Por segunda vez en diez días, el presidente del Gobierno convocó ayer el Consejo de Ministros de forma extraordinara para prorrogar durante un mes el Estado de Alarma decretado el pasado día 4 con el objeto de hacer frente al conflicto laboral de los controladores aéreos. La prórroga deberá ser aprobada mañana jueves en el Congreso, trámite que el PSOE se ha asegurado con el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes. El argumento aducido por el Gobierno para mantener el Estado de Alarma hasta el día 15 de enero es que persiste el peligro de que los controladores puedan colapsar de nuevo el tráfico aéreo. Pero no ha desvelado en qué datos objetivos se apoya para llegar a esa conclusión o si dispone de información fidedigna de que los técnicos aéreos mienten cuando aseguran que respetarán las fechas navideñas. Conviene recordar que no todo vale, por más que el colectivo causante del caos aéreo haya actuado de modo inaceptable y haya indignado a la mayoría de la sociedad. También el Gobierno pierde la razón cuando reacciona de forma desproporcionada. Ha dispuesto de diez días para negociar un acuerdo de mínimos con los controladores que garantice la paz aérea durante las próximas semanas. Si no lo ha conseguido, debe admitir su fracaso, en vez de ocultarlo prolongando el Estado de Alarma. La Constitución recoge esta medida excepcional para hacer frente a situaciones excepcionales, no para resolver conflictos laborales. El ministro de Fomento se extravía cuando acusa a los controladores de nada menos que de atentar contra la soberanía popular, como si fueran golpistas. Tal desmesura sólo revela la falta de argumentos razonables para mantener una situación anormal que ha llevado a militarizar el espacio aéreo nacional por primera vez en nuestra historia democrática. No puede haber demostración más palpable de impotencia e ineficacia. Una cosa es que los controladores susciten un amplio rechazo social por su chulesca conducta y otra muy diferente que el gobernante empuñe la Constitución como garrote, forzando la ley de 1981, que limita el uso del Estado de Alarma a lo «estrictamente indispensable para asegurar el restablecimiento de la normalidad». Puesto que desde hace diez días los aeropuertos españoles funcionan con normalidad, ¿es lícito constitucionalmente utilizar de forma preventiva esa cautela extrema? No, no lo es. Más aún, no se deberían emplear herramientas tan delicadas sin el apoyo explícito del principal partido de la oposición, como así sucedió la semana pasada, cuando el PP avaló al Gobierno para poner fin al caos aéreo. Ahora, sin embargo, no parece que el PP esté dispuesto a reiterar su aval, y hace bien, pues entiende que el recurso forzado o innecesario a decretos excepcionales no beneficia precisamente la salud democrática de la sociedad y sienta precedentes de inciertas consecuencias. Tampoco beneficia a la imagen exterior de España, cuya marca comercial se erosionará aún más al no poder garantizar su «normalidad». Por lo demás, no se entendería que un paso tan relevante como éste no fuera explicado en el Congreso por el presidente del Gobierno.
La Razón - Editorial
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