Nos trae la jornada de hoy dos anotaciones relevantes en la crisis de los controladores. Una política, en el Congreso. Y otra judicial, en la Junta de Fiscales, convocada en Zaragoza. Los dos frentes abiertos en la determinación de responsabilidades por el caos del fin de semana, deliberadamente creado por este colectivo como palanca de sus reivindicaciones, y las medidas adoptadas después por el Gobierno para poner fin al desbarajuste del pasado fin de semana.
Impunidad para nadie. De acuerdo. Que el Gobierno responda ante el Parlamento, y ante los tribunales si alguien cree que ha desbordado el marco legal. Y los controladores, ante su propia empresa en aplicación del régimen disciplinario y también ante los tribunales penales si alguien cree que han podido cometer algún delito. Como es el caso. Como también es el caso que, en el ámbito político, no todos los partidos creen que las medidas tomadas por el Ejecutivo, especialmente la declaración del estado de alarma, han sido las más adecuadas.
Impunidad para nadie. De acuerdo. Que el Gobierno responda ante el Parlamento, y ante los tribunales si alguien cree que ha desbordado el marco legal. Y los controladores, ante su propia empresa en aplicación del régimen disciplinario y también ante los tribunales penales si alguien cree que han podido cometer algún delito. Como es el caso. Como también es el caso que, en el ámbito político, no todos los partidos creen que las medidas tomadas por el Ejecutivo, especialmente la declaración del estado de alarma, han sido las más adecuadas.
«No todos los partidos creen que las medidas tomadas por el Ejecutivo, especialmente la declaración del estado de alarma, han sido las más adecuadas.»La cita política es a las diez de la mañana en el Congreso, donde el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, debe explicarse ante los representantes de la soberanía nacional. Es la primera vez que se declara el estado de alarma en nuestra reciente historia democrática. Habida cuenta de que se había colapsado la prestación de un servicio público esencial -el tráfico aéreo-, el Gobierno necesitaba reforzar su autoridad con medidas excepcionales por razones de interés general, nos dirá Zapatero. Pero no todos los partidos tienen por qué compartir sin más los medios utilizados por el Ejecutivo para desactivar el poder conminatorio de los controladores aéreos.
El debate está servido, en formato reducido de los llamados de totalidad, de carácter monográfico y sin votación. Habrá una explicación inicial del presidente y diez minutos para cada portavoz. Todos pendientes de Mariano Rajoy, líder del PP, que en principio expresará su apoyo al Gobierno, sin dejar de reprocharle imprevisión y desidia desde que el Congreso puso en sus manos, por unanimidad, la normativa legal aprobada el 5 de febrero de este año. Aquella norma, que modificó el régimen jurídico y laboral de los controladores, se presentó como la herramienta definitiva para terminar con el recurrente chantaje de los controladores desde que en 2005 la empresa denunció el abusivo convenio colectivo firmado en 1999. Por cierto, cuando el ministro de Fomento era Arias Salgado y el presidente Aznar le pidió que arreglase a cualquier precio la angustiosa escasez de controladores para un tráfico aéreo que se había multiplicado en España.
Decía que la segunda cita importante de hoy es en Zaragoza. El fiscal general, Conde Pumpido, y los fiscales superiores de las Comunidades Autónomas fijarán un criterio de actuación común para los supuestos delictivos en los que pueden haber incurrido los controladores. Sobre todo el de sedición, que prevé penas de cárcel pero no están claros sus perfiles en lo que hace al caso. De cualquier modo, se trata de aplicar el principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica establecido en el artículo 124 de la Constitución España, que define en esos términos el papel del Ministerio Público en el Estado de Derecho.
Decía que la segunda cita importante de hoy es en Zaragoza. El fiscal general, Conde Pumpido, y los fiscales superiores de las Comunidades Autónomas fijarán un criterio de actuación común para los supuestos delictivos en los que pueden haber incurrido los controladores. Sobre todo el de sedición, que prevé penas de cárcel pero no están claros sus perfiles en lo que hace al caso. De cualquier modo, se trata de aplicar el principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica establecido en el artículo 124 de la Constitución España, que define en esos términos el papel del Ministerio Público en el Estado de Derecho.
El Confidencial - Opinión
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