Camps ha dado un ejemplo de grandeza y Rajoy ha sabido manejar una situación que políticamente se había vuelto insoportable.
AL margen de consideraciones oportunistas, es innegable que Francisco Camps ha ofrecido una muestra de responsabilidad política con su dimisión como presidente de la Generalitat valenciana pocas semanas después de haber renovado rotundamente en las urnas la confianza de una gran mayoría de ciudadanos. En efecto, Camps deja el cargo para ejercer en plenitud su derecho a la defensa en el «caso de los trajes», una vez que el juez ha decretado la apertura de juicio oral por un presunto delito de cohecho pasivo impropio. Este «sacrificio personal», dijo ayer el ya ex presidente, tiene como objetivo facilitar que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno, una decisión que le honra personalmente frente a la opción de admitir su culpabilidad y pagar una multa para evitar el juicio, como han hecho otros imputados. Sin duda, Camps ha pagado un alto coste personal y político por unas actuaciones cuya calificación penal queda definitivamente en manos de los jueces. Sin embargo, el PSOE no está en condiciones de dar lecciones en esta materia, cuando todavía ayer el nuevo ministro del Interior se negaba en el Congreso a responder las preguntas sobre el «caso Faisán», y el candidato Pérez Rubalcaba no quiere saber nada de un asunto en el que los jueces apuntan hacia graves responsabilidades de altos cargos del departamento. Tampoco hay comparación posible entre la actitud de Camps y el comportamiento de los más altos dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía, que no han asumido hasta el momento responsabilidad política alguna por la trama de los ERE falsos, cuya gravedad es infinitamente mayor que el asunto de los trajes.
Por todo ello, sobra el juego de palabras con doble sentido que utilizaba ayer algún dirigente socialista. Dimitir no significa que Camps reconozca su responsabilidad penal, sino todo lo contrario: es un acto propio de un político responsable que pretende defender su inocencia sin causar daños a su partido y a las instituciones valencianas. En este sentido, la postura prudente y matizada de Mariano Rajoy ha sabido conducir la crisis hacia la situación menos perjudicial para el PP. En el Estado de derecho hay que deslindar los elementos jurídicos y políticos de unos hechos cuya confirmación en vía penal está todavía pendiente. Sea como fuere, el ex presidente ha cumplido su obligación hacia sus electores y ahora, como todos los ciudadanos, tiene perfecto derecho a que se respeten plenamente las garantías procesales.
Por todo ello, sobra el juego de palabras con doble sentido que utilizaba ayer algún dirigente socialista. Dimitir no significa que Camps reconozca su responsabilidad penal, sino todo lo contrario: es un acto propio de un político responsable que pretende defender su inocencia sin causar daños a su partido y a las instituciones valencianas. En este sentido, la postura prudente y matizada de Mariano Rajoy ha sabido conducir la crisis hacia la situación menos perjudicial para el PP. En el Estado de derecho hay que deslindar los elementos jurídicos y políticos de unos hechos cuya confirmación en vía penal está todavía pendiente. Sea como fuere, el ex presidente ha cumplido su obligación hacia sus electores y ahora, como todos los ciudadanos, tiene perfecto derecho a que se respeten plenamente las garantías procesales.
ABC - Editorial
0 comentarios:
Publicar un comentario