A dotar al Estado de derecho de recursos normales para garantizar el imperio de la ley es a lo que el Gobierno debería haberse dedicado, y no a prolongar el funcionamiento manu militari del tráfico aéreo.
El Gobierno finalmente ha decidido prorrogar hasta el próximo 15 de enero el estado de alarma declarado tras la brutal, generalizada y delictiva "huelga" de controladores que provocó el cierre del espacio aéreo español el pasado día 3 de diciembre. Mucho es lo que se puede y debe criticar, tanto en el fondo como en la forma, de esta decisión, anunciada en comparecencia express por Rubalcaba, tras un Consejo de Ministros extraordinario, y que tampoco será defendida en el Congreso por Zapatero, sino por Ramón Jaúregui.
Lo primero es señalar la contradicción en los términos que supone trata de regularizar el tráfico aéreo mediante la prolongación de una de las variantes del estado de excepción. Aunque esta medida haya servido para atajar en un primer momento el caos provocado por los controladores que abandonaron por las bravas el servicio, no puede convertirse en sustituto permanente e indefinido de los recursos normales que debe tener el Estado de derecho para disuadir todo tipo delitos y garantizar a sus autores que estos no quedarán impunes. Nada impide, además, volver a declararlo, en el caso de que los controladores volvieran a las andadas, eventualidad poco probable vista la indignación ciudadana que han provocado, y que, en ningún caso debe ser abordada con carácter preventivo, mediante medidas de debatida constitucionalidad e indiscutible anormalidad.
Lo primero es señalar la contradicción en los términos que supone trata de regularizar el tráfico aéreo mediante la prolongación de una de las variantes del estado de excepción. Aunque esta medida haya servido para atajar en un primer momento el caos provocado por los controladores que abandonaron por las bravas el servicio, no puede convertirse en sustituto permanente e indefinido de los recursos normales que debe tener el Estado de derecho para disuadir todo tipo delitos y garantizar a sus autores que estos no quedarán impunes. Nada impide, además, volver a declararlo, en el caso de que los controladores volvieran a las andadas, eventualidad poco probable vista la indignación ciudadana que han provocado, y que, en ningún caso debe ser abordada con carácter preventivo, mediante medidas de debatida constitucionalidad e indiscutible anormalidad.
Claro que, si bien el estado de alarma no debe ser prorrogado, tampoco debe ser sustituido por un estado de indefensión en el que el Estado de derecho no pueda aplicar castigos sin causar, al hacerlo, mayor trastorno que el que generan estas liberticidas "huelgas" salvajes. Lo que debió haber hecho el Gobierno desde el primer momento, y para poder enfrentarse a este privilegiado gremio profesional, era haber liberalizado previamente el acceso a la profesión, garantizándose así nuevos controladores con los que sustituir a los que se atrevieran a desafiar la ley y a cercenar la libertad de los ciudadanos. La falta de liberalización previa es lo que ha imposibilitado la aplicación normal del Estado de derecho. La barrera que impedía al mercado fabricar más "uniformes de controladores", valga la expresión, es, como dirían Revel o Mises, lo que ha forzado su indeseable sustitución por "uniformes de generales".
A dotar al Estado de derecho de recursos normales para garantizar el imperio de la ley es a lo que el Gobierno debería haberse dedicado, y no a prolongar el funcionamiento manu militari del tráfico aéreo. Aunque ahora el incompetente ministro José Blanco diga que en breve se dispondrá de un mayor número de controladores, nos tememos que éste seguirá siendo insuficiente para sustituir a los que, el pasado día 3, incurrieron en flagrante delito.
Finalmente, si criticable es la normalidad con la que en el fondo el Ejecutivo trata una de las variantes del estado de excepción, no lo es menos en la forma en que ha decidido prolongarlo. El presidente del Gobierno no puede ausentarse ni del anuncio ni del debate de la prórroga de una medida que jamás había sido puesto en práctica en nuestra historia democrática. Claro que, de un presidente que acostumbra a escurrir el bulto y a huir de la realidad, no nos debe extrañar que pegue la espantada. Al fin y al cabo, la prolongación del estado de alarma es la prueba más palmaria de la incapacidad de su Gobierno de gestionar asuntos comunes bajo el normal funcionamiento del Estado de derecho.
A dotar al Estado de derecho de recursos normales para garantizar el imperio de la ley es a lo que el Gobierno debería haberse dedicado, y no a prolongar el funcionamiento manu militari del tráfico aéreo. Aunque ahora el incompetente ministro José Blanco diga que en breve se dispondrá de un mayor número de controladores, nos tememos que éste seguirá siendo insuficiente para sustituir a los que, el pasado día 3, incurrieron en flagrante delito.
Finalmente, si criticable es la normalidad con la que en el fondo el Ejecutivo trata una de las variantes del estado de excepción, no lo es menos en la forma en que ha decidido prolongarlo. El presidente del Gobierno no puede ausentarse ni del anuncio ni del debate de la prórroga de una medida que jamás había sido puesto en práctica en nuestra historia democrática. Claro que, de un presidente que acostumbra a escurrir el bulto y a huir de la realidad, no nos debe extrañar que pegue la espantada. Al fin y al cabo, la prolongación del estado de alarma es la prueba más palmaria de la incapacidad de su Gobierno de gestionar asuntos comunes bajo el normal funcionamiento del Estado de derecho.
Libertad Digital- Opinión
0 comentarios:
Publicar un comentario