En Castilla-La Mancha se están superando todos los límites de la mala fe, hasta tal punto que la política puede dejar paso a los jueces.
LA acusación del Partido Popular de que el Gobierno socialista en funciones de Castilla-La Mancha está destruyendo masivamente documentos existentes en dependencias oficiales se vio reflejada en las inequívocas fotografías que ayer publicó ABC. Esta denuncia coincide con la revelación, también por el PP, de la ruinosa situación económica de la administración castellano-manchega, que acumula mil millones de euros de pagos pendientes a ayuntamientos y decenas de millones en facturas a proveedores. La respuesta del Gobierno socialista en funciones ha sido lanzar una cortina de humo, con la suspensión del primer encuentro previsto para hoy con el PP para iniciar el traspaso de poderes. El presidente castellano-manchego, José María Barreda, va a poner fin a su mandato con una cadena de despropósitos que demuestra algo peor que un mal perder. Demuestra aparentemente lo mucho que tiene que ocultar el PSOE tras décadas de hegemonía absoluta y sin control en Castilla-La Mancha. Si ya había motivos de sobra para auditar las cuentas de esta comunidad, ese trajín con los documentos las multiplica, aparte de extender una sospecha de conducta ilícita que podría ser constitutiva de un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos, previsto por el artículo 413 del Código Penal y castigado con severas penas. Por tanto, no sería necesario que el PP llevara a los tribunales de Justicia su denuncia, recogida por ABC. El Ministerio Fiscal debería actuar de oficio e instar las acciones judiciales necesarias para evitar que continúe ese trasiego de documentos en bolsas de basura y, en todo caso, investigar la posible destrucción de documentos que denuncia el PP tras el 22-M.
Si algo caracteriza la buena fe y la lealtad democrática es la transparencia en los cambios de gobierno, la colaboración de los equipos salientes con el partido ganador. La destrucción de documentos oficiales —no de papeles sin relevancia administrativa o financiera— es un hecho sumamente grave, que pone al Gobierno socialista en funciones de Castilla-La Mancha bajo una sospecha que debe ser despejada conforme a los procedimientos del Estado de Derecho. Era previsible que la salida del poder iba a ser traumática para los socialistas y que no la harían fácil. Pero en Castilla-La Mancha se están superando los límites de la mala fe, hasta tal punto que la política puede que tenga que dejar paso a los jueces.
Si algo caracteriza la buena fe y la lealtad democrática es la transparencia en los cambios de gobierno, la colaboración de los equipos salientes con el partido ganador. La destrucción de documentos oficiales —no de papeles sin relevancia administrativa o financiera— es un hecho sumamente grave, que pone al Gobierno socialista en funciones de Castilla-La Mancha bajo una sospecha que debe ser despejada conforme a los procedimientos del Estado de Derecho. Era previsible que la salida del poder iba a ser traumática para los socialistas y que no la harían fácil. Pero en Castilla-La Mancha se están superando los límites de la mala fe, hasta tal punto que la política puede que tenga que dejar paso a los jueces.
ABC - Editorial
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