De una fábrica averiada sólo pueden salir productos defectuosos.
Ese es el sino del actual Tribunal Constitucional (un recusado, un fallecido, cuatro caducados y todos a la greña entre sí) y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuya constitucionalidad ha sido puesta parcialmente en duda por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco Comunidades Autónomas. El futuro del Tribunal y del Estatut no puede, pues, estar más oscurecido. Tanto sus partidarios como sus detractores han arrojado sobre él nubes de ceniza. Ahora ya da igual que haya cambio de ponente o no, que se renueve o se deje de renovar la composición del Tribunal, o que haya sentencia antes o después de las elecciones catalanas. Su imagen está completamente arruinada.
No solo su imagen. También su legitimidad de ejercicio ha quedado seriamente dañada por la indebida prolongación del mandato de un tercio de sus miembros y la estúpida reyerta PSOE-PP que impidió su renovación hace casi dos años, cuando el PP acababa de presentar su recurso contra 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos disposiciones finales del Estatut, por entender que éste es una especie de Constitución paralela que, entre otras cosas, pone en duda el dogma de la soberanía nacional única e indivisible.
No se acometió cuando tocaba la renovación de los cuatro magistrados que agotaron su mandato en diciembre de 2007, la presidenta del Tribunal, Maria Emilia Casas, entre ellos. Esa circunstancia ha contribuido a valorar políticamente las posiciones de los magistrados sobre el Estatut en función de un encuadramiento previo, según hubieran sido propuestos por el PSOE o por el PP. Llegados al punto, lo mejor que podían hacer esos cuatro magistrados es dimitir. Por su propia estima y, sobre todo, porque así obligarían al Senado a hacer los deberes que debió haber hecho hace dos años y medio.
Es lo que este fin de semana el presidente de la Generalitat, José Montilla, ha reclamado telefónicamente tanto al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, como al líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy… sin ningún éxito. No habrá renovación del Tribunal porque ni Zapatero ni Rajoy quieren que la haya antes de las elecciones catalanas del otoño próximo. Ni renovación ni sentencia sobre la constitucionalidad del Estatut. Ni la querían ni la quieren, tal y como se han puesto las cosas, descartada ya toda posibilidad de fallo favorable a la constitucionalidad del texto. Si en la votación del viernes el disputado voto del progresista Manuel Aragón tumbó una ponencia “progresista” (Elisa Pérez Vera), por quedarse corta en el asunto de la “nación”, se supone que el mismo voto volverá a tumbar, por pasarse, la ponencia “conservadora” de Guillermo Jiménez cuando éste la presente.
Ante semejante panorama (inconstitucionalidad parcial, más o menos amplia, del texto) no es extraño que ni PSOE ni PP quieran sentencia antes de las elecciones catalanas. Los socialistas se derrumbarían en las encuestas. No olvidemos que el Estatut fue la obra predilecta de Zapatero y Maragall. El PP, por su parte, perdería cualquier posibilidad de pacto con CiU, amén de quedar estigmatizado como responsable del recorte del Estatut. Sería como alfombrar el camino de retorno de los nacionalistas al poder, a lomos de su caballo preferido: el victimismo.
No se acometió cuando tocaba la renovación de los cuatro magistrados que agotaron su mandato en diciembre de 2007, la presidenta del Tribunal, Maria Emilia Casas, entre ellos. Esa circunstancia ha contribuido a valorar políticamente las posiciones de los magistrados sobre el Estatut en función de un encuadramiento previo, según hubieran sido propuestos por el PSOE o por el PP. Llegados al punto, lo mejor que podían hacer esos cuatro magistrados es dimitir. Por su propia estima y, sobre todo, porque así obligarían al Senado a hacer los deberes que debió haber hecho hace dos años y medio.
Es lo que este fin de semana el presidente de la Generalitat, José Montilla, ha reclamado telefónicamente tanto al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, como al líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy… sin ningún éxito. No habrá renovación del Tribunal porque ni Zapatero ni Rajoy quieren que la haya antes de las elecciones catalanas del otoño próximo. Ni renovación ni sentencia sobre la constitucionalidad del Estatut. Ni la querían ni la quieren, tal y como se han puesto las cosas, descartada ya toda posibilidad de fallo favorable a la constitucionalidad del texto. Si en la votación del viernes el disputado voto del progresista Manuel Aragón tumbó una ponencia “progresista” (Elisa Pérez Vera), por quedarse corta en el asunto de la “nación”, se supone que el mismo voto volverá a tumbar, por pasarse, la ponencia “conservadora” de Guillermo Jiménez cuando éste la presente.
Ante semejante panorama (inconstitucionalidad parcial, más o menos amplia, del texto) no es extraño que ni PSOE ni PP quieran sentencia antes de las elecciones catalanas. Los socialistas se derrumbarían en las encuestas. No olvidemos que el Estatut fue la obra predilecta de Zapatero y Maragall. El PP, por su parte, perdería cualquier posibilidad de pacto con CiU, amén de quedar estigmatizado como responsable del recorte del Estatut. Sería como alfombrar el camino de retorno de los nacionalistas al poder, a lomos de su caballo preferido: el victimismo.
El Confidencial - Opinión
1 comentarios:
¡Que va! es el humo negro de Perdidos
Publicar un comentario