El Pnv contra el estado de derecho

Tres días antes de la prevista comparecencia ante los jueces del lehendakari, el Gobierno vasco hizo pública ayer una declaración en la que denuncia que los tribunales en España están aplicando una «legislación de excepción», derivada de la Ley de Partidos, que produce «decisiones judiciales alarmantes» y «limita la libertad» de los vascos. Aunque la diatriba tiene como finalidad obvia presionar al tribunal que ha citado a Ibarretxe para el próximo miércoles por su reunión con Otegi, el Ejecutivo de Vitoria mete en el mismo saco una serie de resoluciones tan dispares como el sumario 18/98, el caso Atutxa o la decisión de la Audiencia de no excarcelar a De Juana.

El comunicado puede producir indignación pero no sorpresa, ya que el Gobierno vasco está formado por dos partidos nacionalistas que nunca han reconocido la Constitución y cuyos objetivos coinciden con algunos de los de ETA. Para el PNV y EA -a quienes ahora acompaña incomprensiblemente IU-, el Estado de Derecho siempre ha sido un obstáculo para sus fines. Sus ataques contra los jueces han sido constantes, aunque hayan acatado las sentencias.

Pero más allá de situar a los jueces en el punto de mira, el Gobierno vasco lo que hace es criticar de forma oportunista la aplicación de la Ley de Partidos que, en sintonía con una sensibilidad social muy mayoritaria, amplía el concepto de terrorismo al entorno de la banda. En tanto que se trata de un instrumento legal producto del Pacto Antiterrorista, es éste el principal objetivo de los ataques del Ejecutivo de Vitoria.

En lo que se refiere a la presunta ofensa de la que es objeto Ibarretxe, no está de más recordar -como lo hicieron el viernes cuatro presidentes de Sala de tribunales vascos- que «ninguna autoridad goza en España de impunidad penal» y que ningún cargo «puede sentirse humillado ni menospreciado cuando es citado por un juez». Ahora bien, la declaración intenta enmascarar la comparecencia de Ibarretxe en supuestas decisiones judiciales «excepcionales» contra las instituciones vascas. Resulta un tanto hipócrita el lamento por las acusaciones contra Atutxa e Ibarretxe teniendo en cuenta que el PNV y EA fueron hasta hace poco compañeros de viaje de Batasuna-ETA en el Pacto de Estella.

Pero es que además algunas decisiones judiciales sobre la banda y su entorno permiten llegar a la conclusión contraria de la que sostiene el Gobierno vasco. Las coacciones y los chantajes de Batasuna y su mundo, junto a las expectativas del proceso de paz al que se apuntó el primero el fiscal general del Estado, han condicionado algunas resoluciones judiciales. Hay ejemplos que lo ilustran con claridad. Tres jueces quisieron excarcelar a De Juana tal y como pedía el fiscal, aunque la reacción del resto de los jueces de la Audiencia lo impidió. El auto de Garzón rechazando la imputación de Otegi por su rueda de prensa tras el atentado de la T-4 -«no se puede criminalizar a la izquierda abertzale»- va en la misma línea. La decisión del magistrado es contradictoria con anteriores actuaciones suyas, en las que establecía que las organizaciones de la llamada izquierda abertzale formaban parte del entramado de la banda terrorista.

Otro ejemplo claro de que no es cierto lo que sostiene el Gobierno vasco es la decisión del Supremo de no admitir la querella contra Patxi López por reunirse con Otegi y otros dirigentes de Batasuna. La doctrina del Supremo podría ser invocada por Ibarretxe, inmerso en una causa similar a la de López, aunque la obligación del lehendakari sea la de comparecer ante los jueces para después hacer uso de los recursos que le permite la ley. A la deslegitimación del Estado de Derecho por parte de los nacionalistas estamos ya acostumbrados. Lo lamentable es que algunos dirigentes socialistas, como Cháves, Patxi López e incluso el ministro de Justicia, hayan podido servir de coartada para esta escalada.

El Mundo, 28-01-2007