Si el Gobierno recurre al parche y no a las reformas debería, al menos, aceptar sus limitaciones y darles la palabra a los ciudadanos antes de que sea demasiado tarde.
LA mejor noticia para España en el informe de la Comisión Europea es que todavía es incluida en los estudios periódicos que realiza el ejecutivo comunitario, cosa que ya no sucede con Grecia, Irlanda, Portugal, Letonia o Rumanía, que son los países directamente intervenidos por los mecanismos de ayuda. La peor es que ese análisis está lleno de incógnitas e incertidumbres y traza una perspectiva demasiado incierta de las cuentas públicas españolas. La desconfianza es el peor enemigo de una economía y la economía española lleva demasiado tiempo enredada en una telaraña de susceptibilidad de la que no es ajena la situación política del Gobierno socialista. Bruselas es consciente de que el cambio en España es cuestión de meses y eso explicaría que muchas de sus recomendaciones se limiten a insistir, mantener u observar las políticas fiscales y de gasto que ya se pusieron en marcha (por exigencia de la UE, no debe olvidarse) sin dejar de subrayar y pedir una atención específica a los tres ejes que lastran la recuperación económica: el gasto de las comunidades autónomas, la reforma del mercado del trabajo y la ordenación de las cajas de ahorros.
Estos son los tres puntos en los que nos jugamos esa distancia, todavía levemente a nuestro favor, con las economías totalmente intervenidas, quebradas por el peso de la deuda y sometidas a dolorosos programas de austeridad de resultado incierto. Sin embargo, el Gobierno socialista sigue comportándose como si no tuviera más condicionantes que los elementos político-electorales a corto plazo y en lugar de afrontar decididamente la situación se empeña en actuar como si lo que le interesase fuera mantener las cosas como están. Pero la realidad es tozuda y camina en sentido contrario al del Gobierno, porque la economía española no puede seguir colapsada soportando el peso de casi cinco millones de parados. Los planes del Ministerio de Trabajo de sostener las tesis sindicales en la reforma de la negociación colectiva reflejan perfectamente esa incapacidad para hacerse cargo y paliar los problemas de los que pende el futuro de los españoles. Si el Gobierno continúa ignorando la necesidad de llevar a cabo reformas en profundidad solo por ponerle las cosas más difíciles al Partido Popular, entonces debería tener la decencia de ceder cuanto antes el timón y darles la palabra a los ciudadanos, antes de que sea demasiado tarde para todos.
ABC - Editorial
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