Dos días antes de que el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros su reforma laboral –que saldrá adelante como proyecto de ley y no como decreto para dar más margen a la negociación con el resto de partidos políticos–, Comisiones Obreras anunció ayer que habrá huelga general. La fecha y la estrategia para preparar el paro no se sabrá hasta hoy, aunque todo apunta a que se convocará para septiembre. Lo anunciarán de forma conjunta CC OO y UGT. Los sindicatos escenifican así su rechazo al decreto y a los aspectos más sensibles para ellos: las mayores facilidades y el abaratamiento del despido, sus dudas de que este decreto sirva para acabar con la dualidad en los contratos y –lo que más les escuece, ya que les resta capacidad de influencia y de maniobra– la debilitación del papel de la negociación colectiva, una de las razones de ser y de existir de los sindicatos.
Comisiones Obreras e Izquierda Unida demostraron ayer el mismo «optimismo antropológico» que se achaca a Zapatero, al decir, como manifestó el dirigente de IU, Cayo Lara, que una huelga general se hace «para ganarla», aunque la realidad es que perdemos todos. Así parece ser que lo entendieron los funcionarios públicos cuando el pasado 8 de junio apenas secundaron la huelga promovida por las dos grandes centrales sindicales, con el correspondiente descrédito para ambas y una pérdida de credibilidad que ya vienen arrastrando desde hace bastante tiempo con su actitud contemplativa e interesada desde el inicio de la crisis.
Sin duda, ésta no es la fórmula para salir de la crisis y para fortalecer la credibilidad económica de España. Los sindicatos están cometiendo una doble irresponsabilidad: primero, al abordar la negociación laboral desde el inmovilismo, con una nula cintura política y una cerrazón que no es la adecuada ante la crisis; después, al convocar una huelga general que claramente perjudica a la economía. Una convocatoria como ésta nunca sale gratis, puesto que comporta un número significativo de costes a los que hay que sumar las pérdidas en salarios para cada trabajador que la secunde. Según la estimación que hoy publica LA RAZÓN, esta huelga podría suponer para nuestro país unos 3.000 millones de euros.
Ante este escenario, el Gobierno debe tener alturas de miras e iniciar más pronto que tarde un proceso de negociación con el PP sobre la reforma laboral. Y no debe hacerlo desde posturas maximalistas y sí desde la flexibilidad que se requiere ante la envergadura de este asunto, del que depende el futuro de miles de trabajadores. No se adopta una postura amenazante diciendo que no habrá prórrogas. Es un imperativo que no se puede permitir. No sería de recibo desviar hacia la oposición las culpas sobre las bondades o no de la reforma laboral y acusarles de no cooperar para que ésta sea la más ajustada a la realidad económica española.
La reunión de hoy, entre los populares y el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, sería de desear que se desarrollase desde el diálogo y no la confrontación. Ante la amenaza, ya cierta de una huelga general, el Gobierno debe dejar de mirar a los sindicatos y tender puentes con la principal fuerza de la oposición. Sería lo más constructivo y lo más sensato.
Sin duda, ésta no es la fórmula para salir de la crisis y para fortalecer la credibilidad económica de España. Los sindicatos están cometiendo una doble irresponsabilidad: primero, al abordar la negociación laboral desde el inmovilismo, con una nula cintura política y una cerrazón que no es la adecuada ante la crisis; después, al convocar una huelga general que claramente perjudica a la economía. Una convocatoria como ésta nunca sale gratis, puesto que comporta un número significativo de costes a los que hay que sumar las pérdidas en salarios para cada trabajador que la secunde. Según la estimación que hoy publica LA RAZÓN, esta huelga podría suponer para nuestro país unos 3.000 millones de euros.
Ante este escenario, el Gobierno debe tener alturas de miras e iniciar más pronto que tarde un proceso de negociación con el PP sobre la reforma laboral. Y no debe hacerlo desde posturas maximalistas y sí desde la flexibilidad que se requiere ante la envergadura de este asunto, del que depende el futuro de miles de trabajadores. No se adopta una postura amenazante diciendo que no habrá prórrogas. Es un imperativo que no se puede permitir. No sería de recibo desviar hacia la oposición las culpas sobre las bondades o no de la reforma laboral y acusarles de no cooperar para que ésta sea la más ajustada a la realidad económica española.
La reunión de hoy, entre los populares y el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, sería de desear que se desarrollase desde el diálogo y no la confrontación. Ante la amenaza, ya cierta de una huelga general, el Gobierno debe dejar de mirar a los sindicatos y tender puentes con la principal fuerza de la oposición. Sería lo más constructivo y lo más sensato.
La Razón - Editorial
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