LA próxima semana se celebra en la sede del Banco de Santander en Nueva York un simposio sobre «España 1975-2010», en el que intervendrán Maria Teresa Fernández de la Vega, Alfonso Guerra, Manuel Marín y Virgilio Zapatero.
Supongo que todos ellos dejarán muy claro que el «New York Times» se equivocó al decir que procesar a Garzón era una «injusticia». Que demostrarán que a Garzón no se le procesa por antifranquista, sino por un posible exceso en sus atribuciones como juez, por unos cobros discutibles durante su estancia en esta ciudad y por haber violado la confidencialidad entre acusados y sus defensores, principios todos reconocidos por la justicia universal, empezando por la norteamericana. En otras palabras: que la justicia española es tan justa, tan rigurosa y tan legítima como cualquier otra de un país democrático. Un juez español puede equivocarse. Pero no a sabiendas. Ni puede saltarse las leyes, los procedimientos ni los derechos fundamentales de los procesados. Supongo, repito, que las personalidades españolas que vienen a Nueva York a exponer las diferencias entre la España de Franco y la actual dejarán esto meridianamente claro. Cualquier otra cosa sería hacer turismo en Nueva York, como tantos otros españoles, pero vedado a ellos en este caso.
Me queda media «postal» para comentar el fallo del Tribunal Constitucional sobre el nuevo estatuto catalán. Pues el rechazo del quinto borrador de doña Elisa Pérez Vera es una sentencia a la inversa: todos los afeites, amaños arreglos, retoques que la ponente, apoyada por la presidenta del tribunal, ha venido dando al texto para encajarlo en la Constitución española han sido inútiles. El nuevo Estatut no cabe en la Constitución por ser un sucedáneo de constitución. Y, o cede el estatuto o cede la Constitución. Ha bastado que uno de los miembros del tribunal propuesto por el PSOE examinase con ojos jurídicos y no ideológicos el texto aprobado con entusiasmo por el Parlamento catalán y con negligencia por el Congreso español para darse cuenta de ello, sin que valiesen los denodados esfuerzos de las señoras Pérez Díaz y Casas para dejar en él lo substancial, eliminando lo accidental. Permitir el término «nación» para Cataluña, una relación de bilateralidad entre España y Cataluña y un Tribunal Superior catalán como última instancia en aquel territorio es pasar de la nacionalidad la nación, de la autonomía, a la soberanía. Tan simple como eso. Si Zapatero ha perdido dos años negando la crisis y poniéndole parches, doña María Emilia y doña Elisa han perdido tres, intentando hacer constitucional lo que no es. ¿Y ahora, qué? Se me acaba el papel. Mañana responderé, en mis posibles, a esa pregunta. Lo primero era lo primero, y hoy, lo primero era ese simposio en el Banco de Santander, aunque sea un poco citar la soga en casa del ahorcado.
ABC - Opinión
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