La ley del aborto no era objeto de ninguna demanda social y solo contribuye a romper el consenso en una cuestión de conciencia.
LA nueva ley del aborto promovida por Rodríguez Zapatero es una norma injusta que vulnera frontalmente el derecho a la vida del nasciturus, reconocido por la Constitución y por la jurisprudencia del TC. Además de los argumentos éticos y jurídicos que cabe invocar en su contra, el informe que hoy publica ABC desvela que la ley tiene también un notable coste económico para la sanidad pública. Sin embargo, el Ejecutivo no parece dispuesto en este caso a aplicar recortes ni planes de austeridad, porque se trata de financiar una operación de ingeniería social al servicio de un falso progresismo ideológico. La «economía» del aborto tiene un núcleo de referencia en el interés de algunas clínicas privadas que hacen negocios a costa del drama personal y moral que supone la interrupción del embarazo. Por una u otra vía, la nueva ley tendrá un coste estimado de cincuenta millones al año, que se acumulan sobre un sistema sanitario que sufre ya un déficit de 12.000 millones de euros.
Así pues, el presidente del Gobierno piensa gastar el dinero de todos los ciudadanos en beneficio exclusivo de una operación oportunista para hacer guiños ideológicos a ciertos sectores radicales. En efecto, la ley impulsada por Bibiana Aído no era objeto de ninguna demanda social y solo contribuye a romper el consenso en una cuestión de conciencia sumamente delicada. Sin embargo, todos los contribuyentes van a sufragar el coste de unas prestaciones públicas que muchas personas rechazan por razones éticas. Cuando le interesa al PSOE, el Ejecutivo no tiene inconveniente en promover gastos innecesarios. Ello hace que crezca la indignación social ante una ley que vulnera el derecho a la vida, fundamento lógico de todos los Derechos Humanos.
ABC - Editorial
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