Teniendo en cuenta que la reforma laboral presentada por el Gobierno se recoge en un «documento abierto» con un «contenido posible» para facilitar el acuerdo social, es probable que su verdadera intención sea medir la respuesta de sindicatos y patronal a unas medidas que constituyen un cambio de opinión en la sedicente política social del Ejecutivo.
En efecto, el documento recoge un abaratamiento del despido, esa «propuesta antisocial» con la que el PSOE despachaba al PP y a los expertos que pedían una reforma del mercado laboral. La idea del Gobierno es generalizar la indemnización por despido a 33 días por año, cuando la del despido improcedente se sitúa actualmente en 45 días. Además, el Gobierno estaría dispuesto a asumir una parte de la indemnización por despidos en determinados casos, lo que en función de cómo se configure volvería a lastrar el déficit público; y no está claro en qué medida influiría en las empresas la hipotética rebaja de un punto y medio en las cotizaciones a la Seguridad Social. Las primeras reacciones de los sindicatos han sido muy críticas, pero es seguro que el Gobierno contaba con ellas para empezar a preparar una negociación que le permita mantener la imagen social que tanto preocupa a Zapatero.
EEn todo caso, el documento contiene unas lecciones políticas importantes. La primera es que el discurso económico del Gobierno no tiene base y aboca a España a navegar sin rumbo por la crisis. Han tenido que destruirse cientos de miles de empleos y alcanzarse una tasa de paro cercana al 20 por ciento para que el Ejecutivo se limite a proponer un documento de intenciones, en el que, por primera vez, acepta revisar los costes del despido. La segunda lección es la cobardía del Gobierno, que le impide liderar la respuesta a la crisis en su manifestación más dramática, el paro masivo, cuya continuidad pone en riesgo el sistema financiero, como sentenció ayer el gobernador del Banco España. Y, en todo caso, el Ejecutivo demuestra otra vez que siempre llega tarde en esta crisis: primero para reconocer su gravedad; y segundo, para tomar las medidas adecuadas. Si esta reforma se aprobara, sus beneficios tardarán demasiado en sentirse. Es necesaria una reforma laboral porque el mercado del trabajo está destruido. Hay cuatro millones y medio de parados, número que aumentará en los próximos meses. La mejor de las posibilidades es no pasar de cinco millones, pero todo apunta a que se consolidará un paro estructural que absorberá ingentes recursos públicos. Responder a este problema con un mero documento de intenciones es una muestra de incapacidad para gobernar.
ABC - Editorial
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