A los ciudadanos les interesa saber no tanto lo que el Ejecutivo hizo los días 3 y 4, sino lo que ha dejado de hacer a lo largo del año.
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EL Congreso de los Diputados acoge hoy un debate sobre la crisis provocada por los controladores aéreos que no responde a la gravedad de las decisiones tomadas por el Gobierno los días 3 y 4 de este mes. La militarización de las torres de control de los aeropuertos y la declaración del estado de alarma por vez primera en la historia democrática de España son asuntos de gran trascendencia política y constitucional, que no deben quedar ventilados en un debate en el que el principal líder de la oposición, Mariano Rajoy, va a disponer de solo diez minutos para formular sus preguntas al presidente del Gobierno. La calidad de los sistemas democráticos se mide mejor en situaciones de crisis, cuando las instituciones deben funcionar por encima de los requerimientos habituales y cuando la clase política se ve obligada a abandonar los tópicos de sus discursos. No hay proporción entre la dimensión social, política y legal del boicot a la navegación aérea con la estrechez del debate parlamentario con el que Rodríguez Zapatero pretenderá compensar su incomprensible ausencia ante la opinión en los días clave de la crisis. El remate de este despropósito vendrá la semana que viene, cuando de los ministros afectados por el cierre del espacio aéreo, por las posteriores decisiones del Gobierno y por las consecuencias del boicot en el turismo y el comercio, solo Rubalcaba y Blanco responderán en la sesión de control del miércoles. Chacón y Sebastián no asistirán, pese a la responsabilidad directa de la primera, en la militarización de aeropuertos y controladores, y del segundo, en la valoración de los efectos del boicot en la actividad turística y comercial.
Aun así, quien debe dar cuenta de la actuación del Gobierno es, ante todo, Zapatero, que ya sabe cuáles son las preguntas que los ciudadanos esperan que responda. Porque si al Gobierno le interesa principalmente recrearse en la eficacia de sus decisiones de «mano dura», a los ciudadanos les interesa saber no tanto lo que el Ejecutivo hizo los días 3 y 4, sino lo que ha dejado de hacer a lo largo del último año y que quizá hubiera servido para prevenir una situación sin precedentes. Preguntas elementales sobre la pasividad del Gobierno ante un conflicto que, antes o después, iba a reproducirse; sobre la legalidad constitucional de una militarización por decreto, previa y no posterior al estado de alarma; y sobre el conocimiento previo que tenía el Ejecutivo de que el boicot iba a producirse. Preguntas que Zapatero debe responder.
ABC - Editorial
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