Que por fin un juez haya puesto en su sitio al magistrado Baltasar Garzón es un rayo de luz que aporta esperanza en el oscuro mundo de una justicia dependiente y entregada a la arbitrariedad del poder. Que por fin un juez haya puesto en su sitio al magistrado Baltasar Garzón es una satisfacción para todos aquellos que creemos que la justicia no puede aplicarse bajo el criterio del interés personal y espurio, sino que debe ser el fruto de una acción imparcial e igual para todos.
Pero que por fin un juez haya puesto en su sitio al magistrado Baltasar Garzón supone el reconocimiento de que, en efecto, la justicia en este país no es ni imparcial, ni independiente, ni igual para todos, porque no se aplica con la misma vara de medir la justicia a un juez que a un particular: el primero, en este caso Garzón, ha estado protegido siempre por un exceso de corporativismo que le ha librado durante demasiado tiempo de tener que dar cuenta de sus excesos. Pero el ‘caso Garzón’ va más allá de la personalidad del propio juez, porque pone de manifiesto hasta que punto nuestra Justicia, con mayúsculas, necesita de una revisión urgente ante su grave estado de corrupción que la afecta como un cáncer cuya metástasis se extiende imparable por todas sus ramificaciones.
El ‘caso Garzón’ no es más que la punta del iceberg de esa enfermedad que ataca al cuerpo jurídico de este Estado de Derecho, y estando enfermo el cuerpo jurídico, el Estado de Derecho se resiente inevitablemente de los males de esa enfermedad. Males que pueden citarse en cómo jueces y fiscales compadrean en famosas cacerías acompañados de ministros del ramo; en cómo la Fiscalía actúa con una absoluta arbitrariedad al servicio de los intereses del Gobierno de turno, en lugar de servir al Estado que le da cobijo y al interés general; en cómo se permite a magistrados bajo sospecha llevar adelante procesos sumariales que no les pertenecen, y jugar con ellos como el que juega a la ruleta rusa pero apuntando a la sien contraria; en cómo se mira para otro lado ante casos clamorosos de prevaricación; en cómo se permite a ‘magistrados estrella’ utilizar a los medios de comunicación en provecho propio; en cómo mientras todo eso ocurre en los juzgados de la Audiencia Nacional se amontonan casos que nunca tendrán reconocimiento mediático y, por tanto, son conscientemente desplazados por los jueces que deberían instruirlos…
Lo políticamente correcto
¿Puede un juez abrir un proceso sumarial para el que no tiene competencias y escabullirse de las consecuencias? ¿Puede un juez recibir dinero de un banco –el Santander- sobre el que tiene que tomar una decisión judicialmente grave para esa entidad? ¿Puede un juez permitir que se graben conversaciones entre clientes y abogados sin mediar la premura de la lucha contra el terrorismo? ¿Puede un juez irse de cacería con las partes implicadas en un caso claro de persecución política? ¿Puede un juez ver como partes importantes de ese sumario se filtran a la prensa sin hacer nada para evitarlo? ¿Puede un juez, en definitiva, instruir un sumario contra un partido político del que ha sido adversario y además lo ha dicho en público? ¿Puede un juez que ha participado de la política volver a la judicatura? Todas esas son las cuestiones que, de alguna manera, se están poniendo sobre la mesa en la causa que contra Garzón se instruye en el Supremo, y por eso es tan importante el auto del juez Luciano Varela: ha puesto el dedo en la llaga de la realidad que rodea a Garzón al señalar la presunta prevaricación que rodea todos sus actos, y al establecer que como ocurriría con cualquier otro imputado en una causa debe ser apartado de su cargo. ¿No exigimos lo mismo cuando se imputa a un responsable político?
La Fiscalía, sin embargo, ha acudido en ayuda del juez que tanto servicio ha hecho a la causa del totalitarismo en este país, vulnerando las reglas del juego y sirviéndose de la justicia para utilizarla contra el adversario político. Eso es lo que pone de manifiesto hasta qué punto las distintas arterias por las que debería viajar la sangre limpia de una Justicia independiente para todos, se encuentra aquejadas de una leucemia que mata las células sanas de esa sangre y la ensucia y pervierte al servicio de la arbitrariedad del poder.
El juez Varela, por ser además un juez progresista, tiene el mérito de no haberse dejado llevar por lo políticamente correcto y haber actuado con una absoluta independencia de criterio, y eso es muy de agradecer. No lo hizo así el CGPJ durante mucho tiempo, pero va siendo hora de que deje atrás ese mal entendido corporativismo y por el bien de la Justicia y del Estado de Derecho empiece a tomar cartas en el asunto de muchos males que la aquejan. Empezando por apartar al juez Garzón de un puesto al que nunca debió de haber accedido.
El ‘caso Garzón’ no es más que la punta del iceberg de esa enfermedad que ataca al cuerpo jurídico de este Estado de Derecho, y estando enfermo el cuerpo jurídico, el Estado de Derecho se resiente inevitablemente de los males de esa enfermedad. Males que pueden citarse en cómo jueces y fiscales compadrean en famosas cacerías acompañados de ministros del ramo; en cómo la Fiscalía actúa con una absoluta arbitrariedad al servicio de los intereses del Gobierno de turno, en lugar de servir al Estado que le da cobijo y al interés general; en cómo se permite a magistrados bajo sospecha llevar adelante procesos sumariales que no les pertenecen, y jugar con ellos como el que juega a la ruleta rusa pero apuntando a la sien contraria; en cómo se mira para otro lado ante casos clamorosos de prevaricación; en cómo se permite a ‘magistrados estrella’ utilizar a los medios de comunicación en provecho propio; en cómo mientras todo eso ocurre en los juzgados de la Audiencia Nacional se amontonan casos que nunca tendrán reconocimiento mediático y, por tanto, son conscientemente desplazados por los jueces que deberían instruirlos…
Lo políticamente correcto
¿Puede un juez abrir un proceso sumarial para el que no tiene competencias y escabullirse de las consecuencias? ¿Puede un juez recibir dinero de un banco –el Santander- sobre el que tiene que tomar una decisión judicialmente grave para esa entidad? ¿Puede un juez permitir que se graben conversaciones entre clientes y abogados sin mediar la premura de la lucha contra el terrorismo? ¿Puede un juez irse de cacería con las partes implicadas en un caso claro de persecución política? ¿Puede un juez ver como partes importantes de ese sumario se filtran a la prensa sin hacer nada para evitarlo? ¿Puede un juez, en definitiva, instruir un sumario contra un partido político del que ha sido adversario y además lo ha dicho en público? ¿Puede un juez que ha participado de la política volver a la judicatura? Todas esas son las cuestiones que, de alguna manera, se están poniendo sobre la mesa en la causa que contra Garzón se instruye en el Supremo, y por eso es tan importante el auto del juez Luciano Varela: ha puesto el dedo en la llaga de la realidad que rodea a Garzón al señalar la presunta prevaricación que rodea todos sus actos, y al establecer que como ocurriría con cualquier otro imputado en una causa debe ser apartado de su cargo. ¿No exigimos lo mismo cuando se imputa a un responsable político?
La Fiscalía, sin embargo, ha acudido en ayuda del juez que tanto servicio ha hecho a la causa del totalitarismo en este país, vulnerando las reglas del juego y sirviéndose de la justicia para utilizarla contra el adversario político. Eso es lo que pone de manifiesto hasta qué punto las distintas arterias por las que debería viajar la sangre limpia de una Justicia independiente para todos, se encuentra aquejadas de una leucemia que mata las células sanas de esa sangre y la ensucia y pervierte al servicio de la arbitrariedad del poder.
El juez Varela, por ser además un juez progresista, tiene el mérito de no haberse dejado llevar por lo políticamente correcto y haber actuado con una absoluta independencia de criterio, y eso es muy de agradecer. No lo hizo así el CGPJ durante mucho tiempo, pero va siendo hora de que deje atrás ese mal entendido corporativismo y por el bien de la Justicia y del Estado de Derecho empiece a tomar cartas en el asunto de muchos males que la aquejan. Empezando por apartar al juez Garzón de un puesto al que nunca debió de haber accedido.
El Confidencial - Opinión
0 comentarios:
Publicar un comentario