La lección de Solé Tura. Por M. Martín Ferrand

EL cardenal arzobispo de Barcelona, Lluis Martínez Sistach, acaba de sumar su voz al editorial que, con alarmante y disciplinada unanimidad, publicaron hace unos días los diarios de Cataluña. El reino de monseñor es de este mundo y, en sintonía con el tripartito instalado en la Generalitat, ha querido dejar constancia de «la preocupación e inquietud del pueblo catalán sobre el Estatut que es la norma fundamental de la configuración de muchos aspectos capitales de nuestra convivencia social» frente a la largamente esperada sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es, en lo ciudadano, como sería en lo religioso anteponer los mandamientos de la Santa Madre Iglesia al Decálogo que Dios Padre le entregó a Moisés en el Sinaí; pero doctores tiene, supongo, el Vaticano que le sabrán reprender.

La Constitución, de la que precisamente hoy celebramos aniversario, es la única «norma fundamental» de la convivencia española y los Estatutos que de ella se derivan han de entenderse como una más de sus destilaciones. Lo de la dignidad es otra cosa, más moral que política, que sobrepasa, por lo que tiene de individual e íntima, la dimensión del grupo. Los obispos catalanes vienen pidiendo el reconocimiento «de los derechos de nuestro pueblo a su identidad nacional». No es tan fácil como parece darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.

Jordí Solé Tura, uno de los padres de la Constitución que acaba de dejar este mundo, luchador por la libertad y catalán de raza, escribía en 1985 «Nacionalidades y nacionalismos en España», un libro que ha ganado fuerza y oportunidad en estos veinticinco años. En su introducción aseguraba el antes intelectual y profesor que político militante que «los nacionalismos llevan a un callejón sin salida porque implican la permanente puesta en duda del modelo político de la Constitución».

Perseverar hoy en el debate nacionalista y seguir enfrentando a la Nación con sus distintas nacionalidades, por mucho que ello pueda enfervorizar a monseñor Sistach, es una grave irresponsabilidad. El interés de un grupo social o político no debe anteponerse al de toda la Nación y menos todavía cuando la necesidad -la real, no la retórica- sacude a millones de parados y los pronósticos más solventes anticipan la continuidad de la crisis. El primum vivere es un mandato racional y ético que solemos olvidar por estos pagos.

ABC - Opinión

La Constitución, bajo la espada de Damocles del 'Estatut'

Se celebra hoy el 31º aniversario de nuestra Carta Magna, sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado aún sobre los recursos de inconstitucionalidad del Estatuto catalán.

TRAS LA CELEBRACIÓN popular organizada por José Bono el pasado viernes con motivo del XXXI Aniversario de la Constitución, hoy tiene lugar en el Congreso el tradicional acto institucional que este año cuenta con una novedad de gran trascendencia, ya que por primera vez desde 1978 asistirá un lehendakari, el socialista Patxi López. Se trata de un gesto más de la normalidad política que está siendo recuperada en el País Vasco merced al pacto de gobierno suscrito por el PSOE y el PP. Sin embargo, frente a este motivo de celebración, sigue pendiendo sobre la Carta Magna la misma espada de Damocles que hace tres años: la esperada sentencia del Tribunal Constitucional que tendrá que establecer si el Estatuto de Cataluña desborda o no el marco constitucional.

La cuestión no es algo que afecte sólo a la norma catalana. Del fallo del Tribunal depende la propia subsistencia del actual régimen constitucional que los españoles aprobamos en 1978. Porque, en definitiva, lo que el Alto Tribunal tiene que establecer es si en España hay dos Naciones y dos sujetos de soberanía; si en Cataluña la lengua oficial es el catalán, quedando el español como idioma secundario; si las relaciones con el Estado son en régimen de bilateralidad, como si se tratase de dos entes homólogos; si hay una Justicia catalana, separada de la española; si hay cuerpos de enseñantes diferentes del resto de los nacionales y si las competencias que se reconocen en el Estatut son intocables. En definitiva, la sentencia del TC tiene que establecer si la Constitución seguirá vigente en Cataluña, o ya no regirá más que para algunas cosas, a la espera de alcanzarse la soberanía nacional.

Nuestra Constitución, a pesar de que no definía de forma nítida el modelo de Estado, puso las bases para que -mal que bien- funcionase el Estado de las Autonomías, y así fue hasta el año 2005, cuando el Parlamento catalán aprobó un nuevo Estatuto que rompía con ese modelo. El Rey ha dicho que el mayor valor de nuestra Constitución radica en el consenso con el que se hizo y con el que debería reformarse. Pues bien, la aprobación por las Cortes del Estatut ha significado de hecho una grave mutación constitucional, realizada por la puerta falsa de la reforma estatutaria e imponiéndola a la mitad de España, que no la aprobó, al votar el PP en contra de esa norma que después recurrió.

La Constitución, por supuesto, ha rendido un gran servicio al país para nuestra convivencia, y con ciertos retoques en algunos puntos concretos podría seguir siendo una magnífica Norma Fundamental. Pero mientras no se aclare el modelo de Estado, mediante un pacto de los grandes partidos, estaremos pendientes de que un Tribunal Constitucional muy diezmado y presionado nos señale si la Constitución sigue vigente en su plenitud o no. Si el Tribunal Constitucional no declarase inconstitucionales las líneas maestras del Estatut, la Constitución de 1978 dejaría de ser la primera norma de toda España. Pasaríamos del Estado de las Autonomías a las Autonomías sin Estado, ya que éste se quedaría tan hueco como una nuez vacía.

En estas circunstancias, la espada de Damocles que supone el Estatut pende de un hilo finísimo, que es la dignidad intelectual de un puñado de magistrados del Alto Tribunal, que tienen que decidir en medio de un ambiente exterior sumamente favorable a un fallo que no rebaje el contenido soberanista del texto recurrido. Por una parte, el Gobierno, que defiende la constitucionalidad del Estatut; por otra, el PP, cuyos máximos dirigentes aseguran que acatarán la sentencia, aunque sin referirse al fondo del asunto, ya que están deseando pactar con CiU después de las elecciones. Ello, sumado a las insistentes presiones del tripartito, de 12 periódicos de Cataluña y de todos los que han suscrito el polémico editorial. Si bien la opinión de los catalanes dista de ser uniforme, ya que 200 abogados de Barcelona han protestado contra su decano por suscribir el artículo de opinión. Aunque todo conduce a los magistrados a una sentencia complaciente con los poderes públicos, estos hombres han de actuar en conciencia para que la espada de Damocles no caiga haciendo añicos la Carta Magna.

REl Mundo - Editorial

La enfermedad del olvido. Por Ignacio Camacho

CUANDO la niebla de la muerte y del alzheimer empieza a envolver a los padres constitucionales -Cisneros, Solé Tura, Suárez- y a proyectar sus perfiles como estatuas senatoriales recortadas contra el horizonte brumoso de la Historia, la reivindicación de aquel tiempo fértil de grandeza creativa y concordia civil que fue la Transición se vuelve una necesidad inapelable para refrescar la atmósfera de una política envilecida por el sectarismo y degradada por la mediocridad. La desaparición paulatina de los protagonistas de la refundación democrática nos interpela desde el corazón de la memoria sobre la lealtad colectiva con que administramos su herencia de generosidad moral y compromisos de Estado, a punto de convertirse en un legado de cenizas aventadas por la desconfianza, la frivolidad y el olvido. La vigencia de la Constitución del 78 no significa sólo la clave de una larga estabilidad y un sólido marco de libertades, sino la permanencia de un aliento democrático y una voluntad plural capaces de aherrojar los viejos demonios cainitas del rencor y la sangre, responsables de tantos recurrentes desengaños.

El viento de la posmodernidad ha extendido una interpretación revisionista de la Transición que minimiza sus méritos para presentarla como una especie de pacto vergonzante urdido bajo el siniestro fragor de los sables y la presión de las frías bocas de los fusiles de febrero. Bajo este prisma de rupturismo retroactivo late la tentación de referenciar la legitimidad democrática en la fallida experiencia republicana del 31 frente a la acertada culminación monárquica del 78, saltando con voluntarismo dogmático por encima de las evidencias de un fracaso insoslayable. Empero, el desprecio de los valores de la Transición constituye además de una injusticia arrogante un grave error de apreciación objetiva: ni ha habido en los últimos tres siglos un período más fecundo de audacia política, inventiva jurídica y desprendimiento moral, ni el consenso fue una imposición táctica forzada por el miedo sino el fruto de la comprensión de una imperiosa necesidad de avenencia civil tras un largo y cruel ciclo de discordias impuestas y divisionismos obligatorios.

La Constitución simboliza ese acuerdo de mutuo respeto basado en la no dominancia de unos españoles sobre otros, un pacto de ciudadanía que puede haber sufrido el desgaste de su propio desarrollo pero permanece intacto en sus principios esenciales de convivencia plural. Los tradicionales homenajes de su aniversario no deberían ser, pues, el ritual más o menos protocolario de una simple efemérides histórica sino la sincera y actualizada profesión de fe en el constructivo espíritu de renuncia y concordia de nuestros padres fundadores. Algunos de ellos han muerto o permanecen en la bruma neuronal de la desmemoria pero las naciones no pueden permitirse la enfermedad del olvido.

ABC - Opinión

La causa de Haidar

El Gobierno español asegura que el marroquí había dado permiso de aterrizaje al vuelo que debía devolver a la activista independentista saharaui Aminetu Haidar a El Aaiún; el Gobierno marroquí lo niega y asegura que no va a cambiar de posición respecto a su decisión de retirarle el pasaporte y expulsarla. Es posible que haya habido algún malentendido, o que la difusión prematura de la noticia haya alarmado a las autoridades marroquíes. La versión que parece abrirse camino, en cualquier caso, es que el Gobierno español habría tramitado con ciertas argucias una autorización de sobrevuelo para una aeronave en la que viajaría Haidar, y que las autoridades marroquíes la concedieron de manera rutinaria, aunque el Ejecutivo la retirase más tarde al advertir la presencia de la pasajera.

Rabat había forzado una declaración conjunta de todos los partidos marroquíes respaldando la expulsión que hacía difícil la marcha atrás. Por eso se pensó que sólo una mediación internacional podría desbloquear el asunto. Madrid no descarta que tras el gesto firme de la noche del viernes el Gobierno de Mohamed VI flexibilice su posición atendiendo a las gestiones de la ONU, la UE y quizás Estados Unidos, cuya mediación ya fue decisiva para un acuerdo sobre el islote de Perejil, hace siete años.

En todo caso, las relaciones entre ambos países se han tensado al límite y el episodio, sea cual sea el desenlace, tendrá repercusiones políticas: en primer lugar, en el propio conflicto del Sáhara. El presidente del Senado marroquí, Mohamed Cheikh Biadillah, desplazado a Madrid para explicar la posición de su país, declaró el viernes que el asunto respondía a una maquinación argelina para boicotear el incipiente diálogo con el Polisario sobre una posible autonomía del Sáhara Occidental. Si esa opinión tuviera algún fundamento, el enviado marroquí tendría que haber reconocido que la actitud de su Gobierno ha sido la menos adecuada para alentar ese diálogo. Porque para que el Polisario aceptase ir por esa vía (un acuerdo de autonomía política que se sometiera a referéndum) tendría que haber un reconocimiento previo de la singularidad del territorio, y pruebas de la voluntad de democratización del régimen.

¿Qué credibilidad puede tener la autonomía ofrecida si el hecho de declararse de nacionalidad saharaui en la ficha de entrada es causa de retirada del pasaporte y basta para convertir a una disidente en exiliada forzosa?; y ¿qué democratización puede esperarse de un régimen que exige a una disidente que pida perdón al monarca por no declararse súbdita suya? Marruecos ha intentado endosar el problema de Haidar a España, ridiculizando las gestiones realizadas por Madrid; pero al hacerlo ha garantizado a la causa, que ya no sólo defiende sino encarna Haidar, una audiencia internacional amplísima, especialmente en España. Pase lo que pase ahora, ése es el resultado político de que Rabat haya actuado de manera arbitraria e inaceptable con Haidar.

ABC - Editorial

Un Gobierno insostenible. Por José María Carrascal

EL último número de la ministra de Cultura, el presidente y la vicepresidenta primera bate todos los records de descoordinación, improvisación, frivolidad, incapacidad, inestabilidad, cobardía y cinismo, los siete pecados capitales de un Gobierno que ni siquiera acierta ya cuando se equivoca. Que la ministra diga por la mañana que se cerrarán todas las webs que se dedican a descargas ilegales de internet, que por la tarde el presidente, ante la algarabía de los internautas, asegure que no se cerrará ninguna web, y que al día siguiente la vicepresidenta afirme que el presidente no ha desautorizado a la ministra, merece ir al Guinness de desgobierno. ¿A quién le daba razón doña María Teresa, a José Luis o a Ángeles? ¿O se la quitaba a los dos? Vaya usted a saber, como cuando lo del «Alakrana». Cuanta más impresión de coordinación quieren dar, más desbarajuste muestran; cuanta más firmeza aparentan, más clara es su debilidad; cuanto más presumen de eficacia, más meten la pata. Hace un año, el PP estaba solo en el Congreso. Hoy, quien está solo es el Gobierno, con todos los grupos criticándole, aunque alguno le venda sus votos a buen precio para no ser derrotado. Lo que deja aún más evidente su debilidad. Tenemos un Gobierno chantajeable, desde dentro y desde fuera. Ahora sabemos por qué lo primero que hizo la vicepresidenta fue hacer posar a las ministras para Vogue: todo iba a ser apariencia, nada, sustancia.

Nos queda el consuelo de que, esta vez, el gatillazo no se ha quedado en nuevo ridículo, sino que ha tenido una consecuencia positiva: dejar en evidencia esa Ley de Economía Sostenible, que no es economía ni es sostenible, sino decorado, ni siquiera de cartón, sino de papel, que se rompe al primer envite, como acabamos de ver.

¿Qué hacen las descargas de internet en esa nueva ley? Pues lo que el resto de sus componentes: bulto y humo para llenar el globo. El entero mandato de Zapatero ha sido un continuo lanzamiento de globos de colores, que acaban por desinflarse y caen a tierra, con daños más o menos graves: la negociación con ETA, el estatuto catalán, la crisis económica, los secuestros de los piratas, por no hablar de la Alianza de Civilizaciones, que no es un globo, es un dirigible a la deriva. Y cuantos más globos se le vienen abajo, más arrecia su sectarismo. Ya que no puede hacer una política verdaderamente social, demostrar al menos que a progresista no le gana nadie: matrimonios homosexuales, aborto, crucifijos, ¿será el puente de la Inmaculada Constitución el próximo en caer, por incluir a la Virgen? No creo, pues con las fiestas, como con los internautas, no se juega. Los parados pueden esperar, el progresismo, no. Lo malo es que el progresismo no da de comer. Yo diría que el verdadero progresismo es el que quita el hambre. Pero es que yo soy un reaccionario.

ABC - Opinión

Un ‘juicio’ islamista condenó a una mujer a morir por adúltera en Reus

# • Los Mossos arrestan a los nueve hombres que habían secuestrado a la joven.

# • La víctima logró huir de la masía en la que estaba retenida a la espera de la ejecución.

Un juicio islamista en toda regla. Como los que celebran los talibanes en Afganistán o las milicias extremistas en Somalia. Sin embargo, este proceso tuvo lugar en una masía aislada del Camp de Tarragona. Allí, nueve islamistas, todos ellos de origen magrebí, tenían retenida a una mujer a la que habían secuestrado.

La mujer fue juzgada por sus captores, que habían decidido constituirse en un tribunal islámico y la acusaban de adulterio. En virtud de su extremista visión de la ley islámica, la sharia, los secuestradores decidieron condenarla a muerte, según explicaron a este diario fuentes conocedoras de la investigación.

Por suerte, en un descuido de los dos hombres que tenían encargado vigilarla, la víctima logró escapar de su cautiverio y alcanzar una comisaría de los Mossos d’Esquadra. Según el relato que explicó a los agentes, sus secuestradores estaban planeando ejecutar en breve la sentencia de muerte.

EL JUEZ ORDENA PRISIÓN SIN FIANZA
Tras investigar la declaración de la mujer, los Mossos entraron la madrugada del 14 de noviembre en tres domicilios de las localidades de Reus (Baix Camp) y Valls (Alt Camp) y detuvieron a nueve hombres, todos ellos vinculados al movimiento salafista, una corriente ultraortodoxa del islam muy presente en las comarcas de Tarragona, pero que hasta ahora no se había visto salpicada por ningún incidente violento.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona ha dado credibilidad a lo denunciado por la mujer y ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza de siete de los nueve detenidos. Están acusados de detención ilegal e intento de asesinato por el secuestro y la intención que tenían de ejecutar la condena a muerte que habían dictado contra la víctima. También se les imputa el delito de asociación ilícita.

Las especiales circunstancias de este caso, nunca antes visto en España, hizo que las investigaciones fueran llevadas a cabo por la Divisió d’Informació de la policía autonómica, la unidad encargada de los delitos vinculados al extremismo islamista y al terrorismo. La redada fue practicada por agentes de la Brigada Mòbil de los Mossos, a los que no se avisó hasta pocas horas antes de que se llevara a cabo la operación, que fue mantenida en el mayor de los secretos.

CADA UNO EN UNA COMISARÍA
Una vez detenidos, y en una práctica muy poco habitual, cada uno de los arrestados fue conducido a una comisaría distinta para que no pudieran comunicarse entre sí.

La extrema confidencialidad del dispositivo, la participación de la Divisió d’Informació y el hecho de que los detenidos fueran todos musulmanes ultraconservadores llevó en un principio a pensar que se trataba de una acción contra una célula terrorista, algo que los Mossos negaron desde el primer día.

El Periódico

Manifiesto por la Dignidad de España

Manifiesto por la dignidad de España

Libertad Digital: Una docena de colectivos cívicos lanza un manifiesto por la dignidad de España

El Mundo: Grupos cívicos defienden la Constitución frente a las 'deslealtades nacionalistas'

Arrogarse y descargarse. Por Maite Nolla

Ver a Ignacio Escolar representando a los internautas es como ver a los periódicos nacionalistas catalanes pontificando sobre la dignidad de Cataluña.

No es para desilusionar al personal, pero los internautas, blogueros y demás sois unos pardillos. Entiendo que es muy emocionante pensar que estamos ante la posible dimisión de la ministra de Cultura, que representa la entrada de un grupo de presión en el Consejo de Ministros. Bajo la apariencia de una radicalidad de izquierdas y de la defensa de la cultura, lo cierto es que a los que más perjudica el canon digital es a los que menos tienen. El canon es como el IVA, un impuesto que pagan los pobres más caro que los ricos. Cierto es que el canon ni siquiera tiene naturaleza tributaria –eso conllevaría cierta defensa por parte del pagano– pero es que, como el IVA, lo pagan todos por igual con independencia de su capacidad económica. Y la ministra representa todo esto. Lo mismo que el encarecimiento de productos que hoy en día son casi básicos, como los ordenadores o los teléfonos. Lo mismo que la desproporción inadmisible entre la protección civil y penal de la propiedad intelectual, y la escasa y ridícula de otro tipo de propiedades. Cortarle la luz a un inquilino moroso, declarado moroso por una sentencia, puede ser considerado como un delito de coacciones.

Como decía, sois unos pardillos, queridos. Pensar que porque Zapatero haya dicho que no se va a cortar internet, quiera decir que no se vaya a cortar internet, es de incautos. Necesitaría parte del artículo de Pablo Molina para que cupiera una lista de los embustes y contradicciones de Zapatero y de su Gobierno. Y parte del artículo de cualquiera de mis otros compañeros de Opinión, para hacer un listado de las víctimas que las mentiras de Zapatero han ido dejando por el camino.

Lo que si me ha llamado la atención es que en España arrogarse representatividades sea gratis. Lo vimos con la comedia editorial de Cataluña la semana pasada y lo estamos viendo ésta. Ver a Ignacio Escolar representando a los internautas, es como ver a los periódicos nacionalistas catalanes pontificando sobre la dignidad de Cataluña.

La cuestión es que lo que se pretende es cortar las comunicaciones para resolver pleitos civiles. Lo demás es perderse. Y pensar que Zapatero está en contra de eso es, simplemente, mentira. Zapatero no sólo es el promotor del estatuto de Cataluña, en el que cualquier ilegalidad tiene acomodo, sino que su partido preside, dirige y cobra del famoso CAC, que ya dijo que quería extender sus atribuciones, es decir, su censura, a internet. Y el CAC es lo mismo que el consejo que quieren crear la ministra y Zapatero: un órgano administrativo capaz de censurar a un medio –en este caso, una página– sin intervención judicial. Un estatuto y un CAC con los que está encantado uno de los representantes internautas, llamado Ignacio Escolar. ¡Un ex director de Público defendiendo la libertad!

Otra cosa, ¿desde cuándo una manifestación o una recogida de firmas millonaria ha servido para cambiar nada de alguno de los proyectos iluminados de Zapatero? Lo digo para ir midiendo los esfuerzos.

Libertad Digital - Opinión

El edén de Zapatero nos pilla un poco lejos. Por Juan Carlos Escudier

Tras descubrir que era de izquierdas todo lo que hacía, ya fuera bajar impuestos o subirlos, mejorar las pensiones de los pobres o dar cheques-bebé a los ricos, Zapatero nos ha revelado que cualquier cosa que proponga contribuye a cambiar el modelo productivo, y por eso el anteproyecto de ley de Economía Sostenible le ha salido tan largo. No es sólo lo del famoso coche eléctrico, que parece haber sido inventado por Miguel Sebastián mientras repartía bombillas de bajo consumo. Es que, a partir de este momento y con independencia de su contenido, cualquier iniciativa del Gobierno forma parte de su estrategia de “sostenibilidad”, ya sea la reforma de la ley del Registro Civil, la nueva regulación de las Cajas de Ahorro, el tradicional plan anual de Hacienda contra el fraude fiscal o la perpetuamente anunciada integración de los regímenes de la Seguridad Social.

Bajo esta premisa, sería injusto calificar el anteproyecto de errático compendio de propuestas inconexas o de absurda mezcla de churras con merinas. Visto así, la panoplia de planes, comités, comisiones interministeriales y futuras leyes, reglamentos y códigos que han de nacer al amparo de esta guía de la modernidad debe de ser contemplada como el programa de un visionario que pone el futuro por escrito para que nada se le olvide. Los parados habrán de tener paciencia, pero en cuanto se cambie la formación profesional y se presente el Plan de Competitividad Industrial 2020, no habrá albañil que no pueda reciclarse y participar de las oportunidades que se le abrirán en sectores tales como el aeroespacial, la biotecnología, las tecnologías sanitarias o de la información.

¿Imposible? Las Vegas era un páramo yermo del desierto de Mojave antes de que Bugsy Siegel pusiera en pie el Flamingo. Es verdad que a Siegel las cosas no le funcionaron a la primera y que sus colegas de la mafia prefirieron darle matarile antes que pedirle explicaciones, pero suyo será siempre el mérito de haber fundado la ciudad del neón y del pecado. Quizás en eso pensaba Rajoy cuando definía el proyecto de Zapatero como un luminoso en un solar vacío.

Nadie discute la necesidad de eliminar los trámites burocráticos para constituir empresas, aumentar la carga fiscal de las remuneraciones de los directivos, acelerar el pago a los proveedores antes de que se arruinen, modernizar la Justicia o elevar la eficiencia energética de los edificios públicos. Lo que no se entiende es que no se hubiera hecho antes y que ahora, su mero enunciado se presente como la revolución más importante que vieron los siglos pasados y los venideros. No queda más remedio que dar la razón a la oposición cuando afirma que de la chistera de Zapatero ya no salen conejos sino humo, algo que, por otra parte, no es propio de un abanderado de la lucha contra el cambio climático.

Estamos ante el improvisado intento de vestir un santo con retales, con el riesgo evidente de que el resultado sea un indescriptible adefesio. Prueba de ello ha sido la revuelta generada en torno a una disposición adicional de la ley, que dejaba en manos de un comité del Ministerio de Cultura la facultad de cerrar aquellas páginas web que, a su juicio, atenten contra la propiedad intelectual, pisoteando de paso varios preceptos constitucionales y saltándose a la torera el control judicial. Bastaron unas horas para que el presidente del Gobierno anunciara la modificación de este apartado, lo que confirma que el anteproyecto era demasiado largo para que se lo hubiera leído entero y que todo puede cambiarse si enerva a mucha gente, especialmente a potenciales votantes. ¿Qué rigor tiene una norma que ha de corregirse al día siguiente de ser presentada? ¿Cuál es el porvenir que espera a una ministra, la de Cultura, a la que se desautoriza de manera tan tajante?

Después de meses de espera y de la expectativa generada, la frustración respecto de la nueva regulación y de la estrategia que la acompaña está plenamente justificada. Es pobre en contenidos concretos, ya que se limita a proclamar principios cuyo desarrollo se pospone a fases posteriores, y técnicamente es lamentable. Sirva el siguiente ejemplo: se introducen como correcciones a la Ley de Mercado de Valores la adición de un párrafo en el artículo 25.2, se modifica los apartados 1 y 3 del 70 bis, se redacta de nuevo buena parte de 84.1, se amplía el 84.2, se cambia el 85.2, se modifican el 95, el 97.1, el 98.3, el 99, el 100 y el 101, se añade un 101 bis, se corrige el 102, se amplía el 106, el 107 y el 116. Si la cita ley exige tantas enmiendas, ¿no hubiera sido mejor plantear su reforma de manera independiente?

Sobre el mercado laboral conocemos que el Gobierno no transigirá con rebajar el coste de los despidos. Nada más hay sobre la mesa, a excepción del compromiso de trasladar a empresarios y sindicatos propuestas aún no definidas sobre negociación colectiva, bonificaciones a la contratación, fomento del empleo juvenil y de reducción de temporalidad. Eso sí, después de que en el último año se perdieran un millón y medio de empleos, se ha reparado por fin en que en ese país tan lejano y desconocido como es Alemania existe una fórmula que permite combinar la reducción de jornada con las prestaciones por desempleo, y se va a imitar por si aquí funciona. Nadie ha preguntado por qué esa medida no se puso en práctica cuando diariamente 6.000 personas se inscribían como parados en las oficinas del INEM.

Pese a la bondad de sus intenciones, Zapatero vive un auténtico drama: quiere convertir al país en un nuevo Silicon Valley en el que el I+D+i brote espontáneamente de las fuentes de los parques, sustituir al peón del pañuelo de cuatro nudos por el científico de bata blanca, conseguir energía limpia de la mar océana y de la vientos del norte y del sur y llenar las carreteras de silenciosos coches eléctricos. Su problema es que no tiene claro cómo se hace porque la fabricación de paraísos terrenales venía sin manual de instrucciones.

Entre tanto, se olvida que lo verdaderamente insostenible para una economía es tener una tasa de paro del 20% y que, aún iniciándose hoy mismo la salida de la crisis, es posible que pase una década antes de que se recuperen los niveles de empleo de 2008. ¿Pedimos a los parados que recorran sin agua el interminable desierto que nos separa de la tierra prometida? Es aquí donde el Gobierno tiene sus ausencias. Entre tantos planes de futuro, se echa en falta uno para el presente. Si Zapatero espera que patronal y sindicatos le hagan el trabajo es que es un ingenuo bastante irresponsable.

El confidencial

Con razón quieren acabar con internet. Por Pablo Molina

Ahora que estamos seguros de que Zapatero va a realizar una política liberticida en internet (ha afirmado dos veces lo contrario) es un buen momento para recordar que es este medio el que ha permitido que la verdad de la estafa climática salga a la luz.

En la sociedad actual sólo se produce un escándalo mayúsculo cuando el protagonista no es de izquierdas o el asunto concreto no está incluido en la agenda progresista. En caso contrario, los grandes medios disimulan y siguen hablando de las mariposas hasta que el estruendo es tan enorme que se ven obligados a realizar una breve reseña. La línea editorial no la modifican, claro, que para eso son medios "independientes", y así podemos asistir a la divertida situación de ver un periódico nacional informando de que la teoría del cambio climático de origen antropogénico es un fraude que no creen ni sus propios valedores, mientras en la sección de ciencia el calentólogo de nómina sigue alertando a la humanidad su próximo fin (los progres son propensos a la grandilocuencia) si no se reducen las emisiones de CO2.

De todas formas, los españoles no podemos quejarnos demasiado, porque nuestros dos principales periódicos sólo tardaron una semana y media en acusar recibo del Climagate, mientras en Gran Bretaña, país del que surgió la noticia, lo han hecho seis semanas más tarde de conocer la información.

Ahora que estamos seguros de que Zapatero va a realizar una política liberticida en internet (ha afirmado dos veces lo contrario) es un buen momento para recordar que es precisamente este medio el que ha permitido que la verdad de la estafa climática salga a la luz, como anteriormente ocurrió con otros escándalos que los políticos y sus medios afines decidieron ocultar.

En España hemos estado solos durante muchos días informando a los lectores de esta canallada seudocientífica subvencionada por los políticos. En lo que respecta a los medios de comunicación profesionales, Libertad Digital ha estado en solitario cumpliendo con su deber, que es la forma más elegante y honesta de disfrutar la soledad, junto con centenas de blogs particulares que se han hecho eco de este escándalo aportando valiosa información en muchos casos. Se comprende que el fenómeno de internet preocupe mucho a los políticos, porque les priva del monopolio de decidir qué pueden o no conocer los ciudadanos, y a los medios tradicionales, cuyos peajes ideológicos les obligan a difundir únicamente las "verdades" tamizadas del poder. Precisamente por eso, los intentos de intervenir en la red arrogándose el derecho de cerrar los sitios incómodos debería preocuparnos a todos. Han empezado amenazando a las páginas que enlazan contenidos audiovisuales, pero no cabe dudar de que es sólo la puerta por la que el poder político entrará en internet y una vez dentro, expulsarlo será una misión casi imposible.

No se puede tolerar el menor ataque de los gobiernos hacia las nuevas tecnologías de la información, porque nuestra libertad es lo más importante. Incluso más que la discografía completa de Ramoncín y las obras completas de Suso del Toro, lo más descargado de internet a escala mundial desde hace décadas como es bien conocido.

Libertad Digital - Opinión

Un chollo para el PP. Por M. Martín Ferrand

MÁS de una de las ministras amuñecadas que se gasta José Luis Rodríguez Zapatero son de alipori. No quiero decir con ello que muchos de los ministros de tan errático Gobierno sean mayores que ellas en edad, sabiduría y dignidad; pero disimulan mejor y no inducen al oprobio de la vergüenza ajena que tiene amustiados a los clásicos de la militancia socialista. La derecha tampoco luce con singular talento. Esteban González Pons, por ejemplo, se equivoca cuando pide la dimisión de la ministra de Cultura, la evanescente Ángeles González-Sinde. Es cierto que su proyecto de censura para Internet sobrepasa las líneas del más rancio totalitarismo y que es propio de chinos y cubanos; pero, ¿puede haber mayor chollo para un partido de la oposición que un Gobierno formado por personajes y personajas de tanta endeblez, sectarismo tan evidente, ignorancia latifundista y tan escasamente democráticos en sus planteamientos?

Lo que no sería justo es decir que el Gobierno se viene abajo o empeora. Lo que ocurre es que ha agotado su capacidad de disimulo y hasta los menos avisados son capaces de percibir que el responsable de Exteriores, como acredita el «caso Haidar», no sabe muy bien por dónde se anda. Debates artificiales y superfluos, como el del crucifijo en las escuelas, demuestran una escasez intelectual de mayor cuantía y son prueba de un sentido perverso de la política. No por su contenido, sino por su intención de forzar la reflexión en direcciones contrarias a las que exige el momento político y económico que sufrimos. Mientras el electorado se enzarza en discusiones accesorias, del aborto al crucifijo, no se enfrenta a la realidad social del paro y a la política del descoyuntamiento de la Nación y de las instituciones del Estado; como es el caso, entre risible y desesperante, del Tribunal Constitucional.

La situación es insostenible. Mientras nuestros socios en la UE comienzan a salir de la crisis, nosotros seguimos sumergiéndonos en ella y buscando cataplasmas que la alivien, como el último invento de la vicepresidenta que no manda, Elena Salgado, que predica el retraso de la edad de jubilación para sostener el sistema. Paridas. Bueno será aprovechar el puente que ya está en marcha, y que no nos podemos permitir, para serenar los ánimos y, sin pretensión electorera alguna, buscarle remedios drásticos a los grandes males que amenazan a la Nación y al Estado.

ABC - Opinión

Algo más que una anécdota. Por Andrés Aberasturi

La mayoría de los titulares de prensa coinciden en que han sido los internautas, las llamadas redes sociales, los responsables del frenazo y la marcha atrás que ha anunciado el presidente del Gobierno en relación con el increíble proyecto de la ministra de Cultura que pretendía cerrar páginas webs por decisión única de una extraña comisión. Y es cierto. Pero no podemos conformarnos con que, a última hora y casi sobre la marcha, se pare y se desautorice (aunque traten de disimularlo) ese disparate en proyecto; lo peor de todo esto es que se llegue a plantear una cosa así en un estado de derecho.

Es lógico que a un gobierno le asuste el ruido de la red, las manifestaciones convocadas y el malestar general, pero lo terrible es que nos coloquen a todos en esa frontera sin que nadie, desde dentro, avise de que se está a punto de vulnerar algo tan fundamental como la seguridad jurídica para la libertad de expresión. ¿Cómo que una comisión nombrada al afecto, decidirá si cerrar o no una pagina web? ¿Qué mente privilegiada ha redescubierto, sencillamente, la censura y cómo es posible que nadie en su entorno lo haya advertido?

Este no es un problema de González Sinde, al menos no es sólo suyo. Lo que viene pasando en España desde hace mucho tiempo es que los partidos y los gobiernos se creen por encima de Ley y una y otra vez se saltan la frontera como quieren. El problema es que las máximas representaciones del poder judicial están llenas de ilustres personalidades que llegan allí con su nombre, su apellido y la sigla que les ha colocado y así es imposible creer en su independencia. Y más imposible si a lo largo de los años han ido dejando por el camino tantas muestras de su comunión ideológica con los partidos.

Que un Gobierno democrático tenga que salir al paso a última hora del proyecto de uno de sus miembros, no resulta muy tranquilizador porque todo el mundo conocía ese proyecto y el dislate que representaba contra la libertad de expresión. Sólo el ruido de la red que ya era clamor, ha hecho dar marcha atrás sin que aun sepamos cómo se va a resolver el problema.

Otra historia es que la ministra de Cultura barra para casa y para los suyos, no para los de su partido sino para los de su profesión. Eso lo podemos discutir otro día, pero lo que hoy nos ocupa y nos preocupa es el sentimiento de desprecio a Ley que se ha apoderado de esta partitocracia nuestra. Es que no se trata sólo de una anécdota o de una metedura de pata de González Sinde; es que esta anécdota es el reflejo de una forma de entender lo que es el gobierno del país. Y no estoy exagerando: eleven un poco el listón y se encontrarán de bruces con el lamentable espectáculo coral del estatuto catalán.

Periodista Digital - Opinión

Marruecos toma el pelo a Zapatero

El avión que iba a trasladar a la activista saharaui Aminatu Haidar a El Aiún no puedo despegar porque las autoridades marroquíes no lo permitieron, después de acordar el vuelo con el Gobierno español.

EL GOBIERNO español se las prometía ayer muy felices cuando por la tarde el régimen de Rabat accedió a que Aminatu Haidar, en huelga de hambre en Lanzarote desde el pasado 16 de noviembre, pudiera retornar a El Aiún con un salvoconducto que garantizaba su seguridad.

Haidar aceptó poner fin a su huelga y subió a un avión medicalizado que, al parecer, no llegó a despegar porque en el último momento el Gobierno marroquí dio marchas atrás, dejando claro que no permitiría desembarcar a la activista saharaui.

Lo sucedido es una tomadura de pelo de Rabat, que pone en evidencia la debilidad con la que el Gobierno español ha manejado la crisis. Cuando la diplomacia española ya estaba celebrando como un triunfo el retorno de Haidar al Sáhara, el cambio de criterio marroquí produjo una verdadera consternación en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que había negociado frenéticamente en las últimas 48 horas.

Haidar había sido expulsada por el Gobierno marroquí el pasado 14 de noviembre tras aterrizar en el aeropuerto de El Aiún, con el pretexto de que ella se había negado a hacer constar en un impreso que era de nacionalidad «marroquí». Fue embarcada a la fuerza en un avión español y deportada a Lanzarote tras serle retirado su pasaporte. Asuntos Exteriores aceptó su entrada en España, alegando que tenía concedida la residencia en nuestro país.

Desde entonces, Haidar había permanecido en el aeropuerto de Lanzarote, tras rechazar las ofertas de asilo político o de concesión de la nacionalidad española, realizadas infructuosamente por el ministro Moratinos. Por el contrario, Haidar había presentado una denuncia contra las autoridades marroquíes y españolas por malos tratos que la Audiencia Nacional se negó ayer a admitir a trámite, declarándose incompetente.

Si el Gobierno de Zapatero tenía hasta ayer un problema, hoy adquiere proporciones mucho mayores puesto que queda en evidencia su incapacidad para solucionar esta crisis y el chantaje que está practicando Marruecos, que llegó a condicionar el retorno de Haidar a que ésta pidiera perdón al monarca alauita, como si hubiera agraviado a un señor feudal.

El Gobierno de Rabat no tenía ninguna razón para expulsar a esta mujer, que, según sus propias leyes, es una ciudadana marroquí. Su rechazo a declararse de esa nacionalidad es un gesto político, no un delito. Si Zapatero aplicara la misma lógica, tendría que expulsar a los catalanes o los vascos que niegan -cuando tienen oportunidad- su condición de españoles.

El Gobierno ha claudicado ante Marruecos en la defensa de los derechos humanos y no ha apoyado el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Por otro lado, Marruecos ha boicoteado de forma sistemática todas las resoluciones de la ONU sobre la antigua colonia española y ha torpedeado todas las iniciativas de intermediación internacional.

Y además, Rabat ha maniobrado de forma sucia para crear al Gobierno español un problema que no es suyo. Su actitud ha sido totalmente inamistosa, como han admitido algunos dirigentes del PSOE.

Por mucho que el Gobierno quiera restar importancia a lo sucedido ayer, ha quedado claro que Marruecos se ha comportado como un vecino hostil y que su estrategia ha sido la de poner en el disparadero a Zapatero. Ello merece una contundente respuesta diplomática: el Gobierno debería hoy mismo llamar a consultas a nuestro embajador y transmitir a Rabat que sus gestos inamistosos tendrán consecuencias en el futuro.

El Mundo - Editorial

Nuevos compromisos. Por José María Marco

Después de tanta retórica contra Estados Unidos y contra la fuerza como medio de defensa, el Gobierno socialista seguirá manteniendo tropas españolas en un conflicto internacional, algo que no ocurría desde Felipe González.

Al final, Obama ha hecho lo que tenía que hacer. El discurso de West Point ha sido confuso, no habla de victoria, da un plazo absurdo –y destinado tanto o más a calmar a los demócratas de izquierdas que a presionar a Karzai–, intenta no repetir la retórica de Bush sobre la movilización a favor de la democracia, huye de cualquier apariencia de arrogancia... Siendo todo esto así, también es verdad que la administración norteamericana manda 30.000 hombres a la lucha (antes guerra) contra el terrorismo islámico. Sumados a los 21.000 que ha enviado desde primeros de años, Obama habrá mandado 51.000 hombres. Y sumados éstos a los que ya había, a finales de 2010 tendrá 100.000 compatriotas jugándose la vida en Afganistán.

En cierto sentido, la decisión era la que se podía esperar. Obama llegó diciendo que la guerra buena era la de Afganistán y que, por tanto, esa era la que había que ganar (la mala, la de Irak, se daba por ganada). Por mucha ironía que haya en el hecho de que se apliquen ahora estrategias parecidas a las que se utilizaron para ganar la otra guerra, era difícil aceptar la nueva posición de la izquierda del Partido Demócrata, según la cual todas las guerras son igual de malas y había que retirar las tropas de Afganistán cuanto antes. Quien votó por Obama, por mucho que lo hiciera movido por los dulces sentimientos que fluyen del pensamiento utópico, votó por la continuación de la presencia de Estados Unidos allí. El "Yes we can" también quiere decir que se puede ganar –o gestionar bien, según la neolengua aceptada hoy en día– el "conflicto" afgano.

La decisión, como se sabe, no ha sido fácil por la presión a la que la Casa Blanca ha estado sometida, presión que la propia administración había suscitado. Incluso ha habido que superar un surrealista Premio Nobel concedido para que hiciera exactamente lo contrario de lo que acaba de hacer. Después de estos meses agónicos, surge una nueva situación.

Está por ver si las tropas enviadas son suficientes, si desde la Casa Blanca se puede conseguir que la opinión pública norteamericana apoye la nueva estrategia, si los talibán dejan de encontrar refugio en Pakistán y si la población afgana, como ocurrió en Irak, empieza a perder el miedo a los terroristas.

Ahora bien, cuanto más difícil se pongan las cosas, más valdrán, en las relaciones internacionales, los aliados que apoyan a Estados Unidos en su nuevo compromiso. Resulta que entre estos aliados está España. Se le llame guerra o no, el caso es que hay 998 soldados españoles destacados en el conflicto de Afganistán y que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está dispuesto a enviar más. Son mejorables muchas cosas: la dotación, la estrategia, las reglas de intervención... Pero si los militares españoles no estuvieran allí, no habría discusión posible.

Después de tanta retórica contra Estados Unidos y contra la fuerza como medio de defensa, el Gobierno socialista seguirá manteniendo tropas españolas en un conflicto internacional, algo que no ocurría desde Felipe González. Es de suponer que nadie quiere perder esta guerra: así que España estará entre los más interesados en acabar con el terrorismo islámico. Y si Alemania y Francia se abstienen de mandar más tropas, y España ayuda a Obama en este trance, también estará entre los tres grandes países europeos que se comprometen en los momentos difíciles. Rodríguez Zapatero habrá abierto, insinuando que hace lo contrario de lo que está haciendo, una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos.

Libertad Digital - Opinión

Insostenible en 24 horas. Por Ignacio Camacho

EN menos de horas veinticuatro el Gobierno ha autosaboteado su ley fetiche de Economía Sostenible, marcándose en propia puerta con una torpeza inusitada el gol de la enmienda de la censura en Internet. La ministra de Cultura ha quedado en evidencia, desautorizada y puesta en solfa por el de Justicia y por el mismísimo presidente que en mala hora la nombró, mientras todo el equipo gubernamental volvía a poner de manifiesto su descoordinación y falta de diálogo interno. La crisis del «Alakrana» demostró que no hablan entre ellos, y ahora unos por otros se han enredado en un lío que ha ensordecido la feliz alharaca con que el Gabinete festejaba su proyecto estrella. Ni siquiera han necesitado tropezar con la oposición; esta vez se han pisado ellos solos su propia manguera.

Para los anales queda el hito de un Zapatero obligado a envainarse en tiempo récord una ocurrencia. No le quedaba más remedio porque el asunto afectaba a uno de sus graneros electorales más queridos, el de los jóvenes entusiastas de las nuevas tecnologías. Con esos pocas bromas. Al presidente le va la marcha de pisar callos de sectores sociales cuyo voto da por perdido, pero esta vez se trataba de una oleada rebelde entre un núcleo sensible de sus propios apoyos. En la Red se estaban formando espontáneas ciberbarricadas y esa manifestación, incorpórea pero masiva, sí le importaba. Tuvo que salir de inmediato con bandera blanca aunque fuese para echar a los leones a González Sinde, que apenas unas horas antes había dicho a un improvisado comité de blogueros que nadie puede cambiar una ley en una reunión. La ministra, que no es de las que no tienen a dónde ir, ya está tardando en presentar su renuncia.

En todo caso, la turborrectificación zapateril ha dejado tocado del ala su proyecto más publicitado. Nadie sabe qué pintaba el asunto de las descargas piratas en una ley llamada de Economía Sostenible, pero es el problema de utilizar un mantra como celofán político para envolver cualquier cosa. Si se llamase Ley de Economía Productiva, o de Recuperación Económica, quedaría voluntarista pero comprensible. Sin embargo el Gobierno ha preferido apelar a ese tópico de la sostenibilidad para respaldar su tenue intento de reformismo económico, un totum revolutum de medidas alicortas en el que algunos técnicos han debido de pensar que cabía todo lo que se les pasara por la cabeza, y al primer tapón descorchado ha salido zurrapa. Los abogados de la SGAE y del clan de artistas se acogieron a sagrado para colar un párrafo a su conveniencia que ha convertido la flamante norma en un tropiezo-express. En un abrir y cerrar de ojos, en lo que dura un relampagueante pantallazo de ordenador, los internautas se han cargado el invento emitiendo sobre la tal ley un diagnóstico demoledor: es tan insostenible que el Gobierno no la ha podido sostener ni un triste día.

ABC - Opinión

Todos calladitos. Por Cristina Losada

Convenza a la comunidad solidaria de Barcelona de contratar a seguratas como los embarcados en los pesqueros, para que una vez acabada la temporada del atún en el Índico, empiece la del besugo sin fronteras en Mauritania.

Difícil saber si el apagón informativo impuesto en torno al secuestro de tres activistas del turismo solidario tendrá alguna eficacia a la hora de resolverlo. El Gobierno ha sufrido un ataque de responsabilidad tardío. Prudencia y discreción reclama a la prensa, aunque no estaría de más que también callaran otros. Como algunos compañeros de los alterturistas capturados, que a su regreso a Barcelona hicieron declaraciones fuera de tiesto. María Jesús López, presidenta de la ONG Asomobe, anunció que volverán, porque es "una sociedad segura" de gente "amable y agradable" y "por un secuestro tramado por tres individuos no debemos dejar de viajar a Mauritania, al igual que por un atentado de ETA, nadie debería dejar de visitar España". Vale.

Todo muy bonito, pero López debería emprender una campaña pedagógica para ilustrar sobre la bucólica serenidad de ciertos transeúntes del desierto mauritano al Gobierno de ese país, alguno de cuyos soldados fue afablemente degollado, a los organizadores del rally Paris-Dakar, que marcharon con sus coches a otra parte, y a los servicios secretos españoles. Aunque si persiste en regresar con su caravana, dado que allí se goza de idéntica seguridad que aquí, tal vez tendría que adoptar algunos cambios. Convenza a la comunidad solidaria de Barcelona de contratar a seguratas como los embarcados en los pesqueros, para que una vez acabada la temporada del atún en el Índico, empiece la del besugo sin fronteras en Mauritania. En caso contrario, si sufren un secuestro, que se encarguen de negociar y pagar ellos mismos. Sin gobiernos de por medio, como conviene a "no gubernamentales".

Dolida por el trasiego de anuncios sobre la suerte de los cautivos, López se encaró con los periodistas. "En estos casos, mejor que os calléis", le dijo a uno. O sea, que nos piden optimismo antropológico, dinero y silencio. Hombre, no demanden las tres cosas a la vez. Silencio exigen a la prensa los turistas oenegeros. Chitón le reclama el Gobierno, que pretende echarle la carga de sus yerros en el Alakrana. Y mutis hace la consejera de Sanidad de Canarias, que responsabiliza a los plumillas del error de culpar a Diego Pastrana de la muerte de su hijastra. Según Mercedes Roldós, del PP, los médicos no tuvieron arte ni parte. Un chivo expiatorio vaga por el desierto moral español arrastrando un kiosko de prensa.

Libertad Digital - Opinión

Y de los puestos de trabajo, ¿qué?. Por José María Carrascal

SI usted sale a la calle y pregunta cuál es el primer problema de España, la contestación será, no importa dónde se encuentre o a quién pregunta, el paro. Los que están sin empleo, por haberlo perdido. Los que lo conservan, por temer perderlo. No existe preocupación mayor que ésta. Sin embargo, la creación de empleo figura al final del plan presentado por el gobierno para salir de la crisis, cuya plena puesta en marcha se deja para el 2020. ¡Cuán largo me lo fiáis!, podrían decir los parados. Y el resto de los españoles, pues resulta evidente que esa Ley de la Economía Sostenible carece de soluciones para el paro, no ya a corto, sino a medio plazo. Sin embargo, el presidente, con una sangre fría que desborda la cara dura para entrar en el cinismo, se atreve a decir que «el final de la recesión está próximo» y a anunciar que empezará a crearse empleo a finales del año que viene, como hace un año nos anunció que empezaría a finales de éste. Cuando las estimaciones más optimistas lo sitúan a finales de 2011, más probable para 2012 ó incluso para 2013. Con un número de parados que sobrepase holgadamente los 20 millones.

Siendo eso grave, no es lo peor. Lo peor es que ni esta crisis económica es como las anteriores, ni tampoco lo será la recuperación. Cuando el tsunami haya pasado y las aguas se estabilicen, el nivel de empleo que se alcance no será igual al anterior. Muchas empresas se habrán ido al garete, y con ellas, sus puestos de trabajo, desaparecidos para siempre. ¿Qué empresas serán ésas? Las que no tengan la tecnología, la productividad, el dinamismo y la experiencia necesarias para sobrevivir en el mercado global de nuestros días. Que son muchas de las españolas, lastradas por la triple normativa estatal, autonómica y municipal, condenadas a depender de la tecnología extranjera al invertirse poquísimo en investigación y frenadas por un insano mercado laboral, que da todas las ventajas a los que tienen un contrato indefinido y castiga al paro forzado a quienes no lo tienen.

La Ley de Economía Sostenible no aborda ninguno de esos capítulos, como no los abordaron ninguna de las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno Zapatero. Pero al menos, las anteriores suponían alguna ventajilla para los más débiles: prolongación del subsidio de paro, 400 euros por aquí, 600, por allá. Pero esta ley es puro escaparate, un globo, unas bambalinas, como han dicho los portavoces de los distintos partidos, aunque al final, algunos de ellos, los vascos, los canarios, le darán su voto, eso sí, haciéndoselo pagar muy bien. O sea que, encima de no servir para nada, esta ley nos saldrá muy cara. Pero esto es el gobierno de Zapatero: caro, vacío e inútil. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Pues algo muy sencillo: elegirlo. Así que no nos quejemos.

ABC - Opinión

Feijóo, seguimos esperando. Por Raúl Vilas

Galicia Bilingüe demuestra a Feijóo que lo único que hace falta es voluntad de cumplir, no es tan difícil. O ponemos coto ahora a las pretensiones totalitarias de los nacionalistas o en el futuro ya será tarde.

Nadie daba un duro por la victoria de Núñez Feijóo en las elecciones gallegas del pasado 1 de marzo. Ni siquiera en Génova –en privado– confiaban en ello. Prácticamente ninguna encuesta daba el PP gallego la mayoría absoluta imprescindible para desalojar de la Xunta a la coalición nacional-socialista de Touriño y Quintana. Finalmente Feijóo logró 39 escaños, uno más de los necesarios para gobernar, y el PP recuperó el Gobierno gallego.

No pretendo suplantar el papel de los sociólogos. Pero no hace falta ser un lince para atribuir el vuelco electoral a dos factores fundamentales: el despilfarro de un Gobierno con modos de nuevo rico –sillas de 3.000 euros, audis por doquier, paseos en yate– y el descontento generado por las políticas de imposición del gallego, sobre todo en la enseñanza. Un malestar que supo catalizar Galicia Bilingüe, capitaneando una auténtica rebelión cívica secundada por otras organizaciones como la Mesa por la Libertad Lingüística.

Feijóo, que de tonto no tiene un pelo, supo ver lo que estaba pasando y situó este asunto como uno de los ejes de su campaña. Esto se tradujo en tres promesas electorales: los padres elegirán el idioma de las asignaturas troncales, habrá una casilla con la pregunta vinculante en el sobre de matrícula y los alumnos tendrán libertad para utilizar oralmente y por escrito cualquiera de las dos lenguas.

Han pasado ya ocho meses de la toma de posesión del nuevo Gobierno y el decreto que impone el gallego sigue vigente. Los nacionalistas –no sólo el BNG, el PSOE actúa como ellos– han redoblado la presión durante este tiempo, y el silencio de la Xunta comienza a ser inquietante, como mínimo. Más aún tras asistir a episodios como la burda manipulación de una sentencia del Supremo para deslegitimar el derecho de los padres a elegir, que fue incluso celebrada por el portavoz del PP en el Parlamento gallego.

Hace unas semanas entrevistamos en Sin Complejos –el programa de los fines de semana en esRadio que dirige y presenta Luis del Pino– a Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe. Por primera vez percibí en ella cierto desánimo que contrasta con su carácter batallador y optimista. Mala señal. Pero Lago no se rinde, tampoco me sorprende. Esta semana han enviado a Feijóo una detallada y ponderada propuesta –como punto de partida hacia un verdadero sistema de libre elección–para que en el próximo curso escolar sus promesas sean una realidad. Consiste en un razonable reparto de las asignaturas entre las dos lenguas oficiales, preponderando siempre la elección del alumno. Nadie se puede sentir agredido, ni se vulnera ningún derecho. Galicia Bilingüe demuestra a Feijóo que lo único que hace falta es voluntad de cumplir, no es tan difícil. Si no lo hace será un felonía de muy graves consecuencias. O ponemos coto ahora a las pretensiones totalitarias de los nacionalistas o en el futuro ya será tarde. Seguimos esperando, Alberto.

Libertad Digital - Opinión

A chapuza diaria

RODRÍGUEZ Zapatero rizó ayer el rizo del despropósito y la falta de responsabilidad en relación con el cierre anunciado de los enlaces de internet que puedan afectar a los derechos de autor. Abrumado por la respuesta contundente de los usuarios, el presidente del Gobierno no dudó a la hora de desautorizar a sus ministros y mostrar su faceta de político oportunista que sólo actúa en función de la coyuntura. A lo largo del día, el Ejecutivo pasó del negro al gris y luego al blanco total. La ministra de Cultura tiene un escaso bagaje político, y sólo parece interesada en satisfacer el interés particular de los sectores afines. De ahí su rechazo a cualquier modificación del criterio gubernamental sobre la disposición adicional de la ley de Economía Sostenible, a pesar de la rebelión ciudadana en un legítimo ejercicio de esa democracia participativa que al PSOE sólo le gusta cuando le conviene. Horas después, el ministro de Justicia, acostumbrado ya a la arbitrariedad presidencial, dejaba una puerta abierta al admitir la posibilidad de supuestos que exigirían autorización judicial. También a lo largo de la mañana el PP reaccionó con agilidad ante el clamor de los internautas, al comparar el cierre administrativo previsto con el secuestro de un medio de comunicación.

A la vista de la marea imparable, Rodríguez Zapatero anunció sin pestañear que las palabras de González Sinde y de Caamaño son papel mojado. Ahora resulta que nadie va a cerrar ninguna página en la Red, lo que supone un giro radical sobre los planes iniciales, aunque incomode a los «amigos» del mundillo cultural. Votos son votos, y el líder del PSOE ha recibido una lección acelerada sobre el poder de las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. Lo peor de todo es que el presidente anuncia la modificación de un proyecto de ley que acaba de presentar en el Congreso y que en rigor todavía no existe. Es una chapuza en grado superlativo y una falta de respeto a los ciudadanos en general, a los usuarios de internet y -por supuesto- a sus propios ministros, desautorizados y sin capacidad alguna de decisión. Por lo demás, la ley de Economía Sostenible es muy capaz de deparar ésta y otras sorpresas similares.

ABC - Opinión

Enrique Múgica, un patriota. Por José García Domínguez

¿Desde cuándo lo "progresista" consiste en resucitar fantasmagóricos derechos medievales y defender el concepto de soberanía emanado de la Revolución Francesa deviene sinónimo de rancio "conservadurismo"?

Al tiempo que Zapatero predica su respeto hacia el editorial trabucaire, Montilla no pierde ocasión de calumniar al hombre que creó el PSOE en la clandestinidad mientras él visionaba La mula Francis en un televisor de Iznájar. Así, tras recordársele en el sucedáneo local de 59 Segundos que también el defensor del pueblo ha repudiado el Estatut ante el Constitucional, el Muy Presuntamente Honorable, haciendo honor a su fama de erudito jurisconsulto, sentenció, impertérrito: "El defensor del pueblo fue nombrado por José María Aznar, y ha estado actuando al servicio del Partido Popular".

Aunque uno, en su ignorancia enciclopédica, andaba persuadido de que a Múgica lo habían elegido Congreso y Senado, en ambos casos, además, por mayorías cualificadas de tres quintos. Pero se ve que no, que ese catalanófobo compulsivo sigue en su cargo sólo porque La Moncloa no concede cesarlo. Será que también Zetapé conspira contra la dignidad de Cataluña a sueldo de FAES. Por lo demás, ha hecho falta la proverbial torpeza del Mudito con tal de poner ante el espejo de sus contradicciones topográficas a los albaceas del Estatut. Y es que Rajoy, desaparecido en combate, ha devenido incapaz de señalar a Múgica durante tres años. Elemental gesto que, por sí mismo, hubiese refutado la falacia de que el contencioso contrapone una cosmovisión conservadora frente a otra progresista.

La conversión de las cuatro provincias en nación; la atribución a la recién nacida de la liturgia simbólica propia de tal rango; la brumosa apelación al pueblo catalán como sujeto de la soberanía; unos enigmáticos derechos históricos que nadie acierta a comprender ni concretar; esa rocambolesca financiación específica pero genérica, diferenciada aunque común y particular si bien ordinaria; la alegre usurpación de competencias estatales; la expulsión sin mayores miramientos del defensor del pueblo; la proscripción definitiva del teórico bilingüismo que todavía se arrastraba, moribundo, por el papel mojado de las leyes; la flamante bilateralidad, en fin, como principio rector de la ficción confederal...

¿Qué demonios tendrán que ver todas esas usurpaciones con derechas o izquierdas? ¿Desde cuándo lo "progresista" consiste en resucitar fantasmagóricos derechos medievales y defender el concepto de soberanía emanado de la Revolución Francesa deviene sinónimo de rancio "conservadurismo"? Quizá habría que preguntárselo a Enrique Múgica, que ése es su verdadero talón de Aquiles, y no las señoritas del PP.

Libertad Digital - Opinión

El Gobierno tiene un problema: no entiende nada de Internet

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ha cosechado su primer fracaso incluso antes de comenzar su tramitación parlamentaria. El mundo de Intenet se ha amotinado contra una norma que convierte a los proveedores de información y contenidos en la Red -medios de comunicación, empresas, blogueros o instituciones sin ánimo de lucro- en sospechosos con carácter preventivo.

Una comisión ad hoc creada por el Ministerio de Cultura -y por lo tanto bajo la esfera del Gobierno- podrá cerrar páginas webs sin necesidad de autorización judicial. Si hasta el momento esa potestad sólo podía ejercerse con carácter excepcional e inmediato cuando había razones fundadas ante la comisión de algún delito de carácter general (orden público, defensa nacional, protección de la salud ciudadana o integridad de la infancia), ahora el Gobierno pretende extender ese especial nivel de protección a la propiedad intelectual. Como si esta materia -por importante que sea- tuviera la misma transcendencia que un delito contra la seguridad del Estado.

El sector se ha levantado en armas, aunque sean virtuales. Y no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que estamos ante un atropello del Estado de Derecho. La tutela judicial efectiva es una garantía constitucional, y parece evidente que una resolución de carácter administrativo no puede socavar un derecho fundamental como es el de la información. Lo contrario sería algo muy parecido a la censura previa, erradicada desde hace muchos años de nuestro orden constitucional.

Más allá de consideraciones jurídicas, lo que es relevante es la incapacidad del Gobierno para entender el fenómeno de Internet en toda su amplitud. En El Confidencial sabemos de qué hablamos. La fantasmagórica reunión de ayer entre la ministra de Cultura y un grupo de internautas que se representan a sí mismos, revela hasta qué punto el Gobierno ni si siquiera es capaz de contactar con interlocutores válidos.

«La tutela judicial es una garantía constitucional y una resolución administrativa no puede socavar un derecho fundamental como es el de la información»

Probablemente, eso tenga que ver con la bisoñez política de la propia ministra, que intentó colar por la puerta de atrás una medida de tanta transcendencia. El cambio legal ni siquiera aparecía en la referencia oficial del Consejo de Ministros. Ahora, según se anuncia extraoficialmente, es muy probable que decaiga el polémico artículo, lo cual supone un auténtico récord guinness. Se cambia una ley en fase de anteproyecto, antes incluso de que el proyecto de ley sea aprobado por el Consejo de Ministros.

Un problema de seguridad jurídica

No se está hablando de cualquier modificación legal, sino de una nueva norma que pone en peligro la seguridad jurídica de miles de empresas y particulares que constituyen el núcleo de la sociedad de la información, y que de la noche a la mañana podrían verse abocadas al cierre simplemente porque un autor sintiera que la propiedad intelectual de su obra ha sido violada. Ya sea por la publicación de una foto sin autorización expresa o la emisión de una canción sin consentimiento. Es evidente que la legislación debe amparar el derecho de los autores a monetizar su obra, pero es el propio Estado quien debe articular fórmulas sin que sean pisoteados derechos fundamentales.

Ahora que se habla tanto de economía sostenible, no estará de más recordar la importancia económica de Internet, y por eso alguien debería mencionar a la ministra González-Sinde (¿por cierto, donde está Sebastián?) que en 2008 las transacciones de bienes y servicios realizadas a través de la Red generaron un volumen de negocio de 5.183 millones de euros, un 40% más que en el año anterior. Es decir, medio punto del PIB.

Parece obvio que el Gobierno cometería un grave error si para contentar a su base electoral (la SGAE y sus adláteres) pone en peligro el futuro de esta industria, cuya capacidad de crecimiento es colosal. ¿Quién se atrevería a invertir en una empresa que puede ser cerrada durante varios días por una simple decisión administrativa tras la denuncia de un autor?

La era del control previo se ha acabado, e Internet no sería nada sin los enlaces -los célebres hipervínculos- que posibilitan un caudal de información casi infinita. Y si se corta ese cauce se mata la Red, y con ella muere la economía española. Se trata de un asunto demasiado serio como para estar en manos de una ministra que no entiende nada de Internet y de lo que está detrás de la Red. Probablemente como el propio Gobierno, obsesionado con compensar a quienes avalaron a Zapatero para llegar a la Moncloa. Lo que deberían hacer los autores que recientemente firmaron un manifiesto es negociar nuevos sistemas de remuneración en lugar de etiquetar como ‘piratas’ a medio mundo por el hecho de prestarse canciones o películas sin necesidad de utilizar una copia física.

Alguien ha dicho que la patada en la puerta de Corcuera ha sido sustituida por la patada en el router. Esperemos que a la ley González-Sinde le apliquen la misma medicina.

El confidencial

El pasaporte. Por Alfonso Ussía

No tengo el gusto de conocer personalmente al señor cónsul de Marruecos en Canarias, Abderramnán Leibek. Tampoco disfruto del placer de conocer al señor cónsul de Marruecos en Bilbao. Y entregado a la sinceridad, lamento comunicar oficialmente que no he conocido en toda mi vida a ningún cónsul de Marruecos, circunstancia que mengua de manera considerable mi capacidad de análisis. De ahí mi desconcierto. Sí reconozco que de, casi cuarenta años hacia acá, el contencioso del Sahara me mantiene en una perenne situación de duda. Creo sinceramente que el Sahara no es Marruecos. El Reino de Marruecos es una cosa demasiado moderna para reivindicar territorios establecidos y reconocidos con anterioridad a su fundación. En el caso del Sahara, inicialmente colonia y finalmente provincia española. También creo que el Frente Polisario se equivocó en los planteamientos iniciales, y que su comportamiento hostil contra España supuso un grave error de estrategia. También su ideología, que no compartían todos los saharauis.

Pero el Sahara jamás ha sido Marruecos. Me comentaba días atrás un ilustre e inteligente embajador de España, ya retirado, que el más acusado acierto del régimen franquista fue el de establecer las pautas y distancias con Marruecos. Secuelas del africanismo y de la experiencia. Marruecos es una nación nueva reinada por una dinastía escrupulosamente dedicada a su patrimonio. Es cierto que también se ha erigido en el tapón del fundamentalismo islámico, y que defiende los intereses del mundo occidental. A los saharauis los dejamos abandonados a su suerte, y esa carísima organización que responde al nombre de ONU, no ha sabido, hasta la fecha, proyectar una solución. La ONU es como el Tribunal Constitucional, pero a lo bestia, como diría Gila. Una buena parte de los saharauis quieren ser marroquíes, y otra sólo saharauis. Los españoles nos fuimos sin garantizar el futuro del Sahara. En nuestra política exterior siempre han chocado dos intereses respecto a Marruecos.
Las buenas relaciones y Ceuta y Melilla. También el Sahara. Los partidos de izquierdas siempre se mostraron totalmente partidarios de los saharauis cuando no estaban en el poder, y absolutamente favorables a los intereses de Marruecos cuando gobernaban. Es el caso actual. Una sola persona es capaz de provocar un terremoto político. La llamada «activista» saharaui –ignoraba que ser y sentirse saharaui fuera una actividad–, permanece en Lanzarote en huelga de hambre. Le han retirado el pasaporte marroquí y no acepta el español. Para unos, la «Ghandi» del Sahara. Para otros, una agente de Argelia y del Frente Polisario. Para los españoles, un asunto de conciencia. Pero lo ridículo del asunto, es la última oferta marroquí, trasladada a Aminatu Haidar por el cónsul de Marruecos en Canarias: «Pida usted perdón al Rey de Marruecos y en media hora tiene el pasaporte». ¿Qué se ha creído el Rey de Marruecos, dueño y señor de los bienes y las vidas de ese gran país? En España, se queman fotos del Rey, se publican postales con un lazo de horca en torno al cuello del Rey, se insulta al Rey, y el Rey no exige que se le pida perdón. Los pasaportes no dependen del perdón del Rey. Si España, Marruecos y el Frente Polisario no son capaces de arreglar un simple problema humano, que lo haga la ONU. Pero la situación, por ridícula y dramática al mismo tiempo, empieza a ser insostenible. Insostenible, Zapatero, usted tan polisario siempre. De pacotilla, claro.

La Razón - Opinión

Hacia el secuestro de internet

Los internautas han reaccionado a tiempo y han hecho dar un paso atrás a los políticos. Pero como muchos de sus pasos atrás, será sólo para volver a intentar que la red, como ya pasó con el espacio radioeléctrico, se convierta en el cortijo de unos pocos.

Internet es uno de los mecanismos que más ha abaratado a lo largo de la historia la transmisión de información; esa mercancía tan costosa durante tanto tiempo que hoy resulta accesible y casi gratuita para todo el mundo.

Tal revolución en las comunicaciones, que adquiere su verdadera dimensión cuando la ponemos en perspectiva histórica, supone sin duda alguna una oportunidad muy clara no sólo para enriquecernos, sino también para divertirnos, cultivarnos, relacionarnos y defender nuestras libertades. Gracias a internet, nunca ha sido tan sencillo que personas con motivaciones comunes aúnen esfuerzos en un mismo proyecto (incluyendo los de tipo ideológico); nunca ha sido tan fácil que todo ciudadano que así lo desee pueda convertirse en un periodista que investigue y denuncie los abusos del poder político.

De ahí que los gobernantes siempre hayan observado la red con un cierto recelo. Demasiados ojos y demasiadas voces vigilando y criticando un mundo –el político– tradicionalmente caracterizado por la opacidad y las intrigas. A un mandatario le puede ser relativamente fácil controlar a los grandes grupos de comunicación, que en buena medida dependen de las licencias y de los favoreces que se les conceda desde el Estado, pero sin duda le resulta prácticamente imposible someter a millones de ciudadanos que, de motu proprio, bregan por promocionar sus propias ideas, inquietudes y hallazgos.

He ahí toda la explicación que requiere ese movimiento gubernamental, cada vez más extendido por Europa y que ha terminado por prender en España, que con la excusa de proteger la propiedad intelectual otorga a la Administración la potestad para cerrar páginas web.

Una práctica que no por saberse inconstitucional –el art. 20.5 reza claramente que "Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial"– y no por ser conscientes de que atenta contra algunos de los derechos humanos más fundamentales, hará cambiar de idea a los gobiernos sobre la necesidad de regular y poner coto esa gran amenaza para su poder omnímodo llamada internet.

Corresponde a los tribunales de justicia –supuestamente despolitizados, independientes e imparciales– controlar si en la red, como en cualquier otro ámbito de la vida social, se comete algún delito. No es necesario ningún tipo de nueva normativa adicional que, pretendiendo actualizar las leyes a los tiempos, sirva para limitar nuestras libertades. Pero eso es exactamente lo que pretenden nuestros gobernantes: arrogarse la capacidad de censurar páginas web con cualquier excusa.

González Sinde es una política sin experiencia cegada por la codicia y el muy socialista ímpetu prohibicionista. No ha sabido manejar los tiempos y se ha ganado algo parecido a una reprimenda por parte de Zapatero y Caamaño. Esta vez los internautas han reaccionado a tiempo y parece que la avanzadilla intervencionista ha dado un paso atrás. Pero como muchos otros de sus pasos atrás, será sólo para coger impulso, para volverlo a intentar más adelante hasta que la red, como ya pasó con el espacio radioeléctrico, se convierta en el cortijo de unos pocos. Una vez consigan justificar las primeras regulaciones de excepción sobre internet, las siguientes vendrán a manadas. Es una batalla que no se puede perder.

Libertad Digital - Editorial

El casco de De la vega. Por M. Martín Ferrand

LA moda y su condición femenina le impiden a María Teresa Fernández de la Vega, siempre esmerada con su atuendo, usar un casco pinchudo y brillante como el que solía adornar la cabeza de Otto von Bismark, el Canciller de Hierro. La vicepresidenta que manda, a diferencia con la que obedece, es inasequible al desaliento y tiene el ánimo de la victoria incrustado en el alma, lo que constituye una gran virtud política. Ahora, con la que está cayendo e instalados en el furgón de cola del tren europeo, ha dicho De la Vega que «estamos mejor que hace un año». En ese año en el que, según ella, tanto hemos mejorado, el número de parados ha crecido en casi novecientas mil personas y, aunque no he hablado con todas ellas, sospecho fundadamente que no comparten el triunfal diagnóstico vicepresidencial.

Estamos peor y salvo que cursen fenómenos taumatúrgicos, peor estaremos dentro de un año. Los males que nos afligen son estructurales, no meramente contingentes, y esos no se remedian, como el catarro, después de unos días de toses y estornudos. Necesitan y exigen medidas enérgicas, algunas de ellas claramente impopulares y con potencial coste electoral, y por ahí no pasa la voluntad de José Luis Rodríguez Zapatero, optimista patológico, escasamente sensible en la percepción de la realidad y adorador de su propio ombligo.

Aquí todo se reduce, desde el Gobierno, a decir que no se abaratará el despido, algo que nadie solicita, y con ello se da por cerrada la negativa a una reforma laboral que, al margen del despido potencial, sea capaz de favorecer la creación de empleo y, de paso y fundamentalmente, mejorar la competitividad de nuestras empresas en el marco de la UE.

Se puede entender en De la Vega que, en función de su responsabilidad, trate de edulcorarnos la realidad. Entra en las funciones del Gobierno el mantenimiento de la moral ciudadana; pero, y eso me preocupa, creo que no nos miente. Está convencida, de tanto respirar el incienso de las alabanzas de sus paniaguados, que España va bien. Aquí los malos son los del PP y los empresarios y por eso los sindicatos preparan una manifestación contra los empleadores del corte y el estilo de las demostraciones sindicales que José Solís promovía para el Primero de Mayo. En eso hay coincidencia, el entendimiento de la libertad de unos y otros es parejo. Y, además, a De la Vega le favorecería el casco de Bismark.

ABC - Opinión