La gestión de los residuos nucleares no debe responder a criterios electoralistas sino técnicos.
Al menos una docena de municipios ha presentado su candidatura para albergar el almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC), respondiendo a una solicitud del Gobierno cuyo plazo concluyó el pasado viernes. El número podría aumentar en los próximos días, por el posible desfase entre la adopción de la decisión municipal y la recepción de la documentación requerida por parte del Ministerio de Industria. La existencia de candidatos ha disipado los temores del Gobierno, que recelaba del coste político y económico que conllevaría tanto renunciar al proyecto como verse obligado a fijar una ubicación sin el acuerdo del ayuntamiento correspondiente. Pero, en contrapartida, la decisión de esos municipios ha desencadenado una interminable partida de demagogia en el interior de los dos grandes partidos.
Al menos una docena de municipios ha presentado su candidatura para albergar el almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC), respondiendo a una solicitud del Gobierno cuyo plazo concluyó el pasado viernes. El número podría aumentar en los próximos días, por el posible desfase entre la adopción de la decisión municipal y la recepción de la documentación requerida por parte del Ministerio de Industria. La existencia de candidatos ha disipado los temores del Gobierno, que recelaba del coste político y económico que conllevaría tanto renunciar al proyecto como verse obligado a fijar una ubicación sin el acuerdo del ayuntamiento correspondiente. Pero, en contrapartida, la decisión de esos municipios ha desencadenado una interminable partida de demagogia en el interior de los dos grandes partidos.
La construcción del cementerio nuclear no responde tanto a las necesidades futuras de esta energía, como a las pasadas. Aunque se cerrasen las centrales existentes sería imprescindible abordar la gestión de los residuos ya generados, hasta ahora realizada de manera ineficiente y costosa. Por eso están tratando de manipular a los ciudadanos los barones y dirigentes regionales que justifican su oposición a la construcción de un ATC en su comunidad con una apuesta por las energías renovables. Y mucho más cuando están tratando de arrastrar la discusión al terreno del miedo, como está haciendo de manera irresponsable el presidente de Castilla-La Mancha.
En su carrera por utilizar de manera electoralista la cuestión de los residuos nucleares, tanto socialistas como populares están intentando invadir en nombre de la disciplina de partido el ámbito de decisión que corresponde al poder local; una decisión que, en contra de la demagogia que se ha impuesto, no se refiere a la ubicación final del ATC, que corresponde exclusivamente al Gobierno, sino a la disposición para albergarlo. Bastaba con que las instancias nacionales y regionales de los partidos hubiesen respetado la autonomía municipal para no convertir en problema lo que, en realidad, es una solución. Porque problema hubiera sido seguir confiando la gestión de los residuos a las propias centrales o a las instalaciones ubicadas en Francia, en este último caso por el alto coste económico que representa.
Pero a la partida de demagogia que se viene desarrollando entre partidos aún le podría restar una última jugada. Resultaría inaceptable que, después del espectáculo de estas semanas, el Gobierno cediera además a la tentación de decidir sobre el ATC en función de criterios electorales, ya sea posponiendo el anuncio o escogiendo la ubicación para favorecer sus intereses en las urnas. Los criterios técnicos son los únicos que deberían tomarse en consideración. No sólo porque lo contrario podría resultar en un agravio a los municipios que han optado por presentar su candidatura, sino también porque así lo exige el deber de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
En su carrera por utilizar de manera electoralista la cuestión de los residuos nucleares, tanto socialistas como populares están intentando invadir en nombre de la disciplina de partido el ámbito de decisión que corresponde al poder local; una decisión que, en contra de la demagogia que se ha impuesto, no se refiere a la ubicación final del ATC, que corresponde exclusivamente al Gobierno, sino a la disposición para albergarlo. Bastaba con que las instancias nacionales y regionales de los partidos hubiesen respetado la autonomía municipal para no convertir en problema lo que, en realidad, es una solución. Porque problema hubiera sido seguir confiando la gestión de los residuos a las propias centrales o a las instalaciones ubicadas en Francia, en este último caso por el alto coste económico que representa.
Pero a la partida de demagogia que se viene desarrollando entre partidos aún le podría restar una última jugada. Resultaría inaceptable que, después del espectáculo de estas semanas, el Gobierno cediera además a la tentación de decidir sobre el ATC en función de criterios electorales, ya sea posponiendo el anuncio o escogiendo la ubicación para favorecer sus intereses en las urnas. Los criterios técnicos son los únicos que deberían tomarse en consideración. No sólo porque lo contrario podría resultar en un agravio a los municipios que han optado por presentar su candidatura, sino también porque así lo exige el deber de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El País - Editorial
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