Sombras de sospecha

Los últimos casos conocidos apuntan la posibilidad de que el PSOE se hubiera financiado ilegalmente con parte del dinero de los ERE.

A medida que avanza la investigación sobre la financiación irregular de expedientes de regulación de empleo en Andalucía se conocen nuevos episodios de malversación y aumentan las sospechas de que pudiera tratarse de algo más que de un trato de favor a amigos y familiares de autoridades, sindicatos o militantes socialistas. Acreditados numerosos casos de personas que se han beneficiado de fondos que no tenían derecho a recibir, se abre ahora la posibilidad de que parte de ese dinero pudiera haber financiado ilegalmente al PSOE andaluz. La sospecha no es infundada porque cada día que pasa se hace más nítida la implicación directa de militantes de este partido, como sucedió, según informaba ayer ABC, con el desvío de 300.000 euros que estaban previstos para el ERE de Hitemasa y que acabaron en manos de tres particulares, uno de ellos militante del PSOE-A. El PP también cree que ha habido financiación irregular a los socialistas en el caso de la donación de un local a su agrupación de Camas, por parte de un ex concejal del PSOE en esta localidad y también receptor ilegal de fondos para un ERE.

La presunción de inocencia debe respetarse para las personas, pero los hechos no admiten discusión y se acumulan los que apuntan a un fraude masivo del que hasta ahora se sabe que ha sido cometido o consentido por autoridades de la Junta de Andalucía, que ha supuesto la desviación ilegal de fondos destinados a pagar despidos, que ha beneficiado a personas que nada tenían que ver con las empresas afectadas por los ERE y que algunos de esos beneficiados eran militantes socialistas. Ni la Junta de Andalucía ni el PSOE pueden darse por ajenos a estas malversaciones, al margen de si su responsabilidad final es penal, administrativa o solo política. A diferencia de otros casos de corrupción, en este hay una planificación concertada de desvío de fondos a cargo de autoridades autonómicas, conscientes de que malversaban caudales públicos, con el coste de una degradación absoluta de lo que debe ser una política eficiente contra el desempleo y una gestión honrada de los fondos que se ponen en manos de las administraciones para el interés general, no para el beneficio particular. Los socialistas andaluces se enfrentan al fin de la impunidad política de décadas de hegemonía absoluta, ejecutada con desprecio a los sistemas de control parlamentario y a los procedimientos legales para la gestión económica de la cosa pública.

ABC - Editorial