de los costes financieros, suponiendo que alguna de ellas pueda acceder a algún tipo de crédito. Y no digamos ya la que le puede caer a un sector público que sigue sin enterarse de que debe dejar de gastar a raudales porque ni las cosas van a volver a ser como eran antes, ni ya va a poder conseguir financiación con la facilidad y el bajo precio con que lo venía haciendo gracias al BCE.

Por supuesto, nada de esto pasaría si, desde el primer momento, se hubiera acometido la reforma laboral, el saneamiento del sistema financiero y el recorte drástico del gasto público, además de haberse permitido el ajuste de verdad del sector inmobiliario. La economía española estaría, entonces, más preparada para afrontar la que ahora se le viene encima. Pero entre que Zapatero no quiso tomar medidas impopulares y contrarias a su ideología y que se empeñó en que la salida de la crisis tendría que ser social o no sería, pues aquí estamos con cinco millones de parados y, probablemente, en puertas de una nueva recesión que va a empeorar todavía más la ya de por sí grave situación socioeconómica de nuestro país. Además, ahora las cosas van a ser más difíciles de arreglar. Por ejemplo, ¿qué administración pública va a recortar sus gastos en vísperas de unas elecciones autonómicas y municipales, primero, y otras generales, después, donde tantos políticos se pueden ir a la calle juntamente con sus familiares, amigos y correligionarios? Por ejemplo también, ¿van a aceptar los sindicatos los sacrificios de poder adquisitivo de los salarios que exige la crisis o se van a empeñar en adaptar los mismos a una inflación que en España es y será más alta que en el resto de la eurozona, condenando así a más empresas a la desaparición y a más trabajadores al paro? Lo de Zapatero es como lo de la ley de Murphy, que la tostada siempre cae del lado de la mantequilla o, dicho de otra manera más elegante, que toda situación susceptible de empeorar, empeora. Lo malo es que las consecuencias las pagamos los españoles.

Libertad Digital - Opinión

Estado de sobresalto. Por Ignacio Camacho

La prometida legislatura del pleno empleo va camino de convertirse en la del racionamiento energético.

A un año del final de la prometida legislatura del pleno empleo, mucha gente se conformaría ya sólo con que no fuese la legislatura de las cartillas de racionamiento. El fracaso ha sido de tal índole que se da por amortizada cualquier perspectiva que no implique una catástrofe mayor. Con la inflación en alza y agravada por la subida del petróleo; con el sistema financiero en crisis ante la zozobra de las cajas; con el déficit enquistado bajo el despilfarro sin control de las autonomías; con el ahorro familiar agotado y con el precario tejido empresarial a punto de desmoronarse al cabo de un trienio de pérdidas, el único objetivo plausible en materia de empleo consiste en no llegar a los cinco millones de parados. La acumulación de sobresaltos y riesgos es tan vertiginosa que la sociedad española ha empezado a aceptar el 20 por 100 de desempleo como una tasa estable, como un paisaje social recurrente ante el que cada semana desfilan nuevas fatalidades, angustias y desventuras. Crisis sobre crisis, problema sobre problema, los ciudadanos no viven para sustos en medio del desconcierto que transmite un Gobierno incapaz, titubeante y sobrepasado.

La improvisación, el parcheo y la contingencia se han convertido en un hábito político que proyecta una sombría sensación de desamparo. El vaivén de medidas de quita y pon, las alarmas inesperadas, los volantazos a ciegas se suceden en un clima de ofuscación y desbarajuste. El Gobierno ni siquiera es capaz de explicar con claridad cuáles son las prioridades de este continuo estado de emergencia. Sorprendido por las dificultades amontonadas, acuciado por la confusión, se mueve a rebufo de los acontecimientos sin otro plan que el de sortear contratiempos de cualquier modo, inventando sobre la marcha ocurrencias arbitristas y apremiantes que contradicen y trastornan sus propias decisiones anteriores. La reciente alerta energética ha provocado un clamoroso desorden de gobernanza; el poder ha emitido mensajes incoherentes y contradictorios, no ha aclarado si el problema es de precios o de suministro y ha incurrido en flagrantes discordancias de cálculo. El país va a la deriva, entre una bruma de rumores y amagos que afectan a cuestiones claves de normalidad cotidiana, desde el tráfico urbano hasta el abastecimiento de electricidad.

El Gobierno maneja la hipótesis de decretar restricciones esenciales con una ambigüedad irresponsable. Nadie parece dispuesto a aclarar antes de las elecciones de mayo si existe riesgo real de racionamiento del fluido eléctrico o de las gasolinas. El clima de desgobierno se acentúa en un marco social dominado por la incertidumbre. Y los cuatro millones y medio de parados permanecen al fondo de un horizonte de desolación poblado por los fantasmas de un retroceso pavoroso en el que sólo faltaba la amenaza de quedarse literalmente a oscuras.

ABC - Opinión

Desidia ante el fraude

Los planes de ajuste fiscal del Gobierno, con los recortes a los pensionistas y los funcionarios, las subidas de impuestos o el reciente paquete de iniciativas de ahorro energético, tienen como propósito común el saneamiento de las cuentas públicas mediante un aumento de la recaudación y una disminución del gasto. Muchos colectivos de españoles han resultado damnificados por los planes de un Ejecutivo que se vio obligado a girar 180 grados su política económica apremiado por la Unión Europea. Estas medidas fueron el recurso fácil y rápido, mientras se renunciaba siquiera a explorar, ya no a explotar, un filón que permanece oculto y de cuya magnitud sabemos, no por la Administración, que debería ser la más interesada, sino por entidades privadas. La economía sumergida es un fenómeno que se alimenta de contextos de crisis y que en España presenta hoy una magnitud extraordinaria derivada de que la recesión aquí ha sido más severa que en otros países.

Las últimas aproximaciones al volumen de esa actividad opaca, que escapa a los controles de Hacienda y Seguridad Social, concluye que la economía sumergida en España está alrededor del 20% del PIB, lo que equivaldría a 200.000 millones de euros. Lo que dejaría de recaudarse, más de 30.000 millones de euros, serviría, por ejemplo, para pagar las prestaciones por desempleo durante un año a todos los parados. Nuestro país está a demasiada distancia de Alemania (15%), Francia (12%) o Reino Unido (11%). La comparación con los países de nuestro entorno nos da una idea exacta de la importante diferencia de impuestos que recauda el Estado en esas naciones sólo por combatir esta suerte de mercado negro. Obviamente, nadie se debería sentir aliviado ni satisfecho con un panorama desalentador.

Combatir la economía sumergida no es sencillo, pero la recompensa es lo suficientemente relevante como para que el Gobierno se lo hubiera tomado mucho más en serio. Es un hecho que el Ministerio de Economía ha preferido ocultar el problema sin aceptar ninguna estimación y que ha centrado su lucha contra el fraude fiscal en objetivos más vendibles como las grandes fortunas o los paraísos fiscales. La desidia gubernamental, incluso la tolerancia gubernamental, ha sido un gran error.

No estamos ante un fenómeno inocuo. Las consecuencias son siempre injustas para aquellos que cumplen con la legalidad. Se provocan distorsiones en el mercado laboral con situaciones de empleo precario y falta de cobertura social. La menor recaudación de impuestos y de cotizaciones obliga, como ha sido el caso español, a correcciones impositivas que perjudican a todos los contribuyentes.

El Gobierno ha consentido y ha alimentado un fracaso del sistema que nos empobrece a todos. Hay que concienciar al ciudadano de ello y de la necesidad de no justificar el fraude. Es preciso aliviar la carga administrativa y burocrática en el país, reforzar las medidas de control, acabar con la laxitud legal y tomarse en serio las inspecciones.

La Razón - Editorial

Rubalcaba, el problema de nuestra democracia

A su capacidad dañina, Rubalcaba añade una desvergüenza más que notable a la hora de rechazar cualquier implicación en las turbias operaciones que afectan a su ministerio, por más que las evidencias en su contra resulten incontestables.

Alfredo Pérez Rubalcaba fue el principal responsable durante el felipismo de poner en marcha la LOGSE, el plan educativo más devastador que jamás ha padecido España y, desde entonces, el personaje no ha hecho más que empeorar. No ha habido pujo contra la democracia y el Estado de Derecho protagonizado por la izquierda española en las dos últimas décadas que no haya contado con el todavía ministro del Interior en el puesto de mando, bien sea intentando ocultar el terrorismo de estado de los GAL, bien organizando la vasta operación de acoso contra el Gobierno legítimo del Partido Popular, que culminaría con las agresiones a sus candidatos y sedes hasta en plena jornada de reflexión electoral tras los atentados del 11-M.

Ya como ministro del Interior del gobierno de Zapatero, Rubalcaba ha insultado a todos los españoles, y muy especialmente a las víctimas del terrorismo, con su protagonismo esencial en la negociación con la banda de asesinos de la ETA, que ha culminado con el asombroso caso Faisán, en el que, como siempre que Rubalcaba anda por medio, nuevamente el Estado está bajo sospecha de haber colaborado con una banda terrorista, hecho insólito que en cualquier otro país se hubiera llevado por delante a todo el equipo ministerial, sino al Gobierno en pleno.

Pero a su capacidad dañina para la libertad y la seguridad de los españoles, Rubalcaba añade una desvergüenza más que notable a la hora de rechazar cualquier implicación en las turbias operaciones que afectan a su ministerio, por más que las evidencias en su contra resulten incontestables. Es lo que ha ocurrido precisamente con el insistente requerimiento de la justicia para que se aporten los nombres de los agentes que, bajo el mando del polémico comisario Sánchez Manzano, se responsabilizaron de las muestras del explosivo utilizado en el 11-M, la prueba determinante para conocer la autoría de los atentados que hasta el momento sigue sin ofrecer garantías de autenticidad.

Pues bien, "gracias" a un equinoccial Pérez Rubalcaba y su facundia detestable, hoy los españoles pueden leer en la portada de un diario nacional la prueba de que el responsable de su seguridad miente a la Justicia y a los ciudadanos sin ningún reparo, al negar que un juzgado haya exigido a su departamento semejante información. Por supuesto que se le ha pedido, y además con insistencia que data ya de un año, sin que Rubalcaba haya tenido a bien prestar su colaboración para esclarecer el mayor atentado de nuestra historia como le exige en primer lugar la preeminencia de su cargo. Por cierto, el atentado que permitió la llegada al poder del partido político que todavía le tolera en sus filas. Que cada cual saque sus propias conclusiones.

Libertad Digital - Editorial

Menos «planes» y más eficacia

El Ejecutivo debería hacer cuentas sobre el coste económico de su ineficacia ante la nevada de la madrugada del sábado en Madrid.

EL viernes por la mañana el Consejo de Ministros aprobaba un nuevo plan de ahorro energético, mediante la yuxtaposición de una serie de ocurrencias de dudosa eficacia. Por la noche, miles de madrileños quedaban atrapados sin remedio a 22 kilómetros de la capital ante la incapacidad de Fomento para hacer frente a las secuelas de una nevada intensa, pero de escasa duración. El Gobierno anunció a bombo y platillo el ahorro de 2.300 millones de euros, a costa de invertir 1.100 en eficiencia, pero de momento todo se reduce a discutir sobre nuevas subvenciones a las comunidades autónomas para que bajen durante cuatro meses el coste de las cercanías y a ofrecer planes de apariencia ecológica, pero muy discutibles en cuanto a su efectividad. Lo que no es virtual sino una realidad patente, es el espectáculo del caos provocado en la A-6 —entre los kilómetros 22 y 36— ante la inoperancia de las máquinas quitanieves. Las escenas de coches y camiones atrapados provocaron una lógica indignación entre los afectados, víctimas de la falta de previsión del departamento que dirige José Blanco y de la nula capacidad de reacción ante un evento climatológico anunciado con anterioridad.

La imagen de las máquinas bloqueadas (10 de las 14 quitanieves en servicio) es la mejor prueba de una gestión desafortunada que convirtió las proximidades de Madrid en una ratonera para los usuarios de una de las vías principales de acceso a la capital. En lugar de tantos planes sin contenido, el Ejecutivo debería hacer cuentas acerca del coste económico de su ineficacia ante la nevada de la madrugada del sábado. Incapaces de avanzar un solo metro, los vehículos consumían gasolina de forma improductiva y los conductores eran conscientes del sarcasmo que supone anunciar que baja el límite de velocidad cuando el problema es que el coche está paralizado. Rodríguez Zapatero insiste en una retórica vacía a la vez que los servicios públicos funcionan cada día peor, incluyendo la ausencia clamorosa de algunos responsables, como fue el caso de la delegada del Gobierno en Madrid. Con otra nevada como ésta y otro fracaso en la gestión ministerial no hay ahorro que valga, aunque se llenen unas cuantas páginas del BOE.

ABC - Editorial

El poder de la estupidez. Por Tomás Cuesta

Un país en ascenso es aquel en el que opera un número insólitamente alto de personas inteligentes.

LAS primeras ordenanzas marítimas definían el zafarrancho como una coreografía de combate consistente en que quienes estuvieran a babor corrieran con petates, mosquetes, sables y pertrechos a estribor mientras quienes anduvieran por estribor tenían que dirigirse veloces a babor. Lo mismo de proa a popa y de la cofa a la bodega, de modo que cada tripulante de la embarcación debía ocupar a la mayor brevedad posible las antípodas del punto donde se encontraba antes de la orden. El despliegue debía ser imponente, el efecto, nulo en el mejor de los casos. No obstante, el procedimiento se ha transmitido de generación en generación y ha sobrepasado el contexto naval para asentarse como táctica administrativa y estrategia política.

Sin ir más lejos, el contramaestre Rubalcaba dirige un zafarrancho gubernativo que consiste en que cada ministro largue de todo aquello que le resulta ajeno al tiempo que Zapatero reivindica el fantasma del capitán Lozano a cuenta del fantoche del coronel Gadafi y glosa las virtudes de un sistema en el que un tipo como él puede llegar a presidente. Incapaz de disimular la sorpresa que eso le provoca, se entrega a la fabulación de bendecir revueltas. En Francia y en Marruecos, en Washington y en Berlín tampoco salen de su asombro ante la reencarnación hispana del aventurero Simplicissimus, directamente inspirado por el Lazarillo de Tormes y capaz de sobrevivir en cualquier circunstancia y en todos los bandos con el telón de fondo de la Guerra de los Treinta Años.

En el entreacto del viaje a ninguna parte en avión oficial, la patera nacional enfila la tormenta perfecta del colapso energético a fuerza de remos y candil, de galeotes y de luminarias. A la caña, («¡Dales caña!») el vicepresidente faisandé capea las embestidas del Plan Merkel mientras el armador boquea arbitrando un Plan Marshall y la tripulación de espectros de un buque derrelicto procura soltar lastre y mirar hacia otro lado. Convertido el Consejo de Ministros en un punto de fuga en el que se avizoran el camarote de los hermanos Marx y la camareta de oficiales del Titanic, la desbandada es general, el caos es modernísimo —o sea, matemático— y el sálvese quien pueda es, de aquí a mayo, el único objetivo definido, nítido e irrenunciable.

Carlo Maria Cipolla (pronúnciese Chipola para atajar las agudezas con la rima de los romos mentales) aquel sabio italiano que recopiló y divulgó las leyes esenciales de la estupidez humana, consideraba que la fortuna de las naciones dependía del porcentaje de individuos competentes o incompetentes que estuvieran instalados en el puente de mando. Un país en ascenso es aquel en el que opera un número insólitamente alto de personas inteligentes que mantienen controlada a la fracción inevitable de beocios e ignaros. En los países en decadencia, el esquema es el mismo, mas los acontecimientos fluyen en sentido contrario. Nos asomamos, pues, al revés de la trama. El porcentaje de cenutrios no varía un ápice, pero su encaje en el inmenso puzzle del poder es inversamente proporcional a sus capacidades. Si los estúpidos medran —concluye el gran Cipolla— es porque en torno a ellos florecen los incautos.

En definitiva, que así nos luce el pelo (y al señor Bono, no digamos).

ABC - Opinión

PP. De regeneración en regeneración. Por Maite Nolla

No sirve de mucho que el PP haga una gran declaración de principios contra la corrupción, cuando al final la solución depende del político, del cargo que ocupa, del territorio que pastorea y del delito que se le imputa.

Que el PP presente a estas alturas un nuevo compromiso de obligado cumplimiento y unas pautas severísimas a seguir en casos de corrupción debería servir, al menos, para recordarnos que no cumplieron el anterior. Y que firmaron el anterior porque tenían otro más viejo que no se cumplía. Creo que es mucho mejor y más práctico que reconozcan públicamente que se actúa caso por caso y dependiendo de principios políticos de gran calado intelectual como son las encuestas, y ya está. Es cierto que en estos momentos lo de los ERE supera por cutre y por original a cualquier corrupción imputada al PP, pero algunos populares también tomaron prestado su trozo del pastel, y a la hora de reaccionar, en lo de Camps se ha procedido de forma distinta que en el caso de Bárcenas, diferente que en el de la inesperada aparición de jaguares en un parking y distinto que en el caso de jóvenes diputados de treinta años condenados por el Tribunal Supremo.

Y no ha sido igual la forma de actuar de Esperanza Aguirre que la de Rajoy, por poner dos ejemplos que me vienen así, sin pensar mucho. Miren, aquí se resuelven las situaciones descendiendo al supuesto concreto y se hace lo que se puede; mucho mejor, y así nos ahorran el enésimo manifiesto vacío sobre la regeneración democrática para los tres próximos meses. Por cierto, una palabra sobre la que se requiere la inmediata intervención de la OCU y de la defensora del pueblo para evitar el uso indebido, abusivo y engañoso del término, en perjuicio de los consumidores y usuarios. En definitiva, no sirve de mucho que el PP haga una gran declaración de principios contra la corrupción, cuando al final la solución depende del político, del cargo que ocupa, del territorio que pastorea y del delito que se le imputa.

Por eso, ya me disculparan si tengo, digamos, algunas reservas sobre las bondades del programa del PP titulado Mejor sociedad, mejor Gobierno. También Artur Mas prometió que el suyo iba a ser el "Gobierno de los mejores" y ha acabado fichando a Maravillas Rojo como asesora económica, aunque al menos ha tenido el detalle de no nombrar a Celestino Corbacho secretario general de política lingüística. En fin, es lo que tienen los programas políticos: que son transversales. Al del PP le añades la frase "y reformar el Senado para convertirlo en una auténtica cámara de representación territorial" y te lo firma hasta uno de Izquierda Unida. Pero eso da para otro artículo.

De todas formas, les deseo mucha suerte; hasta la próxima regeneración.

Libertad Digital - Opinión

¡Que intervengan! Por Hermann Tertsch

Conmueve ver cómo piden ahora una inmediata intervención contra Gadafi aquellos que siempre han hecho bandera de la no intervención.

Resulta conmovedor ver cómo piden ahora una inmediata intervención contra Muammar El Gadafi aquellos que siempre han hecho bandera de la no intervención. Aquellos que aun hoy consideran una crueldad un leve embargo contra un asesino de la catadura de Gadafi como Fidel Castro. Ahora quieren que EE.UU. se lance con sus armas y sus hombres a intervenir en Libia para acabar con el dictador. Entre ellos nuestras dos aguerridas ministras de Defensa y Exteriores, Carmen Chacón y Trinidad Jiménez. A los tres meses, si las cosas se torcieran y las fuerzas internacionales se vieran inmersas en una guerra civil, serían capaces de hacer un nuevo llamamiento a la deserción y a dejar a los soldados americanos solos como la que hizo Rodríguez Zapatero en Túnez en el 2004 respecto a Irak. Las cosas no son tan fáciles. También porque Washington sabe lo poco fiable que puede ser parte de Europa en un esfuerzo continuado de guerra. Los más desleales en la alianza urgen acción para que ganen rápidamente los buenos. Ahora que el malo ya es intratable. Para evitar oleadas de refugiados y se reabra el suministro de crudo. Cierto que una mayor premura en el aislamiento total del régimen y en la implantación de la prohibición de vuelo sobre Libia habría acelerado la caída del tirano. Porque ha recibido ayuda por aire y porque los ataques aéreos contra los rebeldes están siendo decisivos en la defensa del bastión del régimen en torno a Trípoli. La situación da esperanzas a mucho dictador. Estaban asustados por la rapidez de las victorias populares en Túnez y Egipto. Gadafi ha logrado, con las matanzas, forzar la lealtad de parte de su entorno. El cálculo es que una rápida y masiva represión sangrienta —una solución Tiananmen— puede ahogar la revolución en el brote, forzar la lealtad del aparato y mantener el control, confiando en la falta de reacción exterior para la continuidad del régimen.

ABC - Opinión

110 Km/h. Hacia la cartilla de racionamiento. Por Pablo Molina

Como carecen del más mínimo sentido del ridículo, Zapatero y los ministros con competencias en la materia deciden por su cuenta cómo debe conducirse la sociedad para alcanzar un determinado objetivo que ellos mismos han fijado de antemano.

Cuando los socialistas llegan al poder es sólo cuestión de tiempo que aparezca el racionamiento de bienes y servicios, y si no nos dan a los españoles la cartilla familiar estilo años cuarenta es sólo porque en plena era digital existen otros mecanismos más avanzados para coaccionar a los ciudadanos.

Zapatero ha aguantado casi siete años sin poner en marcha el programa de recorte de libertades en el consumo que caracteriza al socialismo, pero es solamente porque recibió un país saneado y hasta a él le ha llevado su tiempo acabar con la prosperidad acumulada por los Gobiernos de Aznar, que no es que fueran el epítome de la sagacidad política, pero al menos en economía hicieron una faena muy aseada.

Esto de imponer a los ciudadanos todo un programa de restricciones, y además en parte improvisado como confesó Rubalcaba, es cosa de mucho progreso a lo que se ve, y raro es que "las gentes de la cultura" (sic) no hayan convocado ya un acto público de apoyo a la reducción del límite de velocidad en la autopista y a la sustitución de bombillas en las carreteras, las dos medidas estrella con que el Gobierno de Zapatero pretende solventar nuestra dependencia energética de los hidrocarburos. Debe ser que estamos en época de subvenciones y el culturamen anda muy ocupado.

Como carecen del más mínimo sentido del ridículo, Zapatero y los ministros con competencias en la materia deciden por su cuenta cómo debe conducirse la sociedad para alcanzar un determinado objetivo que ellos mismos han fijado de antemano, ya sea la reducción del consumo de tabaco, de luz o de carburante. Naturalmente el problema que supuestamente quieren solucionar se agrava de forma dramática, porque resulta imposible que un grupo reducido de cerebros, aunque sean tan privilegiados como los de ZP, Pajín y Sebastián, pueda integrar los miles de millones de decisiones individuales que la sociedad entera genera a cada segundo y dar satisfacción a todas las necesidades que surgen constantemente, que no otra cosa es el mercado, a pesar de que los socialistas todavía crean que es una maquinaria aplastante dirigida por los especuladores, la judería internacional y el Papa de Roma.

Es lícito que algún dirigente socialista pueda pensar que es más inteligente que la media de los ciudadanos cuyos destinos administra, pero lo que resulta una locura es que los ungidos progresistas pretendan conocer a los casi cincuenta millones de españoles mejor que ellos mismos y los traten como a deficientes mentales necesitados de tutela. Esto ya no es la "fatal arrogancia" contra la que nos previno Hayek, esto es ya una chulería de ZP y sus muchachos. Y encima carísima, ya lo verán.

Libertad Digital - Opinión

Criaturitas. Por Ignacio Camacho

Confesión sin tapujos: montaron el tinglado de ERE para burlar «los caprichos del interventor». Es decir, de la ley.

NO van a lograr poner diques. El escándalo de los ERE es una marea que cada día deposita más restos de espuma sucia en la orilla del poder andaluz. Una oleada de corrupción que está poniendo de relieve lo peor del régimen tardochavista y muestra al descubierto la maquinaria del clientelismo. Cincuenta cofres de documentos, intervenidos por la Policía en las dos aseguradoras —sólo dos, y siempre las mismas— que hacían de puente en las operaciones, van convertirse en las cajas de Pandora de un sistema viciado. Más allá de los episodios chuscos de los intrusos y polizones, el caso revela el secreto de la hegemonía y deja al pairo el cartón que encubren los falsos discursos del estado de bienestar. Era un bienestar trucado, fullero, comprado con fondos de reptiles creados para disimular mediante derramas arbitrarias la tragedia de la destrucción de empleo.

El tipo que manejaba el tinglado, el capataz encargado de administrar los fondos opacos, se ha retratado en una impagable entrevista en «El País». Tratando de justificarse, el ciudadano Guerrero acusa directamente a sus superiores —los consejeros de Trabajo— de decidir el criterio de ayudas irregulares y revela el planteamiento de fondo que sustentaba el tinglado. Lo inventaron, dice, porque el ERE de una empresa jienense se atascó ante las pegas y reparos que ponía el funcionario encargado de vigilar que se adecuase al procedimiento. «No podíamos estar —declara con sinceridad escalofriante— al pairo de los caprichos del interventor».

Ésa es la cuestión clave. Decidieron crear un procedimiento paralelo —dotado con 647 millones de euros, más de cien mil millones de extintas pesetas— para escapar del control transparente del dinero. Por la cara, con dos cojones, el que manda, manda, y el que no es funcionario. Sin informes de viabilidad, al margen del funcionamiento reglado. No iban a permitir que un interventor de mierda les chafase el montaje. En vez de crear empleo se dedicaban a prejubilar gente mandándoles el sueldo a casa, para que no armasen lío y estuviesen contentos con el régimen. Si había que falsificar los papeles, se falsificaban y a otra cosa. Y de paso metían de matute a dos o tres «criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que estaban desempleadas» y que casualmente eran cargos del Partido Socialista y parientes cercanos. Exalcaldes y exconcejales que no podían dejar tirados para mantener la unidad de la familia. Criaturitas; el mismo término paternal, clientelista, caciquil, que usaba Ruiz de Lopera para referirse a su tropilla de incondicionales. Criaturitas que tenían que proteger por su bien de la arbitrariedad de las leyes, los caprichos de los interventores y demás minucias de gente de mal vivir. Puro peronismo proteccionista, al que sólo le faltaba el tambor y el estribillo: estos socialistas, qué buenos son, que nos arreglan la prejubilación.

ABC - Opinión

Un plan a media luz

Tras recibir el rechazo frontal de los expertos, de la opinión pública y de un importante segmento de la oposición a su decisión de limitar la velocidad máxima en autopistas y autovías a 110 kilómetros por hora, el Gobierno aprobó ayer un plan de ahorro energético integrado por 20 iniciativas que buscarán reducir en un 5% las importaciones de petróleo. Según avanzaron el vicepresidente Rubalcaba y el ministro Sebastián, la inversión prevista será de 1.151 millones de euros y estará financiado en un 80% por las eléctricas. Con estas actuaciones, que afectarán al transporte, la iluminación y al consumo eléctrico, el Ejecutivo estima un ahorro de 2.300 millones.

La aprobación de este plan tiene su origen en la posibilidad de que la inestable situación que padece el mundo árabe, y que afecta ya de lleno a algunos países productores de petróleo, desencadene problemas de desabastecimiento. Este escenario tendría consecuencias especialmente negativas para un país que, como España, soporta una dependencia energética del 80%. El Gobierno, que en otras ocasiones ha demostrado una falta de reflejos alarmante a la hora de hacer frente a los problemas, hace bien en anticiparse a esta amenaza. Sin embargo, la cuestión es saber si las medidas puestas en marcha constituyen una solución a largo plazo. Y, ciertamente, un análisis en conjunto del plan de ahorro aporta más incógnitas que certidumbres. No cabe duda, por ejemplo, de que la renovación del alumbrado público en los municipios de más de 25.000 habitantes en los próximos cinco años ayudará a rebajar la abultada factura energética que lastra a las administraciones públicas. Del mismo modo, el establecimiento de una línea ICO para empresas de servicios energéticos o la mejora en la eficiencia del transporte de mercancías suponen pequeños pasos en la dirección adecuada. Pero, al mismo tiempo, son medidas a todas luces insuficientes para un país que no necesita parches en su política energética, sino un cambio de modelo. Porque sólo puede calificarse de parche improvisado la decisión de limitar la circulación a 110 km por hora cuando, en realidad, como demuestra un estudio que hoy publica LA RAZÓN, el ahorro es mayor si se circula a 130. En esta misma línea hay que ubicar el plan de ayudas a la compra de neumáticos eficientes, que sólo afectará al 1,3% de las unidades que se venden cada año. Que a última hora se hayan quedado fuera algunas medidas que el propio Gobierno ya había defendido, como limitar el acceso del tráfico al centro de las ciudades o reducir la velocidad en algunas calles de 50 a 30 kilómetros por hora, no hace sino reforzar el aroma efectista que suele acompañar a sus actuaciones. Una constante que se repite con este plan, cuya inversión, de 1.151 millones, sólo generará un ahorro anual de 2.300 millones. La cerrazón del PSOE en materia nuclear impide a España sentar las bases de un modelo energético de futuro que nos equipare con nuestros socios europeos. En lugar de ello, el Gobierno prefiere buscar culpables. Ayer, casi siete años después de llegar al poder, responsabilizó a los gobiernos del PP del atraso energético español.

La Razón - Editorial

Sí podemos ahorrar por ti

Con idéntica argumentación, el Gobierno bien podría restringir el número de desplazamientos internos que cada español efectúa al año o contingentar el número de ciudadanos que pueden tomar un avión.

Muchas de las medidas que componen ese batiburrillo legislativo con el que el Gobierno pretende solucionar un problema energético que en gran medida ha engendrado él solito entran dentro del absurdo de la lógica intervencionista: buscar beneficios aparentes o a muy corto plazo, desatendiendo sus consecuencias a largo plazo o que vayan más allá del ámbito concreto en el que se apliquen.

Por ejemplo, dado que la sabiduría convencional sostiene que demandamos demasiada energía, el Ejecutivo ha optado por renovar todo el alumbrado municipal público colocando bombillas de bajo consumo. La idea podría tener sentido si consistiera en ir sustituyendo el stock actual de bombillas por las nuevas conforme éstas se fueran estropeando. Sin embargo, carece de toda lógica anticipar todo el gasto de su renovación, especialmente apelando al alto precio del petróleo, cuando el crudo apenas representa el 5% de la producción eléctrica española. La medida es pura propaganda cortoplacista con evidentes perjuicios para la hacienda pública.

Pero dejando de lado las medidas disparatadas y otras cuya conveniencia entendemos que podría discutirse, es menester que regresemos a la medida estrella de limitar la velocidad de circulación a 110 Km/h. Muchos han sido quienes han considerado que tan arbitrario es fijar la velocidad máxima en 110 o en 120 Km/h., de modo que nada habría que objetar al cambio. La diferencia, sin embargo, reside en la dispar justificación que se ha ofrecido para ambas limitaciones.

Apelar a una limitación por cuestiones de seguridad sería un asunto a discutir, en la medida en que el Estado es el propietario de las carreteras y autovías. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero ha respaldado la reducción del límite de velocidad en la necesidad de que los ciudadanos ahorren gasolina; esto es, el Ejecutivo pretende decretar cuáles son los fines vitales que cada español debe elegir y qué medios debe alcanzar para ello. Se arroga, de tal modo, señorío sobre nuestra autonomía de la voluntad en unos terrenos en los que, al menos hasta el momento, carecía de él.

Es cada ciudadano quien debe elegir entre pasar unos minutos menos al día conduciendo –actividad que muchos de ellos pueden perfectamente detestar– o ahorrarse unos pocos euros al cabo del año: se trata de una disyuntiva como la que puede enfrentar quien decide ir a cenar todos los fines de semana o pagarse unas buenas vacaciones en agosto. Con idéntica argumentación, el Gobierno bien podría restringir el número de desplazamientos internos que cada español efectúa al año o contingentar el número de ciudadanos que pueden tomar un avión. Si ambas medidas deberían resultar inadmisibles para un liberal, también debería serlo la limitación de la velocidad máxima en autovía so pretexto de promover el ahorro privado de combustible.

La Dirección General de Tráfico, entre compungidos sollozos liberticidas, se quejaba hace años de que, por mucho que le apeteciera, no podía conducir con nosotros. Parece que este Gobierno se ha saltado todas las barreras éticas y ha decidido que sí puede ahorrar por nosotros.

Libertad Digital - Editorial

Apagón en el Gobierno

La crisis en cadena del mundo árabe descubre, nuevamente, la incapacidad del Gobierno para respuestas de alto nivel.

EL incremento del precio del petróleo ha provocado una reacción improvisada del Ejecutivo, que ayer tomó forma legal en varios reales decretos del Consejo de Ministros para el ahorro de energía. La reducción a 110 kilómetros por hora de la velocidad máxima en autovías y autopistas, junto con restricciones del alumbrado público, entre otras medidas, elude el problema de fondo, que no es otro que la ausencia de un modelo de política energética que reduzca la desproporcionada dependencia exterior de España. Si no hay crisis de abastecimiento, como dice el Gobierno, la decisión de gastar más o menos dinero en combustible corresponde a cada ciudadano en función de sus recursos; y si, como declaró Zapatero, la reducción de velocidad salva vidas y contamina menos, no se entiende por qué solo va a durar cuatros meses y no es definitiva. Estas contradicciones sobre las razones últimas de tales decisiones comparten la misma causa que tuvieron otras tantas cometidas por el presidente del Gobierno y sus ministros, esto es, el desplome político del Ejecutivo. Ante el evidente problema de España con su modelo energético, el Gobierno socialista ofrece un debate y unas propuestas de puro remiendo, confundiendo mensajes y equivocando diagnósticos, pasando de largo ante el hecho de que el precio del barril de petróleo, si sigue subiendo, atacará duramente la inflación, con un alza de precios que se suma al incremento del IVA vigente desde el año pasado. Parece que el frente de los precios es el que debería ocupar al Gobierno.

Nuevamente una situación sorpresiva, como la de la crisis en cadena del mundo árabe, descubre la incapacidad del Gobierno para respuestas de alto nivel, tanto en lo económico como en lo diplomático. Superado por las dimensiones de su fracaso, intenta escabullirse de los problemas creando otros nuevos. Y, sin duda, aquella remodelación que debía convertir al Gobierno, con el depósito de ideas agotando la reserva, en una fábrica de propaganda y comunicación imbatible se ha quedado reducida a un coro de solistas desafinados en el que cada uno tiene una opinión distinta sobre la última ocurrencia. El único valor político que conserva el Gobierno es la potestad de su presidente para disolver anticipadamente las Cámaras y convocar elecciones generales, expectativa que genera una coalición de intereses oportunistas con los nacionalismos vasco y catalán, pero que aboca a España a la perpetuación de su crisis, cada día más estructural, cuando las principales economías europeas consolidan su recuperación y agrandan la brecha con nuestro país.

ABC - Editorial