Un apoyo guerracivilista y totalitario a Garzón

Excepción hecha de los improperios de algunos etarras contra sus juzgadores, jamás los miembros de un tribunal habian escuchado en la reciente historia de nuestro país insultos tan graves como los que han recibido este martes los magistrados del Supremo.

"Se han constituido en instrumento de la actual expresión del fascismo español"; "Son cómplices de las torturas franquistas"; "Se han puesto en manos de los corruptos". Estos son sólo algunos de los gravísimos improperios que el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo ha dirigido este martes a los miembros del Tribunal Supremo encargados de enjuiciar a Garzón por tres delitos de prevaricación.

Excepción hecha de las diatribas que Iñaki Bilbao y otros etarras han dirigido contra sus juzgadores, jamás los miembros de un tribunal habían recibido en un acto público y en la reciente historia de nuestro país insultos tan graves como los que les ha dirigido el ex fiscal jefe Anticorrupción y tío de la actual ministra de Sanidad a los miembros del Supremo. Jiménez Villarejo los ha pronunciado, además, en la Universidad Complutense, en un acto presidido por su rector, Carlos Berzosa, y convocado por los dos mayores sindicatos de nuestro país como son UGT y CCOO, entre aplausos de todos los asistentes.

Aunque todas las intervenciones –incluidas las de los líderes sindicales y la del rector– hayan contribuido a que el acto se convirtiera en un aquelarre guerracivilista y totalitario contra una de las instituciones esenciales de la democracia, como es el poder judicial, en general, y el Tribunal Supremo muy en particular, la intervención de Jiménez Villarejo es la que se lleva la palma. No contento con acusar a los magistrados del Supremo de "ponerse en manos de la Falange" y de ser "instrumentos del fascismo", Villarejo ha acusado a los miembros del Tribunal Supremo nada menos que de "criminalizar la independencia" del juez Garzón. Vamos, como si la independencia de un juez le permitiera a este independizarse de la ley que debe observar, cumplir y hacer cumplir. Villarejo también ha dejado en evidencia su totalitaria concepción del derecho al cuestionar la admisión a tramite por parte del Supremo de querellas o denuncias, no en función de si son o no indiciarias de la comisión de un posible delito, sino en función de la ideología de quienes las interponen. Así, Villarejo considera "incompatible" con la democracia que "se acepten querellas procedentes de la extrema derecha".

Aunque los fundadores de Libertad Digital se enfrentaron a la dictadura en tiempos en que Jiménez Villarejo ejercía de fiscal del régimen franquista, en un Estado de Derecho lo único que puede limitar los derechos de los ciudadanos, incluidos los falangistas y su derecho de apelar a los tribunales, es la ley. Y es precisamente la ley lo que Garzón se saltó a la torera cuando pretendió ignorar sus competencias jurisdiccionales, la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento, los plazos de prescripción de nuestro Código Penal o la vigente Ley de Aministía de 1977 que le impedían abrir su delirante causa penal contra el franquismo. También lo hizo con ley que le impedía grabar las conversaciones entre un acusado y su abogado, como hizo en el caso Gurtel, o con la ley que le obligaba a apartarse de la causa que archivó contra el presidente del banco del que había recibido unos cuantiosos fondos para financiar sus cursos en Nueva York.

A los improperios de Villarejo contra lo que ha calificado de "supervivencia del franquismo judicial", hay que sumar, no obstante, los exabruptos de Candido Méndez contra "los hijos de la dictadura" y contra la "tiranía del capital". Con el tono propio de esa izquierda guerracivilista y totalitaria de los años treinta de la que parecen, ciertamente, sentirse herederos, también el representante de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha denunciado el "asalto al Estado de la sedición franquista" y "el régimen sentado en el genocidio, el expolio y el rencor". Todo ello, no lo olvidemos, desde una universidad pública que por obra y gracia de su rector ha pasado a convertirse en un altavoz de consignas contrarias a la democracia.

Si ya es lamentable que los sindicatos no asuman su responsabilidad en la gravísima destrucción de empleo que estamos padeciendo o que el rector de la Complutense no acepte la suya en el deterioro que sufre su universidad, peor aun es que la eludan para perpetrar y ser correas de transmisión de una autentica rebelión y atentando verbal contra la democracia y sus instituciones propias de los años treinta.

El espectáculo ha sido tan patético y vergonzoso desde el punto de vista democrático que el presidente del Gobierno se ha visto desde Nueva York en la obligación de pedir respeto, de manera reiterada, al poder judicial. Pero que nadie se llame a engaño. Estas "impecables" declaraciones de Zapatero no son otra cosa que la forma que tiene de tirar la piedra y esconder la mano. Ha sido él y su Gobierno los que, desde primer momento, han instigado esta campaña guerracivilista contra el Tribunal Supremo. UGT no deja de ser la correa sindical del PSOE en estos asuntos y jamás se habría lanzado a esta campaña sin la condescendencia del Ejecutivo. Lo mismo cabe decir del ex fiscal socialista o del propio rector de la Complutense.

En cualquier caso, este bochornoso episodio, con el que la izquierda más trasnochada parece empezar una campaña más generaliza de hostigamiento contra el Tribunal Supremo, merece una condena más firme que la lacónica "preocupación y tristeza" expresada por el Consejo General del Poder Judicial o que las fariseas peticiones de "respeto" expresadas por el presidente del Gobierno. Al menos por parte de aquellos que realmente valoren las libertades que nos proporciona un Estado de Derecho.

Libertad Digital - Editorial

Sin respuesta frente al paro

Teniendo en cuenta que la reforma laboral presentada por el Gobierno se recoge en un «documento abierto» con un «contenido posible» para facilitar el acuerdo social, es probable que su verdadera intención sea medir la respuesta de sindicatos y patronal a unas medidas que constituyen un cambio de opinión en la sedicente política social del Ejecutivo.

En efecto, el documento recoge un abaratamiento del despido, esa «propuesta antisocial» con la que el PSOE despachaba al PP y a los expertos que pedían una reforma del mercado laboral. La idea del Gobierno es generalizar la indemnización por despido a 33 días por año, cuando la del despido improcedente se sitúa actualmente en 45 días. Además, el Gobierno estaría dispuesto a asumir una parte de la indemnización por despidos en determinados casos, lo que en función de cómo se configure volvería a lastrar el déficit público; y no está claro en qué medida influiría en las empresas la hipotética rebaja de un punto y medio en las cotizaciones a la Seguridad Social. Las primeras reacciones de los sindicatos han sido muy críticas, pero es seguro que el Gobierno contaba con ellas para empezar a preparar una negociación que le permita mantener la imagen social que tanto preocupa a Zapatero.

EEn todo caso, el documento contiene unas lecciones políticas importantes. La primera es que el discurso económico del Gobierno no tiene base y aboca a España a navegar sin rumbo por la crisis. Han tenido que destruirse cientos de miles de empleos y alcanzarse una tasa de paro cercana al 20 por ciento para que el Ejecutivo se limite a proponer un documento de intenciones, en el que, por primera vez, acepta revisar los costes del despido. La segunda lección es la cobardía del Gobierno, que le impide liderar la respuesta a la crisis en su manifestación más dramática, el paro masivo, cuya continuidad pone en riesgo el sistema financiero, como sentenció ayer el gobernador del Banco España. Y, en todo caso, el Ejecutivo demuestra otra vez que siempre llega tarde en esta crisis: primero para reconocer su gravedad; y segundo, para tomar las medidas adecuadas. Si esta reforma se aprobara, sus beneficios tardarán demasiado en sentirse. Es necesaria una reforma laboral porque el mercado del trabajo está destruido. Hay cuatro millones y medio de parados, número que aumentará en los próximos meses. La mejor de las posibilidades es no pasar de cinco millones, pero todo apunta a que se consolidará un paro estructural que absorberá ingentes recursos públicos. Responder a este problema con un mero documento de intenciones es una muestra de incapacidad para gobernar.

ABC - Editorial

Los «PIGS» y el euro. Por Alvaro Vargas Llosa

LOS expertos que observan el drama económico de los «PIGS» -Portugal, Italia, Grecia y España- insisten, razonablemente, en que no se puede tener una economía sur europea y un tipo de cambio alemán.

Quieren decir que el euro, dominado por la poderosa y disciplinada Alemania, se ha convertido en una camisa de fuerza para las economías deficitarias, endeudas e improductivas que no pueden devaluar su moneda para salir de la crisis por haber cedido el control monetario al Banco Central Europeo.

Pero esos expertos son demasiado razonables. Sugiero lo opuesto. Precisamente porque un tipo de cambio fijo entre economías tan desacompasadas entre sí es una idea descabellada, la trampa en la que se encuentran los «PIGS» es la única posibilidad, aunque mínima, de que transformen su modelo socioeconómico. Como ciudadano español que ha pasado un tercio de su vida estudiando o trabajando en Europa, ha sido para mí doloroso ver a la economía de España, cuya transformación en los años 80 y 90 adquirió contornos de leyenda, despertar metamorfoseada en un insecto kafkiano. Con uno de cada cinco adultos y cuatro de cada diez jóvenes sin empleo, millones de propiedades por debajo del valor de sus hipotecas, la mitad de las Cajas de Ahorro en estado de virtual insolvencia y una deuda privada que duplica el tamaño de la economía en su conjunto, España pasa por una crisis existencial.

El rudo despertar de España es particularmente cruel desde una perspectiva histórica. Aislados de sus modernos vecinos durante las largas décadas del régimen franquista, la adhesión de los españoles a la Unión Europea fue algo más que alcanzar la mayoría de edad política o económica: equivalió a un acto de exorcismo contra sus demonios históricos, es decir, la decadencia que abarca desde finales del siglo XVII hasta la muerte de Franco. Para Portugal y Grecia, fue el salto del tercer al primer mundo; España la adoptó como una transformación espiritual.

Lo cual explica dos cosas. Primero, el pasmo de España tras enterarse de que ser miembro de la Unión Europea implica costos y sacrificios terrenales. Segundo, y haciéndose eco de sentimientos similares en Grecia y Portugal, el rechazo general a considerar siquiera la posibilidad de abandonar el euro.

Si su moneda pudiese reflejar los déficits, los altos costos laborales y la baja productividad de España, ya se habría devaluado de forma natural. Sin esa posibilidad, España se enfrenta a un doble castigo si desea evitar una depresión interminable: la dislocación social que inevitablemente acarrearán los esfuerzos por volverse disciplinada y competitiva, y el costo de tener que experimentar una deflación de precios y salarios ante la ausencia de flexibilidad monetaria en el corto plazo. España tendrá que tomar una decisión fatídica: ¿quiere ser como Alemania y aceptar que la prosperidad es la recompensa del esfuerzo, o pretende que el resto de Europa se una a los «PIGS»?

Es un error centrarse en el euro como la esencia del problema. La moneda común ha contribuido de linda manera al delirio de la economía española brindándole un poder adquisitivo utópico y le está haciendo doblemente difícil superar la recesión al no permitirle, como lo hicieron por ejemplo las economías nórdicas cuando se metieron en problemas en los años 80 y 90, devaluar el tipo de cambio. Pero la causa real de lo que está sucediendo es que la nación confundió el crédito fácil, los subsidios y la protección social con la verdadera riqueza.

ABC - Opinión

Garzón no hizo nada. Por Cristina Losada

Hay algo aún más asombroso que esa llamada a sumergirnos en una dudosa terapia de grupo. Y es dar por sentado que el aludido juez estuvo trabajando seriamente en la investigación de los crímenes del franquismo.

"España necesita un honesto ajuste de cuentas con su problemático pasado", decía el New York Times a propósito de la más publicitaria de las causas abiertas contra Garzón.

El Times quiere que nos tumbemos en el diván, confesemos nuestros pecados colectivos y lleguemos a una catarsis de verdad y justicia, con nuestros seis lustros de democracia a la espalda y una reconciliación sellada en la Transición. Una propuesta adanista muy del gusto de quienes continúan viendo a España con ojos de los años treinta. Sin embargo, hay algo aún más asombroso que esa llamada a sumergirnos en una dudosa terapia de grupo. Y es dar por sentado que el aludido juez estuvo trabajando seriamente en la investigación de los crímenes del franquismo.

Las asociaciones de la memoria histórica padecen de similar ceguera. Han presentado una querella contra el magistrado Luciano Varela, ante la cual nada puede objetarse. Están en su derecho de seguir los pasos que, en sentido contrario, dieron Manos Limpias y Falange. Sus razones, aparte de jurídicas, son de orden moral. Encausar a Garzón, aseguran, es "un ataque frontal" que deja a las víctimas del franquismo "en total desamparo". Creen, pues, o fingen creer, que el mentado juez iba a encontrar a sus desaparecidos y a procesar y condenar a los culpables de sus muertes. Es más, creen que era el único dispuesto a hacerlo, de lo que se infiere que han estado vilmente arrinconadas y desprotegidas por los demás jueces, el Gobierno y, cómo no, la Fiscalía.

Los hechos, sin embargo, cuentan otra historia. Garzón abrió la causa y no movió un papel durante un año y medio. Se ve que no sentía una gran urgencia humanitaria. En los seis meses siguientes fabricó un tortuoso procedimiento para burlar los límites de sus competencias, aunque sólo para regresar al punto de partida. Lo esencial, en cualquier caso, es que declaró extinguidas las responsabilidades de los protagonistas del 18 de julio, como no podía ser de otro modo, pues estaban muertos. Y que a lo largo de los dos años que tuvo en sus manos la causa, no realizó averiguación alguna sobre las desapariciones denunciadas. En eso, o sea, en nada, consistió su trabajo sobre los crímenes del franquismo. Garzón en estado puro.

Libertad Digital - Opinión

Testosterona. Por Ignacio Camacho

SOBRE la piel de rinoceronte del veterano, que no viejo, Álvarez Cascos han rebotado las maniobras torticeras que pretendían implicarlo de refilón en la vidriosa trama Gürtel, y el político de raza que habita bajo esa coriácea epidermis se ha venido arriba en la agresiva reivindicación de su honorabilidad cuestionada.

Antiguo azote de la corrupción felipista, Cascos se ha blindado con actas notariales antes de pasar a una contraofensiva frontal y destemplada cuya aspereza ha levantado ronchas en el delicado cutis de la dirección marianista del PP, donde temen que la desabrida reaparición del antiguo número dos avente los fantasmas peor perfilados del aznarismo y no saben de qué perfil ponerse ante sus indisimuladas aspiraciones de retorno con bríos y maneras de paquidermo en cacharrería.

Cascos, a quien el propio Aznar tuvo que dar de lado para lijar las aristas de su proyecto en busca de una mayoría de centro, representa un estilo de testosterona política que está hoy por hoy en las antípodas de la estrategia del Partido Popular. Después de una legislatura fracasada en el empeño de un abordaje por las bravas, rudo y arriscado, contra la liquidez zapaterista, Rajoy optó por desplazar el ataque a la amura contraria, a ver si por el flanco de la levedad consigue abrir la cerrada defensa socialdemócrata. A base de rebajar dosis hormonales y dotar al partido de un toque político hermafrodita ha conseguido un progreso lento pero constante que se antoja insuficiente para los nostálgicos de la llamada «derecha sin complejos», añorantes de un talante ofensivo más cimarrón y montaraz.

Por eso la irrupción del antiguo dóberman ha provocado sarpullidos entre los defensores del mestizaje táctico; los actuales dirigentes del PP temen que la comprometida denuncia de conspiraciones policiales en el caso Gürtel -que complica de manera indirecta la línea defensiva oficial ante las evidencias de corrupción- no constituya sólo el ejercicio de la legítima defensa de un honor agredido, sino un posicionamiento operativo en toda regla ante las solapadas primarias que Cascos libra para aspirar a la presidencia regional asturiana.

Ante este anhelo de regreso de su antiguo compañero de ejecutiva, y en general ante los movimientos desestabilizadores de todo el tardoaznarismo, Rajoy se ve en una tesitura similar a la que Lyndon B. Johnson tuvo que afrontar con el intrigante Hoover: indeciso sobre la conveniencia de convivir con el incómodo indio dentro de la tienda, para que orine hacia fuera, o dejarlo fuera con el riesgo de que miccione dentro. A Cascos, tan marcado por su desapacible hosquedad, quizá prefiera en el fondo mantenerlo en el exterior; el problema es que a Aznar no lo puede sacar del tippi pese a que el ex presidente anda tan a su aire que ha dado últimamente en mearse dentro. Y no es un indio cualquiera, sino el jefe moral de la tribu.

ABC - Opinión

La cláusula Camps. Por José García Domínguez

De las temblorosas manos de María Emilia Casas depende, entonces, que las tres provincias se transmuten en flamante nación; asuman al fulminante modo esos arcanos derechos atávicos de Cataluña que, por lo demás, aún nadie ha acertado a precisar.

Un Serafín Castellanos, consejero áulico de Camps, acaba de anunciar al mundo que "no vamos a renunciar a un solo derecho que se le otorgue a otras comunidades en detrimento de los valencianos". En consecuencia, de creer a Serafín, no habrá pequeña necedad, suprema tontería o flagrante aberración cometida en estatuto alguno que Valencia no vaya a hacer suya más pronto que tarde. Tal que así, el Gobierno de Camps amenaza con poner en marcha la cláusula ídem ya mismo. En fin, que se vayan preparando, sin ir más lejos, en Andalucía.

Porque si la "investigación, promoción, difusión y conocimiento del cante flamenco" eran competencia exclusiva de la Junta, ahora Valencia reclamará su legítimo derecho a legislar sobre el arte jondo, el zapateado y los lunares de las batas de cola. ¿Y qué decir de las aguas del Tajo, un río que como nace en Aragón y muere en Lisboa, es propiedad de Castilla-La Mancha, según ordena, taxativo, su nuevo Estatuto? Bueno, o eso seguirá creyendo Barreda mientras Camps no se anime a asignarle un nuevo cauce por decreto.

Ya lo ha advertido muy en serio Serafín: "No vamos a renunciar a un solo derecho...". Así que sosiéguense los alicantinos, porque no habrán de continuar mirando con envidia hacia el norte. Merced a Camps, ese fuero inalienable que el Estatut regala a los catalanes, el que según memorable redactado les concede "gozar de los recursos del paisaje en condiciones de igualdad", pronto será suyo también. Pues es sabido que cuanto decida el Tribunal Constitucional para Cataluña, al punto, será de perentoria aplicación en Valencia.

De las temblorosas manos de María Emilia Casas depende, entonces, que las tres provincias se transmuten en flamante nación; asuman al fulminante modo esos arcanos derechos atávicos de Cataluña que, por lo demás, aún nadie ha acertado a precisar; clonen idéntica financiación cantinflesca, esto es, específica aunque genérica, diferenciada pero común y particular si bien ordinaria; expulsen ipso facto al defensor del Pueblo (español) más allá de la frontera con Murcia; y acaben presto con el teórico bilingüismo que aún regía en el mojado papel de la Ley, tal como han hecho los barandas del tripartito, sus nuevos amiguitos del alma. Un traje a medida, que diría El Bigotes.

Libertad Digital - Opinión

Tragedia y excelencia de Polonia. Por Hermann Tertsch

LA trágica muerte de gran parte de la cúpula estatal de Polonia, incluido su presidente, Lech Kazynski, en un accidente aéreo es un hecho sin precedentes en tiempos de paz.

Es una maldición de la historia, que ninguna mente por perversa que fuera se habría atrevido a fabular, que el avión con toda la delegación cayera además precisamente sobre los bosques de Katyn. Cuando volaba toda la delegación presidencial a presentar honores a los 22.000 hombres polacos asesinados en 1940 precisamente allí, cada uno con un tiro en la nuca. En una labor asesina ingente del NKVD. Stalin, Woroswhilow y Molotov habían firmado la orden cuyo fin era exterminar a las elites de la nación polaca. Todo fue consecuencia del Pacto Hitler-Stalin por el que Alemania y la URSS -comunismo y nazismo, las dos ideologías asesinas- se repartían entre ambos Polonia. Y la hacían desaparecer del mapa como ya había sucedido antes en la historia. Pero esta vez no se trataba sólo de hacerla desaparecer como Estado, sino de aniquilar a los líderes, a la excelencia polaca y a los portadores de la memoria. Se trataba de descabezar a una nación para que permaneciera por siempre postrada.

Stalin leía mucha historia. Sabía muy bien del éxito en la represión de la nación checa después del levantamiento nacional y religioso iniciado en 1618 y su aplastamiento tras la batalla de la Montaña Blanca en 1620. Entonces todos los líderes checos, aristócratas y hombres significados fueron ajusticiados por Viena. La nación checa se convirtió en la más sumisa y maleable del Imperio. Eso explica en gran parte que sí los héroes polacos han sido siempre aristócratas y guerreros patriotas indómitos, intelectuales comprometidos con el sufrimiento y la resurrección constante de su pueblo, los checos tengan por héroe al Bravo soldado Swejk, personaje inventado por Jaroslav Hasek, una especie de Sancho Panza pragmático, tramposo y cínico. Eso explica también por qué a lo largo de la historia los polacos han combatido a sus enemigos hasta la autoinmolación y destrucción total de sus ciudades mientras los checos tienen todas sus ciudades intactas y siempre se entregaron prácticamente sin lucha a las fuerzas exteriores superiores. Con todas las excepciones que se quieran ver y que por supuesto existen. Pero la historia marca el carácter de las naciones y los contrastes que se revelan entre estos dos vecinos, ambos eslavos, son posiblemente los más llamativos en Centroeuropa.

Stalin aplicó la política de intentar descabezar Polonia en su día porque sabía de la fuerza ejemplarizante de las elites polacas, esas que eran inexistentes en la nueva Checoslovaquia. Eso se produjo en Katyn. Pero ya lo había ensayado Stalin en España. Muy cerca de Madrid. En Paracuellos. Allí fue asesinada parte de la elite nacional nuestra. Se trataba también allí de convertir a todo el país en una masa amorfa sin columna vertebral ni referentes morales para que el totalitarismo no tuviera resistencia. Sin líderes ni memoria. Ahora ha sido al parecer una siniestra fatalidad la que priva a Polonia de muchos de sus mejores hombres y mujeres. La lista de los hombres y mujeres muertos junto al aeropuerto de Smolensk es casi un Who is Who de la política, la administración y las fuerzas armadas de aquel país. Se trata de un drama infinito del que una sociedad tarda mucho en recuperarse. Y la siniestra coincidencia que redobla la maldición de Katyn lo puede hacer aun más difícil. Pero Polonia es un gran país que se ha respetado a sí mismo como quizás sólo lo ha hecho siempre el Reino Unido. En la peor adversidad. Ejemplo de dignidad a través de los siglos. De unos siglos que han maltratado a este país como a pocos en el mundo. Por eso, además del luto profundo que comparto con toda la nación polaca, también tengo la seguridad de que Polonia tiene una sociedad que genera líderes, tiene una voluntad nacional a prueba de todas las diferencias políticas, una identidad y un patriotismo que ha resistido a todo y a todos. Y además un culto por la excelencia y la ejemplaridad, un reconocimiento a sus grandes hombres y mujeres que generan esta pujanza que no quiebra con tragedias aun mucho mayores. Ojalá pudiéramos suponer eso de otras de nuestras sociedades modernas.

ABC - Opinión

Bermúdez se luce otra vez

La sentencia de Bermúdez da alas a la ETA y hace retroceder casi una década la lucha contra el terrorismo que, mediante acciones como la de Egunkaria, había conseguido ganar una batalla crucial: la del soporte mediático, cultural y económico de la banda.

No por inesperado ha sido menos el estupor que nos ha ocasionado el auto de los magistrados de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, Ramón Sáez Valcárcel y Manuela Fernández de Prado por el cual se censura el cierre del diario abertzale Egunkaria hace siete años y se absuelve a sus principales directivos. Llega ahora, de un modo extemporáneo poniendo en ridículo a la propia Audiencia, que instruyó un caso totalmente distinto al que se ha terminado juzgando.

El tribunal presidido por Gómez Bermúdez echa por tierra todo el trabajo del juez instructor, que fue Juan del Olmo. Exactamente los mismos roles que ambos jueces representaron en el juicio por los atentados del 11-M. De sabios es, por lo tanto, no fiarse de ninguno de los dos. Pero no ya por su vergonzosa actuación antes, durante y después del juicio del 11-M sino, porque, en el caso Egunkaria, el primero ha dejado al segundo a los pies de los caballos dictando una sentencia que poco o nada tiene que ver con la instrucción. Sólo eso ya desautoriza completamente todo el proceso y, si no toda, sí parte de la sentencia.

Pero tras las bambalinas de la Audiencia Nacional, hay un tercer protagonista: la Fiscalía General del Estado que, en un principio, se sumó a la acusación y luego se echó para atrás coincidiendo con la tregua de la ETA. Hay razones fundadas para creer que este de Egunkaria fue la enésima contrapartida que el Gobierno, Gómez Benítez mediante, prometió a los etarras a cambio de entrar en razón. Precedentes no faltan y la errática actitud de Conde Pumpido al respecto sólo lleva a pensar lo peor.

Las razones que han llevado a Gómez Bermúdez a absolver a la cúpula de Egunkaria, poblada por señalados abertzales como Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga o Txema Auzmendi, están, cuando menos, cogidas con calzador. El juez se apoya en un argumento tan peregrino y falaz como que los denunciantes –Dignidad y Justicia y la AVT– partían de la idea preconcebida de que el diario era una herramienta de la banda en el frente cultural vasco. A estas alturas Bermúdez considera que el interés de la ETA por promover el vascuence y la cultura vasca es “una falacia interesada, buscada por la banda terrorista”, pero que, a tenor de la sentencia, no se corresponde con la realidad. Con esto lo único que demuestra el juez Gómez Bermúdez es no conocer ni un ápice la naturaleza de la banda y sus mecanismos de penetración en la sociedad vasca.

No contento con eso, el juez del 11-M ha rechazado los informes que la Guardia Civil facilitó durante la instrucción y que fueron admitidos como pruebas periciales. Se escuda en que ese material "no se ha confeccionado utilizando conocimientos técnicos científicos, artísticos o prácticos”, sino “sobre la base de estudios hechos por los miembros de la Guardia Civil”, es decir, las pruebas aportadas por los principales expertos antiterroristas de España no valen por no se sabe bien que razones en las que el magistrado se enreda.

El juez no sólo devalúa la inestimable labor de la Benemérita, sino que, en una indescriptible canallada que hará las delicias de los asesinos de la ETA, da visos de credibilidad a las denuncias de tortura por parte de los agentes que todos los detenidos interponen de un modo automático. Se limita, claro está, a arrojar la piedra y esconder la mano porque, textualmente, no “puede llegar a conclusiones jurídicas penalmente relevantes sobre el particular”. Las denuncias por tortura son una vieja treta del entramado etarra para desviar la atención sobre sus propios crímenes y, sobre todo, para encender los ánimos de sus incondicionales. La propia ETA lo recomienda en sus comunicados internos.

La sentencia de Bermúdez, que vuelve a lucirse tras su triste papelón en el juicio del 11-M, da alas a la ETA y hace retroceder casi una década la lucha contra el terrorismo que, mediante acciones como la de Egunkaria, había conseguido ganar una batalla crucial: la del soporte mediático, cultural y económico de la banda. Habrá que temblar por las derivaciones de esta incomprensible sentencia. El nacionalismo vasco aprovechará la resolución para rehabilitar a Batasuna y a todas las marcas blancas que la ETA utilizó en el pasado a su favor.

Libertad Digital - Editorial

La alternativa del TC

EL Tribunal Constitucional decide a partir de mañana no sólo el futuro del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino también la solidez del sistema constitucional español para asegurar la continuidad del pacto constituyente de 1978, por encima de los compromisos partidistas y de las coyunturas de los gobiernos.

Sería dramático para España que el TC aplicara a su resolución condicionamientos derivados de los posibles perjuicios políticos que su decisión causaría en la estabilidad de tal o cual ejecutivo. Lo que está en juego no es un pacto de conveniencia entre partidos, sino la continuidad constitucional de España como un Estado unitario organizado en comunidades autónomas o su suplantación por una confederación entre Cataluña y el resto de España. Cada poder del Estado debe asumir sus propias responsabilidades, y al TC no le incumbe tapar las chapuzas cometidas contra la Constitución en el Estatuto catalán, sino depurarlas del ordenamiento jurídico, porque cualquier otra opción, por ejemplo, por vía interpretativa, sólo sería una fuente de conflictos latentes para los próximos años. Si de alguna forma el TC se desliza por el terreno de las funciones legislativas es mediante el empleo de las nefastas sentencias interpretativas. Mejor será para el Estado saber qué es constitucional y qué no, según esté escrito en la sentencia, y no según decida en cada momento el Gobierno catalán de turno.

Tampoco debería ser un gravamen para la libertad de criterio de los magistrados del TC el cúmulo de leyes de desarrollo estatutario aprobadas por el Parlamento catalán, con el aliento del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el primer interesado en intimidar al TC con la magnitud de las consecuencias de una sentencia de inconstitucionalidad. Mucho más importante que la tranquilidad de Zapatero en La Moncloa es la estabilidad constitucional de España. La responsabilidad de aprobar una ley inconstitucional siempre es de la Cámara que la aprueba y del Gobierno o los partidos que la impulsan.
Sí es responsabilidad del TC la asombrosa dilación que ha sufrido este proceso constitucional, causa directa del desprestigio de la institución y de la presión política sobre sus magistrados. Más que problemas de valoración jurídica, el TC ha sido presa de una excesiva atención hacia el exterior, hacia los efectos políticos de sus decisiones. El empeño de la presidenta del TC en lograr una mayoría que evite su voto de calidad ha invertido las prioridades de esta institución, sustituyendo la recta defensa de la Constitución de 1978 por la comodidad de un consenso exculpatorio. Mañana tienen una oportunidad para enmendar este error.

ABC - Editorial

La familia Bono posee otros dos áticos en una urbanización de Estepona

En julio de 2006, el presidente del Congreso adquiría dos áticos en la lujosa urbanización Las Náyades, ubicada en Cabo Bermejo (Estepona). Lo hacía a través de la sociedad patrimonial Ahorros Familiares Saja, administrada por su mujer, Ana Rodríguez Mosquera, empresa también titular del ático ubicado en Madrid valorado en un millón de euros y sobre el que LA GACETA informó en el día de ayer.

En julio de 2006, el presidente del Congreso adquiría dos áticos en la lujosa urbanización Las Náyades, ubicada en Cabo Bermejo (Estepona). Lo hacía a través de la sociedad patrimonial Ahorros Familiares Saja, administrada por su mujer, Ana Rodríguez Mosquera, empresa también titular del ático ubicado en Madrid valorado en un millón de euros y sobre el que LA GACETA informó en el día de ayer. En esta sociedad, la mujer de José Bono ostenta el 80% de las acciones y el resto se reparte entre su marido y sus tres hijas –no está presente el hijo de ambos– con un 5% cada uno.

Las dos viviendas son contiguas y suman un total de 267 metros cuadrados. La propiedad se obtuvo por título de permuta, lo que implica que la familia Bono canjeó terrenos suyos por los dos áticos, o bien con el constructor o bien con el promotor del complejo residencial; en este caso el primero fue Construcciones Rebollo y el segundo Rafael Santamaría. De acuerdo con abogados urbanistas consultados por este periódico, lo habitual es que los solares objeto de la permuta se encuentren próximos al terreno donde se levantará la edificación, aunque es cierto que pueden situarse en cualquier parte de España.

El precio de venta de cada uno de los áticos es de 365.000 euros y 489.000 euros; en total, la familia Bono debía ser propietaria de un terreno equivalente al importe total de ambas viviendas, que suman 854.000 euros, para permutar un bien por otro. Y, además, haberlo comprado o heredado entre junio de 2004 y julio de 2006, momento en que se escritura este canje en el Registro de la Propiedad.

En junio de 2004, cuando cesó como presidente de Castilla-La Mancha para ocupar la cartera de Defensa, José Bono hizo su última declaración de bienes, rentas y actividades que fue publicada en el Diario Oficial de aquella comunidad. En ella aseguraba tener únicamente una parcela de terreno rústico en Salobre, de dos hectáreas y adquirida por herencia. Finca cuyo precio difícilmente podría ser superior a los 20.000 euros, dado que el suelo rústico en aquella zona oscila entre el euro y los cincuenta céntimos el metro cuadrado. Muy lejos por tanto del precio de venta de cada uno de los áticos adquiridos por el concepto de permuta en Estepona.

Coincidencias

Los áticos tienen 114 metros cuadrados y 153 metros cuadrados, respectivamente. Son contiguos y disponen de dos y tres dormitorios cada uno, junto a escaleras interiores que conducen a sendos solárium de uso privativo, además de las correspondientes terrazas. Cada piso lleva aparejada una plaza de garaje. El conjunto residencial Las Náyades cuenta con piscinas exteriores, piscina cubierta climatizada, gimnasio, jacuzzi, sauna y jardines con especies vegetales tropicales, que incluyen un lago artificial.

En el interior de las viviendas, los cuartos de baño principales son de mármol travertino, disponen de bañeras y duchas de hidromasaje y todas las habitaciones disfrutan de climatización e hilo musical independiente. La domótica de cada vivienda permite controlar el domicilio por Internet, además de tener habilitados sensores de inundación y detectores de presencia para activar las alarmas.

La familia de José Bono se hizo con estos dos áticos cuatro meses antes de que dos ediles del Ayuntamiento de Estepona pusieran en marcha con sus denuncias la investigación policial y judicial del caso Astapa. Sus declaraciones acerca de las irregularidades que presenciaron en el consistorio socialista desde 2003 apuntaban a posibles delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el entorno del ayuntamiento, junto a la financiación irregular del PSOE.

Entre los detenidos se encontraba el ex alcalde socialista Antonio Barrientos quien, de acuerdo con el sumario instruido en el Juzgado número 1 de Estepona, puso su coche y a uno de sus escoltas al servicio de la mujer de Bono para trasladarla al campo de golf, donde le facilitó la asistencia de un profesor particular.

De nuevo Reyal

Este complejo residencial que se levanta a escasos 50 metros del mar Mediterráneo es obra del promotor Rafael Santamaría, propietario de Reyal Urbis y de una cadena hotelera. En junio de 2006, cuando tiene lugar la permuta con la familia Bono, este magnate del ladrillo se encuentra en plena expansión; ese mismo verano ha amarrado su entrada en la inmobiliaria Urbis y la Ciudad de Valdeluz en Guadalajara tiene en pie sus primeros bloques.

Este macroproyecto, hoy ciudad fantasma, se inició en 2003 cuando José Bono era presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Preveía la creación ya frustrada de 9.500 viviendas que alojarían a 35.000 personas, con la excusa de la cercanía a la estación del AVE en Los Yébenes, que permitiría llegar a Madrid en 20 minutos. Años después, en 2008, los habitantes de este proyecto, al estilo del de El Pocero en Seseña (Toledo) no rebasa el millar. Poco después Reyal Urbis tuvo que refinanciar 3.006 millones de euros de deuda.

En este grupo de Rafael Santamaría trabajó Ana Bono Rodríguez dentro de su gabinete de asesoría jurídica y llegó a formar parte de su consejo de administración como apoderada, si bien tan sólo durante tres semanas. Tal es la amistad entre este empresario y el presidente del Congreso de los Diputados que es en uno de sus hoteles-spa donde se aloja la familia de Bono al completo cuando disfruta del esquí; como suyo es el hotel de Madrid donde el socialista José Bono paga el alojamiento de los equipos de obreros que, procedentes de Albacete, reforman en la actualidad el piso que ha regalado a su hijo en el centro de Madrid.

La Gaceta - Política

Gürtel, políticos, jueces. Por Gabriel Albiac

GÜRTEL concita lo peor de España. De ésta cuya endeble armazón deseamos mejor no ver: no es agradable. La que, al final, nos viene de no haber nunca resuelto los límites históricos que impuso la transición de una dictadura caduca a un régimen parlamentario homologable en la Europa de fin de los setenta.

Lo esencial en el éxito y el bajo coste de aquel tránsito vino de que fuera el viejo régimen -sus hombres y sus instituciones- quien dirigiera milimétricamente el paso al nuevo. Fue una compleja operación de ingeniería política que, verosímilmente, nos salvó a todos del riesgo de desastre cuyo último síntoma fue el 23 de febrero de 1981. Tuvo también su coste. No se da un trastrueque semejante de máscaras políticas sin pagar un precio: moral como político. El edificio de la España democrática se alzó sobre una ficción: la de haber roto con la continuidad franquista; poco importaba que a la cabeza de los grandes partidos -sin excepción- se hallaran hombres en distinto grado beneficiarios del viejo régimen, que borraron su pasado con eficiencia digna del mejor Orwell. Fue una ficción necesaria. Puede. Pero que sólo podía justificarse en el intervalo limitado -no necesariamente corto, pero limitado- del tránsito. La Constitución de 1978 era, técnicamente hablando, una Constitución provisional, para unos tiempos que no podían juzgarse definitivos. Fosilizó. Y con ella, nosotros. Lo de ahora nace en eso. Y todo se cruza en Gürtel.

Se cruza la pesada evidencia de que bastaría una contabilidad precisa de gastos e ingresos en todos -todos- los partidos parlamentarios para que sus responsables acabaran en el banquillo. Quien introdujo en la Constitución la norma que atribuía a las autoridades municipales la regulación del suelo edificable, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Luego, las vías de financiación se refinaron mucho. Y todos los partidos -todos- saben lo que pasaría si sus contabilidades fueran seriamente auditadas. Cada uno de ellos trata de amagar en ese campo contra el otro. Dentro de ciertos límites. Como aviso. También como herramienta en la cosecha del voto.

Se cruza la pesada evidencia de que no existe en España soporte institucional de la división de poderes, desde que la Ley Orgánica de Felipe González puso en manos de los partidos la designación del Consejo General del Poder judicial y, con ella, la promoción profesional de los jueces. Garzón es la caricatura de lo que esa certeza desencadena. Que un juez intervenga las comunicaciones entre abogado y defendido, no sólo es un delito; es la destrucción del procedimiento judicial. La Albania de Hoxha lo hizo en modo más directo: puesto que el Estado socialista velaba por el bien y defensa del ciudadano, los abogados eran innecesarios; fueron abolidos. Violar la confidencialidad entre defensor y cliente es lo mismo. En más cínico. En el secreto de la comunicación con su abogado, el cliente debe contar todo: sobre eso reposa su relación. Si eso que cuenta es accesible al juez, ¿para qué el juicio? Gürtel puede poner a este país ante un dilema trágico: anular el procedimiento contra sujetos muy verosímilmente culpables, además de moral y estéticamente repulsivos... O... ¿O qué? ¿Juzgar y condenar sobre una instrucción viciada, que cualquier tribunal internacional -Estrasburgo, sin ir más lejos- declarará nula?

Todo se cruza en Gürtel. Financiación ilegal, y, con ella, prodigiosos enriquecimientos personales. Jueces que saben su carrera pendiente de simpatías políticas. Todo lo que define el fin de una época, el crepúsculo de una Constitución. Y la entrada en un período constituyente.

ABC - Opinión

Eguiguren convence a Rajoy. Por Emilio Campmany

Es triste ver a un hombre que, frente a un Chamberlain, pudo ser un Churchill y prefiere ser un Daladier.

Jesús Eguiguren fue el Bruto que asesinó a Nicolás Redondo Terreros. No ciñe la corona de lehendakari por haber sido condenado por maltrato, pero, sin esa condena, vestiría hoy la púrpura. Fue además el hombre de confianza de Zapatero en la negociación con ETA durante la pasada legislatura. Pues bien, Eguiguren ha concedido una entrevista al Diario Vasco para rechazar que el Gobierno siga negociando con ETA. Más concretamente ha dicho: "Cuando [Mayor Oreja] habló, no tenía ni puñetera idea de lo que estaba hablando". Al parecer, él sí sabe de lo que está hablando. Sin embargo, el guipuzcoano a preguntas del entrevistador contesta en cuatro ocasiones: "No tengo ni idea", "no lo sé ni si lo sabrá la Policía", "no lo sé" o simplemente "no sé". No está mal para alguien que dice que Mayor Oreja no tiene ni puñetera idea.

Eguiguren sostiene que el problema es interno del "mundo" abertzale. Según él, son ellos quienes tienen que decidir quién manda, si la ETA, que quiere continuar atentando, o Batasuna, que quiere dejar de hacerlo. Esta manera de ver las cosas ignora que en ese "mundo", como les gusta a los socialistas vascos llamar a los terroristas, siempre han mandado los de las pistolas. Entre otras cosas, porque los que no las empuñan no son diferentes, sólo carecen del valor para disparar y porque la organización terrorista necesita un brazo político que infiltrar en las instituciones políticas vascas. Y la cabeza no puede estar subordinada al brazo. Más bien será el brazo el que esté subordinado a la cabeza. Ahora, es posible que Eguiguren no esté mintiendo y sea sincero cuando afirma creerse esa patraña de que los batasunos quieren dejar las armas y los etarras no, y hay que esperar a ver quién gana.

Lo que no se cree ni él es lo que dice de los mediadores internacionales: "Hay que aclarar que no son mediadores, sino abogados de parte, asesores de Batasuna para ver de qué forma pueden iniciar otro proceso o volver a la legalidad. No pueden exigir contrapartidas al Gobierno. Tienen que exigírselas a su parte". O sea, que es Batasuna quien paga los salarios de esos mediadores. A otro perro con ese hueso. Puede que fuera ETA quien exigió la presencia de los mediadores y puede asimismo que fuera ella quien los eligiera. Lo que es seguro es que quienes los pagan, somos nosotros, los españoles, a través de nuestro Gobierno. Y si siguen dando la tabarra con que hay que sentarse a dialogar, es porque siguen cobrando. ¿Por qué siguen haciéndolo si se supone que ya no hay interés en negociar? Que nos lo explique Eguiguren, pero se le agradecería la caridad de que lo hiciera sin recurrir al "toco mocho" de que los negociadores internacionales son un apéndice de Batasuna.

Rajoy, sin embargo, le cree. El gallego dice ahora estar convencido de que el Gobierno no negocia con ETA. Para mí que le han prometido, a cambio de su discreción durante el proceso, compartir los laureles de la paz, si es que la paz llega. Y no se da cuenta de que no serán laureles lo que habrá para compartir, sino el agrio sabor de la claudicación ante una banda terrorista. Es triste ver a un hombre que, frente a un Chamberlain, pudo ser un Churchill y prefiere ser un Daladier.

Libertad Digital - Opinión

Las caras de la corrupción. Por Félix Madero

En todos los hombres está presente la corrupción: sólo es una cuestión de cantidades. Carlo Dossi

DUDO a la hora de traer aquí verdaderos disparates pronunciados por prebostes de la política. Dudo porque, pudiendo pasar inadvertidos, adquieren resonancia al encontrar espacio en un periódico de gran difusión como ABC. Cuesta soportar que desde Esquerra Republicana de Cataluña den clases de cómo combatir la corrupción. Así es si así os parece, que diría Luigi Pirandello. Sostiene el presidente de ERC Joan Puigcercós que «los votantes del PP son impermeables a los casos de corrupción y que, llegado el caso harían lo mismo». Sostiene tan egregio pensador que «hay gente que cree que la política sirve para esto y vota a partidos que se corrompen. No hay castigo moral».

Pero lo inmoral es que hemos llegado a un punto en que cualquiera se cree cualificado para ofrecer sus recetas en contra de la corrupción. ¿De qué corrupción? Esa que permite y hace legal que un partido que no gana las elecciones sea decisivo en el Gobierno catalán, o sea que titula de legal -y no lo discuto aunque me sorprenda-, que un partidillo secesionista y republicano se siente en las Cortes Españoles para actuar como muleta de la insuficiente mayoría socialista. Y ya puestos a sostener, sostiene Puigcercos que ellos necesitan un Estado para ser felices. ¿Qué me dicen? Ya sé que la tontería no es lo mismo que cobrar comisiones, pero muchos pensamos que la abundancia de semejante mercancía es una forma sutil de corrupción.

Sus caras son infinitas, y por lo que dice el Fiscal General, variadas. En el Congreso, Pumpido asegura que hay en los tribunales 264 procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 del PP. Siendo así, sorprende la forma en que el PP encaja los golpes y asume que aunque lo que cae del cielo son orines conviene decir que llueve. Ellos verán. La dificultad del partido de Rajoy para explicarse es proverbial y tiene su origen en la indolencia de la que hace gala el propio Rajoy para explicarse y explicar lo que les pasa a él y a los de enfrente. No debe extrañar que salgan clásicos como Álvarez Cascos demostrando a este PP que la oposición siempre hace bueno eso de que la mejor defensa es un buen ataque.

El miércoles ERC va a preguntar al Gobierno cómo piensa combatir la corrupción. No me consta que desde el PP estén preparando una estrategia para soportar este teatro de pueblo en que han convertido las sesiones de control. El independentista Ridao pregunta por la corrupción -¿sólo del PP?-, y los diputados del PP volverán a sentir en sus hombros que desde el techo cae algo amarillento y caliente. Dirán que es agua, pero les están meando. Igual un día de estos reparan en los números de Conde Pumpido. Y se ponen a trabajar.

Libertad Digital - Opinión

Patriotismo de partido. Por José García Domínguez

Si ante un furriel de tercera se paraliza al patético modo, ni siquiera osando exigirle la renuncia al escaño, ¿qué haría el presidente Rajoy sometido a la presión de una genuina crisis de Estado? Mejor no tratar de imaginarlo.

Tres conclusiones, a cada cual más deprimente, procede extraer de la difusión de esos sesenta tomos que "no aportan nada nuevo", pues, como es notorio, todo el mundo los ha leído ya. La primera, quizá la más triste, obliga a certificar la escala liliputiense a que cotizaba la integridad moral de tantos cargos y carguitos del Partido Popular. Quien conozca la debilidad del alma humana siempre habrá de entender a los grandes cleptómanos. Lo en verdad desconcertante, por el contrario, es acusar recibo de esos leves, ínfimos, obscenos precios de saldo con que Correa y El Bigotes mercaron conciencias de todo a cien a la sombra de Bárcenas & Cía. En sentido literal, la infantería del PP estaba colonizada por gentes, demasiadas, que no valían ni un duro. Y ahora lo sabemos.

No por manida menos sombría, la segunda exige constatar la pervivencia entre nosotros de la más funesta de las lacras cívicas todas, el llamado patriotismo de partido; ese atavismo tan castizo que ordena juzgar los episodios de corrupción no por su propia naturaleza, sino por quién incurra en ellos. De ahí que la dirección del PP se sepa ahora relativamente impune, pase lo que pase con el sumario Gürtel. Tan impune como el felipismo tras aquella sucesión de escándalos que se saldaría al final con un coste electoral nimio, pese al atronador ruido mediático. Por algo, a imagen y semejanza de las tribus indígenas de la selva amazónica, los españoles damos prioridad a las voces "nosotros" y "ellos" por delante de los términos "verdad" y "mentira".

La tercera, en fin, manda reparar –de nuevo– en esa muy palmaria carencia de autoridad natural que se desprende del carácter de Mariano Rajoy. Un atributo insoslayable en la personalidad de todo líder genuino con el que, simplemente, se nace o no. Y es que un hombre que ansíe dirigir la Nación no puede tartamudear, vacilar, descomponer la estampa y travestirse de Hamlet frente a un simple contable sobre el que recaen indicios mil de corrupción. Si ante un furriel de tercera se paraliza al patético modo, ni siquiera osando exigirle la renuncia al escaño, ¿qué haría el presidente Rajoy sometido a la presión de una genuina crisis de Estado? Mejor no tratar de imaginarlo.

Libertad Digital - Opinión

La derecha insegura. Por Ignacio Camacho

LA corrupción, por desgracia, se nota poco en las encuestas porque la universalización del latrocinio -hay 800 cargos públicos procesados actualmente, repartidos en proporción casi correlativa al arco de partidos- estabiliza la intención de voto; la gente sigue votando a los suyos en la creencia de que los adversarios se corrompen igual o más. La mangancia no provoca deserciones electorales aunque incrementa la desconfianza en la clase política; en materia de venalidad institucional hemos vuelto a aquel tiempo en que Julio Camba anotaba con sorna que se decía que los políticos roban como se dice que el caballo relincha, el buey muge o la gallina cacarea: con una resignación zoológica. Lo que sí puede tener consecuencias es el modo en que los aún no se han corrompido tratan a los corruptos, la manera de afrontar la deshonestidad y reaccionar ante sus inevitables episodios. Y en ese sentido la semana-calvario que ha vivido el PP ante la segunda entrega del sumario Gürtel le puede pasar una seria factura.

Nadie puede decir que el Partido Popular otorgue a sus miembros corrompidos trato más favorable que otras fuerzas políticas. Al contrario, reacciona con mayor presteza y un sentido más intenso de la responsabilidad, apreciable en el sincero desgarro moral que la existencia de corrupción en sus filas provoca en la mayoría de sus dirigentes. Sin embargo, y quizá por esa misma conciencia responsable, acaso fruto de una profunda autoexigencia, su reacción corporativa se ha vuelto dubitativa, titubeante, envuelta en una lamentable zozobra. El daño que el PP se ha dejado infligir por su deficiente pauta de actuación ha sido de largo superior al alcance objetivo de unas revelaciones que poco o nada nuevo aportaban a las ya conocidas andanzas delictivas de Correa y sus secuaces.

Ha tenido también mucho que ver en ello el estilo quietista que imprime a su liderazgo Mariano Rajoy, empeñado en considerar como un arte de templanza lo que los demás vemos como irritante proclividad a la demora y la procrastinación en la toma de decisiones. Cuando se recrea en la suerte de marcar los tiempos lo que envía a la opinión pública es el mensaje letal de que le paralizan las dudas, una sospecha demoledora para quien aspira a gobernar la nación. Pero no es sólo esta tendencia vacilante lo que zarandea el prestigio del PP como alternativa, sino la evidencia de sus discrepancias internas, de cuestionamiento de la autoridad, de falta de control del entorno mediático, social y político de una derecha en perpetuo alboroto que se atormenta a sí misma creyéndose incapaz de configurar una mayoría vencedora. Le falta, al PP y a la derecha, fe en sus posibilidades, y le sobra cainismo y vehemencia divisionista. El resultado es una oposición artificialmente atribulada que le ha dado una plácida semana de vacaciones al peor y más quemado Gobierno de la democracia.

ABC - Opinión

El martes negro de Don Tancredo . Por Jesús Cacho

A finales del XIX, cuando la Rusia pobre y campesina de la dinastía Romanov se descomponía víctima de una miseria de siglos provocada por la avaricia de los latifundistas, al tiempo que la semilla de la revolución avanzaba imparable desde los centros urbanos y los barrios industriales, un diplomático ruso, el conde Osten-Saken, ironizaba ante el príncipe alemán Von Bülock -ministro de Asuntos Exteriores que fue de Hohenlohe (1897) y canciller del Reich (1900)-, refiriéndose a la actitud del zar en estos términos: “L’empereur Nicolas a una indifférence qui frise l’heorisme”. La cita viene como anillo al dedo para un Mariano Rajoy empeñado en convertir su falta de autoridad dentro del Partido Popular en una obra de arte. El tancredismo de Don Mariano, en in crescendo sostenido desde la primera derrota electoral de marzo de 2004, ha alcanzado esta semana sus más altas cotas de estilismo, para desesperación de millones de votantes de la derecha.

El levantamiento del secreto sumarial del caso Gürtel –previsto para el lunes, pero retrasado 24 horas porque el martes salían cifras de paro registrado- ha provocado en el PP el trauma que era de prever. Trance excesivo, cuando menos, porque quienes han aparecido ahora en los 56.000 folios del juez Pedreira ya figuraban desde hace tiempo como actores de reparto en este drama chusco de chorizos engominados que surgió en el 2002 en torno a la organización de eventos del partido y que, en contacto con la fontanería de Génova, cobró vuelo cuando algunos de tales fontaneros se hicieron alcaldes –periferia rica del noroeste madrileño- y todos juntos en santa compaña decidieron enriquecerse con las comisiones del negocio inmobiliario, Ayuntamientos gastando a manos llenas, comisiones, fulanas, comilonas y lujo a espuertas en una borrachera de dinero fácil que parecía no iba a terminar nunca, estirpe corrupta desfilando glamurosa por la explanada de El Escorial camino del altar donde matrimoniaba la hija de José María Aznar.

"Ni nombres nuevos ni, lo que es más importante, financiación ilegal del partido, al menos que se sepa."

Ni nombres nuevos ni, lo que es más importante, financiación ilegal del partido, al menos que se sepa. Sí, naturalmente, la constatación ya vieja de la existencia de una red de corrupción muy extensa y absolutamente escandalosa tanto en los fines perseguidos como en los medios empleados para enriquecerse. Un asunto muy grave para el PP y, por extensión, para una democracia esencialmente corrupta como la española, algo evidente desde hace muchos años. Y si no ha habido sorpresa mayúscula, ¿Cómo explicar, entonces, la parálisis de miedo, el ataque de terror que durante 48 horas se apoderó de Génova, mientras la armada mediática de la izquierda disparaba inmisericorde su artillería más gruesa? De nuevo el Rajoy dubitativo, pusilánime, premioso. El líder que se esconde en los instantes cruciales. Portador de una serie de valores muy estimables –prudencia, honestidad personal, lejanía de los poderes fácticos del dinero, entre otros- en un contexto político tan envilecido como el español, el gallego resulta un personaje desesperante a la hora de tomar ese tipo de decisiones que están a la altura del sentido común de cualquier mortal.

El enigma Rajoy. ¿Realmente es Arriola el responsable último de esa pauta de conducta cuya característica esencial viene marcada por su desaparición de la escena en los momentos más calientes, porque la clave para heredar los despojos de Zapatero reside en no quemarse con la toma de decisiones arriesgadas? La explicación resulta a estas alturas poco creíble. Tras las generales de marzo de 2008, el aludido excusó públicamente su derrota aludiendo a que durante 4 años no había podido contar ni con equipo ni con política propia, algo que iba a cambiar de forma drástica. Da la impresión, sin embargo, de que sigue cogido por el ronzal de la maraña de intereses que se mueve en la calle Génova. El soft power parece en su caso un no power at all. Es un hecho cierto que la red Gürtel, emparentada con el Clan de Becerril, echa sus raíces en la segunda legislatura Aznar. La mitad de los casi 29 millones de euros que, según el sumario, se embolsan los Correas, se trajinan entre los años 2002 y 2004. En grandísima medida, la trama está, pues, ligada al PP de Aznar, es parte del PP de Aznar, no del de Rajoy. Pero el gallego no se atreve siquiera a insinuarlo públicamente y a obrar en consecuencia, porque eso supondría colocar a Franquito al pie de los caballos.

Desgaste brutal de Rajoy

En el fondo sigue sin atreverse a lo que en términos freudianos se denomina “matar al padre”, algo que le pasará factura porque, como decía Maquiavelo, “La generosidad que supone abandono de poder, ni es rentable ni se debe esperar que sea agradecida”. La que ha pagado esta semana ha sido terrible: la sospecha de que no se atrevía a desalojar a Luis Bárcenas de Génova porque él también estaba trincado. El resultado del entero lance ha sido un desgaste brutal, cuya importancia medirán las encuestas de opinión. Rajoy termina la semana malherido con la apariencia del líder medroso dispuesto a malbaratar con su tancredismo las posibilidades de llegar al Poder y enderezar el rumbo de un país al que la incapacidad de Zapatero ha sumido en el caos. Los acontecimientos le están poniendo el Poder en las manos, pero él parece empeñado en rechazarlo. Se entiende la perplejidad y el desconcierto que estos días embarga a militantes y votantes del PP. Es la sempiterna desgracia de España con sus clases dirigentes, un lamento tantas veces expresado por los Baroja, Ortega y otros.

"En realidad, Mariano no se atreve a romper con Aznar"

En realidad, Mariano no solo no se atreve a romper con Aznar, sino que se ve obligado a acudir a eventos como el aquelarre que, ad maiorem gloriam suam, el ex presidente montó el jueves en Sevilla para festejar los 20 años de la primera Ejecutiva “del PP de Aznar” (sic). Al pie de la Torre del Oro, el gallego compuso otra pobre estampa al asegurar ante la prensa que Bárcenas se va pero se queda, o no se marcha del todo, en fin, habrá que ver, el grupo parlamentario sabrá… En Sevilla, Aznar predicó duramente contra la corrupción, aunque él se dedica ahora a todo tipo de negocios de intermediación –la llamada “enmienda Florentino”, el último- con toda gran empresa española que se deje, poniendo en un brete constante al propio Rajoy, porque la tarjeta de visita del generalito es que “él es el PP”. Curioso, cuando no deslumbrante, el simbolismo de ese festejo sevillano al que se negó a acudir, cargado de razón, Rodrigo Rato. La ecuación es sencilla: Aznar hizo el PP y Aznar lo deshizo. Se cierra el ciclo. Su responsabilidad a la hora de cercenar las posibilidades de la derecha democrática para gobernar durante los años necesarios para haber acometido la definitiva modernización del país, ha sido y es enorme, y esa derecha democrática no volverá a ser la misma mientras no sea capaz de sacudirse el espantajo de un personaje que ha terminado por convertirse en una caricatura de sí mismo.

El mismo día que se abría el sumario Gürtel, el Parlamento de la nación aprobaba en silencio la ya citada “enmienda Florentino” o la otra cara de una misma moneda llamada corrupción, pero esta al por mayor. Ya conocen la génesis del escándalo: a partir de 2004, en la borrachera de dinero abundante y barato, tres grandes constructoras amigas del Gobierno ZP entraron de la mano del ministro Sebastián en otras tantas empresas energéticas. Una de ellas, Acciona, pudo escapar de la aventura con grandes plusvalías, pero otras dos quedaron atrapadas tras haber invertido grandes sumas que deben a los bancos y que hoy registran importantes minusvalías. Para arreglar ese entuerto, el señor Zapatero ha puesto el Grupo Parlamentario socialista al servicio de Florentino Pérez, presidente de ACS, y de sus accionistas, los hermanos March y los primos Albertos, en orden a modificar una ley que permita a Pérez –y de paso a Luis Del Rivero, presidente de Sacyr, con Juan Abelló como gran accionista- hacerse con el control de Iberdrola y Repsol, respectivamente, y sacar tajada. Para hacerlo posible era preciso acabar con las cláusulas societarias que en ambas empresas limitan los derechos de voto al 10% del capital, con independencia del porcentaje que se posea.

La “enmienda Florentino” o la otra cara de la misma moneda

Y un cambio legislativo en principio lleno de lógica, que hubiera sido necesario abordar con luz y taquígrafos en tanto en cuanto, además, afecta a varias leyes de enjundia, se ha convertido en una operación de alcantarilla directamente pactada, con nocturnidad y alevosía, por el propio Zapatero con Pérez. Tras una serie de aplazamientos motivados por la dificultad de alcanzar la mayoría necesaria, CiU terminó por dar su apoyo al PSOE –nuevo pacto entre ZP y Durán i Lleida- a cambio de aplazar un año la entrada en vigor de la medida y reducirla a las sociedades cotizadas. Pero el propio jueves, y en plena discusión de la enmienda, los socialistas intentaron cargarse ese año de prórroga que, por cierto, no le viene nada bien a una ACS que en marzo de 2011, antes de que entre en vigor la nueva normativa, tendrá que renegociar el contrato de derivados por el 4,88% de Iberdrola aparcado ahora en Natixis. ¿Legislación con nombre y apellido? Más que eso: el presidente del Gobierno cuidando de las fortunas de algunos de los millonarios más notorios de este país. “El asunto March ha sido el más escandaloso que ha habido en el mundo, porque, durante once años, el señor March ha tenido a su disposición a los ex-presidentes del Consejo y a los Ministros, y ha mandado en España destituyendo Gobiernos a su antojo”. Frase pronunciada en las Cortes por Francisco De Asís Cambó, ministro de Fomento y Hacienda entre 1918/1922, con Maura como presidente del Consejo.

"Rajoy, torpe hasta decir basta, aparentemente empeñado en seguir instalado durante muchos años de su cómodo estatus de Ministro de la Oposición."

Dicen que los herederos de la dinastía March no están muy contentos con el resultado final de este lance, porque su gestor en ACS les había asegurado que la operación estaba políticamente “mucho más trabada”, y la misma queja exhibe el propio ZP. Ni el PP (fallida mediación de Aznar), ni el PNV, ni IU han apoyado la enmienda. Pelillos a la mar: el reinado de Sánchez Galán en Iberdrola tiene fecha de caducidad, y gracias a CiU el 12% del ACS en la eléctrica ha sido puesto en valor. El gran constructor del Reino ha entrado ya en contacto con un par de multinacionales de la electricidad para darle el pase a su paquete. Gran pelotazo a la vista. Operación Enel corregida y aumentada. Iberdrola vale en Bolsa casi 34.000 millones, cifra que deja los 29 de los Correa and friends en una simple propina. Y todo ello en medio del silencio espeso de unos medios de comunicación que tanta tinta han hecho correr en el caso Gürtel: unos porque hay que defender a Zapatero, la izquierda, y otros porque Floro es amigo rumboso, que además invita al palco del Real Madrid (como se vio anoche), la derecha.

Tal es la influencia de este nuevo March en pequeño que el propio martes, negro día con negras secuelas, el propio Florentino fue el encargado de pronunciar la laudatio en nombre de la amplia representación empresarial que asistió al festejo que el propio Zapatero organizó en honor del coche eléctrico, esa cosa que nos va a sacar de pobres a los españoles, a pesar de que allí estaban Galán (Iberdrola), Brufau (Repsol) y Prado (Endesa). ¡El ladrillo predicando el fin del motor de combustión! Es la claudicación del Ejecutivo ante “los lobbys poderosos que han convertido a los Presupuestos Generales del Estado en una máquina de entregar dinero a su servicio”, como ayer escribía Carlos Sánchez (“Leed mis labios: Menos ladrillos y más ordenadores”) en este diario. Pena y desventura, en suma, de una España crispada como nunca, desalentada hasta el abatimiento, incapaz de ver la línea del horizonte entre un presidente del Gobierno que, con el aparato del Estado a su servicio, parece empeñado en acabar con la posibilidad de la alternancia por la vía de fumigarse a la oposición, y un Rajoy torpe hasta decir basta, aparentemente empeñado en seguir instalado durante muchos años de su cómodo estatus de Ministro de la Oposición. ¡Bello panorama!

El Confidencial - Opinión

Grecia o la irresponsabilidad del endeudamiento público

Los políticos griegos creyeron en la cómoda copla keynesiana de que bastaba con seguir gastando para que todo se solucionara, y así les ha ido: la única opción que les queda ahora es aceptar los 45.000 millones que le han ofrecido la zonaeuro y el FMI.

Las crisis son períodos traumáticos porque la estructura productiva de una economía debe recomponerse y esto suele ser doloroso. Fruto de una excesiva expansión del crédito por parte de una banca asistida por el banco central, la crisis consiste en un periodo en el que hay que liquidar los malos activos, amortizar el exceso de deuda, trasladar factores productivos de un lado a otro, abandonar proyectos empresariales que hasta la fecha parecían rentables, asumir que una porción de la riqueza que pretendíamos crear se ha destruido definitivamente...

Es comprensible que mucha gente se sienta incómoda perdiendo su empleo o viendo quebrar su empresa, pero sería un error pensar que, una vez acometidas las malas inversiones, no es necesario cambiar nada. Lo único que cabe hacer es, por un lado, poner los medios para que en el futuro no se reproduzcan crisis como la actual –por ejemplo, limitando la magnitud de los descalces de plazos en los que puede incurrir la banca– y, por otro, facilitar todo lo posible el proceso de ajuste de la economía. De lo contrario, el estancamiento y el progresivo empobrecimiento están garantizados.

Sin embargo, los economistas keynesianos tienden a pensar que basta con tirar de la demanda para que una crisis se convierta en un renovado período de crecimiento. Parten de la base de que no existen malas inversiones a nivel agregado y de que todo problema puede solucionarse instantáneamente sólo evitando que la demanda se desplome. Por ello defienden que cuando los agentes económicos empiezan a ahorrar –a no consumir– con tal de reducir su insostenible apalancamiento, debe ser el Estado quien consuma en su lugar. Si las personas no quieren comprar inmuebles o automóviles, debe ser el Estado quien lo haga o lo incentive; si no es rentable contratar a un conjunto de trabajadores debido a sus elevados costes, debe ser el Estado quien los recoloque en proyectos de inversión pública en los que la rentabilidad es lo de menos; si las Administraciones Públicas ven desplomarse sus ingresos ante la depresión económica, deben recurrir sin dudarlo al endeudamiento masivo para no sólo evitar recortar el gasto, sino a ser posible incrementarlo.

Nada de todo esto contribuye a impulsar una pronta y sana recuperación económica, pero al menos permite a los políticos acrecentar sus poderes, comprar voluntades, dirigir la economía y aparentar estar haciendo algo. La posición pasiva de dejar a las empresas readaptarse a las nuevas circunstancias suele serles incómoda a nuestros prohombres públicos, así que optan por arreglarlo todo a golpe de chequera.

Sin embargo, no habría que olvidar que los Estados no son tan distintos del resto de agentes económicos. Por supuesto, tienen una nota muy distintiva, y es que obtienen sus ingresos no de servir a los consumidores, sino de arrebatarles la riqueza a aquellos que les sirven. Pero dejando de lado ese importante matiz, el Estado tiene unas cuentas que cuadrar: posee unos ingresos que no son ni mucho menos infinitos y ha de hacer frente a unos gastos a los que en ocasiones no pueden renunciar. Si los segundos superan a los primeros, se habrá de endeudar. Y la deuda tiene que devolverse en algún momento, para lo cual deberá conseguir que sus ingresos vuelvan a ser superiores a sus gastos como para ir atendiendo a los vencimientos de la deuda.

Si un Estado está muy endeudado a corto plazo y no tiene forma de generar un superávit presupuestario (es decir, no está dispuesto a asumir el coste social de aumentar los impuestos o reducir el gasto lo suficiente), puede pedirles a sus acreedores que le den una prórroga en el pago, cosa que estarán dispuestos a hacer normalmente a tipos de interés cada vez mayores y, sobre todo, siempre que tengan alguna certeza de que en el futuro el Estado volverá a ser solvente. En caso contrario, lo más habitual será que se nieguen a seguirles prestando dinero a los gestores manirrotos.

Esto es básicamente lo que le ha ocurrido a Grecia: en pocas semanas había de hacer frente a unos vencimientos de deuda de más de 10.000 millones de euros y no tenía capacidad alguna ni para obtener los ingresos necesarios ni de refinanciar tanto dinero en el mercado. Sus políticos creyeron en la cómoda copla keynesiana de que bastaba con seguir gastando para que todo se solucionara, y así les ha ido: la única opción que les queda ahora es aceptar los 45.000 millones que al alimón le han ofrecido la zona del euro y el FMI (30.000 la primera, 15.000 el segundo). Y ello podría ser sólo el principio, ya que el préstamo no cubre ni mucho menos los vencimientos de deuda de los próximos años.

Falta ahora que el Gobierno griego acepte el préstamo y las duras condiciones que se impondrán al mismo. Pero en todo caso no hay alternativa y el ajuste deberá hacerse de algún modo. El coste económico será mucho mayor que si las reformas se hubiesen ido implementando poco a poco: Grecia se enfrentará a medio plazo a subidas de impuestos y a reducciones del gasto público enormes que desde luego degradarán aún más la calidad de vida de sus ciudadanos. No se quisieron hacer las cosas a tiempo, se esperaba que la crisis escampara por la mera recurrencia al déficit público, y ahora están al borde de la autarquía social.

En España deberíamos estar muy atentos de lo que está sucediendo con Grecia. Primero porque demuestra que mantener gigantescos déficits públicos no es la respuesta a adoptar frente a una crisis. Y segundo, porque la situación griega podría reproducirse con España: cada día que pasa sin que el Gobierno cuadre sus cuentas, más se dificultará la recuperación y más duro será el ajuste ulterior. No sólo nos estamos endeudando financieramente, sino también económicamente: el problema no serán sólo los altos tipos de interés futuros, sino el enorme coste en términos de bienestar al que tendrán que hacer frente los españoles con impuestos mucho más altos y rentas mucho más bajas. Todo ello por la irresponsabilidad y los prejuicios de Zapatero.

Libertad Digital - Editorial

Lectura española del drama griego

ESPAÑA no es Grecia, pero tampoco es Alemania. El ratio deuda PIB español no permite comparación con el del país heleno y es incluso más bajo que el alemán, pero no hay más que ver la respuesta fiscal a la crisis económica, el déficit público español dobla prácticamente al alemán y se acerca mucho al griego, para entender el por qué de la comparación. El problema no es la historia económica reciente, eso es lo que mide el ratio de deuda, sino el futuro de ambas economías, sus posibilidades de crecimiento con el corsé de la Unión Monetaria en un escenario de creciente aversión al riesgo, drástica consolidación fiscal y con una importante pérdida de competitividad acumulada.

Cuando los inversores internacionales comparan España con Grecia no están cayendo en estereotipos insultantes, ni en conspiraciones seculares, sino que están cuestionando racionalmente la capacidad de crecimiento de ambas economías y la voluntad política y madurez social para realizar reformas estructurales dolorosas pero necesarias. Grecia está claramente en una trayectoria de deuda insostenible. No puede hacer frente a sus obligaciones exteriores sin ayuda concesional, sin que alguien le subsidie los pagos de intereses que le exige el mercado. Esa es la labor del FMI y parece que finalmente también la Unión Europea va a poner algo de dinero blando. España no está en esa situación, por eso hoy paga la mitad por su deuda pública, pero hay elementos muy preocupantes en la dinámica de la deuda española. Primero, el plan de estabilidad presentado en Bruselas sencillamente no es creíble y exige precisiones importantes tanto en el lado de los ingresos, donde el optimismo sobre la intensidad de la recuperación es exagerado, y de los gastos, donde el plan es puro voluntarismo en un Estado de las Autonomías tan complejo. Segundo, la deuda crece cada semana con un nuevo plan económico anunciado por un gobierno desorientado que no parece haberse dado cuenta de que sencillamente no hay financiación disponible para un país que no ha demostrado ser capaz de crecer sin estímulos artificiales. Tercero, no hay voluntad política de realizar las reformas estructurales de calado que liberen el potencial productivo de la economía española y sin ellas, aritméticamente, el ratio deuda PIB crecerá de manera pasiva. El Gobierno de España tiene que demostrar a sus acreedores que ha entendido la crisis griega. Si no lo hace pronto, éstos empezarán a pensar que el país no tiene voluntad ni capacidad de pago. Las consecuencias serían nefastas.

ABC - Editorial

España pasará de ser la novena potencia mundial en 2008 a la duodécima en 2014

Brasil, India y Canadá adelantarán en el ranking a nuestro país, cuyo PIB retrocederá un 2,1% hasta 2014

La crisis pasará costosa factura a España, y las expectativas de que nuestro país se convierta en la octava potencia del planeta se desvanece. España no sólo no ascenderá en el ranking económico mundial, sino que en el próximo lustro perderá tres puestos y pasará de ser la novena potencia del mundo en 2008 a la duodécima en 2014, en términos de PIB, según las estimaciones del Fondo Monetario Europeo.

En estos seis años, la riqueza española no sólo no crecerá, sino que se contraerá un 2,1%, lo cual contrasta con el comportamiento del resto de las grandes potencias mundiales y de los países emergentes. De ahí que Brasil, India y Canadá adelanten a nuestro país en la citada lista de las mayores economías del mundo.

El sueño de Zapatero de superar a Italia se convierte en pesadilla

No hace muchos meses, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presumía de que la renta per cápita española había superado ya a la italiana e incluso iba mucho más allá, y alardeaba de que en 2013 nuestro país sobrepasaría también a Francia. Ese sueño temporal del presidente del Ejecutivo se puede convertir en una pesadilla permanente para los próximos años.

Ni las estimaciones del Fondo Monetario Internacional ni los datos de Eurostat parecen darle la razón en sus pronósticos. Así, mientras el FMI prevé que España retroceda tres puestos en el ranking mundial por Producto Interior Bruto, hasta ocupar el lugar número doce, a Italia la mantiene en el séptimo puesto. El sueño de estar en el G-8, por tanto, se desvanece también.

En cuanto a Eurostat, hay que recordar que hace poco más de dos meses los datos de la oficina estadística comunitaria aseguraban que, en 2009, la renta per cápita española había caído por debajo de la media de la UE (100), hasta situarse en los 99,4 puntos, lo cual no se producía desde el año 2001. Y las perspectivas para este año y el que viene nos situaban en 97,4 y 96,3 puntos, respectivamente.

Italia cerró ya 2009 con 98,5 puntos, pero la previsión de Eurostat para este año y para el próximo la sitúan su renta per cápita en 98,4 y 98 puntos.

Cae la riqueza alemana

Entre los quince países del mundo con mayor PIB en 2008, además de España sólo Alemania presentará tasas de crecimiento negativas en el periodo citado. El país germano se contraerá un 5,1% hasta 2014, pero a diferencia de España, Alemania mantendrá el cuarto puesto en el ranking mundial.

Según las estimaciones del Fondo Monetario, Estados Unidos seguirá siendo la primera potencia del mundo durante el próximo lustro, con un crecimiento de su PIB del 20,6% . Los que sí varían son el segundo y el tercer puestos, que se intercambian entre Japón y China. El país emergente se convertirá en la segunda potencia mundial, tras duplicarse prácticamente su PIB en este periodo y crecer un 91,4%.

Japón, por su parte, tras el largísimo estancamiento de los años precedentes, registrará un crecimiento de su producción del 17,9%.

Entre los países europeos, Francia, Reino Unido e Italia continuarán ocupando las posiciones quinta, sexta y séptima, con crecimientos del 7,8%, el 8,9% y el 1,8%, respectivamente. Otro de los países emergentes, Brasil, ascenderá dos posiciones en este ranking mundial, y se convertirá en la octava potencia, tras crecer un 37,1%.

Empuje de los emergentes

Rusia es otro país que tendrá un fuerte crecimiento en el periodo, un 26,9%. Sin embargo este dinamismo no es suficiente para mantener su actual estatus entre las potencias mundiales y pierde una posición, al colocarse en 2014 en el noveno lugar, según los pronósticos del organismo internacional.

Y es que los países emergentes que hace tan solo unos años ni siquiera aparecían en el ranking empujan con fuerza, como es el caso de la India. En los seis años analizados este país va a crecer un 58,1%, la segunda tasa más alta de incremento, tan sólo superada por China. En el nuevo ranking, India ocupará el décimo lugar, tras ascender dos posiciones.

Canadá, el tercer país junto con Brasil e India que adelantan a España, se mantiene, sin embargo como undécima potencia económica mundial, a pesar de crecer un 14,3%.

Por detrás de nuestro país, y también entre las quince economías más grandes del planeta, se encuentran México, Australia y Corea. El país norteamericano se mantiene en la decimotercera posición, mientras Australia y Corea se intercambian los puestos décimocuarto y decimoquinto, al crecer los coreanos un 25,7% y adelantar a los australianos, cuyo PIB aumentará un 11,1%, según las estimaciones del Fondo Monetario.

En términos de PIB per cápita, España sale peor parada en el ranking. Los datos del FMI de 2008 colocaban a nuestro país en el puesto veintidós, por detrás de los grandes europeos, como Francia (puesto 14); Alemania (16); Reino Unido (17), o Italia (18).

Cuando el análisis se hace en términos de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, es decir teniendo en cuenta la riqueza real de las familias en función de los precios del país, el retroceso de posiciones es todavía más considerable, ya que España se coloca en el puesto 29 del mundo. De hecho sólo dos de los quince países con mayor PIB mundial, se encuentran dentro de las quince primeras posiciones en este ranking, que son Estados Unidos, en el puesto sexto, y Canadá en el décimo cuarto.

Qatar, el más rico

Las primeras posiciones de este ranking mundial en 2008 las ocupaban Qatar, cuya economía se basa principalmente en las exportaciones de petróleo y gas natural; Luxemburgo, reconocido centro financiero internacional; Noruega, exportadora de petróleo, además de tener importantes recursos naturales; Singapur, más volcada en los sectores electrónico e industrial; y Brunei Darussalam, cuyos ingresos se obtienen con petróleo y gas natural.

Donde España está mejor situada, y sí gana a países como Italia, es en el tamaño del mercado de capitales. El mercado de valores español era el séptimo en importancia por volumen de capitalización, 948.400 millones de dólares en 2008, y también por volumen de deuda pública y privada.

ABC - Economía