Decía Joaquín Garrigues Walter (RIP, 1980) que si los españoles supieran como son los Consejos de Ministros habría cola en los aeropuertos para salir del país. Moraleja de estricta aplicación a la trastienda del poder americano, sorprendida en el masivo pillado de Wikileaks: ¿Pero en qué manos estamos? Lo malo es que tratándose de la primera potencia política y militar del mundo no hay huida que valga. Sobre todo cuando, más allá de conocer las opiniones de los diplomáticos norteamericanos sobre el Rey de España, Zapatero, Aznar o González, nos pasan el recado de que nuestros propios gobernantes, jueces, fiscales y militares están en la pomada.
Tampoco nos hace caer del guindo la vertiente doméstica de unas filtraciones que, según la actual secretaria de Estado de la Casa Blanca, Hillary Clinton, constituyen un ataque a la comunidad internacional (qué barbaridad). Lo que nos afecta aparece en esos 3.620 documentos enviados a Washington por su embajada en Madrid. Los conocidos ayer, a través del diario El País -el goteo va a continuar-, nos hablan de presiones del Gobierno de Estados Unidos para que la Justicia española frenase las causas contra políticos y militares norteamericanos sospechosos de haber cometido delitos sobre ciudadanos españoles o sometidos al principio de justicia universal.
Tampoco nos hace caer del guindo la vertiente doméstica de unas filtraciones que, según la actual secretaria de Estado de la Casa Blanca, Hillary Clinton, constituyen un ataque a la comunidad internacional (qué barbaridad). Lo que nos afecta aparece en esos 3.620 documentos enviados a Washington por su embajada en Madrid. Los conocidos ayer, a través del diario El País -el goteo va a continuar-, nos hablan de presiones del Gobierno de Estados Unidos para que la Justicia española frenase las causas contra políticos y militares norteamericanos sospechosos de haber cometido delitos sobre ciudadanos españoles o sometidos al principio de justicia universal.
Normal, previsible, como actuación de parte. Pero nos interesa la reacción española. Se refleja alguna actuación personal de respuesta a los requerimientos norteamericanos, como la del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que no generó decisiones irreversibles y contrarias a la legalidad. Lo relevante es que ninguno de los efectos documentales filtrados permite deducir que haya habido quiebra o desistimiento en la ordinaria actuación de los órganos jurisdiccionales como consecuencia de dichas presiones.
Y en cuanto a los presos de Guantánamo, la investigación sigue abierta en la Audiencia Nacional, que no cuenta precisamente con la mejor disposición norteamericana a colaborar con esta vergüenza internacional. Como es sabido, la investigación está pendiente de que EEUU informe sobre la eventual apertura de una causa similar en ese país.
La doctrina del Supremo no puede ser más elocuente ni más firme. Se refiere a este sórdido centro de arbitraria reclusión como “un verdadero limbo jurídico”. “La detención de cientos de personas sin cargos, sin garantías y, por tanto, sin control y sin límites en la base de Guantánamo custodiados por el Ejército de los Estados Unidos, constituye una situación de imposible explicación y menos justificación desde la realidad jurídica y política en la que se encuentra enclavada”, se lee en la sentencia dictada por el máximo órgano jurisdiccional español el 20 de julio de 2006. ¿Cómo ver ahí sumisión o debilidad frente a las presiones norteamericanas?
«En la causa por los vuelos de la CIA es precisamente la Fiscalía, sobre la que los documentos filtrados arrojan alguna sombra, la que tiene reclamado desde mayo el encarcelamiento de trece supuestos miembros de la agencia de inteligencia.»La Justicia española ha seguido funcionando en el caso Couso, al margen de que le gustase a tal o cual ministro. Si el Tribunal Supremo cerró la investigación, la Audiencia Nacional la reabrió este verano. En la causa por los famosos vuelos de la CIA es precisamente la Fiscalía, sobre la que los documentos filtrados arrojan alguna sombra, la que tiene reclamado desde el mes de mayo el encarcelamiento de trece supuestos miembros de la agencia de inteligencia norteamericana. No parece que la Fiscalía, al menos en este asunto, haya seguido instrucciones de la Embajada estadounidense, sin perjuicio de que ayer mismo saliera al paso para desmentirlo el propio fiscal general, Conde Pumpido.
Y en cuanto a los presos de Guantánamo, la investigación sigue abierta en la Audiencia Nacional, que no cuenta precisamente con la mejor disposición norteamericana a colaborar con esta vergüenza internacional. Como es sabido, la investigación está pendiente de que EEUU informe sobre la eventual apertura de una causa similar en ese país.
La doctrina del Supremo no puede ser más elocuente ni más firme. Se refiere a este sórdido centro de arbitraria reclusión como “un verdadero limbo jurídico”. “La detención de cientos de personas sin cargos, sin garantías y, por tanto, sin control y sin límites en la base de Guantánamo custodiados por el Ejército de los Estados Unidos, constituye una situación de imposible explicación y menos justificación desde la realidad jurídica y política en la que se encuentra enclavada”, se lee en la sentencia dictada por el máximo órgano jurisdiccional español el 20 de julio de 2006. ¿Cómo ver ahí sumisión o debilidad frente a las presiones norteamericanas?
El Confidencial - Opinión
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