Un deber diplomático

El ministro marroquí de Interior, Taieb Cherkaui, visitará España mañana en devolución del viaje a Marruecos que realizó el pasado agosto Alfredo Pérez Rubalcaba a raíz de la crisis de Melilla. Es el primer contacto cara a cara entre miembros de ambos gobiernos desde que Rabat desatara la feroz represión en territorio saharaui. Ayer mismo, pese al apagón informativo decretado por el Ejecutivo marroquí, llegaron nuevos testimonios desoladores sobre la situación en El Aaiún; palabras de ciudadanos españoles que hablaban de «noches escalofriantes», con arrestos indiscriminados y torturas. Un estado de excepción que ha salpicado también a gentes de nuestro país, desde cooperantes a periodistas. Hasta ahora, el Gobierno ha mantenido una actitud próxima a los intereses marroquíes y distante con el drama y la violación de los derechos humanos del Sáhara. Ni siquiera la muerte de un ciudadano español, atropellado por vehículos militares de Rabat, suscitó una reacción enérgica. Fue muy decepcionante la comparecencia de la ministra Trinidad Jiménez para lamentar, pero no condenar, los hechos, con el argumento inaceptable de que las circunstancias eran confusas y existía falta de información.

Tampoco el Ejecutivo tuvo el coraje o la sensibilidad necesarios para salir en defensa de los medios de comunicación españoles ante los ataques del Gobierno marroquí, que acusó ayer de nuevo a la Prensa de «racista y odiosa» y de recurrir de forma sistemática a «procedimientos falaces, técnicas innobles y manipulaciones abyectas». El silencio del gabinete es inculpatorio ante atropellos a los periodistas de un régimen que no admite el ejercicio de derechos tan básicos como la libertad de prensa.

Nuestra diplomacia ha escrito una página oscura en este conflicto, con su docilidad ante el régimen de Rabat, y el incumplimiento de sus obligaciones como potencia descolonizadora, hasta dejar las manos libres para que los ocupantes sofocaran con violencia extrema la voz de los saharauis. Ésa es la verdad. Entendemos, sin embargo, que, aunque el Gobierno no podrá borrar de la memoria colectiva lo ocurrido en estos últimos días, la presencia del ministro marroquí de Interior en nuestro país es una oportunidad para recuperar, al menos, algo de la dignidad diplomática perdida y de estar a la altura de las circunstancias. Se trata de trasladar a Rabat que su actitud en el Sáhara no solucionará el contencioso y que sólo el respeto a los derechos humanos y una negociación justa entre las partes, con la mediación de Naciones Unidas, podrá encauzar la solución. Deben entender que ni España ni la Unión Europea pueden mantener la colaboración deseable, y que Marruecos necesita, con un régimen cruel y despótico.

Marruecos es importante para España, pero España y Europa también lo son para Rabat. Existen intereses mutuos que deben ser preservados, y la mejor forma de hacerlo es desde el convencimiento de que en el complejo tablero de los equilibrios diplomáticos un golpe en la mesa a tiempo suele reportar más réditos que la complacencia y la debilidad. El respeto no lo regalan; hay que ganárselo.

La Razón - Editorial

Un mal comienzo

La reforma laboral es necesaria para elevar la productividad y debe ser negociada con urgencia

El llamado diálogo social entre Gobierno y sindicatos, cuyo objetivo debería ser el desarrollo de la reforma laboral aprobada por el Parlamento, empezó el viernes con un mal paso. Los sindicatos exigieron al Ministerio de Trabajo que el Gobierno renuncie a los recortes "de derechos", tales como la determinación de las causas de despido económico, si quiere contar con ellos en la mesa de negociación. La petición no se sostiene políticamente, puesto que se reclama (quizá como táctica inicial) la abrogación de una norma sancionada por el Congreso; pero, además, revela que ni UGT ni CC OO han aceptado el fracaso final de la huelga general (fuese cual fuese su seguimiento, no iba a torcer la voluntad del Parlamento) ni la debilidad en que actualmente se encuentran.

La reforma laboral debe entenderse como un texto de mínimos. Exige mejoras y desarrollos para que tenga una utilidad real, es decir, para que reduzca la dualidad del mercado de trabajo y estimule la decisión empresarial de emplear, ya que directamente la reforma no creará ni un solo puesto de trabajo. Esos desarrollos y mejoras se pueden señalar inequívocamente: intermediación en el mercado laboral para activar las contrataciones; precisión del arbitraje en las causas de despido; aproximación de los costes de despido en los tipos de contrato y descuelgue de las empresas de las negociaciones sectoriales o territoriales para que los trabajadores puedan, si lo desean, intercambiar empleo por salarios. Estos puntos, entre otros, necesitan de un pacto meditado, pero rápido; y la sensación de que los agentes sociales evitan entrar en una negociación realista no infunde optimismo.

La economía española está estancada y sufre un exceso de endeudamiento, que los inversores financian con costes elevados. El riesgo es que se reproduzca en España una situación como la de Grecia o la que ahora mismo acecha a Irlanda. Las soluciones son conocidas: más ahorro, un plan de ajuste del gasto público, una mejora de la productividad cuyo primer paso debería ser una reforma laboral seria y una reforma de las pensiones que alivie la presión sobre las finanzas públicas. El nuevo episodio de crisis de la deuda acrecienta la probabilidad de que sean necesarios nuevos ajustes de gasto, incluyendo la sanidad, en 2011.

Sorprende que los sindicatos no perciban la gravedad de la situación; y más cuando otros países de probada seriedad, como Reino Unido, proponen recortes públicos más drásticos que el español y aceptan la racionalidad de que los subsidios de desempleo se paguen a quien desea trabajar. Se suele olvidar que patronal y sindicatos tienen atribuidos en la Constitución tareas de negociación que van más allá de la representación de sus asociados. Si la CEOE, UGT y CC OO son incapaces de aceptar la urgencia de este diálogo, tal vez deberían ser remitidos al Ministerio de Hacienda para que se negocie a la baja las cuantiosas subvenciones que reciben por su papel negociador.

El País - Editorial

Otra vez con el "Madrid nos roba"

El problema de los catalanes no es que los madrileños hayan hecho bien sus deberes, sino que ellos se han atascado en un absurdo debate identitario y liberticida del que han emergido políticos tan demagogos e incompetentes como los del Tripartito.

Las elecciones catalanas del próximo 28 de noviembre no pintan especialmente bien para los miembros de la coalición gobernante. Después de ocho años de desgobierno, parece que los catalanes están decididos a darles la espalda y la masiva abstención que ya viene caracterizando al panorama electoral catalán desde hace lustros convivirá con un desplome del PSC, ERC e ICV.

Probablemente por ello, los dirigentes socialistas y secesionistas estén recurriendo a toda la artillería de demagogia de la que son capaces con tal de retener el voto de la radicalidad más iletrada que pueda seguir creyéndose sus mentiras. Así, por ejemplo, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, ha vuelto a recurrir al típico espantajo de "Madrid nos roba" con tal de justificar la lamentable situación en la que se encuentra Cataluña como consecuencia de la política antiliberal y antiespañola que con tanta consistencia ha defendido y aplicado su partido.

El problema es que, como suele suceder, ni los datos ni los argumentos avalan las soflamas de Puigcercós. Hasta 2008, Madrid aportaba más del doble que Cataluña, tanto en términos absolutos como per capita, al sostenimiento del conjunto del Estado: en concreto, 2.300 euros por habitante frente a los pocos más de 1.000 euros de Cataluña. Sin embargo, tras la reforma del modelo de financiación en 2009, aprobada con el acuerdo de ERC, Cataluña pasó a recibir más de lo que aportaba al resto del Estado. No olvidemos que el secretario de ERC, Joan Ridao, se jactó de haber conseguido todo lo que deseaba de un sumiso Zapatero: "Nosotros habíamos puesto un listón y el Gobierno empezaba a saltarlo, pero aún no había llegado a superar esa altura. Hasta que la superó".

El problema ni está ni ha estado nunca en que Cataluña fuera expoliada por el resto del Estado, pues Madrid, con una aportación mucho mayor, ha conseguido seguir creciendo y prosperando hasta el punto de superar en 2009 a Cataluña en su aportación al PIB español, sin perjuicio de su solidaridad interterritorial. El problema se encuentra en las políticas socialistas y nacionalistas aplicadas por el Tripartito, generadoras de pobreza en todo momento y lugar.

No hay más que echarle una mirada a la evolución del endeudamiento de Cataluña y de Madrid para comprobarlo. En las dos legislaturas en las que han gobernado PSC, ERC e ICV la deuda de Cataluña se ha prácticamente duplicado desde el 7,9% del PIB al 15,1%; en cambio, la de Madrid se ha mantenido constante en un moderado 6,6%. De hecho, Cataluña, con 30.000 millones de euros, ya acumula un 30% de toda la deuda autonómica de España, muy por encima de su participación en el PIB nacional que es del 18%.

Si, en palabras de Puigcercós, Madrid es una "fiesta fiscal" –esto es, si disfruta de impuestos más reducidos que los de Cataluña– no es por los privilegios que le haya otorgado el socialismo, sino por haber aplicado políticas propias de una sociedad abierta que la Esquerra tan furibundamente rechazada: presupuestos austeros, liberalización comercial y, también, tolerancia hacia la diversidad. Todo lo contrario de la senda por la que ha discurrido Cataluña en las últimas décadas y, de manera más enconada, en los últimos ocho años del proceso estatutario.

El problema de los catalanes no es que los madrileños hayan hecho bien sus deberes, sino que ellos se han atascado en un absurdo debate identitario y liberticida del que han emergido políticos tan demagogos e incompetentes como los que han formado el Tripartito.

Libertad Digital - Editorial

Qué inmenso error. Por Ramón Pérez-Maura

Marruecos ha cometido en la última semana uno de los mayores errores estratégicos de su historia. Hasta el momento su política con el Sahara le había dado un resultado óptimo. Veíamos un constante gotear de miembros del Frente Polisario que abandonaban las filas rebeldes para sumarse a las tesis marroquíes sobre la antigua provincia española. Los acampados a las afueras de El Aaiún no eran seguidores del Polisario, ni independentistas de ninguna otra obediencia. Reivindicaban una mejora en sus condiciones de vida. Es decir, eran pasto fácil en el que prender la llama de la rebelión contra Rabat, mas eso no había ocurrido cuando se desmanteló el campamento y causó un número de muertos difícil de precisar. Con toda probabilidad, los avances de los últimos 35 años de la posición marroquí entre las tribus saharauis se desbarataron con ese asalto.

Marruecos, que tiene un historial en materia de derechos humanos menos criticable que cualquiera de sus vecinos mogrebíes, ha actuado con una torpeza que desbarata todo logro en la materia a ojos de la opinión pública española.

El 5 de mayo de 1997 tuve el privilegio de realizar al hoy Rey de Marruecos la primera entrevista política que concedía en su vida. Demostró querer emular lo mejor de su padre, que dio a Marruecos una posición envidiada por sus vecinos. He seguido su reinado con interés profesional y no me ha importado discrepar de tantos al elogiar evidentes avances en Marruecos. En especial la mejora de los derechos de la mujer, la denuncia de los excesos en el reinado de Hassán II y la mínima mejora en la alternancia partidista en el Gobierno. Pero la actuación marroquí en el desmantelamiento del campamento saharaui y la censura a los medios de comunicación españoles es un inmenso error del que costará recuperarse a Mohamed VI.

ABC - Opinión

El amigo de su marido. Por Edurne Uriarte

Hay que reconocerle a Rafaela Romero, de la misma forma que a su marido, Jesús Egiguren, el mérito de una larga militancia en el PSOE en el lugar de España, Guipúzcoa, donde tal militancia es y ha sido más peligrosa. Podían haber escogido opciones más fáciles y no lo hicieron. Se arriesgaron por aquello en lo que creían. Y eso es lo que quiso reivindicar Romero cuando espetó a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, «Cuando nos maten, no lloréis».

Y, sin embargo, no es Ángeles Pedraza, impecable en su lucha antiterrorista, a quien Rafaela Romero debió dirigir su reivindicación, sino su propio marido y compañero en el liderazgo del PSE. Es a él a quien debe preguntar por qué se declara amigo, «me une con Otegi una amistad normal que surge de conocerse», del miembro de esa banda terrorista que puede asesinarlos a ella y a su marido y que ya ha asesinado a tantos resistentes del totalitarismo etarra. Es a él a quien debe dirigir su enfado e incomprensión.

Por apoyar al representante de una banda terrorista que la amenaza y de la que teme ser víctima. Y por intentar expandir la ficción de que ETA y Batasuna no son la misma cosa. Eterna trampa de la negociación que ya intentó el PSOE en la pasada legislatura y cuyas posibilidades ahora valora de nuevo a través de la avanzadilla de Jesús Egiguren. Mientras los terroristas «malos» y los terroristas «buenos», pertinente expresión de José María Aznar, prosiguen su estrategia de amenaza e intimidación en perfecta armonía y conjunción.

A través del diario Gara, por ejemplo, donde, ayer, en esa inquietante columna de la fantasmágorica Maite Soroa en la que ninguno de los objetivos de ETA desea aparecer, se defendía a Otegi. Y se defendía a Egiguren. Otegi y Egiguren como víctimas del «nacionalismo español» y de la «fachenda española» en el Gara. Por qué, debe preguntar de nuevo Rafaela Romero.

ABC - Opinión

Vacuidad. Zapatero y el síndrome del pato cojo. Por Jorge Vilches

Estábamos acostumbrados a presidentes preocupados por su labor gubernamental, y por el futuro, al menos por el de su propio partido. Ahora no es así. Zapatero nos ha acostumbrado a otra cosa.

La defensa de la "economía verde" que ha hecho Zapatero en Seúl es una muestra de que el presidente del Gobierno español vive en un permanente síndrome del "pato cojo". Dicho título, el de "pato cojo", ha sido acuñado en Estados Unidos para denominar los actos y las palabras del presidente de la República en los últimos tiempos de su segunda mandato, cuando ya no necesita fijar su política de cara a la reelección. Es el momento en el que los presidentes se dedican a hacer y decir cosas extemporáneas, extrañas o estrambóticas; en definitiva, ese tipo de palabras o actuaciones capaces de sonrojar incluso a los propios seguidores.

Aquí, en España, esto no existía antes de Zapatero. González hizo todo lo posible para no perder las elecciones, y hacia ello encaminó sus tareas, aunque con poca fortuna en sus últimos tiempos. Aznar, a pesar de que decidió no presentarse a un tercer mandato, no alteró el modelo político y económico que tanto éxito reportó entre 1996 y 2000, lo que no impidió que cometiera errores. Es decir; estábamos acostumbrados a presidentes preocupados por su labor gubernamental, y por el futuro, al menos por el de su propio partido. Ahora no es así. Zapatero nos ha acostumbrado a otra cosa.

Ha llegado a Seúl, a la conferencia empresarial paralela al G-20, y ha soltado que la "economía verde" no es sólo una "apuesta medioambiental" sino "también económica". La suelta de tamaña simpleza, porque decir que un modelo económico es también económico es al menos una simpleza, ha continuado con la promesa (no existe política sin promesa) de que la "economía verde" crearía un millón de puestos de trabajo en diez años. La noticia podría ser interesante si no procediera de un Gobierno que ha asistido impávido a la destrucción anual de un millón de empleos en el último trienio.

El paseo del "pato cojo" español no había terminado aún, pues según dejó la conferencia empresarial se dirigió al Parlamento coreano para participar en una reunión del grupo de Impulsores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Este grupo, cuyos resultados son tan palpables como predecibles, le permitió soltar otro alegato huero: "Un pequeño esfuerzo de cada país (...) incrementando la ayuda al desarrollo, supone millones de personas con acceso a la educación, a la salud, niños que podrán sobrevivir, (...), pueblos que podrán tener dignidad y esperanza". Ni se oyó ni una palabra contra los Gobiernos corruptos que tiranizan a esos pueblos y roban sus recursos, que es la primera causa de la pobreza en esos países.

Sin embargo, nada de esto ha llamado la atención. Como mucho algún chascarrillo o comentario irónico. El motivo es que estamos acostumbrados a una presidencia que ha vivido siempre con el síndrome del "pato cojo", aferrado a discursos demagógicos y vacíos, y a acciones extravagantes e inoportunas, detrás de los cuales no hay absolutamente nada. Porque Zapatero volverá de Seúl sólo con la foto hecha y la sonrisa puesta.

Libertad Digital - Opinión

Las palabras de Otegi. Por Germán Yanke

Hay un cierta majadería intelectual según la cual el diálogo con ETA y sus secuaces es más apropiado —y más rápido— que la firmeza del Estado de Derecho. Si es la trampa de los que quieren salirse con la suya, también produce una sorprendente fascinación en ciudadanos que se oponen a la violencia y que lo defienden o lo proponen, si no es para evitarse el compromiso ético que implica combatir el terrorismo. Para soportar esta suerte de indecencia siempre aparece como disculpa la «evidencia» de que entre los violentos algo ha cambiado.

En esas estamos ahora, cómo no. En el juicio a Arnaldo Otegi por supuesto enaltecimiento del terrorismo en el acto de Anoeta (2004), que parece que no organizó nadie, el dirigente de Batasuna ha dicho que rechaza la violencia para imponer un proyecto político. Y oímos decir: «¿No veis?, un paso más, se avanza, se concreta, se defienden las vías democráticas». Sin embargo, cuando Otegi fue nombrado portavoz de Batasuna tras la detención en 1997 de la Mesa Nacional dijo en una entrevista —yo estaba allí— que si ETA pretendiera imponer un proyecto político con la violencia sería el primero en condenarlo. ¿Dónde está el cambio?

Las palabras no son lo contrario de la violencia. Pueden ser un atropello, falsas y dañinas, incluso mortíferas. Para Otegi ETA ha pretendido siempre, «obligada» por la «violencia» del Estado, no imponer un programa sino «conseguir» las condiciones «democráticas» para que los vascos «se expresen». Hay que ponerlo todo entre comillas porque las palabras pueden ser también una cruel agresión. La paralización, que no disolución, de ETA supondría, entonces y ahora, el paso siguiente al inicio de un «proceso» hacia el escenario que desea, que no es ni el del Estado de Derecho ni el elegido democráticamente. Decir que no se trata de hacer concesiones ETA no significa sino conseguir sus objetivos como si la banda no tenga que ser derrotada.

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Iracundia gris. Por Alfonso Ussía

Chusito Eguiguren está casado con una mujer de armas tomar. Rafaela Romero. Doña Rafaela. Tiene malos arranques y peores prontos. Yerra en las dianas de su cólera. O quizá no yerra, lo que sería peor y mucho más preocupante. En lugar de enfadarse con Otegui, o Permach, o Jone Goricelaya, o Iñigo Iruin, se lanzó a despotricar contra la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza. La zarandeó, según parece. «No lloréis por nosotros el día que nos maten», le dijo a la señora Pedraza. «A nosotros ya nos han matado», le contestó la presidenta de la AVT. Y esa respuesta no tiene réplica posible ni vuelta de hoja.

Además, ¿quiénes son los que pueden matar a Eguiguren y a su mujer? Tan sólo los compañeros de fechorías de los que comen con Eguiguren. Esta gente está un poco desnortada. Sólo asesinan los comensales de su marido. Con «Josu» Ternera se ha visto en distintas ocasiones. El tal «Ternera» es un criminal. Aquella explosión junto a la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Es probable que doña Rafaela, la volcánica doña Rafaela, haya olvidado semejante victoria de la «lucha armada» etarra. Entre las víctimas, murieron cinco niños, entre ellos las sobrinas de José Alcaraz. Iban armadas de «donuts» y cuadernos en sus mochilas, camino del colegio. El responsable de aquella hazaña es el compañero de mesa clandestina de Chusito Eguiguren. Está fugado de la Justicia, y Chusito no ofrece pistas a las Fuerzas del Orden Público respecto a su paradero. Esos son los que matan, airada doña Rafaela. Y las víctimas del terrorismo no merecen tan injusto escupitajo.

En todos los aspectos de la vida hay tonalidades medias entre el blanco y el negro. En la lucha contra el terrorismo, no. Ahí se está en el blanco o en el negro. El gris no sirve. Y el marido de la simpar doña Rafaela se mueve por el gris desde hace muchos años. No se le indigestan las buenas viandas que comparte con el asesino «Ternera». Ni los chacolís con Otegui, mientras hablan de la Real Sociedad de San Sebastián. A propósito, «Real Sociedad», que nada suena a «abertzale», a no ser que Don Alfonso XIII fuera el fundador de Batasuna, lo que no creo, sinceramente.

Esos comensales escogidos por su marido, fogosa doña Rafaela, son los que matan y pueden matar. Y no se eligen las víctimas entre los compañeros de mantel y cuchipanda. Pero si alguna vez, tanto usted como su marido son amenazados o sufren la brutalidad de esa gentuza, no tenga duda de que seremos millones los que estaremos junto a ustedes, y entre esos millones, las víctimas a las que usted ha insultado con desprecio y gravedad.

Si estuviera bajo su piel, doña Rafaela, dormiría mal. No por temor a la ETA, sino por la confusión de sus sentimientos, tan grises como los de su marido, que el matrimonio es harto contagioso. Y si estuviera bajo su piel, que por fortuna no lo estoy, me disculparía inmediatamente con todas y cada una de las víctimas de la ETA, y al no ser posible por la sencilla razón de que mil de ellas descansan enterradas, lo haría con sus familiares, empezando por Ángeles Pedraza y siguiendo por José Alcaraz, tío de dos niñas asesinadas por orden del miserable de «Ternera», el compañero de mesa de su esposo. Pena me da, doña Rafaela, pensar en su desnortada conciencia. Y cálmese.

La Razón - Opinión

ETA. De faisanes y terneras. Por Guillermo Dupuy

El problema está en que los procesos de paz han envilecido tanto a nuestra clase política, mediática y judicial que ya no les permiten ser conscientes de su radical incompatibilidad con un Estado de Derecho.

Me gustaría poder hacer una encuesta a nivel nacional para conocer el porcentaje de españoles que tienen conocimiento de lo qué es el "caso Faisán" o, como yo prefiero llamarlo, "el chivatazo policial a ETA". A pesar de la escalofriante gravedad de este capítulo de la paz sucia con ETA, sospecho que el conocimiento de los ciudadanos sería muy bajo. Sin embargo, por poco que los medios de comunicación hayan hablado de este asunto, aun lo han hecho menos con otro "delito de Estado", no menos concreto y espeluznante, sólo que más continuado en el tiempo, como es el que se ha perpetrado y seguramente se sigue perpetrando en estos momentos, en beneficio de la impunidad del etarra Josu Ternera.

El Código Penal es muy claro al advertir que incurre en delito la autoridad o funcionario que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos o de sus responsables. No menos claro fue el Tribunal Supremo al dictar las órdenes de búsqueda y captura contra Josu Ternera, al que se le acusa de la masacre de la casa-cuartel de Zaragoza. ¿Alguien, sin embargo, tiene alguna duda de que José Luis Rodríguez Zapatero, faltando a la obligación de su cargo, ha dejado de manera deliberada de promover la persecución de este prófugo delincuente? ¿No es suficiente la confesión televisada de Eguiguren respecto a los mensajes que, a través de él, Zapatero le hacía llegar al etarra? ¿Por qué nadie habla de la X de la "paz sucia", no menos ilegal que los GAL?

El problema está en que los procesos de paz han envilecido tanto a nuestra clase política, mediática y judicial que ya no les permiten ser conscientes de su radical incompatibilidad con un Estado de Derecho que no admita intermitencias. Si el fin de ETA ha de ser dialogado, ¿por qué no el de la violencia de género, el de las mafias, el del GRAPO? ¿La razón es que ETA nos ha matado más?

Libertad Digital - Opinión

¿Prudencia o incompetencia?. Por José María Carrascal

Los más beneficiados de la prudencia que ahora predican Zapatero y compañía son ellos mismos.

La última consigna del Gobierno Zapatero es «prudencia». Nos la pide en el Sahara. En el País Vasco. Con Chávez. Con el Vaticano. Prácticamente, en todos los grandes temas nacionales e internacionales. Lo que choca, pues este Gobierno ha sido de una imprudencia que sin temor a exageraciones puede calificarse de temeraria, tirándose una y otra vez a la piscina sin la elemental precaución de haber comprobado sin había agua en ella. Lo hizo embarcándose en una negociación con ETA que acabó en dos muertos; prometiendo a los catalanes el estatuto que les diera la gana; negando la existencia de la crisis económica, tomando luego las falsas medidas contra ella y anunciando de manera periódica el fin de la misma; jurándonos que no habría recortes en las prestaciones sociales; asegurándonos que no haría mayores cambios en su Gabinete. Y, de repente, este hombre que ha hecho de la osadía su programa de gobierno, se convierte en el abogado de la prudencia, que igual le sirve para un roto que para un descosido.

Sin duda la prudencia es recomendable —por algo figura entre las virtudes cardinales—, pero no menos es cierto que un exceso de la misma suele ser perjudicial, aparte de poder enmascarar graves deficiencias. Y tratando con un político que ha hecho de la engañifa la base de su gobernanza, conviene andarse con cuidado, no vaya a darnos de nuevo gato por liebre, o ni siquiera gato. Ya decía André Gide que cuando no se tiene nada que ocultar, no hay necesidad de ser prudente, y esta súbita fiebre de prudencia por parte de quien hasta ahora no ha hecho otra cosa que meterse en camisas de once varas da la impresión de que su verdadero objetivo es ocultar sus fracasos en las muchas aventuras que se ha metido, que ahora le pasan factura.

Abundando en la misma reflexión de Gide, Robert L. Stevenson advertía que la prudencia crece en el cerebro como un hongo, siendo la generosidad su primera víctima. Algo que comprobamos en la vida diaria, donde la falta de valentía civil se disfraza a menudo de prudencia, y que puede ser lo ocurrido al inquilino de La Moncloa que ha cambiado sus altruistas planes de antaño por el único objetivo de defenderse a toda costa, incluidos los principios de que alardeaba.

El siempre agudo Voltaire ponía la guinda a estas advertencias al señalar que mientras el prudente busca beneficiarse a si mismo, el virtuoso busca el beneficio de los demás. No hay que ser un desconfiado obsesivo para darse cuenta de que los más beneficiados de la prudencia que ahora predican Zapatero y compañía son ellos mismos, presos en la red de improvisaciones, temeridades, atrevimientos y disparates que han sido su marca de gobierno.

ABC - Opinión

La bisagra catalana

La campaña de las elecciones catalanas ha arrancado con los rasgos propios de un cambio de ciclo político. La tendencia reflejada en todos los estudios demoscópicos demuestra de forma nítida un agotamiento de la fórmula del tripartito y, en paralelo, un respaldo mayoritario para el proyecto de Convergència i Unió y una recuperación intensa del PP. Más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña desaprueba la gestión de la alianza PSC-ERC-ICV en estos últimos cuatro años. A estas alturas, sólo los cocineros del CIS han concedido un respiro a la izquierda con un pronóstico menos catastrófico que los ya conocidos.

Los márgenes son tan amplios y el hastío del tripartito tan agudo que hoy parece misión imposible invertir la situación. En el peor de los escenarios, los nacionalistas de Artur Mas estarían a nueve escaños de la mayoría absoluta del Parlament, lo que abre alternativas para la gobernabilidad de Cataluña, pero también para la de España. Como ha sucedido en buena parte de las legislaturas de nuestra democracia, los convergentes, instalados en la Generalitat, están llamados a ejercer de nuevo el papel de bisagra en el conjunto del Estado. ¿Cuál será su apuesta? Conocido su proverbial pragmatismo, puede que dispongan una estrategia de no agresión con los socialistas, que dé estabilidad al menos hasta los comicios generales y que les permita tener las manos libres en la gestión de la comunidad y, de paso, situarse en una posición de fuerza ante cualquier negociación con el Gobierno de Zapatero.

La otra opción, de mayor proyección y mucho más positiva para los intereses generales, sería la de apostar por el entendimiento con una fuerza pujante en Cataluña como el Partido Popular, que, según las encuestas, cuenta con muchas posibilidades de asumir el Gobierno de España tras las elecciones de 2012. Ambas formaciones tienen un demostrado sentido de Estado y una probada capacidad de llegar a acuerdos en torno a diagnósticos concordantes sobre los problemas reales de Cataluña y del conjunto de la nación. Las propuestas liberal-conservadoras, las mismas que hoy desarrollan los países de Europa que han comenzado a crecer y a recuperar su actividad, son las que comparten ambas formaciones y las que el Gobierno socialista ha despreciado en estos años. Lo cierto es que la hoja de ruta de esta alternativa está marcada ya por las preocupaciones expresadas por los ciudadanos en todos los estudios de opinión: el paro y la economía. Y ésas deberían ser las prioridades de una gestión responsable, sin perderse en enredos coyunturales ni abrir debates particularistas tan estériles como melancólicos.

Las elecciones en Cataluña son, pues, decisivas para dar ese primer paso hacia la alternancia política imprescindible para España, que mande a la izquierda y a sus políticas fracasadas a la oposición. El tripartito fracasó en Cataluña, como el PSOE en el conjunto del Estado. Perpetuar estas fórmulas con aventuras irresponsables sería un retroceso que pagaríamos todos.

La Razón - Editorial

Diplomacia farisaica

El temor a irritar a Rabat no justifica taparse los ojos ante lo que está pasando en el Sáhara.

El Gobierno español ha querido justificar su falta de respuesta a los graves sucesos en el Sáhara a partir de un falso dilema. No es cierto que, ante los atropellos cometidos por el Ejecutivo marroquí, haya que optar entre el carácter estratégico de las relaciones con Rabat y la condena de los hechos contrastados hasta el momento. La muerte de un ciudadano español de origen saharaui, además del bloqueo informativo establecido por Marruecos, incluyendo la retirada de la credencial del corresponsal del diario Abc y la expulsión de los enviados de la cadena SER, constituyen causas suficientes para exigir cuando menos una investigación con garantías en el primer caso y para dirigir una protesta diplomática, en el segundo.

Ni la ONU, ni la UE ni, por descontado, España pueden contemplar pasivamente unos hechos que, incluso en la dudosa versión oficial de Rabat, han provocado víctimas mortales. Precisamente porque la relación de España con Marruecos es estratégica, el Gobierno no puede actuar como lo está haciendo, y menos a través de canales simultáneos como los que representan la ministra de Exteriores, por un lado, y el ex titular del Departamento, por otro. A los que podría añadirse un tercer canal si, como está previsto, el ministro del Interior marroquí visita España devolviendo la visita que realizó a Rabat el actual vicepresidente Rubalcaba, tras los últimos incidentes en Melilla.

En las actuales circunstancias, mantener esta agenda no puede ser fruto de una decisión rutinaria: haría bien el Gobierno en sopesar los beneficios esperados y los equívocos que podría suscitar. Entre ellos, el de dar a entender que es mayor el interés español que el marroquí en mantener una buena vecindad. Si las relaciones se deterioran, España pagará un coste. Pero también Marruecos, cuya exposición a los riesgos que ambos países deben enfrentar conjuntamente es seguramente mayor. Que se reconozca su papel en la estabilidad del Magreb no puede ser interpretado desde Rabat como licencia para imponer por la fuerza su voluntad en un territorio que ocupa en contra de la legalidad internacional, proclamando el desafío de "conmigo o contra mí".

Y a esa interpretación está contribuyendo el Gobierno español, primero, con su silencio y, después, con explicaciones farisaicas como las ofrecidas por el presidente y la ministra Jiménez. La política exterior de Zapatero se ha caracterizado por invocar los derechos humanos cuando debía formular estrategias y por replegarse en las estrategias cuando, como en los actuales incidentes, debía defender los derechos humanos. Es cierto que las relaciones con Marruecos se encontraban bajo mínimos cuando Zapatero llegó a La Moncloa, pero el modelo que adoptó para mejorarlas era inviable: estabilizar el trato con Rabat por la vía de aproximarse a su posición en los principales contenciosos. Era un modelo condenado al fracaso, y los graves sucesos en el Sáhara lo estarían certificando.

El País - Editorial

Fiebre de enchufismo en La Pesoe

CCOO y UGT son cooperadores necesarios en este escándalo monumental contra el que se han echado a la calle miles de funcionarios honestos, dispuestos a impedir que se consume un caso de nepotismo partidista de dimensiones industriales.

En España sobran funcionarios, especialmente en las comunidades autónomas, que es donde más ha crecido el empleo público en las últimas décadas. Las autonomías no sólo han absorbido a los funcionarios estatales transferidos junto a las competencias estatutarias, sino que, como ocurre siempre con el Estado, los políticos han justificado su existencia creando miles de órganos innecesarios que ha sido preciso dotar del adecuado aparataje material y humano.

Si esto es ya intrínsecamente nocivo en circunstancias normales, en plena recesión económica, agravada por la incapacidad de un Gobierno radicalizado, el debate sobre la necesidad de que la administración se desprenda del exceso funcionarial adquiere la mayor notoriedad, que es lo que ha comenzado a ocurrir en otros países de nuestro entorno.

Por eso resulta todavía más bochornoso que la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas como señoritos de un cortijo en la más rancia tradición de la izquierda, se apresure a culminar tres décadas de nepotismo desvergonzado convirtiendo en funcionarios a más de treinta mil empleados contratados discrecionalmente. Es lo de siempre cuando gobierna la izquierda, pero acelerado a causa de los negros presagios electorales que las encuestas vienen recetando muy merecidamente a los socialistas andaluces en los últimos tiempos.

El PSOE es la principal agencia de colocación de Andalucía, la región que tras tres décadas de férrea disciplina socialista sigue encabezando las clasificaciones más infamantes de toda Europa sin que a sus dirigentes se les caiga la cara de vergüenza. "La Pesoe", como ha sido rebautizado ese partido con el típico gracejo de la zona, ha actuado siempre así, comprando voluntades con dinero público, exigiendo y concediendo subvenciones para fomentar la ociosidad y colocando a los militantes de ese partido en los miles de recovecos institucionales en que han convertido a la administración andaluza. Todo ello en detrimento de quienes accedieron a la administración pública por sus propios méritos, que de esta forma deben convivir con el bochorno permanente de ver cómo los políticos socialistas inundan los departamentos autonómicos de personajes, cuyo único mérito es pertenecer al PSOE o a la familia de alguno de sus dirigentes

La connivencia de los sindicatos de izquierdas en el atropello que los socialistas andaluces quieren cometer sorprendería si no fuera porque conocemos sobradamente el papel que el sindicalismo llamado "de clase" tiene cuando gobierna la izquierda. CCOO y UGT son cooperadores necesarios en este escándalo monumental contra el que se han echado a la calle miles de funcionarios honestos, dispuestos a impedir que se consume un caso de nepotismo partidista de dimensiones industriales.

Hoy el PSOE no es una opción política más en Andalucía, sino el vértice de un régimen que controla todos los contrapoderes democráticos en la más acreditada tradición del socialismo. Esta última canallada institucional es sólo el síntoma de que el final tal vez esté más cerca de lo que ellos mismos suponen.

Libertad Digital - Editorial

Madrid sube, Cataluña baja

El nacionalismo y el socialismo que hace guiños al independentismo radical son responsables de la pérdida de posiciones de Cataluña.

AL margen de rivalidades sin sentido, Madrid y Cataluña son dos comunidades españolas que se configuran como centro y eje de un potente tejido socioeconómico basado en la capacidad de liderazgo de las respectivas metrópolis. Resultan por ello muy significativos los datos que hoy ofrece ABC, desde el punto de vista de la eficiencia y no de los sentimientos localistas. Madrid se sitúa por delante de Cataluña en una parte sustancial de los indicadores que maneja el análisis comparativo. Así, el PIB per capitaes casi el doble, con una diferencia que ha crecido de forma exponencial en los últimos quince años. El gasto en I+D es también más alto en la comunidad madrileña, cuya tasa de paro está dos puntos por debajo de la catalana. Además, la comunidad de Madrid es capaz de absorber un mayor porcentaje de población inmigrante. Son datos objetivos e incontestables, fiel reflejo de la mayor vitalidad de una comunidad dispuesta a superar los tópicos sobre la burocracia centralista frente al estancamiento de Cataluña, que ha liderado históricamente los índices de desarrollo económico y calidad de vida.

El nacionalismo excluyente y el socialismo que hace guiños al independentismo radical son responsables de la pérdida de posiciones de Cataluña en los ranking de carácter nacional e internacional. Los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 marcaron un punto de inflexión y desde entonces las cosas van a peor. En cambio, Madrid consolida su protagonismo y la capital de España está ahora en primer plano como ciudad abierta y centro financiero. En una economía globalizada no tiene ningún sentido seguir jugando al victimismo territorial y practicar una política identitaria que se niega a reconocer la realidad en nombre de prejuicios trasnochados. El tripartito encabezado por José Montilla ha llevado al extremo estos planteamientos, bajo el impulso de partidos radicales que han impuesto su agenda al PSC. No es extraño que —según todas las encuestas— las urnas vayan a pasar factura a un socialismo ambiguo y oportunista. Mientras Madrid se ha preocupado de crear infraestructuras y mejorar la vida de los ciudadanos, Cataluña parece haberse encerrado en una burbuja identitaria que no se corresponde con su larga tradición de sociedad dinámica y creativa. Los números no engañan.

ABC - Opinión

La fragua de Valeriano. Por M. Martín Ferrand

Endurecer con rigor las ayudas públicas a los desempleados al modo de Cameron, ¿será política activa o pasiva?

VULCANO, el de la fragua, tenía un pasar. Los dioses y los héroes del Olimpo se disputaban sus forjas, sus espadas y armaduras, tan brillantes como resistentes. Según le sorprendió Velázquez, recibía con frecuencia las visitas de Apolo y, si hubiera querido, hubiera sido el Gerardo Díaz Ferrán de su tiempo con gran alivio en el trabajo, dicho sea de paso, para el titular del juzgado madrileño número 12 de lo Mercantil. Su éxito, incluso social, fue tan grande que emparejó con Venus y, aunque la prensa del corazón y la televisión de un palmo más abajo rumorearon algunos escarceos de tan bellísima señora nunca fueron confirmados. Incluso Tannhäuser le dedicó un poema que lleva ocho siglos alimentando el espíritu del pueblo alemán. Y cabe preguntarse: ¿Llegaría a saber el patrón Vulcano lo que es una «política activa de empleo» como la que promete José Luis Rodríguez Zapatero, pregona el recién llegado Valeriano Gómez, negocia Mari Luz Rodríguez, la también sobrevenida secretaria de Estado de Empleo, y no asumen sus destinatarios?

Dando por supuesto, en función de la lógica —algo que no siempre admite la normativa laboral española—, que «política pasiva de empleo» es algo que consiste en subvencionar a los parados, bien sea con cargo a la Seguridad Social o a otros fondos públicos, ¿consistirá la política activa en la creación de empleo para poder cerrar el grifo de los subsidios que desangran al Estado, fomentan la galbana y convierten en ciudadanos de segunda clase a los parados? Endurecer con rigor las ayudas públicas a los desempleados al modo de David Cameron, ¿será política activa o pasiva?

No sé si Vulcano hubiera querido pertenecer a la CEOE y, mucho menos, si los fornidos trabajadores de su fragua militarían en CC.OO. o UGT. A juzgar por la musculatura del empleador y de sus empleados ninguno perdía mucho tiempo sentado en la mesa del «diálogo social», otro de los eufemismos al uso que ha generado el Estado de bienestar y, especialmente, la socialdemocracia rampante que lo pregona y enzarza. Ese «diálogo social» se rompió como primer y, seguramente, único efecto de la reforma laboral con la que el difuminado Celestino Corbacho volvió a donde nunca debió salir después de servirle de parachoques al presidente del Gobierno. Ahora trata de recuperarlo su sucesor y ayer reunió en el Ministerio a una representación de segundo rango de las centrales sindicales que, para evitar equívocos, se apresuró a decir que no dan por reabierto tal diálogo. Continuará. Mientras tanto, Vulcano sigue dándole al yunque con el martillo. No se puede permitir una productividad a la española.

ABC - Opinión

Gafas de sol. Por Ignacio Camacho

El nuevo estribillo es que no somos Irlanda; tras el «no somos Grecia» congelaron las pensiones y bajaron los sueldos.

EL Gobierno podrá ganar o perder las elecciones —que más bien parece que las va a perder— pero hace tiempo que ha perdido la confianza. Nadie le cree, ni dentro ni fuera de España. Los mercados han vuelto a apretar la temida tuerca del spread, el diferencial que mide lo (poco) que se fían de nosotros, porque no ven en Zapatero a un gobernante capaz de ajustar los gastos y empiezan a darse cuenta de que las fusiones frías de las cajas de ahorro son un truco para enmascarar su falta de saneamiento. En el interior, la gente se mosquea cuando oye a la vicepresidenta Salgado retomar la cantilena del «no somos Irlanda»; cuando decía que no somos Grecia tuvo que congelar las pensiones y bajar el sueldo de los funcionarios. El zapaterismo es un estilo de gobernar basado en la retórica, pero los tipos que se juegan el dinero financiando nuestra deuda no están para milongas y quieren resultados, medidas, hechos. Y lo que ven es a un presidente parapetado en sus gafas de sol que después de asfixiarse corriendo detrás de Cameron saca pecho para prometer ante el G-20 un ficticio millón de empleos a base de energía verde. El campeón del desempleo quizá sepa que a estas alturas esa clase de faroles mueven a risa a sus conciudadanos pero por lo visto aún espera impresionar a los mandatarios internacionales. Si ya no cuelan ni los encantos de Obama no parece que nadie se vaya a tragar las cuentas de la lechera de su émulo circunflejo.

El asunto de la prima de riesgo se ha complicado con la pretensión alemana de que los tenedores (privados) de la deuda asuman parte del riesgo de rescate: es decir, que se coman una porción de las posibles pérdidas en caso de suspensión de pagos. Con Irlanda al borde del colapso esos tipos nos van a pedir más garantías, y mientras no se las demos se las cobran en la dichosa prima. Para 2011 España va a tener que pagar 27.000 millones en intereses de deuda, y subiendo. El miedo de los germanos no lo disipan ni Salgado con sus estribillos ni Zapatero con sus mantras de empleo sostenible. Quieren recortes de gastos e infraestructuras que muestren voluntad seria de pagar: un Estado más delgado con menos funcionarios, unas autonomías más austeras y unas cajas más solventes. El Gobierno no se atreve a ajustar más antes de las elecciones locales y autonómicas, y después tendrá que recurrir a más subidas de impuestos porque es incapaz de meter la tijera de podar en sus dispendios clientelares. Ésa es la realidad —ésa y el crédito particular cerrado porque si el Estado no se puede financiar en el exterior, los bancos menos— y Zapatero no la va poder camuflar con su estupenda melodía de empleo verde ni amarillo. La imagen del presidente con gafas negras en Seúl es la de un gobernante cegado por la abrasadora evidencia de la desolación financiera.

ABC - Opinión

Cataluña. Why?. Por Maite Nolla

Se tendría que revisar la presentación de pajines y uriartes en las listas –porque mucho reírse de Leire Pajín, pero alguna cabeza de lista del PPC no le llega a la ministra ni a la suela de los zapatos– y se tendría que tener una idea y trabajar en ella.

Aunque pudiera parecer lo contrario, el PP sí tiene algún objetivo que cumplir en las elecciones catalanas y ninguno pasa por su propio resultado, sino por el resultado de los demás. Si el PSC se la pega, Zapatero se la pega. Y ahí no se afinará excesivamente en el matiz. No se valorará el efecto de la abstención, ni que los resultados de las autonómicas no condicionan lo que vaya o pueda pasar en las generales en Cataluña, ni que, pase lo que pase, puestos en el peor resultado para los socialistas y en el mejor para el PPC, la diferencia de votos entre populares y socialistas en Cataluña sigue siendo del doble para los segundos. Es decir, el PP no soluciona un problema que condiciona, sí o sí, el resultado de las generales: los socialistas sacan, como mínimo, un millón de votos más que el PP en Cataluña. Ahora será menos, porque vota la mitad de la gente, pero seguirá siendo más o menos el doble. Pero en el PP no entrarán a valorar tanto detalle. La derrota del PSC será la primera derrota de Zapatero. Como en las Europeas. Recuerdo que aquí, la letrada, se puso a hacer el canelo analizando la pérdida de veinticinco mil votos en Cataluña, y las consecuencias políticas de no haber conseguido un mejor resultado en plena crisis y con todo el follón. En Génova estaban celebrando que habían ganado las elecciones y punto.

Respecto a CiU, tanto Zapatero como Rajoy lo que quieren es que gane Artur Mas, porque eso les abre puertas y les aprueba presupuestos en el Congreso. Que pierda Montilla o que el PPC saque los mismos resultados de siempre, aunque al final tenga más escaños o menos, o se quede como está ahora, o sea la tercera fuerza –no por méritos propios, sino porque ERC se escurra–, a ambos les preocupa lo mismo que a Clavijo. Y por eso el PP no quiere solucionar el problema que les exponía en el párrafo superior, porque no tiene solución. El PP no aspira a mejorar sus resultados en Cataluña y acercarse un poco más al PSC –PSOE, en las generales–. Eso sería un lío. Se tendría que rehacer el partido de arriba abajo. Se tendría que decir algo coherente y no dos mil quinientas cosas sobre cada asunto y sus contrarias. Se tendría que revisar la presentación de pajines y uriartes en las listas –porque mucho reírse de Leire Pajín, pero alguna cabeza de lista del PPC no le llega a la ministra ni a la suela de los zapatos– y se tendría que tener una idea, al menos una, y trabajar en ella, como dijo "Ansar". Y como eso es muy complicado, es mejor externalizar y alquilar los votos de CiU.

Dicen que la campaña del PP para estas elecciones va a costar tres millones de euros, así, a bulto. Como dice Federico, cuando explica la anécdota del crítico teatral: why?

Libertad Digital - Opinión

Indigno esperpento. Por Hermann Tertsch

Tengo que discrepar hoy del juicio de mi querido y admirado Carlos Herrera. A lo que estamos asistiendo estos días, con la vergonzosa actuación del Gobierno español en la crisis marroquí, no tiene nada que ver con «realpolitik». Es más bien lo contrario, un alarde de dejación en la defensa de los intereses de España.

Es inmoral por la aceptación de la brutalidad marroquí, pero ante todo por el desarme moral, político y de seguridad que supone esta quiebra. Y es un espectáculo grotesco de cobardía e incompetencia. No vamos a enumerar los errores, la falta de criterio y dignidad de todos los responsables de esta traca indecorosa. Sí, la desautorización de la ministra Jiménez quince días después de su nombramiento con la orden directa del presidente a su antecesor para que viajara a Argel, es un disparate.

Pero «Morotrini» se ha desautorizado ella sola en dos semanas con tal rotundidad, rapidez y soltura que su única salida digna es dimitir. Nuestra política exterior ha entrado en el esperpento.

El régimen dictatorial de Marruecos no se ha vuelto loco. No puede asegurarse lo mismo de nuestra democracia. Rabat ha visto que una nueva generación de saharauis cristaliza en una amenaza real. Ha decidido decapitarla. Y goza de una constelación ideal para esta empresa, con EE.UU. y Francia preocupados por cualquier brote radical en el Magreb, y una España dirigida por esta tropa de ineptos. Obsesionados por no perder sus intereses en Marruecos. Suyos, no de España. Renunciaron a utilizar los medios de presión que tiene España. Que son más que los de Marruecos frente a nosotros. Como con otras satrapías, han pretendido una armonía tramposa a cambio de jirones de dignidad española. Rabat les ha cogido la medida. Son incapaces de defender a los periodistas. Excuso hablarles de nuestra soberanía.

ABC - Opinión

Sostenible. Por Alfonso Ussía

Es el vacío mensaje «progre». Se encaja en cualquier esquina. Sostenible. El adjetivo de Zapatero. En Seúl, sin que se le agriete la cara y manteniendo una seriedad solemne ajena al lógico ataque de risa, Zapatero ha anunciado la creación en España de un millón de puestos de trabajo con empleos de la «economía verde sostenible». También se refirió a la edificación sostenible, que no termino de entender lo que es. Toda edificación tiene la obligación de ser sostenible. En caso contrario sería una edificación derrumbable, y no tendría sentido. En los ríos de España se ha impuesto la gestión sostenible de las truchas, y en las sierras y dehesas, de los conejos y los jabalíes. Nos hallamos en la era de la economía sostenible que no se sostiene por ninguna parte.

Economía ecológica sostenible y un millón de puestos de trabajo. Los asistentes a la cumbre del G20 en Seúl han demostrado una exquisita educación. Nadie se ha reído. Con toda probabilidad porque no lo han entendido. Un problema de la traducción simultánea. Resulta curioso el desenfado de Zapatero cuando se halla a miles de kilómetros de Rodiezmo. Zapatero ha demostrado que no está capacitado para crear puestos de trabajo, y menos aún un millón de ellos, ya sean ecosostenibles verdes o consecuencia de sus auroras boreales, de sus portentosas mentiras. Pero temo que el único que lo cree es él mismo, víctima de su facilísima falsedad. Para mí, que Zapatero confía en la necedad sostenible de la sociedad española, y apura su donaire en el engaño para sostenerse en el poder.

Me pasa con la economía verde, ecológica y sostenible lo mismo que cuando oigo que una persona es muy cultivada. Que me la figuro con las orejas abarrotadas de rábanos, zanahorias y espinacas. Hasta la fecha, la energía llamada blanca, la energía supuestamente limpia, es ruinosa por cara. Y los ecologistas no han mostrado su malestar por la destrucción de los paisajes de España. No hay altozano, ni cumbre, ni cuerda montañosa, ni páramo alto en nuestra tierra que no haya sido violado por esos terroríficos molinos blancos que tantos beneficios dan a unos pocos. Protestan por una valla que impide el paso a un sapo partero y no por el aniquilamiento de nuestros paisajes. Un horror perfectamente sostenible, como la afonía indigna de los ecologistas «sandía».

Pero lo del millón de puestos de trabajo no resulta aceptable ni desde le sentido del humor. A los parados les importa un bledo la economía verde, azul, violeta o naranja. Lo que desean es un puesto de trabajo, después de que los gobiernos de Zapatero hayan destrozado dos millones de ellos. Zapatero es el creador de la angustia sostenible en millones de hogares de España. A este pobre hombre no se le puede tomar en serio. Y menos en Seúl, a miles de kilómetros de Rodiezmo.

Economía sostenible, ecologismo sostenible, gestiones sostenibles, adecuación sostenible de la interacción autonómica, edificación sostenible, impulso sostenible y al final, mentira sostenible. Una mentira perversa camuflada en su proverbial cursilería semántica. Los empresarios que le acompañaban se miraban con estupor mientras oían sus oquedades. Aquí, en Rodiezmo, lo único sostenible es la ruina.

La Razón - Opinión

G-20. Je-20. Por Pablo Molina

Si Felipe González prometió crear ochocientos mil, y encima contaminantes, a ver por qué no va a poder ZP generar un millón de plazas de vigilante de aerogeneradores o de responsable del grupo electrógeno que alimenta a los paneles solares cuando anochece.

Es fácil imaginar la expectación que la presencia de ZP en cualquier foro debe despertar entre sus asistentes, porque como humorista involuntario el tipo no tiene rival. Cualquier cumbre internacional se convierte automáticamente en el Club de la Comedia cuando ZP sube al estrado, con el añadido de que nuestro presidente, al contrario que los cómicos profesionales, jamás repite un show.

Su capacidad para provocar la risa con cualquier motivo hace que el repertorio presidencial sea prácticamente inagotable, aunque forzoso es reconocer que haciendo chistes sobre economía es donde ha cosechado sus principales éxitos. Es lógico que sea en las cumbres de las organizaciones económicas donde su presencia adquiere mayor relevancia.

Antes de acudir al G-20, es decir, antes de convertir el encuentro en el Je-20, ya avanzó las líneas fundamentales con las que pretendía trazar su intervención, a saber, el apoyo a los desempleados y la creación de un millón de puestos de trabajo, pero verdes.

Si Felipe González prometió crear ochocientos mil, y encima contaminantes, a ver por qué no va a poder ZP generar un millón de plazas de vigilante de aerogeneradores o de responsable del grupo electrógeno que alimenta a los paneles solares cuando anochece, que es curiosamente cuando más energía solar producimos en España. Total, sólo se trata de conceder las subvenciones necesarias que hagan factible, por la vía del expolio ajeno, un negocio al que sólo el fanatismo alocado de los progres terminales permite subsistir.

Con los graves problemas a que se enfrentan los líderes mundiales, escuchar al presidente del país que peores resultados está cosechando dar lecciones sobre la forma de salir de la crisis tiene una gran utilidad. Después de unas risas escuchando a ZP, el ambiente se relaja y las ideas fluyen con más facilidad. Falta les hace.

Libertad Digital - Opinión

El caudillo que no pudo ser. Por Xavier Pericay

«Los hechos han demostrado, con parecida insistencia, que en esta parte de España no existe otra transversalidad que la constituida por el nacionalismo catalán. Así fue con Pujol y Maragall, así ha sido con Montilla, y así será, presumiblemente, con Artur Mas».

EL 10 de septiembre de 2009, coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Francesc Macià, el Parlamento catalán acogió un homenaje a su figura. Que el homenaje tuviera lugar en aquella fecha y no once días más tarde —que es cuando se cumplía en verdad el siglo y medio conmemorado— obedecía, por supuesto, a la voluntad de entreverar la efeméride en los fastos de la Diada. La Cataluña política llevaba ya entonces tres largos años sin vivir en sí, atenta al menor suspiro del Tribunal Constitucional, por lo que reforzar los actos del día de la patria catalana con la evocación de quien fuera primer presidente de la Generalitat republicana e impulsor del primer Estatuto de Autonomía de la era moderna —y de todas las eras imaginables— no solo permitía conjuntar pasado y presente, sino también, y muy especialmente, seguir calentando motores. De ahí que el presidente del Parlamento, Ernest Benach, reuniera para la ocasión a los sucesores vivientes del homenajeado, o sea, a Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla, y les invitara a hablar. Como es natural, quien más, quien menos, todos hablaron del «abuelo» Macià y de su ejemplo. Y todos enlazaron el —a su juicio— glorioso ayer republicano con el sombrío presente de hace poco más de un año. El Estatuto y sus miserias, claro. Pero también la necesidad de contar con un Macià redivivo, con alguien que acaudillara, llegada la hora, un movimiento unitario de respuesta a una sentencia adversa del Constitucional, que cada vez se presumía más probable.

Ese hombre, ese nuevo caudillo catalán, no podía ser otro —legalidad obliga— que José Montilla. Así lo indicaron, así lo reclamaron entonces públicamente, tanto Pujol como Maragall. Y así lo asumió el propio afectado: «Estaré al frente de la respuesta institucional que haga falta». Quizá por ello, cuando hizo falta —esto es, diez meses más tarde, tras conocerse el fallo y el consiguiente alcance de la tijera y de la lima—, el presidente de la Generalitat se puso, resuelto, al frente del movimiento. Y convocó una manifestación. Pero —lo recordarán, sin duda— las cosas se torcieron y en vez de terminar la marcha en loor de multitud, como hubiera sido su deseo y como habría cabido esperar de un guía supremo, conductor de su pueblo, tuvo que abandonarla fuertemente escoltado, entre el griterío y los insultos de los manifestantes, para refugiarse en la sede del Departamento de Justicia.

Ignoro, por supuesto, qué le pasó por la cabeza aquel infausto 10 de julio de 2010 mientras aguardaba allí dentro a que la marabunta escampara. Pero no me extrañaría lo más mínimo que pensara ya entonces en pisar el freno. Y, si no entonces, al cabo de poco. No era solo aquel fin de fiesta inesperado, aquel caudillaje que no pudo ser. Estaban también las encuestas. Desde mediados de marzo dibujaban un panorama francamente distinto al de meses anteriores: el tripartito ya no sumaba lo necesario, y, aunque el principal batacazo se lo llevaban los independentistas de ERC, los socialistas también recibían lo suyo. Total, que, en los pronósticos demoscópicos, CIU se hallaba muy cerca de esa mitad más uno del Parlamento autonómico que permite no tener que gobernar en comandita. Por otro lado, el número dos del Gobierno y máximo representante del ala nacionalista del PSC, el consejero de Economía Antoni Castells, había empezado a expresar por lo bajín a quien quisiera oírle que con él ya no contaran. Así las cosas, el fracaso del todavía presidente de la Generalitat era un hecho. Ni había podido erigirse en el caudillo de todos los catalanes, ni había sido capaz de conservar la mayoría parlamentaria surgida de las urnas y de los pactos a tres ni había logrado, en fin, que el sector catalanista de su partido, al que se había entregado en cuerpo y alma, siguiera secundándole. En lo sucesivo, ya slo le quedaba cambiar de rumbo.

Pero para eso, claro, necesitaba tiempo. Mucho más del que tenía por delante. De ahí que empezara creándolo. Y como no podía estirar el calendario añadiéndole algún mes más, apuró hasta límites insospechados el margen de que disponía para fijar la fecha de las elecciones. Al fin y al cabo, no pesan igual cien días de campaña que sesenta. Porque lo que Montilla emprendió nada más volver de vacaciones fue una verdadera campaña. Eso sí, harto singular. Y no tanto por su duración exagerada como por su insólita naturaleza. Lejos de basarse en una suma de propuestas, más o menos razonadas, sobre lo que los socialistas catalanes piensan hacer en la próxima legislatura autonómica como prolongación de sus siete años de gobierno de presunto progreso, la campaña ha consistido hasta la fecha en un goteo incesante de renuncias. En soltar lastre, vaya. Y en nada más.

Bien es cierto que ese desprendimiento doctrinal no ha sido en modo alguno aleatorio. Al contrario. Ya sea por boca del presidente de la Generalitat en alguno de sus esforzados discursos; ya sea a través de las declaraciones de algún palafrenero; ya sea mediante vídeos o comunicados; ya sea, en fin, porque el programa electoral así lo recoge, el partido se ha ido desasiendo poco a poco de muchos de los oropeles identitarios con que había adornado en los últimos años su discurso y sus obras. Sobre todo en el frente lingüístico. Tras apoyar durante el septenio tripartito cuantas medidas coactivas iba tomando el Gobierno de la Generalitat, y ello tanto si correspondían a un departamento propio como si concernían a uno de ERC, los dirigentes socialistas se han destapado ahora como unos firmes partidarios del bilingüismo y de una política para la lengua catalana basada en el estímulo, el convencimiento y el imprescindible consenso. Ver para creer.

¿Significa ello que Montilla y los suyos han llegado a la conclusión de que la vía identitaria no conduce a ninguna parte? O, en otras palabras, ¿puede inferirse de ese cambio de rumbo que las famosas dos almas del PSC, la españolista y la catalanista, van a quedar reducidas en el futuro a una sola, y no precisamente la segunda? En absoluto. Si algo han evidenciado esos siete años de tripartito es el carácter meramente instrumental —y, en consecuencia, oportunista— de la bipolaridad socialista. Por más que los rectores del partido hayan insistido, una y otra vez, en la transversalidad del PSC en tanto que supremo garante de la cohesión social en Cataluña, los hechos han demostrado, con parecida insistencia, que en esta parte de España no existe otra transversalidad —es decir, otra instancia de poder político y social— que la constituida por el nacionalismo catalán. Así fue con Pujol y Maragall, así ha sido con Montilla, y así será, presumiblemente, con Artur Mas. Si ahora el partido opta por esconder su cara más autonomista en vísperas de unas elecciones autonómicas es tan solo porque está convencido de que las va a perder. Y porque considera que, ya puestos, más vale perder por poco tratando de recuperar unos votos, los del cinturón de Barcelona, que en otro tiempo fueron suyos, que hacerlo por goleada. Al fin y al cabo, aquel caudillo que no pudo ser aspira a seguir viviendo, mejor o peor, del cuento. Y, con él, toda la tropa.

ABC - Opinión

Papelón en el Sáhara

El Gobierno rompió ayer su silencio sobre la situación del Sáhara, aunque no fue ni para condenar los sucesos en ese territorio ni para exigir una investigación por el fallecimiento del ciudadano español Baby Hamday Buyema, cuya nacionalidad fue confirmada por la ministra Trinidad Jiménez después de una llamativa resistencia por parte del Ejecutivo. Tampoco se apuntaron las iniciativas de nuestro país sobre el deterioro de la situación humanitaria y el atropello sistemático que sufren los periodistas españoles por parte de las autoridades de Rabat. Desde Seúl, Rodríguez Zapatero se limitó a insistir en un mensaje tan obvio como insuficiente, como es que la relación con Marruecos es un asunto de Estado, que la relación con nuestro vecino es «prioritaria» y que «los intereses de España son lo que el Gobierno tiene que poner por delante». Sin duda, esas premisas son indiscutibles y no seremos nosotros quienes cuestionen ese vínculo preferente y privilegiado con Rabat.

Pero también en diplomacia el término medio suele ser la virtud, y en este caso la reacción española ha sido decepcionante por su parcialidad a favor de Marruecos. Como potencia descolonizadora del territorio, España tiene una responsabilidad histórica extraordinaria que no puede desatender ni difuminar en el silencio diplomático cuando la magnitud de los altercados ha alcanzado las cotas actuales. Algo más habrá que hacer además de mostrar la lógica preocupación, lamentar lo sucedido y reclamar una solución negociada entre las partes. Escudarse, como intentó la ministra Trinidad Jiménez, tras la confusión y la falta de información para mantenerse a distancia resulta una actitud impropia de un país con nuestras obligaciones.

El Gobierno tampoco puede ignorar que entre las víctimas de los sucesos de El Aaiún hay un español, y que su caso puede ser investigado en la Audiencia Nacional, como ayer avanzó la familia. Otra complicación más que demuestra que la pasividad ha sido y es un mala estrategia.

España no puede andar desaparecida en este conflicto ni apelar a la manida «realpolitik» para sustentar su posición conformista y de debilidad ante Marruecos. Es cierto que la complejidad de nuestras relaciones con Rabat aconsejan prudencia, porque Ceuta y Melilla, las pateras o el terrorismo islamista son elementos del escenario geoestratégico a tener en cuenta. Pero no es menos verdad que Marruecos también necesita de manera sustancial a España y no digamos ya a la UE. Su estabilidad política y su desarrollo económico dependen de la relación con Madrid y Bruselas, y ésa es una baza a explotar.

Un futuro estable y pacífico para el Sáhara sólo será posible cuando todos los actores internacionales del proceso –desde la ONU a España– asuman su responsabilidad y fuercen un acuerdo justo. Mientras tanto, al menos, deberían impedir la impunidad, los abusos y la vulneración de los derechos humanos en el territorio. Por lo demás, esta nueva crisis ha demostrado de nuevo la lenidad de nuestra desnortada diplomacia en manos ahora de la insólita bicefalia Jiménez-Moratinos.

La Razón - Editorial

Decepción en Seúl

Tras el fracaso cambiario del G-20, el FMI debe coordinar las políticas para salir de la crisis.

La cumbre del G-20 en Seúl no ha contribuido a eliminar los riesgos que pesaban sobre la recuperación económica global. Tampoco se ha puesto fin a las guerras cambiarias. Ni el Gobierno de EE UU ha podido comprometerse a una suavización de la inundación de dólares que está llevando a cabo en el contexto de su política monetaria agresiva, ni el de China ha dejado ver su intención de flexibilizar el régimen de flotación muy limitada del yuan. Tampoco los bancos centrales de otros países de la OCDE han anunciado que dejarán de intervenir en los mercados de divisas para neutralizar la apreciación de sus monedas, ni los que han introducido controles de cambio han proclamado su levantamiento.

Todas esas prácticas son contraproducentes para la recuperación económica y pueden sentar las bases de una escalada peligrosa. Las políticas de empobrecimiento del vecino fueron las responsables de la oleada de proteccionismo que, además de profundizar la Gran Depresión, causaron las tensiones que condujeron a la II Guerra Mundial.

En ninguna de las dos líneas complementarias que tenían que haber trabajado los asistentes a esa cumbre -la definición de regulaciones vinculantes para neutralizar las peores consecuencias de las futuras crisis financieras y el alejamiento de los brotes de proteccionismo- los avances han sido reseñables. Aunque la importancia de ese propósito de fortalecimiento de la regulación bancaria sigue vigente, lo más urgente ahora era volver al juego limpio: concretar la cooperación internacional en torno a la necesaria recuperación económica y del empleo, evitando los atajos que empobrecen a los vecinos con prácticas distantes del juego limpio.

Pero tampoco ha habido avances en el frente bancario. La regulación que debería haberse aprobado en esa reunión debería haber tenido en cuenta la nefasta gestión de riesgos. A los bancos han de exigírseles requisitos de capital suficientes, posiciones de liquidez mínimas y topes al margen de apalancamiento. Y esas exigencias han de ser tanto mayores cuanto mayor sea el potencial desestabilizador de las empresas financieras. Es razonable, como propuso Paul Volcker, que sean los mayores (too big to fail: demasiado grandes para dejarlos quebrar) y los que llevan a cabo una actividad transfronteriza más intensa, los que tengan una regulación más estricta.

No debería esperarse a la próxima reunión del G-20 para coordinar las políticas económicas que sacarán al mundo de la crisis y reducirán el desempleo. Puede hacerlo perfectamente el Fondo Monetario Internacional, empezando por la redefinición de nuevos esquemas de regímenes cambiarios y la supervisión de las prácticas al respecto de sus países socios. No se trata tanto de una segunda edición de Bretton Woods como de la definición de un proceso por parte de las economías más integradas internacionalmente hacia un sistema de flotación de los tipos de cambio, libre de las intervenciones excesivas que generan las tensiones actuales.

ABC - Opinión

¿Y si Israel hubiese atacado El Aaiún?

Para ser antisemita no es necesario hacer apología neonazi; basta para ello con disimular las propias pulsiones antijudías detrás de un doble lenguaje que permite censurar siempre y en todo momento la actuación de los israelíes.

Apenas unas horas después de que el ejército israelí matara en defensa propia a una decena de activistas de la mal llamada Flotilla de la Libertad, el Gobierno español no dudó un momento en llamar al embajador israelí, Rafael Schutz, para exigirle explicaciones por los "graves", "preocupantes" y "desproporcionados" hechos acaecidos. El propio PSOE, por boca de Elena Valenciano, no tardó ni unas horas en "condenar energéticamente (...) este inadmisible ataque". Posteriormente supimos que el Mavi Marmara era un buque organizado por Hamas para provocar precisamente una reacción sangrienta con la que volver a incitar el odio hacia Israel por parte de la comunidad internacional.

No en vano, Hamas sabía que su estrategia no caería en saco roto, pues el ambiente antisemita que se respira en la mayoría de Gobiernos occidentales (no hablemos ya de los no occidentales) propicia que cualquier actuación discutible del Estado de Israel se convierta en una causa general contra todo lo judío.

Mejor le habría ido a Israel de haberse transmutado en Marruecos. Cinco días después de que el ejército marroquí entrara en El Aaiún y asesinara a varios saharauis –incluido uno de origen español–, el Gobierno español sigue sin condenar su actuación. La nueva ministra de Exteriores ha justificado su pusilanimidad en que "hay un flujo de informaciones contradictorias, y no se conoce el recuento". En otras palabras, para el Ejecutivo español la condena de los asesinatos no depende de las circunstancias en que éstos se produzcan –si suponen una iniciación de la violencia o una respuesta legítima a la misma– sino de la cuantía de los cadáveres.

Se podrá pensar que el doble rasero del PSOE, que condena al Estado de Derecho israelí con las mismas prisas con las que disculpa a la dictadura marroquí, se debe a una simple táctica comercial. Zapatero ya lo dejó claro en su momento al firmar que "el Gobierno pone por delante los intereses de España", lo que sólo puede significar o que los intereses de España pasan por promocionar las autocracias o que está dispuesto a vender nuestra dignidad y nuestros principios por 30 monedas de plata.

Sin embargo, esta ingenua interpretación no casa demasiado bien con un Gobierno tan ideologizado y tan despreocupado por la economía como el de Zapatero. En realidad, la explicación a tamaña hipocresía hay que buscarla en otra parte: en la judeofobia, esa actitud tan típicamente occidental de enjuiciar a los judíos con una vara de medir distinta que al resto del mundo.

Para ser antisemita no es necesario militar en un partido neonazi ni hacer apología del odio contra Israel; basta para ello con excusar a los antisemitas activos y con disimular las propias pulsiones antijudias detrás de un doble lenguaje que permite censurar siempre y en todo momento la actuación de los israelíes. Nunca nos cansaremos de denunciar esta sofisticada hipocresía detrás de la que se esconde la secular judeofobia de la izquierda y de la derecha. En momentos como éstos, es imprescindible recordarlo.

Libertad Digital - Editorial

Violación de derechos básicos

A la cancelación de la acreditación del corresponsal de ABC se suma la denegación del derecho a defenderse de cargos no especificados.

LA libertad de información empieza a resentirse ante la obsequiosidad con la que el Gobierno español ha actuado con el marroquí en las dos últimas semanas. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Taieb Fassi Fihri, compareció en el Palacio de Santa Cruz la pasada semana y denunció a la prensa española sin que su contra parte, Trinidad Jiménez, le pidiese una rectificación, se sentó la base del atropello que sufrió ayer la Prensa libre en la persona del corresponsal de ABC, Luis de Vega.

El Gobierno marroquí acusa al corresponsal de este diario de «la difusión de informaciones falsas» sobre lo sucedido en la capital del Sahara y sostiene que De Vega muestra «falta de respeto» a unas reglas de la profesión que no enumeró y «falta de todo profesionalismo», cualidad sobre la que el Gobierno marroquí se atribuye la capacidad de determinar quién posee y quién no. Es evidente el paso atrás que dio ayer Marruecos, que sumó la retirada de la acreditación al corresponsal de ABC a la expulsión horas antes de los enviados especiales de la cadena SER. Pero hay una violación de los más básicos derechos de cualquier ciudadano que agrava esta muy seria anulación del derecho a la libertad de información. La retirada de la acreditación del corresponsal de ABC no le fue comunicada por las autoridades marroquíes pertinentes, sino que fue anunciada por medio de la agencia oficial de prensa. Y ello a pesar de que Marruecos firmó el 19 de enero de 1977, y ratificó el 3 de mayo de 1979, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dispone que toda persona objeto de una acusación sea informada previamente y juzgada según las reglas de un proceso equitativo, especialmente en lo que concierne a la igualdad de derecho a la defensa. Es evidente que ese principio básico en cualquier estado de Derecho ha sido violado por Marruecos.

ABC siempre ha informado sobre la realidad marroquí de forma objetiva y ha mantenido una corresponsalía desde enero de 1988. ABC ha elogiado los numerosos progresos habidos en Marruecos durante los últimos veintidós años y ha criticado lo que de censurable ha tenido la actuación del Gobierno marroquí, como cualquier otro gobierno. Y desde Rabat o desde Madrid seguiremos haciendo lo uno y lo otro.

ABC - Editorial