Mientras la presidenta del Tribunal Constitucional, Maria Emilia Casas, prepara una sentencia de geometría variable para el Estatut, o sea, artículo por artículo, el presidente de la Generalitat, José Montilla, presenta hoy en el Senado su enmienda a la totalidad del alto tribunal.
Al menos en su actual composición. Por caducado, incompetente e incapaz de pronunciarse después de casi cuatro años, según la doctrina Montilla, ampliamente compartida.
Después del sexto gatillazo, con el séptimo intento en marcha, el president hace campaña en Madrid en nombre del catalanismo ofendido. A media mañana comparece en la llamada Comisión General de las Comunidades Autónomas, único foro de debate institucional donde pueden utilizarse las distintas lenguas del Estado y donde tienen asiento reservado los gobernantes autonómicos, tanto presidentes como consejeros, amén de los miembros del Gobierno central y los senadores.
Montilla llega como abanderado del frente catalanista contra el Tribunal Constitucional. Todos los partidos, excepto el PP, que es una de las partes recurrentes contra el Estatuto catalán y, si no ha cambiado de idea, piensa boicotear al president con la ausencia de sus barones cuando aquel defienda la iniciativa legal consensuada hace una semana entre CiU y los partidos del “tripartito”.
Después del sexto gatillazo, con el séptimo intento en marcha, el president hace campaña en Madrid en nombre del catalanismo ofendido. A media mañana comparece en la llamada Comisión General de las Comunidades Autónomas, único foro de debate institucional donde pueden utilizarse las distintas lenguas del Estado y donde tienen asiento reservado los gobernantes autonómicos, tanto presidentes como consejeros, amén de los miembros del Gobierno central y los senadores.
Montilla llega como abanderado del frente catalanista contra el Tribunal Constitucional. Todos los partidos, excepto el PP, que es una de las partes recurrentes contra el Estatuto catalán y, si no ha cambiado de idea, piensa boicotear al president con la ausencia de sus barones cuando aquel defienda la iniciativa legal consensuada hace una semana entre CiU y los partidos del “tripartito”.
Una proposición de ley con pocas posibilidades de acabar en el BOE por falta de consenso entre el PSOE y el PP. Plantea el relevo automático de los magistrados tras un periodo máximo de seis meses después de terminar su mandato, plazos máximos para emitir un fallo de constitucionalidad estatutaria y mayorías de al menos ocho magistrados (sobre doce) para decidir si un Estatuto de Autonomía se ajusta o no a la Constitución.
Aunque el texto pudiera ser admitido a trámite en la Cámara Alta, donde el “tripartito” tiene su propia proyección parlamentaria (la Entesa), nunca superaría el filtro del Congreso. Por la mencionada falta de consenso PSOE-PP y porque, en el fondo, Zapatero quiere desactivar la ofensiva contra el Tribunal Constitucional con una sentencia antes de que termine el mes de junio. Cuenta con los buenos oficios de la nueva ponente, la presidenta del Tribunal, que se inclina por la formación de mayorías en cada uno de los artículos recurridos.
Siempre sería un mal menor en asunto tan envenenado. Peor hubiera sido que en la propuesta del frente catalanista se hubiera mantenido, como deseaban los nacionalistas de CiU y de ERC, la colisión entre la ley y la voluntad popular. O al revés, entre la voluntad popular (ratificación del Estatut por referéndum en diciembre de 2006) y la ley (eventual sentencia derogatoria de los artículos que no se ajustan a la Constitución).
Esa bomba de relojería se ha desactivado en la reforma legal que Montilla defenderá hoy en el Senado. Pero se mantiene en el discurso del frente catalanista, según el cual, en el futuro el Tribunal Constitucional no podría revisar los Estatutos de Autonomía aprobados por las Cortes Generales y ratificados en referéndum. Así de claro lo dejaron los nacionalistas catalanes cuando en el Congreso, el pasado 11 de mayo, se debatió una propuesta del PP para recuperar el famoso recurso previo de inconstitucionalidad. Asunto de mayor cuantía (¿Acaso tiene sentido declarar incompatible la democracia directa con la aplicación de la ley?), que puede acabar marcando la campaña electoral para las autonómicas del otoño.
Aunque el texto pudiera ser admitido a trámite en la Cámara Alta, donde el “tripartito” tiene su propia proyección parlamentaria (la Entesa), nunca superaría el filtro del Congreso. Por la mencionada falta de consenso PSOE-PP y porque, en el fondo, Zapatero quiere desactivar la ofensiva contra el Tribunal Constitucional con una sentencia antes de que termine el mes de junio. Cuenta con los buenos oficios de la nueva ponente, la presidenta del Tribunal, que se inclina por la formación de mayorías en cada uno de los artículos recurridos.
Siempre sería un mal menor en asunto tan envenenado. Peor hubiera sido que en la propuesta del frente catalanista se hubiera mantenido, como deseaban los nacionalistas de CiU y de ERC, la colisión entre la ley y la voluntad popular. O al revés, entre la voluntad popular (ratificación del Estatut por referéndum en diciembre de 2006) y la ley (eventual sentencia derogatoria de los artículos que no se ajustan a la Constitución).
Esa bomba de relojería se ha desactivado en la reforma legal que Montilla defenderá hoy en el Senado. Pero se mantiene en el discurso del frente catalanista, según el cual, en el futuro el Tribunal Constitucional no podría revisar los Estatutos de Autonomía aprobados por las Cortes Generales y ratificados en referéndum. Así de claro lo dejaron los nacionalistas catalanes cuando en el Congreso, el pasado 11 de mayo, se debatió una propuesta del PP para recuperar el famoso recurso previo de inconstitucionalidad. Asunto de mayor cuantía (¿Acaso tiene sentido declarar incompatible la democracia directa con la aplicación de la ley?), que puede acabar marcando la campaña electoral para las autonómicas del otoño.
El Confidencial - Opinión
0 comentarios:
Publicar un comentario