DURANTE muchos años, Baltasar Garzón ha ejercido a conciencia el papel de juez «estrella» con un protagonismo mediático que no se corresponde con la imagen propia de los miembros del Poder Judicial.
Ya fuera en el «caso Pinochet» o en cualquier otro asunto conflictivo, el magistrado ha exprimido la legislación procesal en busca de resquicios para asumir todo tipo de competencias, a veces discutibles. Ahora resulta que, en el estricto ejercicio de sus funciones, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima que Garzón podría haber incurrido en un delito de prevaricación por extralimitarse en su investigación sobre determinadas víctimas del franquismo al aplicar a su manera la mal llamada «memoria histórica». Cuando las cosas no funcionan a su gusto, los entusiastas protestan ruidosamente y descalifican las reglas básicas de la normativa vigente que permiten al órgano competente exigir responsabilidades al magistrado. Al parecer, es obligatorio jalear a Garzón cuando interesa al Gobierno, por ejemplo, por su hiperactividad en trama Gürtel o su pasividad en el «caso Faisán». Por el contrario, hay que acusar a los magistrados del Supremo que admiten la existencia de indicios suficientes para imputarle por una posible conducta que consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta. Es evidente que algunos manejan una doble vara de medir, con el argumento -jurídicamente intolerable- del supuesto «progresismo» de unos y de otros.
Todas las personas son iguales ante la ley, incluidos los jueces y magistrados que integran el poder judicial, y también -aunque a veces no lo parezca- el ciudadano Baltasar Garzón. El grupo de amigos que organizó ayer en Jaén un homenaje ruidoso está integrado por artistas y juristas que, salvo alguna excepción, comparten una ideología que, por lo visto, no les permite actuar de forma objetiva. Con todas las garantías legales, como es propio del Estado de Derecho, el magistrado ahora imputado podrá defenderse de las graves acusaciones que se sustancian ante el órgano jurisdiccional competente y que, en su caso, podrían llegar al CGPJ a adoptar medidas provisionales. Todo ello en el marco de la ley, a la que el famoso juez está sujeto lo mismo que los demás, aunque algunos le otorguen patente de corso.
ABC - Editorial
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