Poco botín ha sido el «caso Camps» para tanto gasto y empeño expedicionario e inquisitorial de la fiscalía.
CONFIESO que me da igual que Francisco Camps sea o no el cabeza de lista del Partido Popular en Valencia ante las próximas elecciones autonómicas. Primero, porque yo no tengo que votarle en ningún caso. Y segundo, porque es de esos muchísimos políticos que no destacan ni por sus criterios, ni por brillantez, originalidad ni audacia. Lo mejor que se puede decir de él es que su gestión se ha caracterizado por el sentido común. Lo que no es poco en estos tiempos de furor ideológico del tontiloquismo redentor del Gran Timonel. Al parecer es eso lo que convence a una abrumadora mayoría absoluta de los valencianos a inclinarse a dar su voto al PP, lo dirija el señor Camps o no. Lo que tiene gracia es que la Fiscalía Anticorrupción presuma ahora de haber ha conseguido montarle una causa a Camps por el célebre asunto de los trajes por «cohecho impropio», lo que ni siquiera conllevaría su inhabilitación y se zanjaría con una multa de algo más de 41.000 euros. Por aceptar unos regalos sin contraprestación alguna. El Ministerio Público, que tantos asuntos gravísimos se ha visto obligado a relegar a esta máxima prioridad del Estado que era el caso de esos trajes de medio pelo de Camps, reconoce no tener indicios de tráfico de influencias, contratación irregular ni financiación ilegal. ¡Por Dios, señores, qué fiasco el suyo! Después de dos años de utilizar todos los medios del Gobierno y del Estado, policía y fiscalía, amiguetes de la judicatura, de filtraciones reales o falsas, intoxicaciones múltiples y multiplicadores de opinión y agentes, éstos sí sospechosísimos de cohecho continuado y prevaricación constante en favor del rodillo socialista; ¿esto es realmente todo lo que han sabido encontrarle? Me gustaría ver a mí cuántos políticos con unos cuantos años ejerciendo tareas no ya de gobierno, sino de cierto relieve, superarían un escrutinio como el aplicado a la vida y el entorno de Camps con una acusación como esa. Por no hablar desde luego de nuestra tropa ministros y caciques. Que nos lo digan, el Pepiño de la casita costera y el «maná» a las empresas amigas, el Chaves de la niña subvencionada, el Griñán de los EREs egipcios, el Rubalcaba de los faisanes y las medallas pensionadas, el Bono «seseñero» y sus cabarellizas, la Pajín con sus subvenciones y ONGs amigas y hermanas o la niña Aido con sus cuentas del Gran Capitán del Ministerio de la Igual Dá.
¿Quién se ofrece voluntariamente a una auscultación íntima así de implacable, hostil, bien incentivada, sin reparar en gastos y con la policía dedicada «full time» a ella? ¿Con toda la atención del ministerio del interior, la fiscalía buscando éxitos y la jauría mediática, hambrienta, haciendo méritos? Estoy convencido de que no la superaría «ni el potito» con una multa semejante de menos de siete millones de pesetas. Poco botín para tanto gasto y empeño expedicionario e inquisitorial de la fiscalía. Poca presa para tan presuntuosa montería. Raya en la malversación. Qué ridícula esa multa ahora que hablamos de los 700 millones de euros del erario público con el que la trama socialista andaluza pagaba jubilaciones falsas a militantes y a sus familiares. Lo dicho, no sé ni me importa si Camps se presenta o no. Sí sé que se habla de ello porque Camps no es socialista. Como decía Esperanza Aguirre, sólo imaginen lo que quedaría de ella si hubiera concedido como Chaves diez millones a una empresa con un hijo suyo dentro. Aunque duele pensar en el dispendio del exceso de celo de la fiscalía en el «caso Camps», consuela saber que ahora volcarán su esfuerzo en aclarar las grandes estafas socialistas que asoman por todas las esquinas.
ABC - Opinión
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