Zapatero no se va a ir por consejo de su mujer

Esperar que Zapatero se va a ir por consejo de su mujer es asegurarse la derrota dentro de dos años, la última que Rajoy puede permitirse al frente del PP por muy búlgaro que saliese el Partido tras el congreso de Valencia. Y Rajoy lo sabe.

Ha tenido que ser la mujer de Luis Bárcenas la encargada de cerrar el sainete político-mediático-judicial del caso Gürtel, el mismo al que Mariano Rajoy no se atrevía a meter mano. Ha hecho falta, eso sí, semana y media durante la cual el presidente del PP ha actuado como suele hacerlo casi siempre que tiene un problema por delante. Lejos de mostrarse implacable con los sospechosos de corrupción, ha esperado pacientemente a que el tema más espinoso – Bárcenas, su hombre de confianza– se solucionase sólo confiándose a la suerte que, esta vez, le ha sido propicia. Después de todo, ya puede presumir en público de que el ex tesorero del PP es un completo extraño dentro del Partido.

Con Bárcenas condenado a las tinieblas exteriores y el resto de implicados en la trama de Correa debidamente alejados de la estructura de mando del PP, a Mariano Rajoy se le van acabando las excusas para ponerse en serio a hacer oposición; labor en la que, a pesar de contar con más de diez millones de votos y 154 escaños, no se ha estrenado, y ya van dos años desde que Zapatero renovase mandato. No es preciso recordar que sus electores le entregaron el voto para eso y que, además, en los seis años que lleva sentado en la bancada de Oposición nunca lo ha tenido tan fácil.

Aparte de la complicada situación económica que no tiene visos de mejorar, a Rajoy se le presenta una oportunidad de oro con la sentencia del Estatuto de Cataluña, cuyo recurso que interpuso en tiempos mejores puede utilizar ahora contra el Gobierno en un momento en que éste se encuentra en una delicadísima posición. El Estatuto de Cataluña pertenece a la época feliz del zapaterismo, cuando las principales preocupación del Gobierno eran la España Plural y la Alianza de Civilizaciones. Hoy, con el agua al cuello e incapaz de cortar la hemorragia económica, los fantasmas del pasado pueden volverse contra él.

Pero esto, que está a la vista de todo el mundo, podría no tenerlo Rajoy tan claro. Un apuradísimo PSOE ha pedido que el Partido Popular retire el recurso problema que los propios socialistas crearon promoviendo un Estatuto de Autonomía abiertamente anticonstitucional. Existe la posibilidad de que Rajoy culmine su lucimiento personal de esta legislatura retirando el recurso para congraciarse con Convergencia y Unión, con quienes pretende pactar tan pronto se celebren elecciones en Cataluña. Es una hipótesis especulativa pero perfectamente verosímil.

También lo es que Rajoy recupere la cordura y el pulso que tuvo en la legislatura anterior. Es posible que advierta que el único modo de llegar a la Moncloa es presentando batalla en la Oposición. A José María Aznar le costó dos legislaturas completas de desgaste porque, a veces, la uva, aunque esté muy madura, no termina de caerse y se pudre colgada de la vid. Esperar que Zapatero se vaya a ir por consejo de su mujer es asegurarse la derrota dentro de dos años, la última que Rajoy puede permitirse al frente del PP por muy búlgaro que saliese el Partido tras el congreso de Valencia. Y Rajoy lo sabe. Ahora sólo es necesario que actúe.

Libertad Digital - Opinión

Zapatero y la lógica de su fracaso

LA renuncia de Luis Bárcenas y de Jesús Merino, implicados en el «caso Gürtel», a sus actas de parlamentarios en el Senado y el Congreso, respectivamente, implica el traslado del proceso desde el Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Y si los diputados autonómicos madrileños también imputados en el caso hicieran lo mismo, la investigación acabaría en un juzgado de la plaza de Castilla. Este sería el desenlace procesal de las renuncias de los aforados, un cambio de competencia judicial que tendría un efecto directo en la resonancia política y social del «caso Gürtel». Por lo pronto, para Rajoy es ya un éxito político el paso dado por Bárcenas y Merino -ninguno obligado a renunciar a sus actas-, porque el balance de su gestión le permite afirmar que su partido, sin esperar siquiera a juicio oral, no tiene a ningún militante ni cargo interno implicado en la trama Gürtel. El PSOE vuelve a quedarse mermado de argumentos oportunistas contra el PP y pierde uno de sus más recurrentes burladeros frente a la crisis económica de España y el declive político, imparable, del Gobierno de Zapatero.

Sin «Gürtel» que arrojar a Rajoy, el fracaso global del Gobierno vuelve a manifestarse en todos sus frentes y con toda su lógica, explicada por la impericia de sus responsables y la falta de proyectos para España. Ni uno solo de los frentes políticos propios de una sociedad moderna está sustentado en una acción de gobierno sólida y solvente. Zapatero ha fracasado en su temeraria idea de alterar el Estado autonómico a través del Estatuto de Cataluña, demostrando que carece de autoridad política suficiente para reconducir los acontecimientos adversos producidos en el TC. La campaña de la izquierda contra el Supremo se ha vuelto contra sus promotores, dejando la impronta de un grupo de agitadores «antisistema» trasnochados y comprometiendo la lealtad institucional del propio Gobierno. El Ecofin llegó a Madrid para decirle a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que Bruselas no se cree el plan anticrisis del Ejecutivo. El estado de nervios de los socialistas catalanes ante las próximas autonómicas muestra la desconfianza en sus propias fuerzas, pero también en la capacidad de Zapatero para recuperarse como talismán electoral. Y así podría contarse por fracasos el resto de proyectos básicos de Zapatero, desde que llegó a La Moncloa en 2004. Frente a este cuadro de desplome socialista, Rajoy suma aciertos, probablemente sin la estridencia que le exige una parte de la derecha, pero con mucha más eficacia que la que desearía la izquierda.

ABC - Editorial

¿La rebelión de los jueces?. Por José María Carrascal

CONTRA la opinión generalizada, que considera el último intento fallido del Tribunal Constitucional de pronunciarse sobre el nuevo estatuto catalán la prueba definitiva de su fracaso, pienso que se trata de un paso adelante. Por primera vez se ha roto la «disciplina de partido», con los magistrados siguiendo la línea del partido que los eligió. Esto puede aceptarse, a regañadientes, en el Congreso, pero no en el tribunal encargado de supervisarlo, en cuyo caso se convertiría en su mera reproducción liliputiense.

Tal automatismo, como digo, se ha roto, al decidir un magistrado propuesto por el PSOE no seguir su línea, desbaratando los planes del Gobierno y volviendo locas a la ponente y a la presidenta del Tribunal, que sí la seguían, hasta que no han tenido más remedio que tirar la toalla. El nombre del magistrado que ha hecho más caso a su conciencia de ciudadano y de jurista que a quien le eligió es, digámoslo en su honor, Manuel Aragón. Si su ejemplo cunde entre los jueces, podríamos estar ante una revolución en la Justicia española, esto es, ante su plena independencia de los políticos, lo que sería una gran noticia para España. Claro que esto tendrá que confirmarse, y no ser un caso aislado.

¿Qué va a pasar ahora? Los analistas dicen que el nuevo ponente, Guillermo Jiménez, adscrito al «grupo conservador», tiene muy difícil, por no decir imposible, redactar un texto que agrade a la mayoría, al no disponer del tiempo necesario. Tendrá que hacerlo antes de las vacaciones, ya que tras ellas llegan las elecciones catalanas, que no conviene disturbar con una sentencia.

Yo no soy tan pesimista. Los miembros del Tribunal están familiarizados con el caso y está claro que el texto de doña Elisa Pérez Díaz era demasiado blando con el nuevo Estatut, al que consentía diversas inconstitucionalidades. Hay que endurecerlo. Pero si se endurece demasiado, puede que don Manuel Aragón tampoco lo acepte. De ahí que lo ideal sería que don Guillermo y don Manuel se sentaran a una mesa y podaran el borrador anterior, sin extremismos, esto es, dando a Cataluña lo que es de Cataluña, y al Estado, lo que es del Estado. Eso es lo que tiene que ser un estatuto de autonomía, no de soberanía.

¿Que los políticos catalanes iban a poner el grito en el cielo? Seguro. Ya les han oído amenazar por sólo tocar una coma. Pero también se decía que el País Vasco se alzaría en armas por la ilegalización de Batasuna, y no pasó nada. En Cataluña, menos. Todos los catalanes saben que ese nuevo estatuto es un chantaje al Estado para sacarle más, pero si no se lo dan, lo aceptarán con buen sentido. Les paso lo que decía Pilar Rahola el sábado en La Vanguardia: «El nuevo Estatut era un camino hacia la nada, un sueño de Maragall con deseos de papel en la historia, el delirio de una grandilocuencia». Le faltó sólo «y otra de esas frivolidades trágicas de Zapatero, prometiendo lo que no podía prometer».

ABC - Opinión

Adéu, Estatut. Por José García Domínguez

Hubimos de embarcarnos en un viaje a ninguna parte durante el que se pretendió olvidar que, aquí, no hay más nación que la española, ni más símbolos nacionales que los españoles, ni más sujeto de la soberanía que el pueblo español,

Si algo ha acreditado el tan tedioso asunto del Estatut es que Ortega andaba en lo cierto cuando acuñó aquello de la conllevancia, su sereno, fatal acuse de recibo de que el problema catalanista, simplemente, no tiene remedio. Razón última de que el texto aún vigente, ése que cometieran Zapatero y Mas con nicotínica nocturnidad, en nada haya atenuado el afán soberanista, de lejos ya hegemónico en el seno del nacionalismo dizque tibio. Al contrario, la reforma implícita de la Constitución forzada por la temeraria bisoñez de un oportunista miope, en lugar de aplacarlos, los galvanizó. Acaso el proceso haya servido con tal de atenuar el mortificante complejo de inferioridad identitaria que padecen Montilla y su gente, sempiternas víctimas del síndrome del realquilado con derecho a cocina. Aunque para nada más.

He ahí, enésima prueba del nueve, el surtido de performances independentistas que no cesan de promover los convergentes en cada palmo urbanizado de la nación virtual. O el cotidiano carrusel de posados insurreccionales en la prensa doméstica, festival de la charlatanería sediciosa en el que todos compiten con todos a ver quién la dice más gorda, según la ancestral norma vigente en los patios de los colegios. Al final, lo único que habrá propiciado la muy irresponsable frivolidad de Zapatero, ésa misma que ahora se apresta a corregir el Constitucional merced a algún asomo del más digno azañismo, es la eclosión de una renovada mitología victimista; el relato sentimental de otro agravio histórico, invariable carburante que desde siempre ha alimentado el imaginario del catalanismo político.

Para eso hubimos de embarcarnos en un viaje a ninguna parte durante el que se pretendió olvidar que, aquí, no hay más nación que la española, ni más símbolos nacionales que los españoles, ni más sujeto de la soberanía que el pueblo español, ni más derechos históricos que los enunciados en la Constitución española, ni más bilateralidad que la implícita en las relaciones de España con los demás Estados nacionales del mundo. En El estandarte, novela ambientada en el instante último del Imperio austro-húngaro, deplora un personaje: "A veces los hombres destruyen edificios que han construido las generaciones anteriores como si no fueran nada. Son capaces de quemar palacios tan sólo para calentarse las manos". Así el Solemne.

Libertad Digital - Opinión

Extrema izquierda. Por Ignacio Camacho

SI es cierto que existe en España una derecha exaltada, bronquista y autoritaria, que sabotea con su alboroto ultraconservador el proyecto de una mayoría moderada de centro, no resulta menos inquietante el surgimiento de una izquierda extremista y radical que ha cobrado vuelo bajo el impulso complaciente del zapaterismo, cómodo ante cualquier sacudida de agitación que aliente la división frentista y trate de sustituir los consensos de la Transición por una oleada de rupturismo y de discordia civil. Cada vez que ha visto amenazada su hegemonía o embarrancada su gestión al frente del Gobierno, el PSOE de Zapatero ha dado alas a la radicalización política y social con el objetivo de aislar al centro-derecha y alejarlo de cualquier expectativa de regreso al poder. Casi siempre le ha salido bien; desde las algaradas del 13-M de 2004 hasta la reciente resurrección de los fantasmas del franquismo, pasando por el Pacto del Tinell o los «cordones sanitarios», la estrategia de la confrontación funciona como catalizadora de demonios históricos que provocan la movilización de izquierdas y nacionalismos en una especie de frente común del que el presidente acaba sacando rentables réditos electorales.

El precio de esta crecida maniobrera del fanatismo ideológico consiste en el arrinconamiento de la moderación a ambos lados del espectro político y el alejamiento de la vida pública del equilibrio en que ha venido funcionando en los últimos treinta años. Tanto González como Aznar diseñaron sus proyectos de mayoría sobre el eje de la búsqueda del centro sociológico, del que Zapatero huye para dar paso a una España bipolar con graves costes de convivencia. La liquidación del espíritu fundacional de nuestra democracia no significa sólo el surgimiento de un nuevo relato dominante que remplaza el esfuerzo reconciliador de la Transición -contemplada ahora como un pacto vergonzante forzado bajo amenaza de golpe de Estado- por la exaltación de la ruptura pendiente; implica la construcción de un imaginario fundamentalista basado en el bucle melancólico de la legitimidad republicana. Es decir, se trata de abolir el principal logro de la etapa constitucional para volver a un punto crítico caracterizado por el fracaso de la concordia.

El retorno de la radicalidad ha relegado a la izquierda moderada en beneficio de un ruidoso extremismo de fetiches que se apodera de la escena con su efecto de arrastre, buscando -y en parte consiguiendo- un efecto similar en el espejo de la derecha. En este marco de crispación, el prestigio de la serenidad se hace más necesario que nunca para contrarrestar la ofuscación de un desorden intencionado. Por mucha confusión que produzca este griterío inducido, las únicas dos Españas actuales son la de una inmensa mayoría estable y sosegada y la de unas vociferantes y minúsculas facciones de agitadores oportunistas y revisionistas exaltados.

ABC - Opinión

Nubes de ceniza sobre el Tribunal Constitucional. Por Antonio Casado

De una fábrica averiada sólo pueden salir productos defectuosos.

Ese es el sino del actual Tribunal Constitucional (un recusado, un fallecido, cuatro caducados y todos a la greña entre sí) y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuya constitucionalidad ha sido puesta parcialmente en duda por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco Comunidades Autónomas. El futuro del Tribunal y del Estatut no puede, pues, estar más oscurecido. Tanto sus partidarios como sus detractores han arrojado sobre él nubes de ceniza. Ahora ya da igual que haya cambio de ponente o no, que se renueve o se deje de renovar la composición del Tribunal, o que haya sentencia antes o después de las elecciones catalanas. Su imagen está completamente arruinada.

No solo su imagen. También su legitimidad de ejercicio ha quedado seriamente dañada por la indebida prolongación del mandato de un tercio de sus miembros y la estúpida reyerta PSOE-PP que impidió su renovación hace casi dos años, cuando el PP acababa de presentar su recurso contra 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos disposiciones finales del Estatut, por entender que éste es una especie de Constitución paralela que, entre otras cosas, pone en duda el dogma de la soberanía nacional única e indivisible.

No se acometió cuando tocaba la renovación de los cuatro magistrados que agotaron su mandato en diciembre de 2007, la presidenta del Tribunal, Maria Emilia Casas, entre ellos. Esa circunstancia ha contribuido a valorar políticamente las posiciones de los magistrados sobre el Estatut en función de un encuadramiento previo, según hubieran sido propuestos por el PSOE o por el PP. Llegados al punto, lo mejor que podían hacer esos cuatro magistrados es dimitir. Por su propia estima y, sobre todo, porque así obligarían al Senado a hacer los deberes que debió haber hecho hace dos años y medio.

Es lo que este fin de semana el presidente de la Generalitat, José Montilla, ha reclamado telefónicamente tanto al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, como al líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy… sin ningún éxito. No habrá renovación del Tribunal porque ni Zapatero ni Rajoy quieren que la haya antes de las elecciones catalanas del otoño próximo. Ni renovación ni sentencia sobre la constitucionalidad del Estatut. Ni la querían ni la quieren, tal y como se han puesto las cosas, descartada ya toda posibilidad de fallo favorable a la constitucionalidad del texto. Si en la votación del viernes el disputado voto del progresista Manuel Aragón tumbó una ponencia “progresista” (Elisa Pérez Vera), por quedarse corta en el asunto de la “nación”, se supone que el mismo voto volverá a tumbar, por pasarse, la ponencia “conservadora” de Guillermo Jiménez cuando éste la presente.

Ante semejante panorama (inconstitucionalidad parcial, más o menos amplia, del texto) no es extraño que ni PSOE ni PP quieran sentencia antes de las elecciones catalanas. Los socialistas se derrumbarían en las encuestas. No olvidemos que el Estatut fue la obra predilecta de Zapatero y Maragall. El PP, por su parte, perdería cualquier posibilidad de pacto con CiU, amén de quedar estigmatizado como responsable del recorte del Estatut. Sería como alfombrar el camino de retorno de los nacionalistas al poder, a lomos de su caballo preferido: el victimismo.

El Confidencial - Opinión

Bono y la hipócrita izquierda acaudalada

Efectivamente, lo indecente no debería ser tener, sino delinquir, pero precisamente quienes han convertido en un rasgo sospechoso e indecente el tener han sido las izquierdas todas.

La hipocresía, hacer lo contrario de lo que se predica, nunca ha sido considerada una virtud social. Aunque puede tener su relevancia evolutiva –por aquello de defender lo que se considera positivo aun cuando uno no sea lo suficientemente fuerte como para cumplirlo–, en general suele ser una estrategia para medrar a costa de los demás; un reprimir al prójimo mientras uno disfruta libre de ataduras. El propio Jesucristo critica en numerosas ocasiones a los fariseos, a los hipócritas, quienes "purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad" (Lucas 11, 39).

La izquierda ha hecho de su odio a los ricos una de sus señas de identidad. Herederos de una empobrecedora –moral, intelectual y económicamente– tradición marxista, han considerado la riqueza como el fruto de la explotación del obrero y no como el resultado de haber generado prosperidad, bienestar y satisfacción para millones de consumidores. El rico siempre se encuentra bajo sospecha y, precisamente por ello, merece ser objeto de todo tipo de coacciones y exacciones. Ayer mismo, el líder de IU, uno de esos partidos sin ninguna idea buena que gracias a la calamitosa gestión de Zapatero y a su demagogia sobre la crisis parecen estar ganando algo de oxígeno, acusaba al Gobierno de "tener miedo" a los ricos de este país, reclamándole que actuara contra ellos.

Por supuesto, cuando la izquierda reclama dureza contra los ricos nunca piensa en la riqueza que han amasado los propios políticos gracias –y dejando de lado la corrupción– no a haber servido a los ciudadanos, sino, en la inmensa mayoría de las ocasiones, a haberles esquilmado y dificultado sus vidas. Ahí tenemos a toda la "izquierda caviar" nacional –desde nuestros autodenominados "intelectuales" a los empresarios afines al PSOE– e internacional –desde los Castro a Slim, pasando por los actores hollywoodienses– que es inmune a estas peticiones de arrimar el hombro y la cartera. Al parecer, toda su riqueza tiene un justo origen gracias a la pureza ideológica del propietario.

El Gobierno socialista lleva meses clamando contra la avaricia y la búsqueda desenfrenada de beneficios con tal de justificar su lamentable gestión de la crisis. La proclama del Ejecutivo y de los sindicatos (que tanto monta) es que no hay que dejar que los ricos se aprovechen de la crisis y que el coste de la misma no deben soportarla unos trabajadores que no la han causado.

Parecía, pues, que haber amasado un mínimo patrimonio le convertía a uno en sospechoso de haber pegado un pelotazo inmobiliario o de haber corrompido a alguna administración local. Tal era la disyuntiva que el delirante discurso de la izquierda estaba planteando.

Y hete aquí que una vez hemos descubierto que José Bono, uno de estos defensores de las clases pauperizadas, poseía un patrimonio familiar de difícil cuantificación en el que se incluyen un piso de un millón de euros en el centro de Madrid, una lucrativa compañía hípica, un ático en el barrio de Salamanca, el más caro de la capital, dos áticos más en Estepona, una joyería en Albacete y unos ingresos anuales superiores al millón de euros, el presidente del Congreso sale a la palestra a declarar que lo "indecente no es tener, sino robar".

Efectivamente, lo indecente no debería ser tener, sino delinquir, pero precisamente quienes han convertido en un rasgo sospechoso e indecente el tener han sido las izquierdas todas. Y quienes habían enarbolado como una de sus banderas de cambio la transparencia y el buen gobierno habían sido los actuales socialistas, quienes incluso sacaron adelante una ley con tal nombre con el único propósito de reírse de todos los españoles a través de una declaración patrimonial claramente incompleta.

La cuestión es por qué si Bono considera que "tan honrado o miserable puede ser quien gana 10 como quien gana 1.000", se ha tomado tantas molestias en ocultar que ganaba no 1.000, sino un 1.000.000. Por qué ha tenido que asignar la propiedad de una joyería a una niña de 10 años, sin capacidad civil para obrar y dirigir una compañía. Por qué ha descalificado a quienes sacaban a relucir el patrimonio que él mismo manipulaba como "calumniadores de extrema derecha". Por qué, en definitiva, se comportaba como los fariseos haciendo lo contrario de lo que afirmaba. Porque si este asunto es sólo cuestión de una decencia que él entiende no mancillada, no hay razón para mentir durante tanto tiempo sobre su auténtica situación patrimonial.

Claro que tampoco se entiende por qué semejante mascarada hipócrita ha contado con la complaciente defensa de tantos miembros del PP, desde el alcalde de la ciudad donde Bono cuenta con algunos de sus mejores inmuebles, Alberto Ruiz Gallardón, hasta el presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, quien supuestamente tuvo que autocensurar su panegírico al ex ministro de Defensa. Una de dos: o algunos dentro del PP no quieren hacer oposición o esperan tapar la hipocresía propia encubriendo la ajena; dos hipótesis no excluyentes.

Libertad Digital - Editorial

La ruina institucional. Por Angel Expósito Mora

Aquí alguien se está volviendo loco o nos estamos volviendo locos todos. Lo que construyeron los padres de mi generación está siendo destruido sin consideración alguna; a lo bestia, paso a paso.

España va camino de un deterioro institucional sin precedentes, porque lo ocurrido el pasado martes en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en contra del Tribunal Supremo, y en supuesto apoyo al juez Baltasar Garzón del que él mismo reniega, supone un antes y un después en el desbarajuste de los cimientos del Estado. Más allá de ideologías y de Gobiernos concretos o de partidos políticos y líderes con nombres y apellidos, lo que está pasando en España debería hacernos pensar. Es más, debe preocuparnos.

Que todo un rector, nada más y nada menos que el rector de la Universidad Complutense de Madrid, amparara la humillación del Tribunal Supremo no sólo fue un disparate, ¡qué va!, fue un punto de inflexión. Porque se trata de quien debería ser una de las figuras más importantes del sistema educativo español, si no la mayor. Y si al rector le acompañaban un ex fiscal jefe anticorrupción, un secretario de Estado -y mucho más que supone en el seno del PSOE- y los líderes de los sindicatos mayoritarios, entonces estamos hablando no de un paso más en la desinstitucionalización, sino de una zancada hacia no se sabe dónde.

Insisto; no considero que se trate de una cuestión ideológica. Es mucho más importante. ¿Nos imaginamos al rector de la Universidad de Nueva York y a un ex fiscal de los Estados Unidos acompañados de los principales sindicatos norteamericanos impasibles y aplaudiendo ante la acusación de que el Tribunal Supremo de su país está formado por jueces corruptos, fascistas y/o torturadores? ¿Nos imaginamos a esos mismos señores, junto a alguna actriz -que no se pierde una, por cierto- riendo y felicitándose bajo una bandera que no fuera la de barras y estrellas, como aquí ocurrió con una farsa de bandera republicana? Y sigo con mis preguntas sin respuestas serias: ¿nos podemos llegar a imaginar a un político alemán presionando y hasta ridiculizando a su Tribunal Constitucional? ¿Y a un político francés ocultando lo que sus Fuerzas Armadas hacen y por lo que sangran, literalmente, en cualquier teatro de operaciones del mundo?

Pues aquí, sí. Aquí nos carcajeamos a la cara del Tribunal Constitucional, si bien es cierto que el propio Alto Tribunal ayuda mucho al esperpento, no reconocemos por extraños complejos a nuestros soldados muertos en combate, aplaudimos y nos reímos ante una farsa de bandera española y, para colmo y fin de fiesta, hay quien llama corruptos, fascistas y torturadores a los magistrados del Tribunal Supremo de España. Sí, sí, a los magistrados del Tribunal Supremo de España. Se me cae la cara de vergüenza hasta de tener que escribirlo. Porque aquí, en esta piel de toro, un sindicalista grita en público que el gobernador del Banco de España ha de irse «a su puta casa» y no pasa nada -ver ABC del 11 de octubre de 2009-, exactamente igual que pintarrajeamos una bandera o insultamos a los jueces. ¿No nos estaremos volviendo todos locos?

No se trata únicamente de buscar culpables, que también, sino de plantear un problema en el que, como siempre, se puede repartir leña para todo el mundo. Por un lado, los medios de comunicación porque participamos en esta orquesta absurda de dimes y diretes, si bien es cierto que unos más que otros; por otra parte, la política y sus representantes, porque no dan la talla al negarse a exclamar a los cuatro vientos la gravedad del problema, más bien todo lo contrario, y a la vez alimentan la insensatez por un interés electoral de pasado mañana. Y, cómo no, las propias instituciones que profundizan como nadie en su desprestigio. Los ejemplos abundan, pero me detengo en las togas porque el espectáculo del Tribunal Constitucional resulta inenarrable y, lo que es peor, irrecuperable para generaciones futuras. Y porque sobre el Tribunal Supremo se ha vertido un escupitajo enorme e injusto, un insulto incalificable hacia quien lo preside. Y así, hasta el Banco de España, la Universidad... Por favor, que alguien explique cómo podremos argumentar a unos chavales españoles recién llegados a estas mismas facultades universitarias que hay que respetar los valores y los principios, si todo un rector de la Complutense hace lo que hizo. O cómo vamos a pedir respeto por la bandera o por la Nación, si el Constitucional no publica una sentencia porque a alguien no le conviene. Y me repregunto: ¿cómo podemos estar tan ciegos ante el deterioro desesperado al que estamos sometiendo a las Instituciones, a las columnas vertebrales que sustentan el Estado, que soportan a España y a los españoles?

El periodista, médico y, sobre todo, pensador Joaquín Navarro Valls me dijo meses atrás que el problema de la juventud no es su propia falta de valores, que también, sino la escasez y ausencia de esos mismos valores entre los padres de esos jóvenes. Es decir, entre nosotros, -otra vez, ver ABC del 9 de septiembre de 2009- y tiene toda la razón. Porque lo que estamos haciendo o, mejor dicho, lo que estamos destruyendo se lo vamos a dejar a ellos. Y serán ellos los que se acaben marchando de España o nos terminen echando de las ruinas restantes. Junto a un buen amigo pude reconstruir hace un par de días la infancia de nuestros padres. Uno, su padre, tuvo durante media existencia la cara atravesada por un agujero causado por un balazo durante la Guerra Civil, que le perforaba desde una mandíbula hasta el lado opuesto del cuello. El otro, mi padre, se ataba a las espinillas, con cuerdas de pita, las suelas que encontraba en la basura de un Madrid de la posguerra para fabricarse su propio calzado. Décadas después, el uno y el otro, y otros tantos millones de españoles, produjeron una Transición democrática envidiable y fabricaron un armazón institucional que ha sido ejemplo en el mundo entero y que milímetro a milímetro estamos derrumbando. Sin cortarnos un pelo. Sin vergüenza alguna y sin medir las consecuencias.

De seguir así, a nuestros hijos no podremos explicarles el desastre, pero hay algo peor: ¿cómo les diremos a nuestros padres lo que hemos sido capaces de destruir en un abrir y cerrar de ojos, cuando a ellos les costó su sangre, su libertad, su esfuerzo, sus renuncias y la vida entera? Es necesario más que nunca un refuerzo de las Instituciones españolas antes de que sea demasiado tarde. Desde la política, desde las propias sedes institucionales y desde estos nuestros medios, los que podamos debemos clamar por el respeto y por el afianzamiento de los valores de nuestros padres, que, desde cualquier color, nos hicieron a nosotros y reconstruyeron esta España desde la más repugnante de las guerras.

Y lo vamos a hacer, porque o metemos esa marcha atrás en esta enloquecida carrera hacia el precipicio o nuestros hijos nos dirán, sin reparar en ideologías ni en partidos, y escupiéndonos en los libros de Historia: «Papá y mamá, habéis destrozado lo que hicieron los abuelos». Y, para nuestro ridículo, tendrán razón.

ABC - Opinión

Manifiesto por la reforma del Estado de las Autonomías

Por la reforma del Estado de las Autonomías

Queremos una reforma constitucional que redefina el actual modelo de descentralización política y administrativa, modifique la ley electoral, y asegure la igualdad entre todos los españoles.

Ha llegado la hora de afirmar sin titubeos que el Estado de las Autonomías es el inmenso error que nos está conduciendo a la ruina, a la división entre los españoles y a la desintegración de la unidad patria. El Estado de las Autonomías, en su concepción actual, impide la recuperación y el desarrollo económico de nuestra nación y contribuye de forma probablemente irreversible a la destrucción de la igualdad, la cohesión y la solidaridad que son fundamentales para el sostenimiento de la integridad de la nación española.

El Estado de las Autonomías y su altísimo e injustificado coste es el problema nuclear de la actual crisis. La atomización de leyes dispares, la existencia de políticas económicas, sociales, sanitarias, fiscales y sobre todo en materia de educación diferentes, resta fuerzas al Estado y por lo tanto lastra nuestras posibilidades de salir rápidamente de la actual crisis, a diferencia de otros Estados europeos. El Estado autonómico, justificado tanto por los partidos nacionales (PSOE y PP) como por los nacionalistas, constituye el gasto más importante, con diferencia, de nuestro presupuesto y la razón fundamental de nuestro déficit público; es por lo tanto la partida que precisa de un ajuste inmediato, cuando no de su eliminación.

El goteo permanente de cesión de competencias, junto con una ley electoral que termina por favorecer a las minorías independentistas - siempre desleales con el resto de España - nos hace preguntarnos ¿Cuál es el final del Estado de las Autonomías? ¿La desmembración misma de la Nación?

El Estado de las Autonomías, por su propia naturaleza, aspira a incrementar constantemente sus techos competenciales en una espiral perversa y sin fin que nos lleva, desde hace décadas, a la ruptura de la unidad de mercado y lo que es peor a la ruptura del modelo de Estado basado en la indisoluble unidad de España, tal y como se recoge en el artículo 2 de la Constitución Española.

Por todo ello llamamos, por encima de partidos, plataformas o foros a la hermosa tarea de soñar de nuevo en España, de refundar España bajo premisas generosas que nos devuelvan el orgullo y la alegría de trabajar en un proyecto común, lo que necesariamente pasa por una reforma constitucional que redefina el actual modelo de descentralización política y administrativa, modifique la ley electoral, blinde la unidad de España y asegure la igualdad entre todos los españoles, con independencia de su lugar de nacimiento o residencia.

Abril de 2010

estosololoarreglamossinlasautonomias.org

La hija de Bono de 10 años ‘paga’ una hipoteca de 110.000 euros

La niña es propietaria de un local en Albacete. Es una tienda que gestionaba su madre.

La hija pequeña de José Bono, todavía menor de edad, es ya propietaria de un local en el centro de Albacete, en la zona comercial más importante de la ciudad.

La propiedad está a nombre de la pequeña de los cuatro hijos que tienen el presidente del Congreso y su mujer Ana María Albina Rodríguez Mosquera. Según el Registro de la Propiedad número 4 de Albacete, el título de propiedad pasó a la hija de Bono el 6 de julio de 2009, dos meses después de que la menor hiciese su Primera Comunión. La niña, de origen chileno, fue adoptada por el presidente del Congreso con 7 meses de edad en 2001. En el momento en el que se registró el local a su nombre, la pequeña tenía 9 años.

El local, situado en el número 12 de la calle Tesifonte Gallego, en el Centro Comercial Calle Ancha, tiene una superficie de 130 metros cuadrados. Sobre éste pesa una carga hipotecaria de 110.000 euros con el Banco Popular que vence en junio de 2011. El valor de subasta fijado para esta finca es de 295.886 euros. Según varias inmobiliarias de la zona, el local tiene un valor de mercado aproximado de 350.000 euros.

La hija menor de edad de José Bono es, además, propietaria de un 5% de las acciones de la Hípica Almenara y de la empresa patrimonial Ahorros Familiares SAJA, según consta en el depósito de cuentas de 2008 de esta sociedad.

Tras su fracaso empresarial al franquiciar algunas de las tiendas de la firma de joyería Tous, que dieron pérdidas durante los primeros años, Ana Rodríguez Mosquera cambió su relación comercial y comenzó a gestionar siete de las tiendas propiedad de la marca catalana. El contrato le ofrece a la esposa de Bono un porcentaje de las ventas de cada una de las tiendas, además de un fijo por representar a la joyería. La empresa Ahorros Familiares SAJA es la utilizada por la esposa de Bono para facturar sus acuerdos con Tous.

Actualmente el local del que es propietaria la niña de 10 años aloja una de las tiendas de Tous que gestiona la esposa del presidente del Congreso, Ana María Rodríguez Mosquera. En la misma dirección está domiciliada la sociedad Ópalo 81, dedicada a la intermediación comercial.

La sociedad fue constituida el 5 de febrero de 2007 con la esposa de Bono, Ana María Rodríguez, y Pablo Cañego Muñoz como administradores. Meses después, en diciembre del mismo año, cesaron de sus cargos y fueron nombrados administradores solidarios Amelia Bono –otra hija del político– y Francisco Herrera García.

Amelia es la hija mayor del presidente. Su boda con Manuel Martos, hijo del cantante Raphael, aumentó la popularidad de su madre al frente de algunos negocios de patrocinio de la firma de joyería Tous. De hecho, durante varios años, Amelia, licenciada en Derecho, ha contribuido a los negocios de la familia ayudando a su madre cuando ésta aún tenía alguna de las franquicias de Tous en Castilla-La Mancha.

Aunque la esposa de Bono ya no tiene las franquicias, el local donde está situado el Tous de Albacete sigue siendo propiedad de la familia, en este caso de la hija menor de edad del matrimonio.

Los tutores legales de la niña, José Bono y Ana María Rodríguez Mosquera, son los responsables fiscales y administradores de la propiedad, según fuentes jurídicas consultadas. El domicilio fijado a efectos de requerimientos y notificaciones de la hipoteca es el 17 de la calle Hombre de Palo de Toledo, donde se encontraba la tienda Tous propiedad de la esposa de Bono.

El alquiler de un local en el centro comercial donde se encuentra el de la hija menor de Bono tiene una renta de 6.000 euros mensuales, según información local publicada sobre el precio del suelo en Albacete.
Los descuidos

Bono tampoco incluyó este local en los documentos que se filtraron a un diario nacional sobre el patrimonio del político y su familia. En el mismo artículo el presidente del Congreso aseguraba que sólo tenía un ático en Estepona, su casa de Toledo y un piso en Madrid que le había regalado a su hijo. Sin embargo, tal y como publicó LA GACETA, en el Registro de la Propiedad de Estepona figuran dos áticos a nombre de la sociedad Ahorros Familiares SAJA, participada por José Bono, su mujer y sus hijas, según consta en el depósito de cuentas de la empresa de 2008.

Esta sociedad es también propietaria de un lujoso ático en la calle Ayala de Madrid, adquirido en 2009 y cuyo valor de mercado ronda el millón de euros. Además, Bono es propietario ya de un piso en la localidad alicantina de El Campello, aunque tampoco informó de su adquisición al diario El Mundo.

La Gaceta

Para Garzón no hubo Paracuellos. Por Antonio Burgos

Entrego la cuchara ante los que saben de verdad de dos asuntos sobre los que no tengo la menor idea: de fútbol del bueno y de política nacional.

Yo sé del Betis, pero eso no es saber de fútbol ni nada. Y sé algo del alcalde de mi pueblo, que es la mejor forma de desconocerlo todo sobre política. Por eso me quedo con la boca abierta cuando veo un partido por la tele y el locutor se da cuenta de que están jugando sobre el doble pivote y con las líneas adelantadas. Por mucho que miro por allí, yo no veo pivote alguno. Así que ya te contaré cómo voy a ver el doble pivote, si no encuentro a un solo pivote, ¿seré cara... lo que rima con pivote? Y en cuanto a las líneas adelantadas, pues ni adelantadas ni retrasadas ni en su hora en punto: no veo en el campo más líneas que las blancas que pintan con cal de Morón. Y de política nacional, lo mismo. De momento, no tengo ni idea del lenguaje de los comentaristas políticos que hablan por la radio, qué piquitos de oro. No sé usar lo del «largo recorrido» o lo del «hondo calado», ni los remoquetes de «dicho lo cual» o «hasta donde yo sé». Y en mi suprema ignorancia, colijo que a los autotitulados analistas les pasa como a los comentaristas de fútbol: que saben ver todo lo que yo no endiquelo por parte alguna.

Y así me ha pasado con lo de Garzón. Entendía que la que han formado en pro Garzón era la habitual algarada de la Progresía Visa Oro, de los pijos de la izquierda forreta, del Sindicato de la Zeja, de Pilar Bardem y de los profesionales del manifiesto y la pancarta, de los que trincan tantas subvenciones que mucho presumir de izquierda solidaria, pero viven como el Marqués de Bono. Yo creía que era para que no se hable de la crisis, con el pretexto de que quieren toserle a Garzón, mascarón de proa de esa panda de trincones. Y dentro de la que lleva Garzón en las agujas, que era maniobra de distracción, para que hablemos de las fosas del franquismo, pero no de la prevaricación, ni de la tela del telón del supuesto botín con minúscula que presuntamente mangó a Botín con mayúscula. Y para distraer nuestra atención sobre la crisis, la inoperancia del Gobierno y los cuatro millones de parados.

Creyendo todo eso, claro, me resultaba incoherente que tanto buscar Garzón culpables de la represión de la guerra y tanto protestar los profesionales de la pancarta porque no lo dejaban al hombre escarbar en las fosas y desenterrar el odio, y resulta que allí, en el aula de la Facultad de Medicina, estaba un señor ya mayor, antiguo siervo de la gleba de Stalin, pregonado como responsable político del genocidio de Paracuellos, sobre el que Garzón no ha abierto la boca. Como soy de pueblo y no entiendo de política ni de fútbol, me preguntaba: ¿cómo Garzón dice que la Ley de Amnistía no vale para los cargos del régimen de Franco (por ejemplo, para los padres de muchos socialistas del Gobierno) y en cambio sí vale para el culpable político de Paracuellos? ¿O es que la demanda por lo de Paracuellos se la van a poner a este superviviente de la guerra desde la Argentina?

Pero eran despistes míos, que no veo ni el doble pivote ni las líneas adelantadas de la política. La Jefa de mi Casa Civil, que es más lista que todos los analistas políticos juntos, cuando vio la algarada, me dijo: «Garzón les importa un pimiento. ¿Te acuerdas de aquel micrófono que Gabilondo se dejó abierto cuando Zapatero le dijo que había que crear tensión para que la gente fuese a votar? Pues esto de ahora es lo mismo. Como el «Nunca mais», el «No a la guerra» o el «Queremos saber» del 11-M. No, no es para que no hablemos de la crisis. Quieren movilizar a sus votantes otra vez, por eso recurren a Franco y a los fachas, «que vienen, que vienen» y «no pasarán», para sacarlos de la abstención. Quieren poner en tensión a los radicales, a los antisistema, a las abortistas, a los gays, a las lesbianas, a los canis, a los que quitan el crucifijo en la escuela, a los antiyanquis, a los de la bandera republicana, a los grupos marginales, a toda esa gentuza que les dieron la victoria y quieren que se la vuelvan a dar».

ABC - Opinión

¡Qué sabrá el FMI!. Por José T. Gaga

Hablando con toda franqueza y consideración, reconozca que, si bien el FMI debe de saber poco de la economía española, usted, señora vicepresidenta, si lo que dice coincide con lo que piensa, muestra no tener ni idea de lo que aquí se cuece.

Diga usted que sí, señora vicepresidenta ¡qué sabrá o qué sabe el Fondo Monetario Internacional de lo que pasa en la economía española! Yo, como usted; el día que me levanto con el chovinismo desbordado, no hay quien me gane, por eso hoy, incitado por su aseveración, proclamo en voz alta que somos los mejores, que no hay quien nos gane ni en el saber ni en el hacer, ni en el pensar ni en el actuar. ¡Qué buenos somos! Y qué pena que la humanidad se pierda el fruto de nuestras capacidades, más notorias todavía cuando quien las ostenta ocupa una posición de Gobierno. Incluso a los españoles de a pie, que somos buenísimos, en ocasiones nos cuesta medir con exactitud la grandeza de nuestro Gobierno, su excelsa capacidad para hacer las cosas bien y su virtuosismo para resolver aquello que menoscaba el bienestar de la sociedad.

Señora Salgado, hablemos en serio. Con todo mi respeto, yo no sé si el FMI sabe lo que pasa en la economía española; estoy de acuerdo en que no son dioses, es más, que están muy lejos de la divinidad y que algunos conocidos que por allí andan, están más cerca del diablo que de Dios, y que habría sido mejor no dejarles marchar para que no conocieran allá los entresijos de esta bendita tierra, prostituida por tanto benefactor público. Pero, al menos, estará usted de acuerdo conmigo en que, aún con la escasez de conocimientos que podemos suponer en sus mentes, disponen de una gran información, poseen más datos de los quizá sean capaces de utilizar y tienen la posibilidad de intercambiar experiencias a niveles para los demás inalcanzables.

Es más, como no quiero llevarle la contraria, acepto que, quizá, sepan poco de la economía española. Pero lo que también le pido a usted, hablando con toda franqueza y consideración, es que reconozca que, si bien ellos deben de saber poco de la economía española, usted, señora vicepresidenta, si lo que dice coincide con lo que piensa, cosa que no tendría que ser así necesariamente, muestra no tener ni idea de lo que aquí se cuece; y eso me preocupa mucho más.

Porque, al fin y a la postre, los del FMI están allá lejos y, sobre todo, tienen mucho entretenimiento con todo lo que pasa en el mundo, por lo que la posibilidad de que se fijen en mí para hacerme la vida imposible –de la función pública nunca he esperado otra cosa– la veo muy remota. Así que, sabiendo o sin saber, lo de aquellos señores me trae más bien al fresco. Sin embargo, usted y su función, sí que me inquietan. Porque tampoco es que yo tenga ninguna relevancia para merecer su atención en nuestro territorio patrio, pero, por simple probabilidad, en un sorteo entre menor número de jugadores puede que me vea agraciado por la suerte, pese a que ello nunca ha ocurrido cuando lo que se sortea es algo apetecible o deseable.

¿Entendí bien, Doña Elena, su manifestación según la cual "ya no es el momento de hablar de la crisis, sino de impulsar políticas que garanticen un crecimiento robusto"? Si en efecto quiso decir eso, me deja usted altamente preocupado. Usted sabe, seguramente los del FMI también, que sigue creciendo el desempleo, que la economía española se separa cada vez más y por debajo de la de los países que consideramos de nuestro entorno, es decir, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, etc. que las familias se han puesto a ahorrar como no lo habían hecho desde la posguerra, que los cierres empresariales y los de los autónomos están adquiriendo niveles insospechados en cualquier momento precedente, en fin... qué le voy a contar, si para saber eso no se requiere más que tener los ojos abiertos, con intención de ver la realidad.

Y, con todo eso, dice usted que ya no es momento de hablar de crisis, es decir, que aquello ya es historia, que todo pasó como un mal sueño. Es verdad que tantas veces ha dicho que estamos saliendo de la crisis que ahora se ha visto obligada a cambiar el epitafio por el de ya no es momento de hablar de... Una cosa me preocupa, quizá, más que la crisis: ¿pretende usted que la creamos? Eso supondría una abstracción tal de la realidad, que ningún político, ni siquiera nuestro presidente del Gobierno, se la puede permitir.

Pasando esto por alto, y para no cansar a los lectores, afirma usted que es el momento de impulsar políticas que garanticen un crecimiento robusto. ¿Quiere esto decir que hasta este momento no se había hecho tal propósito? Porque no querrá decir que es nuestra responsabilidad impulsar tales políticas. Señora vicepresidenta, impulsar políticas que garanticen... ¡casi nada dice usted! Y si como hasta ahora lo que se garantiza es la depresión, ¿a quién reclamamos? ¿Quién es el garante? Y si el garante es de dudosa solvencia, cosa que es muy probable conociendo al personal, ¿quién garantiza al garante?

Ha llovido mucho, señora Salgado, y la tierra está empapada. El español medio, un yo cualquiera, ya no acepta aquello de "asumimos, o asumo, la responsabilidad por la necia gestión", cuando después nada pasa, todo sigue igual, nombramiento, sueldo, poder, despacho, secretaria o secretario, coche oficial con su conductor o conductora, etc. Eso ya no satisface ni a los más ingenuos. Es más, han conseguido que, cuando oímos algún pronunciamiento semejante, pensemos al instante que nos están tomando el pelo.

¡Qué pena, no! Con lo bien intencionados y confiados que éramos... pero el cántaro acaba rompiéndose a fuerza de ir a la fuente y, la verdad, es que muchos estamos ya rotos.

Libertad Digital - Opinión

Simposio, Garzón y Estatuto. Por José María Carrascal

LA próxima semana se celebra en la sede del Banco de Santander en Nueva York un simposio sobre «España 1975-2010», en el que intervendrán Maria Teresa Fernández de la Vega, Alfonso Guerra, Manuel Marín y Virgilio Zapatero.

Supongo que todos ellos dejarán muy claro que el «New York Times» se equivocó al decir que procesar a Garzón era una «injusticia». Que demostrarán que a Garzón no se le procesa por antifranquista, sino por un posible exceso en sus atribuciones como juez, por unos cobros discutibles durante su estancia en esta ciudad y por haber violado la confidencialidad entre acusados y sus defensores, principios todos reconocidos por la justicia universal, empezando por la norteamericana. En otras palabras: que la justicia española es tan justa, tan rigurosa y tan legítima como cualquier otra de un país democrático. Un juez español puede equivocarse. Pero no a sabiendas. Ni puede saltarse las leyes, los procedimientos ni los derechos fundamentales de los procesados. Supongo, repito, que las personalidades españolas que vienen a Nueva York a exponer las diferencias entre la España de Franco y la actual dejarán esto meridianamente claro. Cualquier otra cosa sería hacer turismo en Nueva York, como tantos otros españoles, pero vedado a ellos en este caso.

Me queda media «postal» para comentar el fallo del Tribunal Constitucional sobre el nuevo estatuto catalán. Pues el rechazo del quinto borrador de doña Elisa Pérez Vera es una sentencia a la inversa: todos los afeites, amaños arreglos, retoques que la ponente, apoyada por la presidenta del tribunal, ha venido dando al texto para encajarlo en la Constitución española han sido inútiles. El nuevo Estatut no cabe en la Constitución por ser un sucedáneo de constitución. Y, o cede el estatuto o cede la Constitución. Ha bastado que uno de los miembros del tribunal propuesto por el PSOE examinase con ojos jurídicos y no ideológicos el texto aprobado con entusiasmo por el Parlamento catalán y con negligencia por el Congreso español para darse cuenta de ello, sin que valiesen los denodados esfuerzos de las señoras Pérez Díaz y Casas para dejar en él lo substancial, eliminando lo accidental. Permitir el término «nación» para Cataluña, una relación de bilateralidad entre España y Cataluña y un Tribunal Superior catalán como última instancia en aquel territorio es pasar de la nacionalidad la nación, de la autonomía, a la soberanía. Tan simple como eso. Si Zapatero ha perdido dos años negando la crisis y poniéndole parches, doña María Emilia y doña Elisa han perdido tres, intentando hacer constitucional lo que no es. ¿Y ahora, qué? Se me acaba el papel. Mañana responderé, en mis posibles, a esa pregunta. Lo primero era lo primero, y hoy, lo primero era ese simposio en el Banco de Santander, aunque sea un poco citar la soga en casa del ahorcado.

ABC - Opinión

Los motivos de la campaña. Por José María Marco

Se trata, por lo menos en apariencia, de identificar al centro derecha español con el franquismo y de acabar con la pérdida de votos que está sufriendo el PSOE entre los electores más moderados e independientes.

De prosperar el auto de Garzón, la primera víctima no sería Franco ni su régimen, que difícilmente pueden ser ya víctimas de nada. Sería la Ley de Amnistía de 1977. Efectivamente, Garzón argumenta que es posible que hoy, en 2010, siga viva (y secuestrada) alguna de las personas secuestradas durante la Guerra Civil o el régimen de Franco. En tal caso, como el delito continúa, la Ley de Amnistía no se aplicaría. Otro de los argumentos de Garzón vuelve a una de las líneas de acción favoritas del juez de la Audiencia, la de la jurisdicción universal: según esto, las leyes internacionales especifican que algunos de los delitos cometidos durante la Guerra y el régimen de Franco son imprescriptibles, por lo que la Ley de Amnistía del 77 no se les puede aplicar.

El problema que suscita Garzón es, por tanto, y en un primer momento, de orden judicial. Como tal debe ser tratado y como tal va a ser tratado –no tengo la menor duda– por el Tribunal Supremo, y eso a pesar de todas las presiones que está recibiendo de los medios de comunicación socialistas, de las universidades públicas, de los sindicatos de clase, de los titiriteros e intelectuales de la ceja, así como del Gobierno.

El affaire Garzón también tiene consecuencias políticas sobre las que vale la pena reflexionar. De salir adelante el auto de Garzón, se deduce que la Ley de Amnistía de 1977 queda invalidada. ¿Para quién? ¿Sólo para los responsables de crímenes cometidos en el bando nacional? ¿Quedan excluidos los crímenes cometidos en el otro bando, como las matanzas de Paracuellos o el asesinato de cerca de 7.000 católicos por el solo hecho de serlo, lo que técnicamente constituye un genocidio? (La pregunta no es retórica: una de las cosas que puede llevar a Garzón al banquillo es su disposición a aplicar la Ley de Amnistía en el caso de Santiago Carrillo y no en el de los crímenes del bando nacional). Finalmente, ¿los etarras indultados también deberán volver a ser juzgados? ¿O a los etarras se les aplicará la misma indulgencia que a Carrillo? ¿Tan crudamente realista es la idea que esta izquierda tiene de sí misma?

También vale la pena reflexionar un momento sobre los motivos de la campaña desencadenada en estos últimos días. Conviene distinguir entre Garzón, por una parte, y los protagonistas de la campaña. Garzón se embaló en este asunto subido en la ola de la Ley de Memoria Histórica, es decir en el designio gubernamental, liderado por Rodríguez Zapatero, de acabar con los pactos fundacionales de la Transición y con la actual monarquía parlamentaria. Garzón debió de suponer que era una ocasión de oro para reafirmar de una vez por todas su figura de justiciero internacional, en su país además, y con una causa en cierto modo indiscutible, como es la del antifranquismo. En cambio, los apoyos que ha recibido sirven otros intereses, más próximos a la política diaria. Se trata, por lo menos en apariencia, de identificar al centro derecha español con el franquismo y de acabar con la pérdida de votos que está sufriendo el PSOE entre los electores más moderados e independientes. En 1909 fue el anticlericalismo, en la segunda legislatura de Aznar fue el antiamericanismo, ahora es el antifranquismo.

Tras el acto de la Universidad Complutense, Pascual Maragall regaló a Garzón una estatuilla de Ferrer Guardia, el pedagogo anarquista y filoterrorista condenado a muerte y ejecutado después de los terribles sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, en 1909. Es dudoso que Garzón haya apreciado la analogía, o la broma, pero resulta significativa. Se trata, sin duda alguna, de organizar ahora la misma campaña nacional e internacional que se montó entonces. Sus promotores identificaron a Maura y a su Gobierno con las imágenes tópicas de la España negra, inquisitorial y bestialmente atrasada (el franquismo de entonces). Acabaron con Maura, pero también con la posible democratización del régimen liberal que Maura impulsaba. Asimismo, consolidaron la imagen de las dos Españas, imagen que ahora ha vuelto a resucitar: si esta campaña prospera, el conjunto de los españoles volveremos a ser, como nuestros mayores, víctimas de las fantasías masturbatorias de unas elites incapaces de concebir el pluralismo.

Hay una diferencia, sin embargo. Y es que las campañas de 1909 y las de principios del siglo XXI se llevaron a cabo contra la derecha en el poder. Esta campaña, en cambio, es de orden preventivo. Se hace por si acaso el PP volviera, o para evitar que vuelva al poder... Quizás sea posible comprenderla de otro modo.

Es posible que entre el PSOE de Rodríguez Zapatero y el anterior, el de Felipe González, haya habido un cambio de estrategia en cuanto a la Transición. La voluntad de acabar con la Transición, ya sea considerándola un mito, como se explica en muchos departamentos universitarios y se va a acabar enseñando en los institutos, o como continuidad del régimen de Franco, tal como postula la Ley de Memoria Histórica es, efectivamente, nueva. No lo es, en cambio, la ocupación y el monopolio del espacio cultural. Y en este caso, nos encontramos con una paradoja. La ofensiva de Rodríguez Zapatero coincide, y tal vez ha propiciado, un cambio en este aspecto. En tiempos de Felipe González y de José María Aznar, el monopolio ideológico y cultural de la izquierda era absoluto. La gente joven que no conoció esos tiempos ni siquiera puede imaginarlo. Hoy, eso ya no existe. El predominio izquierdista sigue siendo aplastante, sin duda, pero hay medios de comunicación, periodistas, intelectuales, profesores, fundaciones, asociaciones, editoriales, toda clase de foros en internet, universidades y centros de enseñanza privados e incluso pequeños núcleos de la enseñanza pública que han perdido el miedo y ofrecen una visión distinta y plural de la realidad.

Es posible que ante el avance de esta marea, sin duda heteróclita, estridente y a veces no bien avenida, pero evidente e indiscutible, el verdadero objetivo de esta campaña sea escindir al PP de todo ese movimiento social y cultural que, por otra parte, y en muy buena medida, ha ido creciendo solo, por su cuenta, sin liderazgo político. Veremos cómo reacciona el PP. El trance es histórico, por razones que no viene a cuento explicar aquí, y el PSOE lo sabe.

Libertad Digital - Opinión

El gineceo presidencial. Por M. Martín Ferrand

LOS sabios de la Grecia clásica, menos apurados por la deuda y el déficit que Yorgos Papandreu, se proponían a sí mismos problemas de imposible solución, desde la cuadratura del círculo a la trisección del ángulo pasando por la duplicación del cubo.

A partir de tan tenue evocación puede concluirse la condición helénica que aletea en las entrañas de José Luis Rodríguez Zapatero, el líder al que Leire Pajín pretendía planetario y se ha quedado, pobrecito, en personaje de cercanías. Impulsado por su obsesión paritaria, el socialista ha construido un gineceo político y de pensamiento que anula, por su espectacularidad, todos los andrones habidos en nuestra vida pública desde que culminó la Reconquista.

Zapatero le ha encargado a sus elegidas, diz que mujeres de mérito, labores imposibles que convierten la citada cuadratura del círculo en videojuego -violento, por supuesto- de dificultad mínima. Después de consagrar la diferencia «de género» entre el garrotazo que un hombre puede darle a una mujer del que la mujer pueda propinarle al hombre -demagogia en estado puro-, confía en la inteligencia de Bibiana Aído para demostrar la igualdad, no sólo de derechos, entre los niños y las niñas, algo que debiera escandalizar a los ecologistas y que, una de dos, o nos convierte en una Nación de hermafroditas o cierra el ciclo de la perpetuación de la especie.

Siempre en pos de lo imposible, físico o metafísico, Zapatero pretende que María Emilia Casas deshaga en unas cuantas noches, después de un cuatrienio de fracasos, el manto que tejieron los padres de la Constitución y que, al calor de los poderes emanados por el Título VIII, ha degenerado en los escudos que portan los héroes autonómicos con armadura soberanista. Casas no es Penélope. Tampoco Elena Salgado entra en el marco de la Odisea. Ahora, si prospera la prudente propuesta de la Comisión Europea, tendrá que someter el Presupuesto del Estado -un género literario en lo que llevamos de zapaterismo- al más exigente y cabal criterio de Bruselas para que, después y en el Congreso, pueda ser aprobado, enmendado o rechazado por los diputados de sigla y obediencia.

Tal es la carga de imposibles que el líder socialista le impone a sus mujeres paritarias que terminarán cantando, como en La rosa del azafrán: «¡Ay, ay, ay!, ¡qué trabajo nos manda el Señor, levantarse y volverse a agachar!»

ABC - Opinión

La UE no se fía de las cuentas de Zapatero

La lupa de los organismos europeos se dirige hacia unas cuentas públicas, las españolas, cuya debilidad sólo puede disimularse ya a base de maquillaje estadístico y demagogia política.

No es casual que España sea el primer país, junto con Finlandia, cuyas cuentas públicas van a ser sometidas a un riguroso examen por los rectores económicos de la Unión Europea. Las continuas correcciones presupuestarias, obligadas a causa de unas previsiones macroeconómicas totalmente fuera de la realidad, y la absoluta pasividad de un Gobierno incapaz de llevar a cabo las reformas necesarias para iniciar la salida de la crisis, justifican sobradamente que la atención de los miembros del Ecofin se haya centrado en la gestión de Zapatero de forma prioritaria.

La economía española tiene un peso mucho mayor que el de Grecia y nuestros socios no están dispuestos a correr el riesgo de un desplome en nuestras finanzas que sin duda tendría repercusiones mucho mayores que las de Grecia sobre el conjunto de la UE. Pero es que, sumada a esa circunstancia, la incapacidad de Zapatero para gestionar una crisis de esta magnitud es ya una evidencia para toda Europa.

A primeros del pasado mes de febrero, tras la fuerte caída de la bolsa española, el presidente envió a Elena Salgado de gira internacional para intentar convencer a los mercados de que el Gobierno español estaba dispuesto a emprender un severo plan de ajuste que preservara la confianza exterior en nuestra economía. En ese contexto, sus colegas en el Ejecutivo aprovecharon para hacer el más espantoso de los ridículos denunciando que los problemas se debían no a la ineptitud proteica de nuestros gobernantes, sino a una oscura conspiración internacional, actitud impensable en cualquier cabeza mínimamente amueblada si lo que se pretende es dar una imagen de seriedad de cara al exterior. Después del esperpento, Salgado y su segundo en el ministerio aseguraron en ese particular euro-tour que el Gobierno iba a llevar a cabo una fuerte reducción del gasto público, lo que unido a una reforma del sistema de pensiones y a ciertas modificaciones en el mercado de trabajo, pondría las bases para que nuestra economía tomara por fin la senda del crecimiento.

Pues bien, dos meses después nada se ha hecho aparte de algunas propuestas evanescentes incluidas en el habitual "paquete de medidas" que el Gobierno, comisión Zurbano mediante, suele hacer público de forma recurrente para fingir que está actuando de forma decidida contra la recesión. Antes al contrario, a fecha de hoy, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni ha comenzado a actuar en función de unas previsiones realistas en cuanto al crecimiento del PIB, ni está dispuesto a reducir el gasto público más allá de algún gesto testimonial, ni, por supuesto, goza de la menor autoridad para exigir a las comunidades autónomas que moderen su brutal despilfarro. En cuanto a la reforma de las pensiones y del mercado laboral, aún estamos esperando que los numerosos "globos-sonda" que sus ministros nos regalan de forma insistente acaben concretándose en alguna medida medianamente útil para comenzar a caminar en la buena dirección.

En esta tesitura es normal que la lupa de los organismos europeos se dirija hacia unas cuentas públicas, las españolas, cuya debilidad sólo puede disimularse ya a base de maquillaje estadístico y demagogia política. Esas viejas técnicas socialistas pueden tener virtualidad en clave de consumo interno gracias a unos medios de masas entregados en general al Gobierno de turno, pero de cara al exterior su efecto es inapreciable. El Eurogrupo va a examinar la gestión de Zapatero y sus conclusiones y recomendaciones van a dar a los mercados financieros la medida de la solvencia de nuestro país. Si Zapatero se olvida del grotesco expediente de la "conspiración internacional" contra España y comienza, por fin, a hacer algo útil por todos los ciudadanos, el bochorno de ser considerados los peores estudiantes de la UE habrá merecido la pena.

Libertad Digital - Editorial

Prisas oportunistas por renovar el TC

LA única reacción política bien definida tras la derrota de la ponencia que avalaba en su mayoría el Estatuto de Cataluña ha sido la de José Montilla, que ha pedido a Zapatero y Rajoy la renovación de los magistrados del TC cuyo mandato está en prórroga.

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Con esta secuencia de hechos -primero se pierde la ponencia que «gustaba» al Gobierno y ahora hay que renovar el TC a toda prisa- es evidente que el presidente del tripartito catalán, el PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero dan por perdido el Estatuto con la actual composición del Tribunal. Por eso, lo que Montilla plantea es un tribunal «ad hoc», es decir, un tribunal cuya única razón de ser sea salvar este ingente trueque llamado Estatuto, realizado entre socialistas y nacionalistas para desmontar el orden constitucional en Cataluña y perpetuarse en el poder.

Después de tres años y medio de espera, estas prisas son hipócritas, en primer lugar porque a quienes las atizan les interesa únicamente el rescate del Estatuto catalán; en segundo lugar, porque si no ha habido renovación se debe a las maniobras desleales del Gobierno. Al respecto hay que recordar la «enmienda Casas», que ha perpetuado a esta magistrada en la presidencia para evitar que su voto de calidad cayera en manos conservadoras. También hay que traer a la memoria la deslealtad del Gobierno de no cubrir la vacante por fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo, que correspondía ser propuesta al Partido Popular. No menos significativos han sido los vetos socialistas a las propuestas de las autonomías gobernadas por el PP con los candidatos al TC (Francisco Hernando y Enrique López). Rajoy no puede obviar estos datos ante los cantos de sirena que empezarán a llegar con llamamientos al sentido de Estado.

La renovación, ahora, es lo menos urgente. La prioridad absoluta es que el TC dicte sentencia cuanto antes sobre el Estatuto de Cataluña y que los actuales magistrados asuman, con libertad e independencia, la responsabilidad histórica que les ha correspondido con la Constitución española. Puestos a discutir legitimidades, no será mayor que la actual la de los nuevos magistrados que entraran en el TC con el estigma de ser mandatarios de sus respectivos mentores, PSOE o PP, para salvar sus posiciones políticas sobre el Estatuto. Hay, sin duda, un fuerte daño al crédito institucional del TC, que se haría definitivo si sus actuales magistrados lo abandonaran sin haber cumplido su deber con el interés nacional puesto en sus manos.

ABC - Editorial

Garzón, en el Cerro del Fantasma. Por Tomás Cuesta

LA vida española es como una sesión de espiritismo atiborrada de espectros obsesivos y trasgos ululantes. Una estación de paso (y de penitencia, claro) entre un más allá imposible y un más acá improbable.

Una tierra de nadie en la que el batallador recuerdo del capitán Lozano renace en las batallitas infantiles de Baltasar Garzón, don Baltasar Garzón, San Baltasar Garzón de ahora en adelante. Tan memorable, si no histórica, ha sido esta semana que incluso las memorias del alguacil alguacilado han salido a galope del rincón de los libros sufridos y olvidados. O sea, que, en cierto modo, han salido del almario. En las páginas de «Un mundo sin miedo» (que es un desahogo prematuro, pero premeditado hasta las cachas) el personaje se retrata tal cual era o, mejor dicho, tal y como se soñaba. Al cabo, tanto da. Verdaderos o falsos, los avatares del pretérito alumbran las aventuras actuales. Porque en la mocedad rebelde, indómita, arriscada, se adivinaba ya al adalid de la justicia, al desfacedor de entuertos, al sostén de los débiles, el caballero andante. Al temerario «freedom fighter» jienense que pasmaría al mundo más pronto que tarde.

Tristes tiempos aquellos en los que «llevar la revista Triunfo bajo el brazo representaba un desafío, un voto de censura a una realidad mostrenca y asfixiante», señala nuestro héroe con absoluta sencillez, sin dárselas de nada. A fin de cuentas, no todo era tan malo: «También pudimos disfrutar de algunas alegrías como la Revolución de los Claveles en Portugal, el 25 de Abril de 1974», añadirá a continuación sin pretender cargar la suerte ni las tintas dramáticas. «Fue mi primer enfrentamiento con la policía armada española (sic), que pretendía arrebatarme el clavel rojo que llevaba sujeto entre las hojas del libro de derecho civil». El de civil, casualmente. No el de procesal o el de romano. Ni Sthendal redivivo se habría expresado con más arte.

Baltasarcito se concienció enseguida, antes de abismarse en el seminario. De la Guerra Civil tuvo noticia exacta de labios del tío Gabriel, el hermano mayor de su madre, a lo largo de prolijos intercambios en lo que aún no veía amanecer, pero por ahí le andaba. «Son tantas las historias que escuché, tantos los atropellos que me relataron que, de alguna forma, quedaron grabadas en MI ánimo y decidí, siendo un niño, que tenía que hacer algo». Y a fe que lo ha logrado. De hacerla, hacerla gorda, según sentencia el clásico...

Con esa determinación y ya en la Universidad, Garzón da un paso al frente, pero el Destino, ¡ay!, se le adelanta y una tromboflebitis le arrebata la presa antes de darle caza. Franco, la «bestia» que es como él le llama, murió en la cama, en 1975, un año «especialmente conflictivo», cuenta el magistrado. Cuenta y no para: «Los cierres de las universidades en toda España se sucedían al ritmo que las huelgas se convocaban. Fue en febrero de ese año cuando volví a enfrentarme directamente con la policía, primero en la Facultad de Derecho y luego en la de Medicina donde nos hicieron una encerrona con caballos, jeeps y material antidisturbios. Una persona murió aquel día en Sevilla. Era el precio de la lucha por la libertad». ¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? Espeluznante.

Cuánto ha cambiado la Universidad después de treinta y cinco años. Sin embargo, el mismo protagonista pretende escenificar el mismo cuadro. Todavía está anclado en sus memorias, despachando gasolina con su padre en la estación de servicio del Cerro del Fantasma. Allí donde coinciden la obcecación y la amnesia, donde los rencores se visten de gala.

ABC - Opinión

Cerrado por elecciones. Por Maite Nolla

La señora Casas le ha dado una nueva oportunidad a Montilla, cumpliendo las órdenes de De la Vega. Y ya veremos. Yo sigo pensando que, al final, estaremos más cerca de un nuevo tripartito que de un Gobierno de CiU.

Cada vez estamos más cerca de que se cumplan las previsiones de los negacionistas y que no haya sentencia sobre el estatuto de Cataluña nunca. El caso es que sus señorías han decidido cumplir las órdenes de una de las vicepresidentas del Gobierno y han cerrado el chiringuito por elecciones como cabía esperar. De hecho, y no es para disculpar a los magistrados, el principal problema que tienen ahora es que no todos los que están a favor o en contra de declarar la constitucionalidad del asunto lo están por los mismos motivos, con lo cual es fácil ponerse de acuerdo para rechazar un determinado borrador, pero no en redactar uno alternativo. Eso por un lado.

Por otro, ¿y qué más da que no haya sentencia? Dice una reportera de La Sexta que la falta de sentencia "aumenta la crispación en Cataluña"; entre los no nacionalistas, claro, porque a los nacionalistas les importa muy poco. Para empezar, esta semana el mismo Tribunal ha decidido suspender los derribos del barrio del Cabañal porque si después se anula la ley valenciana que sirve de fundamento a la remodelación del barrio, los derribos y las obras serían irreversibles o de muy difícil reposición. Eso es razonable. Lo que no es razonable es que el nacionalismo catalán lleve cuatro años legislando en desarrollo del estatuto, como si no pudiera ser anulado y como si no estuviera pendiente de sentencia. Si hoy se hubieran puesto de acuerdo los magistrados el problema no hubiera sido dejar sin efecto las previsiones del estatuto y de las normas dictadas para desarrollarlo; el problema hubiera sido que los que deben hacer cumplir eso –el Gobierno y la Generalitat– hubieran acatado mucho la sentencia, pero no hubieran cumplido ni una coma de todo lo que tuviera que ver con la lengua, la educación o la financiación autonómica. A la pobrecita de La Sexta que ha dicho que la falta de sentencia aumenta la crispación en Cataluña hay que decirle que nada impedirá a los nacionalistas seguir legislando, por muy irreversible que sea lo que hagan.

Y lo que ahora es un problema técnico derivado de la desidia y de la irresponsabilidad, mantiene la incertidumbre de cara a las elecciones. Tanto CIU como ERC pensaban que cualquier sentencia mínimamente restrictiva les iba a hacer la campaña gratis y no ha sido así. La señora Casas le ha dado una nueva oportunidad a Montilla, cumpliendo las órdenes de De la Vega. Y ya veremos. Yo sigo pensando que, al final, estaremos más cerca de un nuevo tripartito que de un Gobierno de CiU, porque las cosas se apretaran más entre CIU y el PSC de lo que dicen las encuestas.

Y el problema lo sigue teniendo el PP. Que no haya sentencia le queda como un guante a Rajoy que no quiere tener opinión sobre nada. Pero les coloca en el centro de las iras nacionalistas en la campaña electoral: los nacionalistas les acusarán de que la situación de espera es culpa del recurso presentado por el PP –de hecho, eso dijo una vez Carmen Chacón– y que van contra Cataluña y toda la basura habitual. Claro, que de haberse dictado sentencia habría sido peor. Y el PP no está para defenderse. Han pasado de pedir que se anule el contenido esencial del estatuto, a pedir que se diga si es o no constitucional, que no es lo mismo. Nos vemos en el próximo rumor.

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Longa manus. Por Ignacio Camacho

NO cuadra ni a martillazos. Una mayoría sostenida de magistrados del Tribunal Constitucional opina que el Estatuto de Cataluña no cabe en la Constitución por muy ancho que sea el filtro jurídico que se le aplique. La deliberación no está atascada; lo que se ha atascado es la voluntad de la presidenta del Tribunal, doña María Emilia Casas, de constitucionalizar el texto a base de mirarlo con buenos ojos, o más exactamente con los ojos del Gobierno y los nacionalistas catalanes.

Por cinco veces, y durante cuatro años, un mínimo de seis jueces sobre diez se han negado a dar el visto bueno a la ponencia favorable, y eso no es un bloqueo, sino un rechazo en toda regla. Ante tan terca evidencia se imponía desde hace tiempo el cambio de ponente, que la señora Casas se negaba a aceptar porque en su arbitraje casero prefería seguir dando largas a ver si pasaba algo; por ejemplo que el magistrado Manuel Aragón, elegido a propuesta del PSOE, reconsiderase su posición contraria a la definición nacional de Cataluña y sus símbolos identitarios. Pero Aragón no se mueve de su criterio; entiende que, en la Constitución está muy claro que no hay en España otra nación que la española. Con sus maniobras dilatorias Casas ha actuado como longa manus del poder, aunque ni aún así ha logrado sacar un dictamen benévolo en el que la conveniencia política prevalezca sobre el rigor jurídico.

Finalmente se ha abierto paso la única solución razonable y será el catedrático Guillermo Jiménez, sevillano fino y serio, hombre moderado y cabal con fama de buen componedor de acuerdos, el que redacte un nuevo borrador en busca de un consenso hasta ahora imposible. En principio se podría interpretar su designación como un revés gubernamental, porque Jiménez también comparte la tesis de la inconstitucionalidad esencial de un texto que «depara» -el término es de Maragall- como nación a Cataluña; sin embargo, el Gobierno obtiene en el relevo una importante ventaja táctica para sus intereses. Salvo que el nuevo redactor haga un trabajo exprés la ponencia se puede demorar hasta el otoño, de modo que Zapatero y Montilla tengan unas elecciones catalanas tranquilas, sin que se les cruce por medio una sentencia que, caso de resultar adversa, les complicaría severamente una campaña que ya de por sí han de abordar en cuesta arriba.

Lo que a nadie parece ya causarle reparo es el desprestigio que el Constitucional continúa acumulando con su mecánica de apaños maniobreros, más pendiente de las consecuencias políticas de sus decisiones que de resolver conforme a Derecho. Con todo y con ello, por fino que hilen los magistrados, como al final tumben el núcleo duro del dichoso Estatuto se pueden ir preparando: si no los acusan de torturadores, como a sus colegas del Supremo, no se librarán de pasar por enemigos del pueblo catalán o cualquier enormidad semejante.

ABC - Opinión