Otro pacto fracasado

La negociación colectiva exigía la reforma que ahora anuncia Pérez Rubalcaba desde que se inició el desplome del empleo.

EL fracaso del diálogo social sobre la negociación colectiva es otro más que se suma al balance del Gobierno socialista, incapaz de propiciar consensos. La respuesta del Ejecutivo ha sido anunciar que, finalmente, llevará a cabo la reforma de la negociación colectiva, sin pacto entre empresarios y sindicatos, como si su intervención fuera una aparición mesiánica ante la incapacidad pactista de estos interlocutores. Lo cierto es que, como dijo ayer Rajoy, el Gobierno tenía que haber hecho esta reforma hace un año, pero ha vuelto a escudarse en el diálogo para justificar su pasividad ante una reforma urgente e inaplazable y, de paso, crear un chivo expiatorio al que culpar ante la opinión pública. Obviamente, este chivo es la CEOE, siempre fácil de asociar a las peores connotaciones que la izquierda atribuye al libre mercado.

La reforma de la negociación colectiva es imprescindible para un cambio sustancial del mercado laboral que facilite la contratación —no el despido— y flexibilice la actividad de los empresarios. La rigidez del sistema ha sido denunciada dentro y fuera de España por expertos, organismos y gobiernos de todo signo, y la necesidad de la reforma estaba reconocida desde el comienzo de la crisis. Por eso no tiene excusa que el Gobierno haya renunciado a su responsabilidad política para emprender esta reforma y ahora la anuncie con tintes de apremio, como hizo ayer Rubalcaba, quien dijo que estaban «a quince minutos» de regular la negociación colectiva. Frases así —a las que se está aficionando con riesgo el precandidato socialista— tienen contraindicaciones, porque la actual tasa de paro de más del 20 por ciento no ha sido un sorpresa, sino el resultado de una evolución identificada y prevista. La negociación colectiva exigía esa reforma de «cuarto hora» desde que se inició el desplome del empleo.

También en esta ocasión el Gobierno socialista queda en evidencia al emprender otra reforma —habrá que ver cómo y cuándo la realizará— sin procurar el principal consenso al que está obligado, que es el del Partido Popular. Sus acusaciones contra el PP por no ayudar para superar la crisis quedan como pura hipocresía ante el empeño socialista de no ofrecer posibilidad alguna a los pactos de Estado con el principal partido de la oposición. Actitud intransigente que resulta aún más inexplicable tras la abrumadora derrota sufrida por el PSOE el 22-M.

ABC - Editorial