El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ha cosechado su primer fracaso incluso antes de comenzar su tramitación parlamentaria. El mundo de Intenet se ha amotinado contra una norma que convierte a los proveedores de información y contenidos en la Red -medios de comunicación, empresas, blogueros o instituciones sin ánimo de lucro- en sospechosos con carácter preventivo.
Una comisión ad hoc creada por el Ministerio de Cultura -y por lo tanto bajo la esfera del Gobierno- podrá cerrar páginas webs sin necesidad de autorización judicial. Si hasta el momento esa potestad sólo podía ejercerse con carácter excepcional e inmediato cuando había razones fundadas ante la comisión de algún delito de carácter general (orden público, defensa nacional, protección de la salud ciudadana o integridad de la infancia), ahora el Gobierno pretende extender ese especial nivel de protección a la propiedad intelectual. Como si esta materia -por importante que sea- tuviera la misma transcendencia que un delito contra la seguridad del Estado.
Una comisión ad hoc creada por el Ministerio de Cultura -y por lo tanto bajo la esfera del Gobierno- podrá cerrar páginas webs sin necesidad de autorización judicial. Si hasta el momento esa potestad sólo podía ejercerse con carácter excepcional e inmediato cuando había razones fundadas ante la comisión de algún delito de carácter general (orden público, defensa nacional, protección de la salud ciudadana o integridad de la infancia), ahora el Gobierno pretende extender ese especial nivel de protección a la propiedad intelectual. Como si esta materia -por importante que sea- tuviera la misma transcendencia que un delito contra la seguridad del Estado.
El sector se ha levantado en armas, aunque sean virtuales. Y no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que estamos ante un atropello del Estado de Derecho. La tutela judicial efectiva es una garantía constitucional, y parece evidente que una resolución de carácter administrativo no puede socavar un derecho fundamental como es el de la información. Lo contrario sería algo muy parecido a la censura previa, erradicada desde hace muchos años de nuestro orden constitucional.
Más allá de consideraciones jurídicas, lo que es relevante es la incapacidad del Gobierno para entender el fenómeno de Internet en toda su amplitud. En El Confidencial sabemos de qué hablamos. La fantasmagórica reunión de ayer entre la ministra de Cultura y un grupo de internautas que se representan a sí mismos, revela hasta qué punto el Gobierno ni si siquiera es capaz de contactar con interlocutores válidos.
«La tutela judicial es una garantía constitucional y una resolución administrativa no puede socavar un derecho fundamental como es el de la información»
Probablemente, eso tenga que ver con la bisoñez política de la propia ministra, que intentó colar por la puerta de atrás una medida de tanta transcendencia. El cambio legal ni siquiera aparecía en la referencia oficial del Consejo de Ministros. Ahora, según se anuncia extraoficialmente, es muy probable que decaiga el polémico artículo, lo cual supone un auténtico récord guinness. Se cambia una ley en fase de anteproyecto, antes incluso de que el proyecto de ley sea aprobado por el Consejo de Ministros.
Un problema de seguridad jurídica
No se está hablando de cualquier modificación legal, sino de una nueva norma que pone en peligro la seguridad jurídica de miles de empresas y particulares que constituyen el núcleo de la sociedad de la información, y que de la noche a la mañana podrían verse abocadas al cierre simplemente porque un autor sintiera que la propiedad intelectual de su obra ha sido violada. Ya sea por la publicación de una foto sin autorización expresa o la emisión de una canción sin consentimiento. Es evidente que la legislación debe amparar el derecho de los autores a monetizar su obra, pero es el propio Estado quien debe articular fórmulas sin que sean pisoteados derechos fundamentales.
Ahora que se habla tanto de economía sostenible, no estará de más recordar la importancia económica de Internet, y por eso alguien debería mencionar a la ministra González-Sinde (¿por cierto, donde está Sebastián?) que en 2008 las transacciones de bienes y servicios realizadas a través de la Red generaron un volumen de negocio de 5.183 millones de euros, un 40% más que en el año anterior. Es decir, medio punto del PIB.
Parece obvio que el Gobierno cometería un grave error si para contentar a su base electoral (la SGAE y sus adláteres) pone en peligro el futuro de esta industria, cuya capacidad de crecimiento es colosal. ¿Quién se atrevería a invertir en una empresa que puede ser cerrada durante varios días por una simple decisión administrativa tras la denuncia de un autor?
La era del control previo se ha acabado, e Internet no sería nada sin los enlaces -los célebres hipervínculos- que posibilitan un caudal de información casi infinita. Y si se corta ese cauce se mata la Red, y con ella muere la economía española. Se trata de un asunto demasiado serio como para estar en manos de una ministra que no entiende nada de Internet y de lo que está detrás de la Red. Probablemente como el propio Gobierno, obsesionado con compensar a quienes avalaron a Zapatero para llegar a la Moncloa. Lo que deberían hacer los autores que recientemente firmaron un manifiesto es negociar nuevos sistemas de remuneración en lugar de etiquetar como ‘piratas’ a medio mundo por el hecho de prestarse canciones o películas sin necesidad de utilizar una copia física.
Alguien ha dicho que la patada en la puerta de Corcuera ha sido sustituida por la patada en el router. Esperemos que a la ley González-Sinde le apliquen la misma medicina.
Más allá de consideraciones jurídicas, lo que es relevante es la incapacidad del Gobierno para entender el fenómeno de Internet en toda su amplitud. En El Confidencial sabemos de qué hablamos. La fantasmagórica reunión de ayer entre la ministra de Cultura y un grupo de internautas que se representan a sí mismos, revela hasta qué punto el Gobierno ni si siquiera es capaz de contactar con interlocutores válidos.
«La tutela judicial es una garantía constitucional y una resolución administrativa no puede socavar un derecho fundamental como es el de la información»
Probablemente, eso tenga que ver con la bisoñez política de la propia ministra, que intentó colar por la puerta de atrás una medida de tanta transcendencia. El cambio legal ni siquiera aparecía en la referencia oficial del Consejo de Ministros. Ahora, según se anuncia extraoficialmente, es muy probable que decaiga el polémico artículo, lo cual supone un auténtico récord guinness. Se cambia una ley en fase de anteproyecto, antes incluso de que el proyecto de ley sea aprobado por el Consejo de Ministros.
Un problema de seguridad jurídica
No se está hablando de cualquier modificación legal, sino de una nueva norma que pone en peligro la seguridad jurídica de miles de empresas y particulares que constituyen el núcleo de la sociedad de la información, y que de la noche a la mañana podrían verse abocadas al cierre simplemente porque un autor sintiera que la propiedad intelectual de su obra ha sido violada. Ya sea por la publicación de una foto sin autorización expresa o la emisión de una canción sin consentimiento. Es evidente que la legislación debe amparar el derecho de los autores a monetizar su obra, pero es el propio Estado quien debe articular fórmulas sin que sean pisoteados derechos fundamentales.
Ahora que se habla tanto de economía sostenible, no estará de más recordar la importancia económica de Internet, y por eso alguien debería mencionar a la ministra González-Sinde (¿por cierto, donde está Sebastián?) que en 2008 las transacciones de bienes y servicios realizadas a través de la Red generaron un volumen de negocio de 5.183 millones de euros, un 40% más que en el año anterior. Es decir, medio punto del PIB.
Parece obvio que el Gobierno cometería un grave error si para contentar a su base electoral (la SGAE y sus adláteres) pone en peligro el futuro de esta industria, cuya capacidad de crecimiento es colosal. ¿Quién se atrevería a invertir en una empresa que puede ser cerrada durante varios días por una simple decisión administrativa tras la denuncia de un autor?
La era del control previo se ha acabado, e Internet no sería nada sin los enlaces -los célebres hipervínculos- que posibilitan un caudal de información casi infinita. Y si se corta ese cauce se mata la Red, y con ella muere la economía española. Se trata de un asunto demasiado serio como para estar en manos de una ministra que no entiende nada de Internet y de lo que está detrás de la Red. Probablemente como el propio Gobierno, obsesionado con compensar a quienes avalaron a Zapatero para llegar a la Moncloa. Lo que deberían hacer los autores que recientemente firmaron un manifiesto es negociar nuevos sistemas de remuneración en lugar de etiquetar como ‘piratas’ a medio mundo por el hecho de prestarse canciones o películas sin necesidad de utilizar una copia física.
Alguien ha dicho que la patada en la puerta de Corcuera ha sido sustituida por la patada en el router. Esperemos que a la ley González-Sinde le apliquen la misma medicina.
El confidencial
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