El desacato y la marcha catalanista de mañana. Por Antonio Casado

Si lo del sábado en Barcelona no es insumisión institucional se le parece mucho. Un derecho, el de manifestación, frente a un deber, el de cumplir la ley y respetar las reglas del juego. Dos deberes atropellados en este caso.

Más allá de las contrariedades de partido, cada uno las suyas, en función de sus intereses electorales, la doble cabecera de la manifestación de mañana no expresa ni de lejos el debido acatamiento del reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

A las pruebas me remito: “Som una Nació. Nosaltres decidim” (“Somos una nación. Nosotros decidimos”), junto a los presidentes de la Generalitat, José Montilla, y del Parlament, Ernest Benach, envueltos en la senyera. Y todo ello, en “primera cabecera” y “segunda cabecera”, según el difícil acuerdo alcanzado ayer por los representantes de las entidades participantes en la marcha.

Si colgamos el sambenito del desacato a otros gobernantes autonómicos que se declaran incompatibles con la Ley del Aborto, como Valcárcel, Aguirre o Sanz, con la misma vara de medir hemos de analizar el llamamiento de los gobernantes de Cataluña a la protesta popular. Se protesta contra un recorte del Estatut decretado por el alto tribunal en una sentencia que, entre otras cosas, viene a recordarnos que en España solo hay una nación. Un principio constitucional inequívocamente contrariado en el lema elegido para la manifestación.

Organizar la cabecera

Aunque oficialmente está convocada por la plataforma Omnium Cultural, con la expresa adhesión de 500 entidades, la manifestación servirá para que los partidos políticos sigan retratándose en clave electoral, como ya ocurrió con las primeras valoraciones al fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. A este respecto, son muy elocuentes las discrepancias de las últimas horas sobre el modo de organizar la cabecera en función de tres elementos: el abanderado (Montilla, solo o acompañado), la senyera y el lema.

Artur Mas quería mensaje y Montilla no. Montilla quería sólo senyera y Omnium quería lema y senyera. Detrás de la senyera, ¿sólo los representantes institucionales o también los líderes políticos? Alicia Sánchez Camacho (PP) afea la conducta del president por querer encabezar una manifestación en la que, dice, van a predominar las banderas independentistas. Según el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, si sólo hay una senyera abriendo la marcha, “aquello va a parecer una fiesta de pueblo”. Joan Puigcercós (ERC) arremete contra CiU y el PSC porque su lucha por el poder siembra la división en el frente de rechazo a la sentencia.

O sea, que aquí cada cual trata de encontrar la forma de convertir el agravio a la “dignidad de Cataluña” en bonus para las urnas del otoño, ante las que Montilla ha decidido ser más nacionalista que nadie y acusar a su partido, el PSOE, de dejarse comer la moral por el PP. No entiende que un partido cuya ejecutiva se llama “federal” no defienda el federalismo. Bueno, tampoco se entiende que alguien que se llama socialista ejerza de nacionalista. Qué cosas.

El Confidencial - Opinión

Mundial. España está ahí. Por Cristina Losada

El nacionalismo periférico y sus aliados en el centro martillean continuamente, sin tregua ni descanso, por la sencilla razón de que si aflojan un instante su cargante y mediocre tiranía, España rebrota.

La gran celebración que ha acogido el triunfo de la selección española permite constatar ciertos fracasos. Uno es periodístico y político. Nadie grita ¡la Roja! El intento de extender al fútbol el tabú que impide mencionar a España en España no cuaja. La gente sigue apegada al nombre de la nación, erre que erre y dale que dale. Mira que se ha hecho por erradicar la mala costumbre. Pues nada. Ahí estaban decenas de miles de personas la otra noche, desgañitándose al grito de ¡España!, desde Bilbao hasta Cádiz y de Vigo a Barcelona. ¿Milagros del fúrbol?

Quienes no residen en lugares donde la condición de español ha de llevarse de forma clandestina, pueden minusvalorar la explosión de patriotismo que el Mundial ha detonado. Pero allí donde se sufre en vivo y en directo la presión nacionalista hay plena conciencia de la transgresión que supone cualquier exhibición de españolidad y de sus costes. Valgan como ejemplos la agresión de que ha sido víctima un "español de mierda" en Pamplona y los ataques contra escaparates y edificios que ostentaban la rojigualda en Galicia. O, en otro registro, la consternación en TV3 ante la fiesta que recorría las calles barcelonesas.

A una, que no es futbolera ni patriotera, le gustaría que el apego a la nación se demostrara en asuntos que apelan más a la razón que a las emociones y más a la política que al deporte. Pero parece mucho pedir tras décadas de constante cuestionamiento de España y un trabajo de ingeniería social destinado a borrar cualquier atisbo de su existencia. Tanto pesa y asfixia esa losa, que la espontánea vindicación de España a la que asistimos sólo podía ser apolítica. Un apoliticismo que sirve de coartada para expresar un sentimiento natural que aquí está vetado y se sabe que lo está.

El nacionalismo periférico y sus aliados en el centro martillean continuamente, sin tregua ni descanso, por la sencilla razón de que si aflojan un instante su cargante y mediocre tiranía, España rebrota. En el caso de que fuera una ficción la nación española, el pesado contencioso que arrastramos podría resolverse al gusto de los secesionistas y los Zapateros de turno. El problema, ay, es que España existe. En cuanto se le deja un respiro, una pizca de tierra, una grieta en el asfalto, vuelve a salir la puñetera.

Libertad Digital - Opinión

España sin fantasmas. Por Ignacio Camacho

Nada queda de aquella vieja angustia, de aquel cansancio histórico que pesaba como un fardo de frustraciones.

TODAVÍA no sabes muy bien qué haces ahí, plantado en medio de la plaza atestada de jóvenes eufóricos con las caras pintadas de rojo y amarillo y las banderas colgadas del cuello y de la espalda, una chavalería exultante que baila y canta a coro «yo soy español, español, español» con el aire remoto de una balalaika. Simplemente te has dejado llevar al oír desde el balcón los claxons rítmicos y el rumor creciente de la marea en la calle; has permitido que tus pies te conduzcan sin rumbo hasta el corazón de una fiesta alborotada, húmeda de cerveza y calimocho, en la que la palabra España domina los cánticos con una satisfecha impronta de orgullo y de victoria. Quizá te hayas sumado a ese carrusel radiante y entusiasta porque nunca lo sentiste así, porque para ti y tu generación España fue siempre un dolor y un problema, un sueño roto, un ideal fracasado, un naufragio moral. Una derrota tan distinta de este clima triunfal, de esta atmósfera impetuosa y alegre que impregna la celebración con la naturalidad desenfadada de un optimismo sin remordimientos ni culpas ni resignaciones.

Nada queda a tu alrededor de aquella vieja angustia dividida por la pesadumbre, de aquel yermo cansancio histórico que pesaba en el alma como un fardo de sufrimientos y frustraciones. Lo sabes cuando te rodea esa multitud desahogada que agita las banderas con un ardor espontáneo, fogoso, pasional; esa dulce marea de rojo que brinca y salta con un ímpetu virgen de decepciones y desencantos. Quizá tus propios hijos estén ahí, confundidos en la montonera disfrutona a la que te asomas como el invitado que acaso de hecho seas: invitado al fin a la fiesta tanto tiempo aplazada de un país sin obsesiones ni trabas ni desengaños.

Todo ese sentimiento de pertenencia ha estallado en una sacudida de júbilo cuando alguien ha trepado hasta la fuente central para anudar en lo alto una enorme bandera rojigualda que desata clamores en la plaza. El estribillo de «yo soy español» atruena la noche como una fluida ola de patriotismo sentimental y desacomplejado. Entonces lo has comprendido: simplemente se trata de una generación sin fantasmas. La tuya quedó inhabilitada por la angustia , secuestrada por el mal fario, minusválida de emociones. Has mirado a tu alrededor las camisetas rojas, los balcones engalanados de enseñas, la muchachada de rostros pintados en los que no se atisba un solo rasgo ni una sola huella de vuestras viejas maldiciones. Sí, están ahí por el fútbol, es verdad, pero no es sólo el fútbol lo que agita este espasmo de identidades amontonadas. Es una vibración, un pálpito, una certeza: la de España como un sentimiento, al fin, satisfactorio. Como una victoria.

ABC - Opinión

¿Estado de Derecho? No, esto es un estado policial. Por Federico Quevedo

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Seguramente muchos de ustedes, la mayoría, tendrán cierta memoria de cómo era la vida, nuestra vida, durante el franquismo. Aquel régimen era una dictadura en la que no existían libertades políticas, y todo aquel que se mostraba contrario al régimen acababa en la cárcel, y los medios de comunicación discrepantes eran silenciados. No existía, por tanto, ni libertad de expresión ni libertad de elección, básicas ambas para poder construir una democracia, y por el contrario lo que sí existía era represión contra los sectores críticos con la dictadura. Eso era así y, sin embargo, la inmensa mayoría de la gente, que no se metía en política ni formaba parte de ningún tipo de oposición mediática al dictador, vivía bastante tranquila: España era una economía en desarrollo, había nacido una clase media importante, se encontraba trabajo y el ciudadano normal que, como digo, estaba alejado de los movimientos de oposición, tenía a su disposición un nivel de vida aceptable, viajes al extranjero incluidos. Era la España que descubría el mundo a través de las largas melenas rubias de aquellas imponentes suecas que venían a disfrutar del sol de nuestras playas, objeto de deseo y sueño erótico del macho ibérico… Era la España en la que se fue Eva María en busca de un rayo de sol mientras algún enamorado escribía su nombre en la arena y de fondo Jeanette cantaba Porqué te vas.

Incluso en las peores circunstancias, bajo las más férreas dictaduras, la ciudadanía busca siempre válvulas de escape, intenta mirar para otro lado y huir de aquello que no le gusta mediante la evasión. Esta España de 2010, más de treinta años después, se empieza a parecer mucho a aquella otra España del tardofranquismo. Una España en la que la gente mira para otro lado, huye de la realidad mientras el Gobierno que preside Rodríguez practica la represión política y convierte el Estado de Derecho en un estado policial. La persecución de la oposición política, el intento de silenciar a los medios discrepantes, empieza a ser una constante en un sistema que ha dejado de ser eso, un sistema democrático, para empezar a convertirse en un régimen, en un modelo caudillista de la peor factura, al más puro estilo del chavismo venezolano.

Algunos venimos advirtiéndolo hace tiempo, pero es ahora cuando el Gobierno, asfixiado por su propia incompetencia, echa mano de sus peores artes para intentar por la vía del comportamiento antidemocrático lo que no puede conseguir por la vía del comportamiento democrático. La utilización de las instituciones en beneficio del interés particular, el debilitamiento de la Justicia y su sustitución por otro tipo de autoridades administrativas a las que en ningún caso la Constitución reconoce ese papel, se ha convertido en la tónica habitual para poder ejercer la presión sobre todos aquellos que discrepan del Pensamiento Único.

La detención de Ripoll

Es este un estado policial a cuyo mando se encuentra quien, probablemente, sea la mente más perversa de cuantas han pululado por la política española: Alfredo Pérez Rubalcaba, el hombre que siempre aparece cuando de las cloacas del Estado fluye la mierda para extenderla por doquier. Lo que está ocurriendo en las últimas horas, como anticipo del Debate del Estado de la Nación, no tiene nombre, ni desperdicio, y debería ser objeto de una acción fulminante de la Fiscalía pero, claro, la Fiscalía también depende del Gobierno. Miren, la denuncia del modo en que ha actuado la Policía en Alicante a la orden de Rubalcaba no justificaría, en ningún caso, el hecho de que las personas implicadas en este asunto hayan podido cometer delitos sancionables por la Justicia, pero debe ser ella, la Justicia, la que establezca si esos delitos existen y cuál es la condena por ellos. Ese papel no le corresponde a la Policía que, sin embargo, ha actuado como juez y como parte. El señor Ripoll, bien lo saben ustedes, y si no se lo digo, no es santo de mi devoción y desde luego esta denuncia que hago poco o nada tiene que ver con su persona, sino con el hecho de que como demócrata me resisto a contemplar impasible la degradación de un país, de mi país, en manos de una pandilla de sectarios aprendices del peor de los fascismos.

Les contaré algo que ustedes no saben, para que vean cómo se las gastan y cómo me asiste la razón en lo que digo. El pasado 8 de junio, coincidiendo con la huelga de funcionarios, la Policía se personó en el despacho del Juez Pedreira, que instruye el Caso Gürtell en Madrid, para solicitarle una orden de detención sobre varios cargos del PP madrileño, entre ellos el actual alcalde de Boadilla del Monte. El magistrado, sin embargo, se negó a hacerlo, primero porque la solicitud no venía de la Fiscalía como debía y, segundo, porque no estaba lo suficientemente fundamentada. La intención de Interior era buscar un titular al día siguiente que ‘tapara’ la huelga, pero esta vez no lo consiguió, aunque fue ‘filtrando’ convenientemente al diario El País el contenido del informe que había servido de base para la solicitud realizada ante Pedreira.

Lo que ha ocurrido en Alicante es aún más grave, porque se ha vulnerado el Estado de Derecho de modo flagrante y se han violado los derechos constitucionales de ciudadanos libres de este país, aunque sean políticos, y ese es el síntoma más grave que pueda imaginarse de la degradación y la descomposición del sistema que nos dimos en 1978. Aunque la gente siga disfrutando del fútbol y bañándose en la playa mientras suenan de fondo los acordes del último éxito de Shakira.

El Confidencial

La Selección como ejemplo

Aunque parezca baladí, la Selección española, y su excelente trayectoria en el Mundial de Suráfrica, se ha convertido en un elemento de cohesión nacional y un estímulo para los españoles en estos tiempos de crisis. Eso se desprende de la encuesta que NC Report ha realizado para LA RAZÓN. Para el 62,3 por ciento de los encuestados, la Selección simboliza la unión de España frente a un 6 por ciento que opina lo contrario. También se ha valorado muy positivamente el trabajo en equipo que despliega el combinado nacional. Un 56,3 por ciento cree que los de Del Bosque, con su unión dentro y fuera del campo en pos de un objetivo común, han dado una lección a los políticos de que juntos podemos alcanzar cualquier meta.

Nadie ignora que el fútbol, el deporte seguido mayoritariamente en nuestro país, y en especial la Selección española es uno de los elementos con los que más se identifican los ciudadanos y en el que se sienten más reconocidos como españoles, por encima de los nacionalismos, salvo en el caso de los más radicales. Sólo hay que ver estos días las calles de numerosas ciudades de España, con los balcones engalanados con nuestra bandera, hecho que, desgraciadamente, ocurre muy pocas veces por complejos heredados que, lejos de beneficiar a nadie, muchas veces, al dejarnos llevar por ellos han contribuido a la división. Cuando juega la Selección, la bandera de España alcanza su verdadera naturaleza, no es patrimonio de ninguna ideología y sí de todos los españoles. Igual sucede con el himno que, salvo en actos castrenses, pocas veces es tan respetado.

Y sí, les convendría a los políticos extraer más de una lección del combinado nacional. La Selección española encandila a los seguidores, no sólo por su estilo de juego, también por su actitud. Desde el triunfo en la Eurocopa, que esperemos que se reedite en el Mundial, los españoles han valorado la comunión que existe entre los jugadores –rivales a lo largo del año al jugar en distintos equipos– que ante una competición tan exigente, priorizan el interés común frente a intereses particulares que puedan entorpecer los logros que se puedan conseguir. También valoran su humildad y su perseverancia. La Selección difícilmente da un partido por perdido. Creen firmemente en sí mismos y en lo que están haciendo, sin caer nunca en la improvisación. Dan sensación de unidad, seguridad y aplomo ante la adversidad, como se pudo ver en la fase inicial del Mundial, que sólo puede llevar a la victoria.

Sin duda, el proceder de los integrantes de la Selección nacional debería ser un ejemplo para los políticos y también para la ciudadanía. Porque la ciudadanía no sólo está cansada de que el Gobierno no tenga, usando un símil futbolístico, un sistema claro de juego; también de que la clase política, ante la crisis que estamos viviendo, no tenga más altura de miras y llegue a acuerdos firmes y duraderos en los que todas las partes cedan por el bien común. La Selección, gane o pierda el Mundial, se ha convertido en una inspiración y en la plasmación más concreta de que, si estamos todos unidos, no hay meta que se nos resista.

La Razón - Editorial

Cuba: el destierro como triunfo

Los disidentes que serán excarcelados en los próximos días y meses –si los Castro cumplen su promesa– no podrán seguir siendo lo que eran: cubanos que viven en Cuba y protestan contra su gobierno.

Ya tenemos los extraordinarios resultados de años de pleitesía del ministro Moratinos a la tiranía castrista: el injusto e inhumano encarcelamiento de decenas de personas por manifestarse en contra de la dictadura se transformará, en algunos casos, en el destierro; los demás seguirán entre rejas.

Aunque siempre sea motivo de alegría que un preso de conciencia salga de las cárceles cubanas, no parece que estemos ante nada más que una operación de propaganda. No hay que olvidar que todos ellos, y algunos más, eran personas libres –todo lo libre que se puede ser en Cuba– antes de 2003. Ni siquiera hemos vuelto a la situación de entonces, pues no todos ellos han sido liberados. Creerse que esto es un "avance" es de una ingenuidad tal que resulta difícil de creer en un político profesional. Y, sin embargo, eso es lo que nos intentan vender los socialistas.

Para Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, el destierro de cinco presos políticos cubanos demuestra que Moratinos tiene razón en su política de claudicación ante los Castro. El argumento es difícil de seguir. Moratinos no ha conseguido su objetivo desde que está en el cargo; después de seis años, ha terminado la presidencia europea de España sin que haya logrado romper la posición común de la UE frente a Cuba. Así pues, esta "liberación" se ha conseguido estando vigente esa política. Aún si nos creyéramos el cuento de que esto es algo más que una operación cosmética por parte de un régimen que no tiene intención alguna de cambiar de rumbo, ¿qué motivos hay para cambiar una política que ha logrado este "éxito"?

Al régimen le viene sin duda muy bien este movimiento: no pierde nada, pues mantiene la condena a sus disidentes limitándose sólo a cambiar su castigo; mientras, en España y otros países, se vende la imagen de que está dispuesto a cambiar. Coste, cero; la rentabilidad dependerá del entusiasmo con que se venda esta operación de propaganda, que en el Gobierno y sus terminales mediáticas será mucho.

Sin embargo, los disidentes que serán excarcelados en los próximos días y meses –si los Castro cumplen su promesa– no podrán seguir siendo lo que eran: cubanos que viven en Cuba y protestan contra su gobierno. Se convertirán en exiliados, en lo que la izquierda más miserable y rastrera califica de "gusanos". La dictadura comunista a la que apoya el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, se habrá librado de su incómoda presencia y, encima, logrado unos cuantos aplausos en el proceso. Esto es lo que Moratinos y los suyos consideran un éxito. Asusta pensar a qué llamarán fracaso.

Libertad Digital - Editorial

Política de detenciones

En España se ha instalado una práctica de la detención gubernativa, en determinadas investigaciones de repercusión política, que resulta preocupante.

LA detención policial o gubernativa ha sido históricamente uno de los mayores riesgos para las libertades de los ciudadanos, y si el Estado de Derecho presenta algún rasgo característico es el de su protección frente a las arbitrariedades del poder ejecutivo. No en vano, la primera garantía fundamental del proceso penal es el «habeas corpus», un procedimiento especial que tiene su origen en la Carta Magna inglesa del siglo XIII y que está previsto por la Constitución española para obtener el amparo del juez por una detención ilegal. La polémica sobre las circunstancias en las que se ha producido la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, obliga a recordar que la legalidad de una detención no depende únicamente de que la Policía esté autorizada a practicarla, como afirma el Gobierno, lo cual es una obviedad que llevaría a dar por buena cualquier detención policial, sino de que dicha detención responda a alguno de los supuestos expresamente previstos por la ley y sea practicada conforme a la ley. También conviene recordar que las garantías del proceso penal son ajenas a la mayor o menor cantidad y calidad de los indicios contra el sospechoso. Se justifican por sí solas en la medida en que representan la primacía del derecho a un proceso justo.

En España se ha instalado una práctica de la detención gubernativa, en determinadas investigaciones de repercusión política, que resulta preocupante, porque, o bien no están basadas en alguno de los casos previstos por la ley, o bien se realizan de forma que lesionan gratuitamente la imagen y la fama del detenido. Por eso, la demanda de explicaciones dirigida por el Partido Popular al Gobierno sobre la detención policial de Ripoll está plenamente justificada, sea cual sea la veracidad de las sospechas o de los indicios contra el presidente de la Diputación alicantina. En todo caso, parece desproporcionada una privación de libertad de ocho horas para entregar una citación judicial; y no es razonable que, estando en trámite una investigación judicial —y no mediando peligro de fuga, de destrucción de pruebas o de inminente comisión de delitos—, el juez que la dirige se entere de pasada de que la Policía ha detenido a varios investigados. Entre la intencionalidad política de una operación policial más propia de la lucha antiterrorista y las dudas más que justificadas sobre la legalidad de la detención de Ripoll, el Gobierno socialista vuelve a demostrar que en la contienda contra el Partido Popular le vale todo.

ABC - Editorial

Europa. El eclipse planetario de ZP. Por Cristina Losada

Las tinieblas, piadosas ellas, cubren el fiasco. Ni siquiera logró Zapatero la conjunción astral ansiada, pues la cumbre entre las dos estrellas del santoral progresista no llegó a celebrarse.

Fin de Año 2009. En la Puerta de Sol madrileña, al acabar las campanadas, un juego de luces notificó a los españoles, a la sazón atragantados con las uvas, la llegada de un acontecimiento histórico para el universo mundo. Así, con esos bemoles sostenidos, había definido Leire Pajín el hecho puramente rutinario, aburridamente burocrático, de que el amado líder socialista fuera a ocupar la presidencia de la UE durante un semestre. La carga ideológica del prosaico asunto venía por la coincidencia de dos "liderazgos progresistas" a ambos lados del charco. Aquí, Rodríguez y allá, Obama, versión masculina y transatlántica de "Tú a Boston y yo a California". Lástima que al término del prodigioso episodio sólo podamos decir, y siendo benévolos, que se trató de un eclipse.

De aquellas luces y aquellos humos ha quedado tan poquita cosa, que la mitad de los españoles desconoce quién presidió la UE durante los seis meses pasados. Tanta publicidad y tanta pose, para nada. Lo que nos hubiéramos ahorrado. Para empezar, el bochorno. El que sobreviene cuando se repasan los grandiosos objetivos con los que ZP quiso adornar su paso. Desde una nueva política económica "con mayúsculas" y el famoso modelo "sostenible", hasta la creación de más y mejores puestos de trabajo. Todo aquello en lo que aquí cosecha fracasos notorios. Se tomaron a risa en la prensa europea que Zapatero fuera a asesorar sobre la recuperación económica. Qué escépticos, qué cenizos, qué poco sensibles a los liderazgos progres.

Las tinieblas, piadosas ellas, cubren el fiasco. Ni siquiera logró Zapatero la conjunción astral ansiada, pues la cumbre entre las dos estrellas del santoral progresista no llegó a celebrarse. Pero es norma de la casa que los resultados nunca han de evaluarse a la luz de los propósitos. Como es también regla estricta que los propósitos no deben revisarse en función de los resultados. Así, expulsada la realidad de la política, el socialismo carpetovetónico puede seguir haciendo lo único que sabe: dar lecciones. Y darlas, justamente, cuando más necesita recibirlas. Zapatero fue a instruir a Europa desde la superioridad que gastan los ungidos. Los europeos, con buen criterio, no le hicieron caso y los españoles, a quienes iba destinada la fanfarria, no se han enterado. El eclipse planetario de ZP ha sido histórico.

Libertad Digital - Opinión

Respeto jibarizado. Por Hermann Tertsch

Es una patología nacional la creencia de que se evitan problemas con la mera decisión de no quererlos.

JORGE Lorenzo es un extraordinario piloto de motociclismo que últimamente lo gana todo en el Mundial de motos GP. Lleva muchas semanas seguidas emocionándonos con el «caballito» que levanta su rueda delantera en señal de triunfo cuando se acerca a la meta en la última vuelta. Nos emociona a muchos con sus victorias y en Jerez hace unas semanas celebró su victoria con una vuelta al circuito con la bandera nacional en la mano. Cierto. No debemos olvidarlo ahora que ha saltado una polémica en internet por la negativa de Lorenzo a ponerse la camiseta de la selección española después de su victoria en el circuito barcelonés de Montmeló. El cantante Alejandro Sanz fue uno de los que reprochó a Lorenzo esta negativa suya a identificarse en Cataluña con los mismos colores con los que se identifica abiertamente en Jerez. Y añadía Sanz algo absolutamente cierto en el foro social de Twitter: «Lo peor es que cree (Lorenzo) que va a quedar bien con los catalanes y no va a ser así... Yo respeto a tod@s l@s catalanes, l@s que se sienten españoles y l@s que no... Pero la cobardía. Eso es una cuestión de actitud». Más allá de la grotesca arroba para adaptar nuestro alfabeto a la tiranía de lo políticamente correcto, Sanz da en el clavo. Es cobardía. Ni más ni menos. Porque las palabras de Lorenzo cuando rechazó la camiseta roja no dejaba lugar a dudas. «En Cataluña es complicado salir con la camiseta de la selección española. No quiero problemas».

No quiere problemas el campeón. Es explicable que un jovencísimo Lorenzo, en su mejor momento deportivo, perfectamente apolítico como la mayoría de los españoles de su edad, no quiera problemas con nadie, sino ser querido por todos. Probablemente cuanto tenga los años de Alejandro Sanz —que aproximadamente le dobla la edad—, cuando se dé cuenta de que eso no es posible. Porque sus intentos de quedar bien con una supuesta hinchada antiespañola entre los espectadores de Montmeló han sido asumidos como afrenta por muchos españoles. Y peor, probablemente, que su actitud en aquel momento después del triunfo sea su explicación a Alejandro Sanz por medio del Twitter. Muchos lamentamos las palabras de Lorenzo, no ya porque merme —es un hecho— el respeto que le tenemos al campeón, sino más por la certeza que albergamos de que su actitud está más o menos generalizada entre la gente de su edad. Y por desgracia ya entre la mayoría de los españoles, como los últimos años han demostrado. Es una patología nacional la creencia de que se evitan problemas con la mera decisión de no quererlos. Es la cara opuesta a la gallardía y nobleza. El miedo a gente peor es la jibarización del pensamiento libre y el alma, pérdida del respeto a uno mismo y renuncia al respeto ajeno.

ABC - Opinión

¿Montaje de Rubalcaba o un 'Gürtel 2' en territorio Camps?. Por Antonio Casado

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La mentira tiene vuelo corto. Si los registros y detenciones de Joaquín Ripoll y compañía responden a un montaje del ministro Rubalcaba para desgastar la causa del PP en vísperas del debate sobre el Estado de la Nación, no tardaremos en saberlo. La respuesta la tienen los jueces. Sus resoluciones serán los mejores elementos de juicio para formar criterio sobre si estamos ante una sucia maniobra del ministro del Interior o un nuevo episodio de corrupción en territorio Camps.

Algún indicio delictivo debe flotar entre los papeles intervenidos cuando ya había una causa abierta en un juzgado de Orihuela sobre las contratas para la recogida y reciclaje de basuras en numerosos municipios alicantinos. Los jueces, por lo general, son discretos y poco dados a los montajes. Tampoco consta que la juez del caso sea muy amiga, poco amiga o amiga del alma del ministro Rubalcaba, aunque haya dictado un auto que autoriza la actuación de los agentes de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros) que investigan el caso. Eso incluye, pues claro, detenciones, traslados y registros.

Son las órdenes del Juzgado las que obligan al ministro del Interior y no al revés. Siempre se podrá recordar que donde sí llegan las órdenes de Rubalcaba es a las Comisarías Policiales. Tiene lógica si se trata de fundamentar la sospecha de que el ordenó las detenciones y los registros del martes suplantando a la juez, como sostiene González Pons, el portavoz oficial del PP, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que no se pierde una.

Adversarios políticos internos

Vale como coartada. Encaja perfectamente en la lógica de la confrontación política y el desgaste del adversario. Pero puestos a descifrar el linchamiento mediático de Ripoll y compañía, sin perjuicio de que sea o no inocente de las sospechas que planean en la llamada Operación Brugal, no perdamos de vista las querellas internas del PP valenciano. Quien conozca mínimamente esa trastienda pensará inmediatamente en los compañeros de partido. La postura del abrazo es la misma que la de la puñalada.

Hasta las piedras en Valencia saben que a Ripoll, último baluarte del poder zaplanista, de acreditada fobia a Francisco Camps, le tienen ganas sus adversarios políticos internos. Menos poderosos que Rubalcaba pero más entregados a la faena. Empezando por el presidente de la Comunidad y siguiendo por la joven alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el delegado del Gobierno Camps en Alicante, José Císcar, y la portavoz del PP en Elche, Mercedes Alonso.

Me temo que mientras hoy camine hacia el Juzgado número 3 de Orihuela para prestar declaración, por citación policial, claro, el presidente de la Diputación y líder del PP alicantino, José Joaquín Ripoll se acordará menos de Rubalcaba que de quienes han estado amargándole la vida en el partido desde el congreso que ganó a los puntos en diciembre de 2008. Una victoria que, por cierto, fue impugnada por su rival interno, Perez Fenoll, y sigue pendiente de resolución en el Comité de Derechos y Garantías del PP nacional.

El Confidencial - Opinión

El extraño caso Ripoll

El proceso de la detención, y posterior puesta en libertad, del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, arroja muchas más sombras que luces que conviene aclarar cuanto antes. Todo el proceso está resultando demasiado confuso y lleno de contradicciones que sólo se pueden calificar como preocupantes. En principio, la Fiscalía Anticorrupción ordenó a la Policía la detención de once personas –entre las que se encontraba Ripoll– en el marco de la «operación Brugal» contra la corrupción. La sorpresa llegó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) emitió un comunicado ayer por la mañana en el que aseguraba que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela no había «ordenado la detención del presidente de la Diputación de Alicante y que tampoco había acordado su citación judicial ni su imputación». Posteriormente, la Fiscalía General del Estado admitió que, si bien no hubo tales órdenes de detención por parte del Juzgado, la actuación policial contaba con «plena cobertura legal». El colmo del despropósito llegó cuando a media tarde de ayer el TSJCV comunicó que durante toda la mañana de ayer el juez que investiga el «caso Brugal» no había recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Policía sobre el número de personas detenidas ni su posterior puesta en libertad. Sólo recibió información «verbal» por la tarde.

Los hechos indican que nos encontramos ante una situación de caos y de desorden que provocan una sensación de desconfianza ante la Justicia y la Policía en la que tanto Ripoll como el resto de los detenidos son los principales perjudicados. En procesos tan delicados como éste, en vez de lanzarse apresuradamente a un linchamiento mediático, la presunción de inocencia es un derecho de todos los españoles que conviene preservar. Lo más alarmante en este caso no es tanto el fondo como la forma, que sólo puede calificarse como chapucera. Porque se antoja difícil que los ciudadanos entiendan lo que ha sucedido.

Lo cierto es que detrás del caso Ripoll parece que existe una nueva ofensiva para desacreditar, deslegitimar y erosionar al PP valenciano por unas vías que no pasan ni por el debate político ni por las urnas. La realidad, por mucho que le moleste a la oposición, es que el PP es la fuerza que cuenta con una mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana desde hace varias legislaturas y no se ve en horizonte que el PSOE en esa comunidad vaya a invertir la situación.

Tampoco parece casual que el caso Ripoll haya saltado, y de manera tan caótica, justamente ahora, apenas una semana antes del Debate sobre el Estado de la Nación, en lo que se puede interpretar como una maniobra para distraer la atención ante tan trascendental debate. Si esto fuese así, dice bien poco de nuestra clase política. A la espera de los acontecimientos, es esencial que se ofrezca una explicación convincente sobre lo ocurrido y se erradique cualquier mínima duda sobre cualquier irregularidad que haya podido haber. Porque estas turbulencias no benefician a nadie y sólo crean una sensación de desánimo entre la ciudadanía. Sólo hay que ver el Barómetro del CIS de junio. Los españoles ven en la clase política el tercer problema que existe en España. Este dato sobra para invitar a todos a la reflexión.

La Razón - Opinión

Aborto. De la obediencia a las leyes. Por José García Domínguez

En su condición de mera prosopopeya, Murcia no puede rehuir las normas del Parlamento. Sí le cabría hacerlo a Ramón Luis Valcárcel si emprendiese el único camino que el orden jurídico deja expedito a la dignidad individual en esos casos: la dimisión.

Como es fama, "se acata pero no se cumple", fue la fórmula retórica acuñada por los virreyes del Imperio en las Indias con tal de burlar la soberana voluntad del monarca vertida en leyes y reglamentos. Y "ni se acata ni se cumple" pudiera ser la versión corregida y aumentada con que algún cantonalismo moral diera en reavivar esa tradición tan española, la de ponerse el mundo por montera. Castizos arrebatos que suelen tener más de teatral simulacro escénico que de efectiva insubordinación. Así, Zapatero y Montilla cuando fantasean con soslayar los efectos quirúrgicos de la sentencia del Estatut por medio de ignotas tretas leguleyas.

Y es que, al canónico modo de las parejas de trileros que frecuentan Las Ramblas de Barcelona –"¿dónde está la bolita, señores?"–, el uno embauca a los membrillos y su compinche, el gancho, simula dejarse engañar. Por cierto, vistosa variante de la misma comedia bufa es la representada estos días por los munícipes de aldeas y villas catalanas que se dicen "desvinculados" de la Constitución española. Otro brindis al sol sin mayor consecuencia que la propia charlotada, tal como acontece en esas pedanías que gustan declararse territorio no nuclear o evacuan solemnes proclamas de similar calado peregrino. No obstante, espectáculos circenses al margen, en un Estado de Derecho las leyes, todas, sin excepción alguna, han de ser cumplidas. Y punto.

Al respecto, el margen único a fin de eludirlas en muy restringidos supuestos, la objeción de conciencia, apela a los individuos, jamás a las instituciones. De ahí que, en su condición de mera prosopopeya, la Región de Murcia no pueda rehuir las normas del Parlamento. Sí, en cambio, le cabría hacerlo a Ramón Luis Valcárcel si emprendiese el único camino que el orden jurídico deja expedito a la dignidad individual en esos casos; a saber, el de la dimisión. Como hiciera, por ejemplo, Nicolás Salmerón en su día, al renunciar a la presidencia de la República por no firmar una pena de muerte. O Balduino de Bélgica, cuando rehusó sancionar la ampliación del aborto. Igual que Don Juan Carlos hubiese procedido a abdicar sin mayor demora en la eventualidad de que nuestra nueva Ley colisionase con alguno de sus principios éticos. Nadie lo dude.

Libertad Digital - Opinión

¿Dónde está el 20,8 por ciento?. Por M. Martín Ferrand

Si todo va bien, al salir de la crisis vigente mantendremos diez puntos de paro por encima de la media de la UE.

QUIZÁ no sea casualidad, ni mero capricho de la Historia, que fuese en el Château de la Muette, sede actual de la OCDE, donde María Antonieta y Luis XVI empezaron a sentir un malestar en la garganta que terminó separándoles la cabeza del cuerpo. Es más, si yo fuera Elena Salgado o, peor todavía, José Luis Rodríguez Zapatero, evitaría la proximidad al bosque parisién de Boulogne. Allí les han descubierto y, además de haberles visto en Bruselas en pleno ridículo planetario, saben que, de cada dos nuevos parados que se producen en Europa, uno es español. Es decir, que si todo va bien, el Gobierno se decide a cumplir su obligación, los empresarios emprenden y los trabajadores trabajan —tres fenómenos desacostumbrados en España—, al salir de la crisis vigente mantendremos diez puntos de paro por encima de la media de la UE. Mucho tendrán que profundizar las tres reformitas que prepara el Ejecutivo —laboral, pensiones y financiera— para que, además de cubrir las apariencias, que es de lo que se trata, promovieran transformaciones sustanciales en nuestra estructura y esquemas sociales y económicos.

Según el CIS, otro de los oráculos que nos asisten, el 79,2 por ciento de los españoles entienden que la coyuntura económica actual es «mala» o «muy mala». Me gustaría conocer al 20,8 por ciento restante. O son unos optimistas de tomo y lomo, o están en la luna, o pertenecen al núcleo duro del PSOE que sostiene a Zapatero y, para poder seguir haciéndolo, han dejado de leer el periódico, escuchar la radio e, incluso, ver la tele. Ni la probada capacidad propagandística de TVE es ya capaz de mantener la ficción de una España próspera y no dan abasto para hinchar el perro de las noticias sangrientas para mejor encubrir la realidad.

No podría decirse, para mejor subrayar la irresponsabilidad gubernamental, que la oposición aporte muchas ideas, notables sugerencias o verdaderos planes alternativos. Según parece, Pedro Arriola, lo peor de la herencia de José María Aznar, le ha escrito a Mariano Rajoy un nuevo guión inspirado en la Belindaque llevó al cine Jane Wyman, la primera mujer de Ronald Reagan, y el líder de la gaviota se hace el mudito, por lo menos, hasta que llegue el debate sobre el estado de la Nación. Como para entretenerse y hacer tiempo, el PP se dedica en alguna de sus circunscripciones de poder a interpretar divertidos vodeviles en los que los zaplanistas, que no se rinden, abren las puertas que cierran los resistentes campistas. Y viceversa. Todo muy constructivo y provechoso para el partido, la Autonomía y la Nación. Y, sobre todo, para el PSOE.

ABC - Opinión

Si llaman a las seis, es Rubalcaba

Por muy graves que pudieran ser los delitos cometidos por Ripoll, a buen seguro no lo serán más que esta detención ilegal. Se vuelve imprescindible depurar responsabilidades dentro del cuerpo policial y del Ministerio del Interior.

Las medidas cautelares de tipo penal, en la medida en que implican una restricción de la libertad y una lesión de los derechos individuales, deberían emplearse sólo para tratar de asegurar el normal desarrollo del proceso penal. De ahí que en nuestro ordenamiento, sólo cuando exista alguno de los riesgo tasados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se pueda adoptar alguna de estas extremas medidas, entre las que se encuentra la detención.

Ésta consiste en una privación temporal de la libertad cuyo uso, en consecuencia, debe estar completamente justificado en un estado de derecho. La LECrim establece unos supuestos bastante restrictivos (en sus artículos 489-492) que básicamente se dirigen contra la comisión o expectativa de comisión de un delito; la existencia de riesgo de fuga; los procesados por delitos graves; o el presunto delincuente que se espera que no compadezca cuando sea llamado por la Autoridad Judicial.

En Libertad Digital no hemos puesto ni pondremos la mano en el fuego por ningún político. Como ya hemos repetido en numerosas ocasiones, tenemos siempre presente la máxima de Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En nuestro país, las instituciones políticas, en todos los niveles, llevan acaparando más poder del que cualquier Estado liberal puede tolerar y, mientras ello siga así, no podremos sino temer que los casos de corrupción se reproduzcan por todas partes.

Sin embargo, y al margen de este caveat, parece evidente que el presidente de la Diputación de Alicante, Juan José Ripoll, no se encontraba en ninguno de los supuestos tasados en la LECrim que justifican la detención: ni estaba cometiendo delito algno ni había expectativa de que fuera a perpetrarlo de inmediato, ni ha sido procesado, ni cabía esperar que se fugara o que no compareciera en una eventual citación judicial.

Es más, el artículo 520 de la LECrim reza con igual rotundidad que la detención deberá "practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio". Es decir, la detención no es un instrumento para denigrar y humillar al detenido, que, no lo olvidemos, no sólo goza de la presunción de inocencia, sino que en ciertos casos –como el de Ripoll–, ni siquiera ha sido procesado, es decir, el juez ni siquiera aprecia la existencia de indicios de delito. La detención, en un estado de derecho, sólo tiene como finalidad poner al presunto delincuente a disposición judicial en contra de su voluntad. Por ello no es de recibo que se monte un circo policial y mediático en torno a una detención, como ha sucedido con Ripoll –para cuya detención se emplearon seis camiones de policía y ocho agentes– o como ya sucediera con los militantes del PP esposados en el caso Palma Arena.

Pero, por si fuera poco que la Policía incumpliera el fondo y la forma legales en la detención de Ripoll, finalmente hemos sabido qe el juez ni la ordenó ni ha terminado imputando al presidente de la diputación alicantina. La orden de detención, contraria a la LECrim, provino de la Policía, cuyo superior jerárquico último, como no debería ser necesario recordar a estas alturas, es el ministro más oscuro del actual Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Por muy graves que pudieran ser los delitos cometidos por Ripoll, a buen seguro no lo serán más que esta detención ilegal. Se vuelve imprescindible depurar responsabilidades dentro del cuerpo policial y si, como resulta previsible, una detención política de tal calibre no puede haberse llevado a cabo sin el visto bueno de Rubalcaba, éste deberá dimitir de inmediato. No es que sea ni el primero ni el más imperativo de los motivos que nos ofrece el ministro para que exijamos su cese; al fin y al cabo, el que fuera el portavoz del Gobierno que negó la existencia de los GAL acumula en su historial el siniestro mérito de haber convertido a España en un Estado policial. Razones sobran para que, como mínimo, se retire de la política. Pero aún así, no está de más denunciar todos los nuevos atropellos que perpetre.

Libertad Digital - Editorial

No era el lechero. Por Ignacio Camacho

La diferencia del trato aplicado a sospechosos socialistas y populares resulta insoslayable.

DE un tiempo a esta parte en España hay domicilios en que suena de madrugada el timbre y no es el lechero. Lo inquietante es que suele tratarse de viviendas de miembros de la oposición, a los que con pruebas o sin ellas, con o sin indicios, se somete a trato policial vejatorio. Según un estudio de la Fiscalía, los cargos o dirigentes socialistas encausados por presunta corrupción son ligeramente más numerosos que los del PP, pero éstos sufren con mayor rigor y frecuencia la pena accesoria del paseo por las portadas y la apertura de los telediarios. Hasta ahora, esos paseíllos incriminatorios solían estar basados en providencias judiciales más o menos fundadas, pero en Alicante han detenido a un presidente de Diputación sin mediar orden de juez alguno. Técnicamente no se trata de una detención sino de una retención o un arresto; sea como fuere, ha sido casi una jornada completa de apresamiento real, acompañadas de registros aparatosos y movimiento visible de agentes y coches patrulla que no contaban, según aclaración de parte, con el respaldo del juzgado.

Hace tiempo que en Alicante existen sospechas de manejos irregulares en torno a determinadas contratas y personajes próximos al Partido Popular, y no sería sorprendente que algún cargo público acabe procesado y eventualmente condenado. Pero ésa no es, siendo importante, la cuestión principal de este escándalo. Lo que importa es la posibilidad de que un ciudadano acaso inocente haya sufrido una irreparable y prejuiciosa condena de hecho ante la opinión pública. Y que el fiscal Anticorrupción y la policía hayan podido participar en una operación irregular que compromete las garantías de un sistema en cuya protección confiamos. Si ese político no ha cometido ningún delito, nadie le devolverá las doce horas de ignominia. Y si lo ha cometido, también le asiste el derecho a una presunción de inocencia que ha quedado triturada por la actuación de quienes deben preservarla.

Existen, además, demasiadas evidencias de un doble rasero en esta clase de maniobras. La diferencia del trato aplicado a sospechosos socialistas y populares resulta insoslayable para cualquier mirada mínimamente objetiva. Para unos, lentitud procesal, diligencias perezosas o simplemente inhibición deliberada. Para otros, grilletes, registros ostentosos y avisos a la prensa. La corrupción es un fenómeno transversal que afecta, por desgracia, a todo el arco político, y en democracia es imprescindible que la justicia y la policía preserven no sólo su imparcialidad, sino la apariencia de imparcialidad que evite la sensación de desigualdad voluntaria. Sin embargo, estamos ante la repugnante, palmaria, viscosa, persistente impresión de un uso torticero y sesgado del poder al servicio de designios políticos de parte. De la parte del Gobierno.

ABC - Opinión

El estatuto de la discordia. Por José María Carrascal

Desde que adoptamos el Estado de las Autonomías, estas no han hecho más que dilatarse a expensas de aquel.

ESE estatuto que iba a cerrar la brecha entre Cataluña y España, según Zapatero, no ha hecho más que agrandarla. En el Principado tocan a zafarrancho de combate. El que no clama por la dignidad catalana herida convoca manifestaciones contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatut. ¿Por qué están tan cabreados los nacionalistas catalanes, incluidos los que han nacido en Córdoba, contra una sentencia que se ha limitado a podar lo más groseramente anticonstitucional del texto, dejando todo lo demás? Pues porque los nacionalistas nunca se contentarán con parte de lo que buscan, por grande que sea. Lo quieren todo, causa de que cualquier pacto con ellos será siempre transitorio y, por tanto, improductivo. Quieren una nación con plenas prerrogativas, y cada paso que den irá en esa dirección. Creer otra cosa son ganas de engañar o engañarse.

Hay que advertir, sin embargo, que tras esa algarada hay un hecho nuevo e importante: la sentencia del Constitucional significa el primer intento de frenar el expansionismo nacionalista a costa de la nación española. Desde que adoptamos el Estado de las Autonomías, éstas no han hecho otra cosa que dilatarse a expensas de aquél. Con los catalanes pidiendo siempre un poco más que los demás, y los demás pidiendo tanto como los catalanes. Una carrera suicida que llevaba al vaciamiento del Estado. El nuevo estatutdaba el salto cuántico, al reclamar para Cataluña competencias propias en materia económica, legislativa y judicial, es decir, pasaba de la autonomía a la soberanía. Algo que ningún Tribunal Constitucional que se preciara de su nombre podía admitir, así que ha expurgado del texto estatutario de aquello que lo convertía en una constitución de facto. Era lo mínimo que podía hacer si no quería convertirse en el primer saboteador de la carta magna que está encargado de defender.

Provocando con ello la indignación nacionalista catalana. Creían tener una quasi constitución, y se han encontrado con que siguen teniendo un estatuto como todos los demás. Pero eso no es lo peor, eso era incluso previsible. Lo peor es que Zapatero, tras haber dicho que la sentencia cerraba el desarrollo estatutario, al ver alzarse la algarada nacionalista, vuelve a las andadas, desanda sus pasos e insinúa que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional puede deshacerse con leyes y decretos que den a los catalanes lo que querían. Me dirán que no puede ser que una traición tan burda a cargo de un presidente de gobierno no cabe en un Estado de Derecho en la Europa de 2010. Pero es que no conocen a José Luis Rodríguez Zapatero.

ABC - Opinión

Enterrando a Fariñas. Por Gabriel Albiac

Un muerto de hambre agoniza a cuatro pasos. Al ministro español, eso le trae, por supuesto, al fresco.

MORATINOS no es nadie. Un nadie siempre acoplado en la foto del más visible. La alcurnia moral del elegido no cuenta. Y es que la luz mediática suele ser, en torno a los grandes asesinos, de primera calidad; así somos. Moratinos posa. A la vera sonriente de notables homicidas. De su nada logró hacer imagen planetaria, abrazado a Yassir Arafat crónicamente, en aquellos últimos sórdidos años del mayor ladrón y asesino del último tercio del siglo veinte. Todo pasa. A Moratinos se le murió el bien pagado caudillo terrorista. Y hubo de cambiar de padrino. Los hermanos Castro eran la única reliquia viva de aquel universal despotismo en cuya construcción cayera a plomo el imperio soviético. Allá que se fue el ministro de Zapatero. Cuba, la Cuba castrista, era eso a lo cual Aristóteles hubiera llamado su «lugar natural», aquel en el cual algo reconoce su propia esencia y a lo cual retorna siempre: moral, política y retóricamente, es el sitio natural de Moratinos.

Un muerto de hambre agoniza a cuatro pasos. Al ministro español, eso le trae, por supuesto, al fresco. Ni más ni menos que al fresco le traían las cuentas personales de Arafat en Suiza, aquellas que desencadenaron la hilarante batalla entre viuda y lugartenientes del caudillo, tras su nunca aclarada extinción parisina. Fariñas se muere, anclado en su perseverante exigencia de libertad para los enfermos presos políticos. Moratinos, en entrañable arrebato, le larga al desdichado un preclaro consejo: «Lo mejor para él es que abandone la huelga de hambre». Hubiera podido, ya de paso, escupirle a la cara, pero no lo ha hecho. En realidad, ni siquiera se ha acercado al lugar en que agoniza para carcajearse un rato. Es un detalle. Si Fariñas va a morir, mejor no hacerle pasar el trago de aguantar la burla. La burla de quienes pavonean por la arruinada isla sus trajes caros, sus divisas, sus fantásticos negocios hoteleros con la banda de criminales que desangra a los cubanos desde hace ya algo más de medio siglo. Moratinos sabe que hay un dineral en beneficios para cuatro sinvergüenzas con pasaporte español, al benévolo precio de lamer las botas del Comandante. Y además están las fotos. Al costado de un dictador con sesenta años de ejercicio, cualquier cosa parece algo. Incluso un hombre.
No son pocas las infamias que acumuló la diplomacia española en el último siglo. Su defensa del castrismo es la más perseverante. Atravesó los largos años de la dictadura, cuando todos los azules veían en aquellos tipos de uniforme verde oliva y letanía «patria o muerte», el calco de sus propias frustraciones: idéntica la consigna, idéntico el culto de los revólveres, más idéntico aún ese odio hacia la democracia en general y hacia la norteamericana en particular, que —acento caribeño aparte— hacía indistinguibles las arengas de Girón y las de Castro. Surcó intacta la transición y se fosilizó en la democracia: a Castro lo amaron indistintamente Suárez y González, Zapatero y Fraga, izquierda, derecha, centro, extremos todos de cualquier tipo, moderadísimos de la tendencia que fuere… No será un muerto más lo que le amargue el son cubano a Moratinos. Ni Hamas quien le impida luego dar lecciones a Israel de democracia.

ABC - Opinión

Otra más. Por Alfonso Ussía

Ahora se ha sabido de Endesa. Banco de Santander, Cepsa y Endesa. ¿Cuál será la cuarta gran empresa? Entre las tres citadas, el juez Garzón consiguió setencientos mil dólares para su curso y estancia en Nueva York. Endesa ha reconocido al Tribunal Supremo que financió a Garzón con 125.000 dólares. Ya vamos por los 700.000, y no me cierro a aventurar nuevas sorpresas. El requerimiento de la financiación se hizo por escrito enviado en un sobre «Confidencial» con el membrete «Baltasar Garzón Real. Magistrado-Juez Juzgado Central 5, Audiencia Nacional, Madrid». Mintió con el Santander, mintió con Cepsa y ha mentido con Endesa. A Emilio Botín le escribió «querido Emilio», a Carlos Pérez de Bricio «estimado Carlos», y al presidente de Endesa aún no se conoce el principio de la carta y el nivel de efusión del encabezamiento. Pedir dinero desde la Audiencia Nacional para unos cursos particulares no tiene buena pinta. A ese menester, cariñosamente se le llama «dar sablazos», y ahí no pintan nada los fusilados del franquismo.

Tengo escrito que, a este paso, al juez Garzón sólo le va a quedar la UIMP de Santander, como al doctor Montes, el de las sedaciones de Leganés. Pero ahí no abonan esos dinerales a los conferenciantes ni a los directores de cursos. Y es una lástima. Lo siento por Garzón, pero más por nuestra decepción. Somos decenas de miles los decepcionados que tanto agradecimos a Baltasar Garzón su meritoria labor judicial contra el terrorismo etarra y sus fuentes de financiación. Agua limpia y pasada. Pero los más decepcionados, los que prudentemente balbucean su indignación, son sus compañeros de carrera. Por mucho que recelaran –casi todos–, de la excesiva luz con la que Garzón se iluminaba a sí mismo, pocos adivinaron hasta qué límite la egolatría de su colega podría alcanzar el prestigio de su nobilísima profesión. Los jueces no piden dinero a nadie para financiar sus cursos y vivir en Nueva York. Cuestión de principios.

Pero a este humilde servidor de ustedes, las peripecias petitorias y recaudatorias de Garzón, le han abierto los ojos. A partir de ahora, cada vez que me propongan dar una conferencia y los honorarios no terminen de convencerme, me dirigiré a las grandes empresas para solicitarles la pasta gansa. Lo haré desde mi libertad e independencia, que no están regladas por la responsabilidad política. «Querido Zutano. El Ayuntamiento de Rosicler de los Valles ha organizado un curso de Literatura del que he sido nombrado director. Por desgracia, y como consecuencia de la crisis, su Concejalía de Cultura no puede abonarme ni los gastos de desplazamiento. Es por ello que para evitar roces en el futuro, tengas a bien aceptar voluntariamente una financiación de 125.000 euros, gesto que valoraré muy positivamente en el presente y en el futuro. El curso será muy interesante y te invito a participar en su desarrollo, aunque no seas un amante de la Literatura. Recuerda que con Garzón te rascaste el bolsillo. Un abrazo de tu amigo»...

Y ni crisis ni flores.

Nota final: Me llaman de «Opinión» para decirme que el artículo ha quedado corto y debo proceder a escribir nueve líneas más. Es lógico. Me he apercibido nada más comenzar a escribir de lo mucho que me aburría hacerlo de nuevo de Garzón. Y no me he estirado. Creo que las nueve líneas se han cumplido. Gracias.

La Razón - Opinión

Otro conflicto estéril. Por M. Martín Ferrand

En las repúblicas bananeras, cada cual hace lo que le viene en gana, pero no lo proclama a los cuatro vientos.

EL Tribunal Constitucional, ese mueble inservible en nuestra decoración democrática, vuelve a ser génesis de crispación y enfrentamiento entre españoles. Tras cuatro años de espera y excitación ciudadana a propósito del nuevo Estatuto de Cataluña, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, nos corresponde esperar ahora a que —sin prisas, por favor, no se atropellen— el nunca bien ponderado TC dictamine sobre la suspensión cautelar de la ley hasta la sanción de su constitucionalidad. Es, si vamos al fondo del problema, mera cuestión de estilo. Las leyes se hacen en el Parlamento, se perfeccionan por su uso y se corrigen con el olvido; pero, siendo tan sensible el asunto en el que ésta se centra, cualquier resquicio es bueno para la polémica y no debiera ser una de las altas instituciones del Estado la que lo proporcionara.

A quienes creemos en el derecho a la vida como el primero y principal de los derechos humanos, el único previo a la libertad, no puede gustarnos la nueva ley del aborto. Ni la vieja. No es una cuestión de matices y plazos, sino de principios; pero tampoco podemos ignorar, en tanto que demócratas, que esa ley se ha tejido en las Cámaras y la respalda una mayoría representativa. De no mediar la demora del TC no habría cuestión para el debate y, en consecuencia, ese debate tampoco es de mayores vuelos. Ramón Luis Valcárcel, el presidente de Murcia, se ha convertido en «héroe nacional» por no acatarla y eso es, al menos formalmente, de mayor gravedad que lo que lo motiva.
Mientras, como ayer señalaba en estas páginas Valentí Puig, el presidente del Gobierno de España le busca un atajo a la Generalitat para «burlar» las limitaciones que la sentencia del TC señala al nou Estatut, el máximo representante del Estado en una Autonomía se permite el lujo de, por sí y ante sí —sin ser desautorizado por sus jefes de fila—, impedir en «su» territorio la vigencia de una ley de ámbito nacional. ¿Es esto un Estado de Derecho o se trata de una parodia bufa? En las repúblicas bananeras, esas que tanto protege Miguel Ángel Moratinos, cada cual hace lo que le viene en gana, pero no lo proclama a los cuatro vientos.
En el «caso Valcárcel» la conjunción de una cuestión moral, como el aborto, con otra cívica y constitucional, tal que el acatamiento de la ley, complica el asunto hasta el infinito y coopera con las fuerzas que, por distintos motivos y con diferentes actores, trata de desencuadernar la frágil embarcación del Estado. Especialmente frágil cuando empieza a resultar difícil la definición de los límites geográficos de la Nación.

ABC - Opinión

Aborto. Los insumisos no quieren competencia. Por Pablo Molina

¿Les molestan los insumisos? Pues que ordenen detener al alcalde del Puerto de la Selva y de paso que se entreguen a la autoridad todos los que llevan meses en abierta rebelión contra el orden constitucional. Entonces hablaremos de Valcárcel.

La democracia sólo es aceptable para la izquierda cuando el resultado coincide con sus deseos. Si no es así se utiliza el accidente de un petrolero, una guerra lejana en la que no tenemos soldados o una masacre terrorista para hacer valer la voz de la calle, la misma que desprecia cuando ocupa el poder, vulnerando el estado de derecho y rebelándose contra los gobernantes legítimos.

Ocurre igual con la libertad de expresión, que sólo es aceptable cuando el sujeto expresa lo que dice la izquierda, quedando ese derecho inmediatamente suspendido si el ingenuo se atreve a opinar en fuera de los límites establecidos por el cotarro progresista.

Con la decisión del presidente murciano de no aplicar la nueva ley del aborto con carácter preventivo, asistimos al divertido espectáculo de unos profesionales de la rebelión contra el orden establecido exigiendo al díscolo representante de la derecha que se someta a los mismos principios que ellos rechazan de forma pública y contumaz cuando las decisiones no les convienen.

Los mismos que desde lo mediático justifican las huelgas salvajes que paralizan una ciudad a despecho de la normativa vigente en materia de servicios mínimos, y desde lo autonómico impiden a los ciudadanos ejercitar los derechos que las leyes les reconocen, exigen al partido rival que lleve a la práctica lo previsto en una ley pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional, aunque de ello dependa la vida de decenas de seres humanos no nacidos.

Y el caso es que tampoco es que Ramón Luis Valcárcel haya puesto en cuestión el sagrado dogma del "derecho al aborto" promulgado por Zapatero, porque la región de Murcia está entre las primeras en la clasificación porcentual de abortos y aquí se va a seguir abortando sin impedimentos en función de lo establecido por la anterior ley para seguir en la cabeza de la tabla.

Es sólo que a la izquierda le fastidia que los demás pongan en cuestión sus imposiciones, porque esa es una facultad que se ha atribuido en exclusiva como llevamos viendo desde hace ya demasiado tiempo. ¿Les molestan los insumisos? Pues que ordenen detener al alcalde del Puerto de la Selva, provincia de Gerona, y de paso que se entreguen a la autoridad todos los que llevan meses en abierta rebelión contra el orden constitucional. Entonces hablaremos de Valcárcel.

Libertad Digital - Opinión

Las aldeas de Astérix. Por Ignacio Camacho

Esto va a acabar mal porque no hay país viable que pueda tomarse su propia gobernanza a cachondeo.

TENÍA que ocurrir y ya ha ocurrido. Lo único que faltaba en nuestro desbarajuste territorial era que después de haberse autoasignado competencias como el que se sirve el desayuno en el buffet de un hotel, las autonomías decidiesen cumplir las leyes a la carta según el criterio de sus virreyes de turno. Ésta del aborto no me gusta porque soy católico, ésta otra del idioma porque soy catalán y aquélla de los planes de estudio porque en mis islas no hay ríos. Se han apropiado de las aguas y de los parques llamados ¡nacionales!, han creado poderes judiciales y agencias tributarias de la señorita Pepis, han vestido a los guardias de uniformes folklóricos y hasta hay una región que ha puesto en su Estatuto una cláusula de «culo veo, culo quiero» para atribuirse las funciones que el Estado les permita a las demás. Ahora ya simplemente se arrogan la potestad de tachar las leyes que no les convengan como señores de horca y cuchillo, pura extraterritorialidad de factoa la medida del horizonte del campanario. Váyase usted a abortar fuera de Murcia o a aprender español fuera de Cataluña que esto es como la aldea de Asterix y no nos gustan los romanos.

Poco puede asombrar sin embargo este caos cuando el primero que lo promueve es el presidente del Gobierno, que lleva seis años dedicado a la sorprendente tarea de achicar su propio ámbito de acción. Si el encargado de gobernar para todos los españoles le promete a Cataluña encontrar el modo de hacer lo que el Tribunal Constitucional ha prohibido que se haga —por ejemplo, constituir un consejo de justicia soberano— mal se va a sorprender de que el presidente murciano considere que en sus dominios no rige la flamante ley zapaterista del aborto. Donde las dan las toman; el problema es que las den, y el Gobierno se ha puesto a repartir prebendas como quien reparte chocolatinas: para ti los ríos, para ti las costas, para ése los aeropuertos y para aquél los museos. Lo que no se entiende es para qué quiere Zapatero tantos ministerios si la última función que le quedaba a la mayoría de ellos, que era la iniciativa de legislar para toda la nación, ha tropezado con los aranceles autonómicos levantados por los reinos de taifas.

El Estado de las autonomías, construido a trancas y barrancas con un cierto sentido de equilibrio igualitario, ha quedado convertido en un descalzaperros particularista en el que los funcionarios cobran sueldos diferentes, los estudiantes aprenden conocimientos distintos y los ciudadanos en general pagan impuestos disímiles y no poseen los mismos derechos. Ahora tampoco tienen por qué obedecer según qué leyes. No hay que ser un jacobino recalcitrante para darse cuenta de que esto va a acabar mal porque no hay país viable que pueda tomarse su propia gobernanza a cachondeo.

ABC - Opinión

Estatut. Vísperas catalanas. Por José García Domínguez

Nada hay que ver en el futuro por la muy prosaica razón de que allí no hay nada. Al contrario, quien aspire a comprender la realidad habrá de girar la vista hacia el pasado. Siempre, sin cesar, constantemente.

Como bien sostiene Pío Moa, uno de los lugares comunes más vacuos de la jerga política hispana es el cargante latiguillo que prescribe "mirar al futuro". Ocurre al invariable modo, en cuanto el mando desea saldar el menor atisbo de debate ordena, imperativo, husmear en el futuro. Ahora, con ocasión del fallo del Estatut, tanto Rajoy como Zapatero han vuelto a aferrarse a esa absurda convención retórica. Y es que nada hay que ver en el futuro por la muy prosaica razón de que allí no hay nada. Al contrario, quien aspire a comprender la realidad habrá de girar la vista hacia el pasado. Siempre, sin cesar, constantemente.

He ahí, por cierto, la gran diferencia entre el ser que piensa y el que siente; entre el individuo y la masa, que dirían cuando todavía se podía llamar a las cosas por su nombre. Así, contemplado desde una cierta óptica histórica, el fracaso del proyecto catalanista se revela estos días en toda su miseria. A fin de cuentas, más allá de la impostada algarabía mediática, el hastío ante la paranoia identitaria ha terminado cuajando en una abstención estructural, crónica. Tras un cuarto de siglo de estomagante adoctrinamiento institucional, la mitad del censo ya rehúsa hablar en las urnas por sistema. Igual calla en las elecciones domésticas que en las generales; como, indiferente, calló en el referéndum.

A ese paso, los micronacionalistas quizá puedan construir un convento de cartujos pero no una nación. Aunque, claro, nadie les quitará el recurso al guirigay callejero, la sempiterna especialidad de la casa. "Fingen peligros que no existen y crean conflictos imaginarios. Nuestros políticos necesitan estas agitaciones porque no saben hacer otra cosa", confesaría en su diario Amadeu Hurtado, el abogado de la Generalidad durante el otro contencioso con el Tribunal Constitucional, el de 1934, poco antes de la sublevación de Companys. El mismo Hurtado que inmortalizó tal que así a Macià, el Montilla de la época: "No sabía nada de nada y daba miedo escucharle hablar de los problemas de gobierno porque no tenía ni la más elemental noción; pero el arte de hacer agitación y de amenazar hasta el límite justo para poder retroceder a tiempo, lo conocía tan bien como Cambó". ¿Mirar al futuro? Sí, en las bibliotecas.

Libertad Digital - Opinión

Otro error con Cuba

Es el régimen castrista el que está sabiendo jugar esta oportunidad que le ofrece el Gobierno español de legitimarse con gestos efímeros de disposición arbitraria sobre los Derechos Humanos de los disidentes.

EL Gobierno español sigue mostrándose compasivo y comprensivo con la dictadura cubana, a la espera inacabable de que el régimen castrista dé muestras de una apertura política. Después de que la presidencia española de la UE se saldara con un nuevo fracaso en el intento de modificar la posición común de Bruselas contra la dictadura comunista en la isla, el Gobierno se ha apuntado al proceso de diálogo entre el régimen de los Castro y la Iglesia católica sobre la situación de los presos políticos. Esta iniciativa del Ejecutivo español se sustenta en el mismo error de partida que otras anteriores: creer que el régimen comunista de La Habana va a ser sensible y receptivo a la suavización de las medidas internacionales de presión. Al Gobierno cubano, como ha demostrado en ocasiones anteriores, no le cuesta nada liberar a unos cuantos presos políticos —nuevamente ignorados en la agenda de la diplomacia española, incluido Guillermo Fariñas—, porque tiene el control policial suficiente para encarcelar a otros tantos en cualquier momento. Por tanto, es el régimen castrista el que está sabiendo jugar esta oportunidad que le ofrece constantemente el Gobierno español de legitimarse con gestos efímeros de disposición arbitraria sobre los Derechos Humanos de los disidentes. Por muy benéficas que sean las intenciones del ministro Miguel Ángel Moratinos, solo importa saber si su condescendencia y la de Rodríguez Zapatero hacia Cuba han producido o no avances en el reconocimiento de las libertades políticas. La respuesta es tan rotundamente negativa que obliga a preguntarse cuál es realmente la estrategia del Gobierno español, visto el fracaso de su política filocastrista, tanto en las decisiones unilaterales como en las propuestas multilaterales en el seno de la UE. Quizás apuntarse a la diplomacia vaticana.

ABC - Editorial

Moratinos y Zapatero, siempre con las tiranías

Moratinos, en el colmo de la indignidad reclamó al periodista que dejara la huelga y "trabajara" como él para mejorar la situación en Cuba, como si Moratinos hubiera hecho algo en su vida en pos de ese objetivo y Fariñas no comiera porque desea adelgazar.

La presidencia española de la Unión Europea ha estado sin duda a la altura de la capacidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero. El presidente pretendía que las reuniones internacionales le dieran una imagen de estadista que le permitiera remontar el vuelo ante la opinión pública. Pero ha sido un semestre marcado por la crisis económica, la misma crisis que ha hundido su popularidad en España; que Obama no quisiera acudir a la cumbre UE-EEUU, ese "encuentro planetario" que glosara Leire Pajín, fue la puntilla.

Pero además de mejorar su imagen, Zapatero y Moratinos tenían un objetivo en política exterior que cabía temer que pudieran llevar a cabo: derogar la política común de la Unión Europea con Cuba. Desde 1996, y gracias a una iniciativa de José María Aznar, este acuerdo obliga a todos los países a condicionar el diálogo a la promoción de los derechos humanos y una transición pacífica hacia la democracia. Naturalmente, a la tiranía comunista no le hace ninguna gracia. Y por esa misma razón, a esos amigos de las dictaduras que son Zapatero y Moratinos tampoco les gusta y han querido cambiarla desde que llegaron al Gobierno.

La excusa de Moratinos para intentar cambiar la posición común es que la política actual de la Unión Europea no ha logrado suficientes resultados. Sin embargo, su propuesta de un mayor diálogo y mayores concesiones a los tiranos que sojuzgan Cuba afianzaría el régimen y desmoralizaría a la oposición democrática. Europa debe seguir mostrando un frente común, principalmente para evitar que aquellos países que no tienen un especial interés en la isla opten por el camino fácil de olvidarse de los derechos humanos y entenderse con la dictadura, debilitando las posiciones de quienes sí tenemos un interés especial por Cuba. Pero esa posición común debería ir encaminada a un mayor apoyo a la oposición y un mayor distanciamiento del régimen liberticida de los Castro.

En cualquier caso, la postura de Zapatero y Moratinos no sólo está equivocada, sino que es sobre todo profundamente inmoral. Mientras el Gobierno ha estado seis años llenándose la boca con la supuesta "ampliación de derechos" que ha tenido lugar durante su mandato, lo cierto es que en todos los casos donde ha tenido opción ha preferido apoyar a la tiranía frente a la libertad, a las dictaduras frente a las democracias, a los totalitarios frente a los demócratas. La visita de Moratinos a Cuba no es sino el último ejemplo. Regodeándose en las atenciones que recibe de los mandamases de un régimen sanguinario, ha dejado claro que no piensa visitar a Guillermo Fariñas, quien tras cuatro meses en huelga de hambre podría estar viviendo sus últimos días. Es más, en el colmo de la indignidad reclamó al periodista que dejara la huelga y "trabajara" como él para mejorar la situación en Cuba, como si Moratinos hubiera hecho algo en su vida en pos de ese objetivo y Fariñas no comiera porque desea adelgazar.

El ministro de Exteriores ha llegado a Cuba para prometerle a la dictadura lo que no ha logrado darle en seis años, la desaparición de la posición común de la UE. Una vez acabada la presidencia de España parece aún más difícil que lo consiga. Pero que siga acudiendo a la isla con esas intenciones es una vergüenza para todos los demócratas. Reclamaríamos su cese inmediato, si no fuera porque probablemente eso no supondría ningún cambio de política, y pocos candidatos existen para el puesto más incompetentes que el actual ministro. Si va a trabajar para el mal, mejor cuanto más inútil. Así las cosas, lo más aconsejable es esperar a que Zapatero abandone La Moncloa, desde donde tanto daño ha hecho tanto a los españoles como a los cubanos.

Libertad Digital - Opinión

Zapatero, sólo en Estrasburgo

Pocas veces se ha visto una presidencia tan superada por las decisiones que tomaban los grandes países, en ocasiones sobre asuntos que afectaban a los intereses españoles.

EL presidente del Gobierno acusó a los eurodiputados que ayer lo criticaban durante el debate de balance de su presidencia europea en Estrasburgo de pensar en clave española, cuando, con su discurso, fue precisamente Rodríguez Zapatero quien convirtió el resumen de su gestión al frente de la presidencia de turno de la UE en un monólogo destinado a preservar su imagen ante la opinión pública española. No debería extrañar, por tanto, que todos los grupos políticos de la Cámara —con la natural excepción del socialista— le hayan criticado sin contemplaciones. El Partido Popular Europeo fue, incluso, relativamente condescendiente, sobre todo si su actitud se compara con los discursos de los representantes de los liberales, los conservadores británicos, los verdes o la Izquierda Unitaria. Rodríguez Zapatero se quedó solo a la hora de defender una gestión que, si bien era difícil, porque estrenaba el nuevo formato institucional, ha sido generalmente percibida como una gesticulación hueca y estéril.

A Rodríguez Zapatero le ha correspondido llevar las riendas de la UE en un momento en que no era posible ocultar que su Gobierno estaba lejos de controlar el deterioro de la economía española, lo que hacía difícil que su posición fuera creíble en Europa. Sus repetidas alusiones a la defensa del método comunitario no pueden ser percibidas como una declaración de europeísmo ferviente y consciente, sino como la justificación de su impotencia para llevar a cabo su papel, que era precisamente el de la coordinación de la política intergubernamental. Pocas veces se ha visto una presidencia tan abiertamente superada por las decisiones que tomaban los grandes países, en ocasiones sobre asuntos que afectaban directamente a los intereses españoles. Y más extraordinario aún ha resultado que esa intervención exterior haya sido la que ha contribuido a frenar en parte el deterioro de las posiciones españolas en los mercados internacionales.

El presidente del Gobierno no puede negar que la llegada de la presidencia belga representa un gran alivio, y no tanto por la carga de trabajo —algo que han manejado los funcionarios españoles de forma impecablemente profesional, como en anteriores ocasiones—, sino porque ya era imposible seguir disimulando la ausencia de ideas, la falta de liderazgo y de capacidad para entender los problemas a los que se enfrenta Europa y que en España han sido precisamente causados por su desastrosa gestión.

ABC - Editorial