Gobernantes ruinosos

La conclusión más lacerante de la desmesurada deuda de las autonomías es que los gobiernos regionales siguen gastando como si no hubiera crisis y se resisten a recortar sus fastuosas maquinarias burocráticas. Esa falta de responsabilidad y de respeto a los contribuyentes es lo que ha llevado a un endeudamiento autonómico sin precedentes de 107.624 millones de euros, equivalente al 10% del PIB. Además, el crecimiento de la deuda ha adquirido una velocidad suicida: un 27% desde hace un año. Mientras los ingresos vía impuestos padecen de anorexia galopante, los gobernantes siguen entregados a la bulimia del gasto, alimentando como señores feudales unas administraciones sobredimensionadas. Los datos del Banco de España son una cruel fotografía del despilfarro no sólo para los 4,5 millones de parados, sino para todos los demás que han visto rebajados sus sueldos, para los pensionistas y para los mileuristas que apenas si llegan a fin de mes. Es verdad que una parte sustancial de la deuda de las comunidades autónomas la originan la factura sanitaria y la educación, pero no sólo ni principalmente. Las causas de fondo son un sistema de financiación diseñado para satisfacer intereses políticos de determinadas comunidades y una estructura de gasto orientada a comprar votos, pagar lealtades partidistas y lubricar empresas públicas deficitarias e innecesarias, como las televisiones públicas, las embajadas y una miríada de organismos autónomos a cada cual más peregrino. Si a ello se añade la insaciable voracidad de asumir más y más competencias, aun a costa de duplicar y triplicar servicios con el Estado y los municipios, el resultado final son esos cien mil millones largos de deuda que hipotecan a las generaciones futuras y que han registrado episodios de financiación tan reveladores como los «bonos patrióticos» lanzados por la Generalitat catalana para captar dos mil millones de euros a un interés altísimo. Lo peor, sin embargo, está por llegar, pues más de la mitad de las autonomías han aprobado ya o están a punto de hacerlo unos Presupuestos para 2011 que incumplen el límite del déficit establecido por el Gobierno. No es ajeno a esta indisciplina el hecho de que en mayo haya elecciones. Lo mismo cabe decir de los ayuntamientos, muchos de los cuales rivalizan en despilfarro e irresponsabilidad con sus gobiernos regionales. Aseguró ayer el presidente del Gobierno que a los gestores autonómicos y locales díscolos les hará cumplir con los límites de déficit quieran o no. No habría sido necesaria esta advertencia tan campanuda si Zapatero hubiera respetado la Ley de Estabilidad Presupuestaria que Aznar aprobó en 2001. Pero al modificarla en 2006 para relajar el límite de gasto y elevar el de endeudamiento de autonomías y ayuntamientos, abrió la espita al despilfarro de unos gobernantes embriagados por la bonanza económica y la incesante afluencia de tasas e impuestos. Ancha era Castilla y la miopía del Gobierno socialista la hizo todavía más inabarcable. Ahora, son los ciudadanos y el crédito de nuestra economía los que sufren las consecuencias de aquella frívola decisión que ha generado más frivolidades.

La Razón - Editorial