Ausente y obcecado

La ley concibe los estados excepcionales como una anomalía cuya duración debe ser la indispensable para restablecer la normalidad.

RODRÍGUEZ Zapatero reapareció ayer por fin, aunque sólo «a medias» y con un extraño formato, durante el acto institucional celebrado en el Congreso de los Diputados con motivo del aniversario constitucional. Su clamorosa ausencia durante la crisis de los controladores ha suscitado la perplejidad de la opinión pública y merece una severa crítica. Por primera vez a lo largo de 32 años de vigencia de la Constitución se ha declarado el estado de alarma, cuya gravedad exige que el presidente del Gobierno explique la medida ante los ciudadanos con la solemnidad que requieren los asuntos de Estado. Sin embargo, el presidente cedió todo el protagonismo a Pérez Rubalcaba, creando nuevas incertidumbres sobre quién manda de verdad en el Gobierno y haciendo dejación de las obligaciones que le impone su alta responsabilidad. Ayer se limitó a decir que se siente «satisfecho» de los resultados de la operación, pero fue incapaz de despejar las incógnitas que expresan los expertos y los ciudadanos sobre las circunstancias políticas y las decisiones jurídicas del caso.

En este contexto, conviene recordar que —según el artículo 116.6 de la Constitución— la declaración de estado de alarma, excepción o sitio no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno. Suscita también serias dudas la pretensión del Ejecutivo de prolongar la situación. En efecto, la Ley Orgánica 4/1981 concibe a los estados excepcionales como una anomalía cuya duración debe ser la «estrictamente indispensable» para restablecer la normalidad. Resulta extraño por ello el empeño del Ejecutivo en agotar el plazo máximo de 15 días, una vez que el espacio aéreo está abierto y los aeropuertos, plenamente operativos. Si se confirma la intención de solicitar al Congreso una prórroga de hasta dos meses, habrán de aportarse argumentos muy contundentes. La imagen de España ante los mercados internacionales sufre un impacto negativo cuando se mantienen los aeropuertos bajo control militar o cuando el presidente sigue obcecado en la vigencia de una medida que debe ser excepcional por definición. Ha llegado, por supuesto, la hora de exigir responsabilidades a los controladores por su actitud intolerable, rechazada sin matices por la opinión pública y las fuerzas políticas, pero también es urgente buscar soluciones a medio plazo.

ABC - Editorial